Resulta reconfortarte percibir directamente el ánimo de los guerrilleros y guerrilleras de las FARC. Como en los viejos tiempos, la gente trabaja sin cansancio durante las horas del día. Si las obras avanzan en la zona veredal de Caño Indio y las otras, no puede atribuirse a nada distinto que al tesón y el sacrificio con que ellos y ellas se desempeñan bajo el sol abrasador.
Todos están atentos a las orientaciones de su dirección y las siguen sin ninguna clase de vacilaciones. Saben que en menos de quince días habrán hecho dejación de sus armas, y que dos meses después harán parte de un nuevo partido o movimiento político legal, reincorporados a la vida civil y desempeñando tareas colectivas de las que derivarán su subsistencia.
Esperan el nacimiento de ECOMUN, la gran cooperativa en la que se enmarcarán los proyectos socioeconómicos que proporcionarán los recursos suficientes para la supervivencia del partido y sus militantes. Tienen claro que deberán trabajar disciplinados y cohesionados para hacerlo posible. Que las cosas no serán fáciles, pero que entre todos lograremos salir adelante.
Poseen una convicción política y una capacidad de trabajo envidiable. Son mujeres y hombres jóvenes, llenos de vida y esperanzas, dispuestos a construir con sus manos un mundo nuevo. Y a contagiar a todo un pueblo con su entusiasmo. No les arredra saber que la única arma con que contarán será su palabra, ni que su único patrimonio será su voluntad de trabajo.
Por eso les resulta tan ofensiva la actitud del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Nadie mejor que los guerrilleros para saber lo que costó edificar a las FARC, a pulso, sin otra ayuda que la de su propio esfuerzo. Vivieron en la clandestinidad durante más de medio siglo, con recursos cuya consecución costó la vida, la libertad o la sangre de muchos de ellos.
Levantaron siempre las banderas de la solidaridad, la justicia y la igualdad. Todo cuanto hicieron se encaminó a la construcción de una sociedad nueva, en la que los nadie, los marginados, los pobres como ellos, los despreciados y abandonados tuvieran por fin un reconocimiento y pudieran gozar plenamente de los derechos que su condición humana merece.
Necesitaban alimentarse, vestirse, curarse en la enfermedad, sanarse en las heridas, dotarse de los implementos necesarios para la vida errante en la montaña, adquirir los bienes que requirieran para transportarse cuando les fuera necesario, conseguir el armamento, las municiones, los explosivos y los demás materiales exigidos para librar la guerra.
Cualquier recurso resultó siempre insuficiente. Las necesidades nunca cesaban y antes bien crecían en número y calidad con el tiempo. Por eso se hizo necesaria la construcción de una economía de guerra. Adquirir cabezas de ganado para alimentar miles de combatientes, bestias para mover la logística, tierras y pasto para sostenerlas, vehículos para moverse.
Con el acoso permanente de un enemigo empeñado en arrebatar o destruir tales bienes. Que nunca cesó en su persecución sanguinaria. Que encarceló, asesinó, desplazó, despojó y se apropió de los bienes de la población campesina de quien sospechó mínimamente pudiera brindar ayuda a la insurgencia. Que celebraba dejar la guerrilla sin alimentos al fondo de la selva.
Ahora se ha firmado un Acuerdo de Paz. Todos en las FARC lo saben y aplauden, al igual que millones de colombianos y colombianas que valoran en toda su significación el fin del conflicto armado. Tras medio siglo de plomo y décadas enteras de diálogos frustrados, fueron pactadas unas fórmulas que posibilitan un futuro distinto para esta patria herida.
Dentro de ellas se contemplan varias que ofenden en lo más íntimo al Fiscal Martínez Neira. Una es la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, otra la creación de una unidad investigadora especial para el combate y la persecución del paramilitarismo, y otra el inventario y la entrega de todos los bienes que constituyeron la economía de guerra de las FARC.
La primera no le gusta porque con ella la Fiscalía agotará su capacidad de perseguir judicialmente a las FARC por los hechos cometidos en desarrollo del conflicto. La segunda porque la unidad especial obrará de manera autónoma en las investigaciones sobre la actividad paramilitar en el conflicto y después de él. La tercera porque no comparte el destino de los bienes de las FARC.
Ha anunciado que entregará 50.000 investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía contra las FARC. Pero quiere seguir ocupándose de otras, en abierta contradicción con la amnistía y el indulto concedidos. Su obsesión contra las FARC contrasta con el bajísimo porcentaje de investigaciones contra agentes estatales y paramilitares, que nada le importan.
Con ello demuestra su total desinterés en que se devele la verdad sobre el conflicto. Lo cual se refuerza con su resistencia a la unidad de investigación especial. No comparte que un ente que escape a su control tenga capacidad de adelantar las diligencias que la Fiscalía no realizó durante décadas de impunidad. Que destape lo que desde el Estado se mantuvo oculto siempre.
Se conoce de su pasado dedicado a defender intereses de grandes empresarios. Cómo se ve el dolor que le causa que pueda tocarse a algunos o muchos de ellos. Del mismo modo despotrica porque los bienes de las FARC van a ser destinados para la reparación de las víctimas. Asegura, sin probarlo, que se trata de billones. Y sostiene que la soberanía fiscal no puede restringirse.
En su parecer, la apoteósica fortuna de las FARC debe entrar a las arcas del Estado para que éste libremente disponga de ella. Se rasga las vestiduras por la fiducia contemplada para su manejo y su destinación final a las víctimas. No oculta cuánto le gustaría que los imaginarios caudales pasaran al manejo de la banca privada y los empresarios que ha defendido siempre.
Si el precio de un fusil se tasara en veinte millones de pesos, siete mil de ellos sumarían ciento cuarenta mil millones. Las armas en caleta, los talleres, el material explosivo, los morteros, ametralladoras y demás de hecho sumarán cifras sorprendentes. Los bienes muebles e inmuebles inventariados y entregados seguramente acrecentarán el caudal final. Sin exageraciones.
Mientras tanto guerrilleras y guerrilleros conservan la ilusión de construir un patrimonio legal con sus manos desnudas, con su probada capacidad de trabajo. Reclaman con justicia que se les adjudiquen unas tierras para implementar en ellas sus proyectos productivos, que les aporten unos recursos básicos para iniciarlos. Juegan limpio y no reniegan. Aprenda, señor Fiscal, y respete.
