[Colombia] Si todos fueran como Antonio Celia...

por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/12/16 

Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos, innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre.

En 2017 se volvió a demostrar que el statu quo en Colombia es tan fuerte como en 1936, cuando el establecimiento liberal y conservador terminó aliado con el propósito de frenar la Revolución en Marcha propuesta por el entonces presidente Alfonso López Pumarejo.

Entonces como ahora, las reformas sociales produjeron una reacción airada de la mayoría de las elites que se sintieron amenazadas por esos cambios hasta el punto de que terminaron sofocándolas.

Aunque las reformas de López Pumarejo eran más estructurales que las que intentó implementar el gobierno Santos, como producto de los acuerdos de La Habana, ni unas ni otras lograron ver la luz.

La reforma agraria de López Pumarejo quedó reducida a una Ley de Aparcería que tampoco llegó a aplicarse; en 1968, el presidente Carlos Lleras Restrepo intentó hacer una nueva reforma agraria menos ambiciosa que la de López, pero esta fue sepultada en el Pacto de Chicoral, bajo la administración del gobierno conservador de Misael Pastrana.

Casi 30 años más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso un paquete de medidas para impulsar el desarrollo del agro, bastante menos ambiciosas que las que propusieron Lleras Restrepo y López Pumarejo en su momento, pero también se encontró con el mismo muro infranqueable. Pese a que los acuerdos de paz no buscaban cambiar el modelo económico ni pretendían impulsar cambios estructurales –ni siquiera se llegó a plantear una reformar agraria– y solo se pretendía ordenar la tierra, mejorar el tema de la titulación de tierras y actualizar el catastro rural que hace 30 años no se reformaba, Santos tampoco pudo.

Modernizar el agro, o mejor sacar el campo colombiano del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI, resultó ser también una amenaza para un statu quo que se ha acostumbrado a imponer sus privilegios por encima de los desarrollos lógicos de la historia.

Esa manera obtusa de mirar el mundo y de concebir al país debería ser motivo de una seria reflexión por parte de los empresarios y de la clase dirigente. Para crecer y para aumentar la productividad en el agro hay que modernizar el campo y eso significa incluir en esas nuevas políticas a los campesinos. Eso lejos de ser castrochavismo es el más puro capitalismo, pero tal es la pugnacidad y la polarización que ni siquiera la lógica capitalista tiene ya cabida en la mente feudal de muchos empresarios del campo, varios de los cuales fueron actores del conflicto armado como financiadores de grupos paramilitares.

Afortunadamente, no todos los empresarios son tan obsecuentes a los tiempos modernos en Colombia y hay dirigentes que sí están leyendo bien este momento como Antonio Celia, el presidente de Promigás, quien pronunció hace poco un discurso ante el Consejo de Competitividad que leí con gran alivio. Su crudo y honesto discurso debería ser leído por los empresarios que hoy se aferran al pasado y a sus privilegios sin invertir ni innovar ni apostarle al país.

En ese discurso, que recomiendo, Antonio Celia les recuerda a los empresarios que no solo tienen que velar por sus intereses, sino que también tienen deberes y responsabilidades sobre todo en un país como Colombia donde los niveles de desempleo siguen siendo muy altos y los índices de desigualdad los más altos del mundo.

Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos, innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre. La defensa a ultranza de un statu quo por encima de las necesidades de un país fue lo que llevó al poder a un populista como Chávez en Venezuela. No sobra recordarlo. 

[Colombia] Un regalo envenenado

MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/11/18 

¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?... ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga.

El fallo de la Corte Constitucional declara exequible la JEP, pero la mutila y la convierte en una inválida. No solo le cambia a las Farc las condiciones jurídicas en que esa guerrilla pactó con el gobierno su decisión de someterse a la justicia transicional, sino que mientras se las aprieta a las Farc, flexibiliza de manera generosa las de los civiles que participaron en el conflicto de manera “directa y determinante” al extremo de que los termina sacando de la JEP.

El fallo le cambia las reglas de juego a las Farc, pero le da un salvavidas a los civiles que financiaron el paramilitarismo en Colombia, un cambiazo que habrá que ver si las Farc se van a aguantar y que afecta directamente la verdad y la reparación a que tienen derecho las víctimas del paramilitarismo. 
Por cuenta de ese demoledor fallo, los civiles que hayan participado de manera activa y determinante no irán a la JEP, sino que seguirán donde están: es decir, en la Fiscalía, que es su juez natural y tendrán la posibilidad de ir a la JEP solo si así lo quieren.

¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?… Ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si ese juez natural es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga y si actúa como el exfiscal Gustavo Moreno o como la fiscal Mabel Parra o como el magistrado Malo o como el innombrable doctor Leonidas Bustos, asiduo visitante de Cambio Radical y contertulio del fiscal Néstor Humberto Martínez. 

La corte en su fallo les dio la razón al candidato presidencial Germán Vargas y al fiscal Néstor Humberto Martínez, quienes desde tiempo atrás han hecho un intenso lobby para sacar a los civiles comprometidos en el conflicto de la JEP. Como querían, la corte dejó a los terceros civiles en la Fiscalía y ahora el bollo lo tiene que asumir Néstor Humberto Martínez, un fiscal cuestionado por varios congresistas que lo señalan de estar utilizando la Fiscalía para hacer una justicia selectiva y sesgada en beneficio del candidato Germán Vargas Lleras. (Primero fueron Claudia López y Jorge Enrique Robledo y esta semana pasada fue Armando Benedetti).

Sin embargo, yo no me fiaría de esa generosidad de la corte porque el regalo va envenenado. Al dejarle a los civiles en la justicia ordinaria, la corte conminó a NHM a investigar y a ofrecer resultados sobre los 13.000 casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos cometidos dentro del marco del conflicto que ni su antecesor ni él mismo han tocado.

Es decir, a NHM le va a tocar investigar lo que hasta ahora no ha querido investigar. Si no lo hace, va a tener sobre sus espaldas a la Corte Penal Internacional que podría entrar a Colombia con el argumento de que los terceros civiles que participaron en el conflicto habrían quedado protegidos por el manto de la impunidad y se le está denegando la justicia a las víctimas. 

Lo sorprendente es que la interpretación del fallo que ha hecho Cambio Radical, si bien ha logrado destrabar el trámite de la ley estatutaria en el Congreso, ha servido también para introducir modificaciones como las nuevas inhabilidades que se le impusieron a los magistrados de la JEP, uno de los tantos micos que se le están metiendo, que si se las aplican a los magistrados de la Corte Constitucional ninguno las pasaría. 

La Corte Constitucional, con ese fallo, ha igualado un acuerdo de paz hecho para finalizar un conflicto de 54 años, a cualquier ley ordinaria, desconociendo incluso su fallo anterior en el que había dicho que la paz había que preservarla por encima de todo. 

En medio de tanta confusión, el único que pierde es el país.

Prejuicios

por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/09/30

La guerra con las Farc se desactivó, pero en las mentes de los colombianos siguen vigentes todos los prejuicios que alentaron el conflicto.

Se acabaron los partidos en Colombia, pero los egos, los prejuicios, la depuración, el desprecio por el otro y la estigmatización siguen gozando de buena salud.

La política quedó desprovista de cualquier racionalidad y pasó a ser regida por el mundo de las emociones, que es el sustento donde abrevan los populismos.
Ni siquiera el partido naciente de las Farc ha quedado exento de este mal. El solo hecho de que hubieran decidido dejarse el mismo nombre es ya un acto de exclusión consciente, dirigido expresamente a preservar la pureza de su estirpe.

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Da la impresión de que a este nuevo partido no le interesa hablarle al país, sino cerrar filas para impedir que sus bases se contaminen con el afuera, y que desprecia cualquier contacto con sectores de la sociedad que no pertenezcan a las organizaciones de masas.

En lugar de abrirse como un pavo real, las Farc decidieron hundir la cabeza en la tierra al igual que el avestruz, dando a entender que para ellos cualquier apertura o inclusión de nuevos escenarios es el camino hacia su perdición y a la claudicación de su fe marxista. 

Despreciar esa interlocución con el país es un error que no debería cometer el nuevo partido de las Farc. Y me temo que con homenajes al Mono Jojoy, que afectan la dignidad de las víctimas y que desconocen lo que ese nombre significa para muchos colombianos que padecieron sus métodos de violencia, le va a quedar muy difícil a ese nuevo partido conquistar un espacio importante en la política colombiana. 

El uribismo, que funciona más como secta que como partido, ya nos ha mostrado algunos atisbos de cómo es que pretenden depurar y limpiar la política en Colombia si llegan al poder. Si ganan las próximas elecciones, lo más probable es que instituyan el delito del ‘look guerrillero’ para que las esposas de los senadores del Centro Democrático no tengan que pasar por el desagrado de sentarse al lado de un excombatiente de las Farc o de alguien que se atreva a vestirse como ellos.

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Probablemente no se podrá volver a entrar en un avión con una cachucha roja, ni portar camisetas alusivas a la revolución, ni mucho menos llevar una mochila. Quienes lo hagan serán considerados una amenaza pública, indignos de la Colombia de bien que ellos representan. 

Hasta podrían crear un mundo feliz en el que haya un universo de aerolíneas, líneas de buses, de bicicletas solo para los colombianos puros de casta, que sigan al pie de la letra los prejuicios impuestos por la derecha radical y otro para que transite la escoria. Es decir, para los indeseables: para los que usen cachucha roja; para los que hayan sido guerrilleros y quieran rehacer su vida; para los que tengan ideas distintas a las suyas; o peor, ¡que tengan ideas de izquierda! o apoyen el pacto del Colón y por eso sean señalados de tener un peligroso ‘sesgo ideológico’.

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La guerra con las Farc se desactivó, pero en las mentes de los colombianos todavía siguen vigentes todos los prejuicios que alentaron el conflicto. El odio macerado que se percibe en las frases de un Jesús Santrich es parecido al odio primario que impulsó a la esposa del senador Ramos Maya a matonear a un colombiano porque a ella le pareció que era un excombatiente de las Farc.

Hay que desactivar todos esos odios enconados antes de que nos carcoman, para que la política vuelva a ser el vehículo de las ideas y no de la cizaña.

Colombia: Bustos, el apoderado

MARÍA JIMENA DUZÁN revista semana | 2017/09/09 

Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

El caso del exgobernador del Cauca Temístocles Ortega y del actual gobernador, Óscar Campo, quienes tienen una investigación dormida en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema desde 2016, es un ejemplo del poder omnímodo que todavía sigue teniendo el exmagistrado Leonidas Bustos y su combo, desde su oficina de abogado.

La historia de este proceso comenzó en junio de 2016, con la denuncia de Camilo Enciso, el zar anticorrupción de la época, quien señaló a Temístocles Ortega y al actual gobernador, Óscar Campo, de haber presuntamente participado en el desvío de dineros de la Gobernación en las elecciones de 2015. En esos comicios, el entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, demostró su poderío político: su candidato Óscar Campo, actual gobernador de ese departamento, ganó esa elección por más de 200.000 votos.

La denuncia del zar era tan precisa y concreta que dejó muy mal parado a Temístocles Ortega, así la suma del presunto peculado fuera de solo 480 millones de pesos. Enciso dijo tener pruebas de que esos dineros habrían salido de Indeportes, Cauca, y de que esos giros se habrían hecho por instrucción expresa del entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega.

A tan solo dos meses de haber salido de la CSJ, el exmagistrado Leonidas Bustos asumió la defensa de Temístocles Ortega y de Óscar Campo, y desde entonces a ambos políticos caucanos les empezó a sonreír la suerte: tuvieron la fortuna de que su proceso le correspondiera precisamente a Alfredo Betín, fiscal delegado ante la corte, nombrado por el entonces fiscal Montealegre por recomendación del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien es socio y compinche de Leonidas Bustos, el abogado de los dos políticos caucanos. (Tanta coincidencia asusta).

Ni una de las innumerables pruebas y documentos que hay en contra de Temístocles Ortega y de Óscar Campo han sido valorados por el fiscal Betín. Las pruebas aportadas por la gerente de Indeportes Ana Bolena García -capturada en junio de 2016, pero liberada por vencimiento de términos un año después-, según las cuales su secretaria privada, el almacenista y ella habrían actuado bajo órdenes de Temístocles Ortega, cuando se hizo el desvío de los dineros, han caído en saco roto. (Ver pruebas aportadas por Ana Bolena: Entrevista Eugenio Sanchez y entrevista Cristina Rebellón)

Temístocles ni siquiera ha tenido que explicar ante la Fiscalía su presunta relación con María del Carmen Flórez, alias la Gata del Sur. Según las denuncias de varios funcionarios ella habría tenido un papel clave en la campaña de Óscar Campo, no solo como financiadora, sino como pieza clave en el presunto desvío de dineros.

María del Carmen Flórez es una reconocida y temida empresaria del gremio de transportadores y exgerente de la Cooperativa de Motoristas del Cauca, de la que actualmente el gerente es su esposo. Ella aparece mencionada por HH, en un proceso de Justicia y Paz en el que Veloza manifiesta que la señora en mención habría ordenado el asesinato de Jacobo Sadovnik, quien la denunció por extorsión. Aunque los familiares entablaron una acción penal contra ella, la empresaria nunca ha sido requerida por la justicia. Su blindaje parece haberle servido hasta ahora porque ni los testimonios ni los chats presentados por Ana Bolena García, en los que aparece como una pieza clave de la campaña de Óscar Campo, han sido suficientes para que el fiscal a cargo del proceso investigue la relación entre Temístocles Ortega, el actual gobernador y esta empresaria del transporte. (Ver pruebas).

En cambio, lo que sí ha impulsado el fiscal Alfredo Betín es la firma de preacuerdos para darles beneficios a los demás funcionarios que no han dicho ni mu y que fueron capturados con Ana Bolena bajo la hipótesis de que los 480 millones de pesos no se habrían desviado a la campaña de Campo, sino que se habrían quedado en el bolsillo de Ana Bolena.

Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

Hoy que ha quedado expuesto el accionar de esa mafia que se tomó a la Justicia, liderada por Bustos, la Fiscalía está en la obligación de investigar las denuncias del periodista Carlos Pito, esposo de Ana Bolena, la gerente de Indeportes que ha denunciado a los dos políticos caucanos. Él sostiene que cada vez que su mujer declaraba algo o aportaba alguna prueba al proceso, estas le eran filtradas al apoderado de Temístocles Ortega. En un trino premonitorio publicado seis meses antes de que se descubriera quiénes eran Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, Pito había preguntado si era cierto que “el esposo de la ex primera dama de la Justicia ya tenía cuadrado todo lo necesario para que la responsabilidad del exgobernador del Cauca y del actual gobernador por el caso de Indeportes quede en la absoluta impunidad”.

La única forma de saber si Leonidas Bustos como apoderado cuadró o no el proceso a favor de Temístocles Ortega y del actual gobernador, y de si hubo o no extorsión de por medio, es investigando a fondo las pruebas que hoy siguen sin ser valoradas por el fiscal Alfredo Betín, la ficha de Francisco Ricaurte y de Leonidas Bustos.

Sociedad bloqueada

por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/09/02 

Ese parece ser el discurso del poder: no a la reforma política, no a la reforma a la justicia y no a la reforma del campo colombiano.

Ni los partidos políticos desprestigiados hasta los tuétanos, ni las Altas Cortes, ni la Fiscalía, anegados por una mafia poderosa cuyo poder extorsionador podría llegar incluso a poner el próximo presidente de la república, quieren reformarse.

La reforma política no le gusta a nadie. La creación de una corte electoral independiente, capaz de investigar el tema de los topes de las campañas y las contribuciones por debajo de cuerda que ellas reciben, no tuvo mayor eco ni en el Congreso ni en el Consejo de Estado, corte que desde el inicio de los debates salió en defensa de sus funciones electorales. El presidente del Congreso de ese momento, el senador por La U Mauricio Lizcano, hizo campaña contra la propuesta de la corte electoral y, luego de que lograron tumbarla, el Consejo de Estado restituyó a Guido Echeverry, quien forma parte de su grupo político, en la Gobernación de Caldas. Dichosa coincidencia.

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Con contadas excepciones, la mayoría de los partidos no están interesados en acabar con el ineficaz Consejo Nacional Electoral porque necesitan que este organismo siga siendo un congelador de procesos para que todos los casos que van a parar allá terminen extinguiéndose por prescripción de términos. (¿Quién no cree que la compulsa de copias que hizo NHM ante la CNE para que investigue si las campañas de Óscar Iván Zuluaga y del presidente Santos se volaron los topes va a terminar sepultada por prescripción de términos?).

La oposición de las Altas Cortes y de la Fiscalía a la creación de un tribunal de aforados independiente sigue la misma lógica: no quieren someterse a ninguna instancia que los controle ni los vigile que no sea la ineficaz comisión de absoluciones de la Cámara. Y hasta tanto esta distorsión institucional no se reforme, los exmagistrados como Leonidas Bustos, Camilo Tarquino o Francisco Ricaurte pueden seguir haciendo de las suyas a sabiendas de que no les va a pasar nada. Hoy, con todo lo que hay en su contra, siguen frescos deambulando por los salones de la Justicia defendiendo a sus clientes y moviendo sus hilos en la Fiscalía y en las Altas Cortes porque la justicia no se atreve siquiera a tocarlos.

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La última vez que se intentó crear un organismo independiente, -un tribunal de aforados- para acabar con esa impunidad, el fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, en alianza con el entonces presidente de la CSJ, Leonidas Bustos, amenazó al país con sacar los jueces a las calles y parar la justicia. Y como para que no quedara duda del poder de las elites de la justicia, cuando el fiscal y las cortes vieron que la reforma fue aprobada por el Congreso, Eduardo Montealegre siendo ya exfiscal presentó una demanda ante la Corte Constitucional y consiguió tumbar el tribunal de aforados. La posibilidad de que lo reformen quedó bloqueada hasta nueva orden.

Ahora sabemos que la indignación de entonces, era no solo una farsa, sino una mampara para que la mafia liderada por Bustos y compañía pudiera pasarse por los pasillos de la Fiscalía y de las Altas Cortes a sus anchas. Ahora que esa mafia ha empezado a quedar expuesta, NHM ha salido a decir que hay que revivir el tribunal de aforados que él ayudó a menoscabar cuando fungía como ministro de la Presidencia del gobierno Santos. En ese entonces se opuso tras bambalinas a ese tribunal de aforados, así hoy insista en negarlo. Hábilmente utilizó esa coyuntura para posicionar su nombre como aspirante a la Fiscalía y lograr que Bustos promoviera su candidatura, con el aval de Germán Vargas de Cambio Radical. Si de verdad quiere desbloquear el sistema que él mismo contribuyó a cerrar, le va a tocar emplearse mucho más a fondo y arrancar de raíz la corrupción que todavía anida en la Fiscalía.

El tema de la reforma rural integral es aún más complejo. El uribismo y Cambio Radical se oponen a la reforma rural. Para el uribismo la RRI es una puerta que se le abre al castrochavismo y el primer peldaño para acabar con la propiedad privada. Para Cambio Radical esta es una reforma que va en contra de los dueños de la tierra. A pesar de que los cambios que propone la RRI lo que buscan es sacar el país del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI, Uribe y Cambio Radical han logrado convencer al Consejo Gremial de que la RRI es en realidad una reforma agraria disfrazada, que va contra la propiedad privada y que le va a quitar la tierra a los ricos para dársela a las Farc.

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Por eso, unos y otros se oponen al fondo de tierras e incluso a la actualización del catastro porque aducen que eso significaría un incremento en el impuesto predial rural, uno de los más bajos del mundo que afectaría la productividad. Es decir, por cuenta de la falsa tesis del castrochavismo, quieren que el país siga en el siglo XIX y solo están dispuestos a un avalúo catastral hecho a su medida: uno que tenga en cuenta la productividad y no el uso potencial de la tierra porque de esa manera se sigue estimulando la tierra de engorde.

Ese parece ser el discurso del poder: no a la reforma política, no a la reforma a la Justicia y no a la reforma al campo colombiano. Tan mal estamos que cualquier intento por abrirse a los cambios es registrado como un atentado al Estado de derecho y a la Constitución. En palabras de mi profesor Mario Latorre, estamos en una sociedad bloqueada. 

Uribe dice que las reformas pactadas en La Habana son un camino hacia el castrochavismo. En realidad la cosa es al contrario: si no nos reformamos, lo más seguro es que en un futuro no muy lejano vamos a tener un gobierno populista de derecha o de izquierda entronizado en el poder.

Preguntas al Fiscal General Néstor Humberto Martínez

Cambio Total.

La periodista Jimena Duzán hace las siguientes preguntas al Fiscal General Néstor Humberto Martínez en su reciente artículo en la revista Semana:

¿Es cierto, señor fiscal, que además de los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz, su exfiscal Moreno tenía, como padrino político al senador de Cambio Radical German Varón Cotrino?

¿Por qué el exgobernador de Córdoba, que es de Cambio Radical, Alejandro Lyons, pudo salir del país el pasado 23 de abril, a pesar de que tenía varias investigaciones en la Fiscalía, entre ellas una por presunto homicidio por el asesinato de Jairo Zapa?

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¿Sabe la Fiscalía si Moreno estaba extorsionando a otros gobernadores con investigaciones pendientes cuyas pruebas pasaban por su escritorio? ¿Quiénes son? ¿La Fiscalía ha podido constatar si Moreno hacía esos ‘favores’ solo para obtener dinero o si lo hacía para favorecer a un determinado grupo político? ¿Sabe la Fiscalía si Moreno impulsaba las investigaciones de manera selectiva, apagando las que le convenían e inflando las de los opositores políticos de sus patrocinadores? ¿Usted, señor fiscal, es un militante de Cambio Radical?

Solo se nos permite odiar

por MARÍA JIMENA DUZÁN revista semana | 2017/06/17 

Ni Álvaro Gómez se habría negado a aceptar que es un hecho histórico que las Farc, una guerrilla que libró durante más de 50 años una guerra, haya aceptado desarmarse.

A los colombianos solo se nos permite odiar. Esa parece ser la consigna que nos está imponiendo la política desde que esta se volvió un escenario de emociones mezquinas que nos secuestraron la razón. No de otra forma se explica que un hecho histórico como el de que las Farc empiezan a dejar sus armas haya sido registrado más con pena que con gloria. 

Para el uribismo ese día fue útil no para reconocer un hecho positivo para los colombianos, sino para atizar el odio y evitar cualquier posibilidad de reconciliación. En sus redes no circularon las fotos de las armas entrando a los containers de la ONU, sino una foto en la que se veía al presidente Santos sonriéndoles a los jefes de las Farc mientras esperaban en el aeropuerto El Dorado para ir a La Elvira. “¡Qué vergüenza! Cuánta risa y pleitesía de Juan Manuel Santos y su gobierno con el terrorismo mientras los colombianos piden ser escuchados”. Así trino Oscar Ivan Zuluaga.

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Es decir, el uribismo registró el inicio del desarme de las Farc no como el hecho histórico que es, sino como una vergüenza nacional porque produjo el encuentro del presidente con los jefes de las Farc.

Entiendo que la oposición es la oposición y que la política por definición es mezquina, pero ni Álvaro Gómez se habría negado a aceptar que es un hecho histórico que las Farc, una guerrilla que libró durante más de 50 años una guerra, haya aceptado desarmarse. Lo anterior indica que en el uribismo es más grande el odio que le tienen a Santos que el que les tienen a las Farc.

Pero no todo es culpa del uribismo. La responsabilidad de que el ciudadano de a pie no hubiera registrado el hecho como un evento histórico es del propio gobierno Santos, que parece haber perdido el rumbo desde que empezó la implementación de los acuerdos. Se enredaron en la construcción de los campamentos, no tenían lista la política de reincorporación y el sistema de traer la mesa negociadora a Bogotá como si el acuerdo no se hubiera finiquitado tampoco fue el acertado. Todo este escenario tan embarazoso ha enviado un mensaje confuso a la opinión pública de que el Estado no estaba listo para semejante desafío.

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Los únicos que sí entendieron la importancia de esa foto de los fusiles de las Farc entrando a los containers de la ONU son los campesinos, que sufrieron el fragor de esa guerra que hoy termina sin que a la mayoría de los colombianos les importe.

Evidentemente esta dejación de armas se ha demorado y ha tenido más contratiempos de los que se habían previsto. Pero esos inconvenientes, que son serios, no pueden borrar su importante significado.

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Así los uribistas se nieguen a aceptarlo, este proceso de desarme es mucho más transparente y posee mayores controles que el que se hizo durante el gobierno de Uribe, cuando las AUC se desarmaron sin cumplir mayores protocolos de verificación porque la pobre veeduría que hizo la OEA ni siquiera tenía gente para contar las armas. En esa ocasión, se produjeron falsas desmovilizaciones como la de Don Berna y el bloque Cacique Nutibara, aceptadas por él mismo Berna un año más tarde. No hubo ni containers ni listas de registros sobre las armas existentes como en esta ocasión sí se les ha exigido a las Farc. Ninguno de ellos tuvo que entregar sus bienes obtenidos ilícitamente porque el acuerdo no los obligaba como sí sucede en esta ocasión, ni mucho menos estaban obligados a resarcir económicamente a sus víctimas como lo tienen que hacer, sí o sí, las Farc.

Como estamos condenados a odiar, nada de esto se puede reconocer. 

CODA: El escándalo de Canal de Isabel II hasta ahora comienza. Son muchos los políticos que han salido a la palestra, pero hasta ahora la Fiscalía colombiana va muy atrás de la Fiscalía española. La verdad sobre si la campaña de Santos recibió dinero de estos españoles, no la puede tener Santos, cuyo gerente de entonces ha salido a desmentir la noticia publicada por el diario español El Mundo. La investigación la tiene que hacer la Fiscalía. La seguimos esperando.

Pongámonos seriosN: 

MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/05/13 

Los ni-nis

Si no es por este referendo discriminatorio de la morales, que afortunadamente no progresó, no nos hubiéramos percatado de que el Partido Liberal decidió dejar la política criminal en manos de Dios.

ni el Partido Liberal es liberal; ni Cambio Radical, del precandidato Germán Vargas, busca impulsar un cambio extremo; ni el Centro Democrático, partido controlado en todos los niveles por su caudillo –como también lo hace Marine Le Pen en el Frente Nacional–, es de centro ni democrático. (Ni siquiera los verdes, que son un partido decente, son verdes; ni La U es La U porque Uribe, que lo fundó, armó rancho aparte y el cascarón que dejó no es más que un partido de garaje que solo se activa en las épocas electorales).

Del glorioso Partido Liberal, que en su época dorada se llegó a conocer como “el partido del pueblo”, no queda ni la muestra. Despreciar los estatutos aprobados por las bases liberales para que el expresidente Gaviria pueda seguir manejando a su antojo lo que queda de ese partido no es propio de un partido del pueblo, sino de uno en donde las clientelas imponen sus privilegios.

Pero, además, una colectividad que permite que en su nombre se impulse un referendo discriminatorio como el que propuso la senadora Viviane Morales contra las madres cabeza de familia, los divorciados y los homosexuales; un referendo que además pisotea las bases que fundamentan nuestro Estado laico al poner la Biblia por encima de la Constitución difícilmente puede llamarse liberal.

Será tan poco liberal este liberalismo de hoy que en la votación que se dio en la Comisión Primera de la Cámara, y que terminó por hundir este esperpento, resultaron más librepensadores los conservadores –de ocho, siete votaron en contra del referendo– que los representantes liberales –de los nueve representantes liberales, siete votaron en contra–.

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Es decir, ni los liberales ni los de Cambio Radical –cuyos representantes votaron todos a favor del referendo– fueron capaces de salir en defensa de las madres cabeza de familia, de los solteros y de los homosexuales. Por el contrario, uno de los representantes de Cambio Radical, sin ningún reato, dijo que las mujeres debíamos dejar de trabajar porque nuestro deber era quedarnos en la casa al cuidado de los hijos, y como si estuviéramos en el siglo XIX nos culpó de la crisis de la familia. Ese es el valiente cambio radical que propone Cambio Radical: que las mujeres nos devolvamos en la historia para que los hombres puedan seguir dirigiendo el mundo.

Tampoco fueron capaces ni el Partido Liberal ni Cambio Radical de ripostarle a Carlos Alonso Lucio por su discurso intolerante, lleno de odio contra los que no somos cristianos. Lo dejaron que insultara a las solteras, a los solteros y a los homosexuales, como si en este país la Constitución del 91 fuera un pedazo de papel insignificante y una obra del diablo.

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Pero aquí no termina este destape. ¿Saben cuál fue el único miembro de esa comisión que se atrevió a decir que se regía por la Biblia y no por la Constitución?: …el ‘liberal’, Silvio Carrasquilla.

Más insólito que esta confesión, tan opuesta al ideario del partido de López Pumarejo, de Echandía, es que no suscitó ninguna reacción en la jerarquía liberal, que hasta hoy ni siquiera se ha dado por aludida. Muy por el contrario, hemos sabido que el representante Carrasquilla fue exaltado por el liberalismo quien lo delegó para que fuera su candidato en el Consejo Superior de Política Criminal, puesto que logró obtener tras derrotar al representante Navas Talero. Todo un crack ‘liberal’.

Vea pues: si no es por este referendo discriminatorio de la Morales, que afortunadamente no prosperó, no nos hubiéramos percatado de que el Partido Liberal decidió dejar la política criminal en manos de Dios.

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Ya es hora de que el país se dé cuenta de que ese partido que hoy se llama Liberal va camino a convertirse en el gran partido cristiano del mañana. Es hora de que nos demos cuenta de que Cambio Radical es el partido del statu quo, y que el Centro Democrático, lejos de ser un partido de centro, como dice Iván Duque, uno de sus precandidatos, es un partido que aglutina a la derecha radical que va desde el liberalismo de Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio hasta el extremismo hirsuto de Fernando Londoño; el exministro ha confesado sin tapujos que el uribismo no quiere este acuerdo de paz ni ningún otro porque lo que pretende es devolvernos a la guerra contra las Farc que ya dejamos. Si esto es una promesa de un partido de centro, doctor Duque, entonces Colombia en verdad se parece a Dinamarca.

Es hora de que abramos los ojos para saber bien por quién de todos estos ni-nis votamos.

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Falsos demócratas

Por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/05/06

A la hora de la verdad, estas élites que se han apropiado de pedazos del estado para manejarlos a su libre albedrío no tienen diferencias políticas ni ideológicas cuando se trata de defender sus privilegios

Cierto: las elites en este país están divididas y engarzadas en una polarización que según el profesor Gutiérrez Sanín está impulsada por una radicalización de la derecha. Pero lo curioso es que cuando se trata de ponerles la cara a las reformas que afectan sus intereses −y sus privilegios−, la pelea entre las elites se diluye, y como por arte de magia todos −La U, los liberales, los conservadores, los del Centro Democrático
(CD) y el Consejo Gremial _terminan unidos en una piña para enfrentar cualquier asomo de reforma que intente alterar el statu quo.

Ese realinderamiento de intereses se ha producido en torno a la reforma electoral que se ha planteado ante el Congreso, con base en las propuestas hechas por la Misión Electoral. (Los duros cuestionamientos del Consejo Gremial en torno al proyecto de ordenamiento rural los dejo para otra columna).

Ni a Uribe ni a los de La U les gusta el revolcón que han propuesto los expertos de la Misión Electoral para hacer más transparente y eficiente el sistema. Y aunque ambos han rechazado la reforma con la tesis altruista de que se trata de un “golpe a la democracia” –así lo han expresado tanto el senador Macías del CD como el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, del partido del presidente Santos–, en realidad lo que buscan es ocultar sus mezquinas razones disfrazándose de defensores de la democracia.

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Lo que los une a ambos no es su amor por la democracia, sino la necesidad de mantener a flote un sistema electoral corrupto que les permite a sus partidos volarse los topes de las campañas sin temor a represalias, y a los congresistas, alcaldes y gobernadores elegirse como sea, a sabiendas de que las sanciones les llegarán cuando hayan reencarnado en otras vidas.

Lo último que quieren estos ‘defensores de la democracia’ es que les cambien un Consejo Nacional Electoral que les sirve precisamente porque no tiene dientes ni independencia, y una Sección Quinta del Consejo de Estado que ha aprendido a cumplir su función de investigar las pérdidas de investidura de congresistas, las demandas de las curules y la elección de alcaldes y gobernadores con una lentitud que los políticos no quieren alterar porque les sirve a sus intereses.

Por eso ha caído tan mal dentro del establecimiento político la propuesta de la Misión Electoral de cambiar la CNE y la Sección Quinta del Consejo de Estado, por una corte electoral ‘omnímoda’ e independiente del Congreso. No quieren reformas que los obliguen a rendir cuentas, así de simple y así de claro.

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De nuevo, se repite la historia que se vivió en la discusión que se dio en el Congreso en torno a la reforma constitucional del equilibrio de poderes, cuando los magistrados de las altas cortes y el fiscal se unieron con el establecimiento político, para tumbar el tribunal de aforados que iba a reemplazar a la comisión de absoluciones porque les quitaba el fuero y acababa con sus privilegios. Hoy el establecimiento político unido, untado hasta el cogote por escándalos de corrupción, nos está diciendo lo mismo: que no se reforma porque primero están sus intereses que el bien común y que si intentan socavar sus privilegios le van a declarar la guerra a quienes osen desafiarlos.

El temor a ser reformados no solo se ha expresado por parte de la CNE y del Consejo de Estado. Ante la propuesta de la Misión Electoral de quitarle atribuciones a la Registraduría y crear un ente aparte encargado de las funciones técnicas y de planificación de las elecciones, el primero en saltar fue el propio registrador. Sin que le diera pena salió a defender su esquina de poder como si se tratara de su vida propia. Un organismo, que ha tercerizado sus contratos y que le ha entregado la función electoral a poderosos privados que se oponen a la introducción del voto electrónico porque se les acabaría el negocio, no merecería, en otras latitudes, mayor defensa. Otro tanto hizo el procurador Carrillo. Pese a que siendo candidato opinaba que era necesario quitarle a la Procuraduría la facultad de destituir a funcionarios elegidos por el voto popular, ahora que lo propone una reforma electoral sale a oponerse de manera virulenta.

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A la hora de la verdad, estas elites que se han apropiado de pedazos del Estado para manejarlos a su libre albedrío no tienen diferencias políticas ni ideológicas cuando se trata de defender sus privilegios. Eso de bueno tienen las reformas: por un lado nos recuerdan cuáles son los verdaderos dilemas del país, y por el otro desnudan a los falsos demócratas.

¿Víctima?

Por María Jimena Duzán, Revista Semana.

De resultar cierta la participación de José Elías Melo en estos pagos de sobornos, no solo estaría comprometida su responsabilidad personal sino la patrimonial de Corficolombiana, sociedad que para entonces representaba y que pertenece al Grupo Aval.

Un documento en poder de la Fiscalía colombiana podría dar al traste con la pretensión de Corficolombiana −empresa de propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo− de ser reconocida como víctima de su socio Odebrecht en el proceso penal que se adelanta contra los responsables de los pagos de sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol 2.

Corficolombiana, a través de su filial Epysol, tiene el 33 por ciento de la Ruta del Sol 2, en la que Odebrecht tiene el 66 por ciento y el grupo Solarte, un 4,9 por ciento.

El documento, del que tuve conocimiento en calidad de periodista, fue firmado en Brasil el 6 de enero de 2017 por tres de los 77 altos directivos de Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia brasileña, luego de que su jefe, Marcelo Odebrecht, fuera encarcelado a mediados de marzo de 2016: Luis Antonio Bueno Junior, director para Colombia de la firma brasileña; Luis Antonio Mamery, director de Odebrecht para América Latina, y Luis Eduardo Da Rocha Soares, alto ejecutivo de la compañía.

Este documento, que, repito, ya reposa en la Fiscalía colombiana, es una declaración juramentada en la que los tres ejecutivos de Odebrecht revelan que José Elias Melo, quien para entonces se desempeñaba como presidente de Corficolombiana, lejos de haber sido una víctima ingenua de los torcidos de Odebrecht, habría sido su presunto cómplice.

Según esta declaración, que tiene la rúbrica de estos tres ejecutivos de Odebrecht, esta sórdida estrategia habría quedado sellada a la salida de una reunión que estos tres empresarios brasileños sostuvieron con Gabriel García cuando fungía como viceministro de Transporte del gobierno Uribe, en un apartamento de Bogotá en el año 2009. Uno de ellos, Luis Antonio Bueno Junior, le habría informado al presidente de Corficolombiana sobre el soborno de 6,5 millones de dólares que había exigido el viceministro de Transporte y habrían acordado pagarlo entre Odebrecht y Corficolombiana con cargo a las cuentas del contrato. Como dato curioso, dice el documento que ambas partes también habrían convenido no contarle al otro miembro del consorcio, los Solarte, en razón de que su participación era muy baja y no valía la pena involucrarlo.

No sobra recordar que para ese momento el viceministro García era también el gerente encargado del Inco, del gobierno Uribe, y por ende el funcionario que tenía que firmar el contrato objeto del soborno. 

Esta columna ha podido establecer también que Corficolombiana, luego de que estalló el escándalo de Odebrecht a finales de diciembre pasado, realizó una serie de auditorías internas en las que se encontraron unos pagos irregulares que habrían sido aprobados por Melo en el año 2009 relacionados con el contrato de Ruta del Sol 2, los que al parecer se habrían hecho sin la aprobación de su junta directiva.

Hoy García está preso y se encuentra negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía colombiana y José Elías Melo, quien fue retirado sorpresivamente de la presidencia de Corficolombiana en abril de 2016 y ha sido llamado –por ahora– a un interrogatorio como indiciado ante la Fiscalía. En opinión de entendidos, con las pruebas que al parecer tiene la Fiscalía en contra del expresidente de Corficolombiana debería haberle imputado cargos hace rato. 

¿Por qué salió Melo de Corficolombiana? Hasta hoy las razones de su sorpresivo retiro siguen siendo todavía un misterio. Lo que sí se puede afirmar es que su salida coincide con dos noticias sucedidas en Brasil por la misma época: la condena del dueño de la multinacional, Marcelo Odebrecht, a 19 años de cárcel y el anuncio de su acuerdo con la justicia brasileña para revelar información clave sobre la manera como se hicieron los sobornos en diferentes países de América Latina, entre ellos, Colombia.

De resultar cierta la participación de José Elías Melo en estos pagos de sobornos, no solo estaría comprometida su responsabilidad personal sino la patrimonial de Corficolombiana, sociedad que para entonces representaba y que pertenece al Grupo Aval.

En esas condiciones resulta exótico, por decir lo menos, que Corficolombiana se haya precipitado a presentarse ante la Fiscalía como víctima de un delito que, como van las cosas, su representante legal habría patrocinado y ejecutado en nombre de esa sociedad.

Hasta donde lo sugiere el documento que tiene la Fiscalía, los dineros con que se pagaron los sobornos no habrían salido del bolsillo de Melo, sino de las cuentas de Odebrecht y Corficolombiana. A la Fiscalía colombiana le va a quedar cuesta arriba avalar el papel de víctima que Corficolombiana se autoadjudicó pocos días después del 22 de diciembre con la tesis de que todo fue a sus espaldas. Y al fiscal Néstor Humberto Martínez, exasesor del Grupo Aval, con mayor razón.