[Colombia] Si todos fueran como Antonio Celia...

por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/12/16 

Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos, innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre.

En 2017 se volvió a demostrar que el statu quo en Colombia es tan fuerte como en 1936, cuando el establecimiento liberal y conservador terminó aliado con el propósito de frenar la Revolución en Marcha propuesta por el entonces presidente Alfonso López Pumarejo.

Entonces como ahora, las reformas sociales produjeron una reacción airada de la mayoría de las elites que se sintieron amenazadas por esos cambios hasta el punto de que terminaron sofocándolas.

Aunque las reformas de López Pumarejo eran más estructurales que las que intentó implementar el gobierno Santos, como producto de los acuerdos de La Habana, ni unas ni otras lograron ver la luz.

La reforma agraria de López Pumarejo quedó reducida a una Ley de Aparcería que tampoco llegó a aplicarse; en 1968, el presidente Carlos Lleras Restrepo intentó hacer una nueva reforma agraria menos ambiciosa que la de López, pero esta fue sepultada en el Pacto de Chicoral, bajo la administración del gobierno conservador de Misael Pastrana.

Casi 30 años más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso un paquete de medidas para impulsar el desarrollo del agro, bastante menos ambiciosas que las que propusieron Lleras Restrepo y López Pumarejo en su momento, pero también se encontró con el mismo muro infranqueable. Pese a que los acuerdos de paz no buscaban cambiar el modelo económico ni pretendían impulsar cambios estructurales –ni siquiera se llegó a plantear una reformar agraria– y solo se pretendía ordenar la tierra, mejorar el tema de la titulación de tierras y actualizar el catastro rural que hace 30 años no se reformaba, Santos tampoco pudo.

Modernizar el agro, o mejor sacar el campo colombiano del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI, resultó ser también una amenaza para un statu quo que se ha acostumbrado a imponer sus privilegios por encima de los desarrollos lógicos de la historia.

Esa manera obtusa de mirar el mundo y de concebir al país debería ser motivo de una seria reflexión por parte de los empresarios y de la clase dirigente. Para crecer y para aumentar la productividad en el agro hay que modernizar el campo y eso significa incluir en esas nuevas políticas a los campesinos. Eso lejos de ser castrochavismo es el más puro capitalismo, pero tal es la pugnacidad y la polarización que ni siquiera la lógica capitalista tiene ya cabida en la mente feudal de muchos empresarios del campo, varios de los cuales fueron actores del conflicto armado como financiadores de grupos paramilitares.

Afortunadamente, no todos los empresarios son tan obsecuentes a los tiempos modernos en Colombia y hay dirigentes que sí están leyendo bien este momento como Antonio Celia, el presidente de Promigás, quien pronunció hace poco un discurso ante el Consejo de Competitividad que leí con gran alivio. Su crudo y honesto discurso debería ser leído por los empresarios que hoy se aferran al pasado y a sus privilegios sin invertir ni innovar ni apostarle al país.

En ese discurso, que recomiendo, Antonio Celia les recuerda a los empresarios que no solo tienen que velar por sus intereses, sino que también tienen deberes y responsabilidades sobre todo en un país como Colombia donde los niveles de desempleo siguen siendo muy altos y los índices de desigualdad los más altos del mundo.

Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos, innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre. La defensa a ultranza de un statu quo por encima de las necesidades de un país fue lo que llevó al poder a un populista como Chávez en Venezuela. No sobra recordarlo. 

Prejuicios

por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/09/30

La guerra con las Farc se desactivó, pero en las mentes de los colombianos siguen vigentes todos los prejuicios que alentaron el conflicto.

Se acabaron los partidos en Colombia, pero los egos, los prejuicios, la depuración, el desprecio por el otro y la estigmatización siguen gozando de buena salud.

La política quedó desprovista de cualquier racionalidad y pasó a ser regida por el mundo de las emociones, que es el sustento donde abrevan los populismos.
Ni siquiera el partido naciente de las Farc ha quedado exento de este mal. El solo hecho de que hubieran decidido dejarse el mismo nombre es ya un acto de exclusión consciente, dirigido expresamente a preservar la pureza de su estirpe.

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Da la impresión de que a este nuevo partido no le interesa hablarle al país, sino cerrar filas para impedir que sus bases se contaminen con el afuera, y que desprecia cualquier contacto con sectores de la sociedad que no pertenezcan a las organizaciones de masas.

En lugar de abrirse como un pavo real, las Farc decidieron hundir la cabeza en la tierra al igual que el avestruz, dando a entender que para ellos cualquier apertura o inclusión de nuevos escenarios es el camino hacia su perdición y a la claudicación de su fe marxista. 

Despreciar esa interlocución con el país es un error que no debería cometer el nuevo partido de las Farc. Y me temo que con homenajes al Mono Jojoy, que afectan la dignidad de las víctimas y que desconocen lo que ese nombre significa para muchos colombianos que padecieron sus métodos de violencia, le va a quedar muy difícil a ese nuevo partido conquistar un espacio importante en la política colombiana. 

El uribismo, que funciona más como secta que como partido, ya nos ha mostrado algunos atisbos de cómo es que pretenden depurar y limpiar la política en Colombia si llegan al poder. Si ganan las próximas elecciones, lo más probable es que instituyan el delito del ‘look guerrillero’ para que las esposas de los senadores del Centro Democrático no tengan que pasar por el desagrado de sentarse al lado de un excombatiente de las Farc o de alguien que se atreva a vestirse como ellos.

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Probablemente no se podrá volver a entrar en un avión con una cachucha roja, ni portar camisetas alusivas a la revolución, ni mucho menos llevar una mochila. Quienes lo hagan serán considerados una amenaza pública, indignos de la Colombia de bien que ellos representan. 

Hasta podrían crear un mundo feliz en el que haya un universo de aerolíneas, líneas de buses, de bicicletas solo para los colombianos puros de casta, que sigan al pie de la letra los prejuicios impuestos por la derecha radical y otro para que transite la escoria. Es decir, para los indeseables: para los que usen cachucha roja; para los que hayan sido guerrilleros y quieran rehacer su vida; para los que tengan ideas distintas a las suyas; o peor, ¡que tengan ideas de izquierda! o apoyen el pacto del Colón y por eso sean señalados de tener un peligroso ‘sesgo ideológico’.

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La guerra con las Farc se desactivó, pero en las mentes de los colombianos todavía siguen vigentes todos los prejuicios que alentaron el conflicto. El odio macerado que se percibe en las frases de un Jesús Santrich es parecido al odio primario que impulsó a la esposa del senador Ramos Maya a matonear a un colombiano porque a ella le pareció que era un excombatiente de las Farc.

Hay que desactivar todos esos odios enconados antes de que nos carcoman, para que la política vuelva a ser el vehículo de las ideas y no de la cizaña.

Reviviendo al enemigo

JOAQUÍN ROBLES ZABALA, revista semana  | 2017/09/27 

Un enemigo será siempre una manera de definir la identidad y los “sistemas de valores” de la sociedad. En Colombia, 54 años de guerra, 8.300.000 víctimas y más de 300.000 muertos no han sido suficientes para bajarle la temperatura a la egolatría bélica.

Las ideologías son fronteras que dividen. El árbol que se alza entre dos predios siempre será un límite. Los prejuicios son, en el fondo, fronteras morales. Un hombre que mantiene diferencias políticas con su vecino siempre le parecerá un amoral, o un sospechoso de romper las normas sociales. 

Un leñador pierde su hacha nueva y al día siguiente ve a su vecino, también leñador, con una idéntica a la que perdió. Cada mañana que sale al patio siente que su vecino se burla de él: lo saluda de manera diferente y descubre en su sonrisa un asomo de sarcasmo. Está seguro de que esa es su hacha, pero nunca se lo dice. El día en que se dispone a enfrentar al ladrón, observa entre un montón de leños el brillo de una hoja. Se acerca y descubre su herramienta perdida. Cuando el vecino sale al patio, con su hacha terciada al hombro, lo saluda con la misma sonrisa de siempre.

Inventar enemigos y mirar por encima del hombro parecen ser las políticas externas de algunas naciones, pero también las de algunos líderes mundiales. Colindar con un vecino problemático es como caminar sobre cáscaras de huevo. El árbol que sirve de límite entre los predios puede ser el origen de un problema mayúsculo porque el viento desprenderá siempre las hojas secas que llegarán a la propiedad del otro. El nazismo convirtió en enemigos a los comunistas y judíos y el mundo perdió a más de 70 millones de personas en una guerra que solo sirvió para engordar los libros de historia.

Los Estados Unidos de América han sido el ejemplo más claro en la historia social moderna de cómo crear enemigos. El comunismo, el terrorismo islámico, el narcotráfico y ahora los inmigrantes que cruzan sus fronteras le han servido al país del norte para mantenerse en pie de lucha contra los violadores de los derechos humanos. Un país sin enemigos es como una casa sin ventanas: no entra la luz del día y tampoco puede espiarse al vecino. Lo peor que le puede pasar a un imperio como los Estados Unidos es quedarse sin enemigos. Es, como aseguró el gran Umberto Eco, perder su identidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gran Imperio se inventó la Guerra Fría, una confrontación de espías que no dejó tantos muertos como los propiciados por el Tercer Reich, pero que mantuvo al mundo entero en zozobras, a la espera de una revuelta nuclear, con la isla de los Castro como playa de desembarque.

Ronald Reagan creyó necesario apoyar a los “contras” nicaragüenses para evitar otra posible Cuba y el posicionamiento ruso en América Latina. George W. Bush justificó la guerra de Irak con el argumento de que el régimen de Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva, y el actual comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo quiere borrar a Corea del Norte del globo terráqueo con el pretexto de que es un peligro inminente para las naciones civilizadas.

Tener un enemigo será siempre una justificación para armarse. Pero también para quebrantar la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional. Reagan lo entendió así, de la misma manera como Bush justificó la invasión a Irak y el megalómano de Trump quiere borrar del mapa a la Corea comunista. Para estos señores lo verdaderamente importante no es el enemigo, real o imaginario, sino la forma de justificar la paranoia de grandeza.

Un enemigo será siempre una manera de definir la identidad y los “sistemas de valores” de la sociedad. En Colombia, 54 años de guerra, 8.300.000 víctimas y más de 300.000 muertos no han sido suficientes para bajarle la temperatura a la egolatría bélica, pues saben muy bien que un conflicto bélico es un motor para canalizar odios y exacerbar la desconfianza y definir quiénes están de nuestro lado y quienes contra nosotros.

Según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), desde que se firmó la paz entre el Gobierno y las Farc “no se registraba en el país un número tan bajo de víctimas, combatientes muertos o heridos y de acciones militares por parte de la guerrilla como de la fuerza pública”. Este hecho tiene desesperados a los beneficiarios de la guerra, ya que “hacer trizas los acuerdos de paz” si alguno de sus candidatos llega a la Casa de Nariño es otra forma de argumentación, o, si se quiere, una estrategia que busca ya no exacerbar a los colombianos para que salgan a votar “berracos”, sino crear un nuevo enemigo.

Lo alcanzamos a ver la semana pasada en las declaraciones del precandidato presidencial Rafael Nieto a la periodista alemana Karen Naundorf, a quien le aseguró que echar atrás los acuerdos de paz es un imperativo “aunque se tenga que correr con el riesgo de los muertos”. Es decir, las responsabilidades políticas que conlleva hacer la guerra cuando el país empieza a dejar atrás los ríos de sangre, las masacres de campesinos, las interceptaciones ilegales y la persecución a los enemigos ideológicos.

“Emboscar personas en la calle, insultarlas y grabarlas es la nueva forma de heroísmo político (y patanería) del uribismo”, trinó hace pocos días el columnista de SEMANA, Daniel Coronell. La estrategia está en marcha, y consiste en irse lanza en ristre contra todos aquellos candidatos presidenciales, periodistas y funcionarios que apoyan el regreso de las Farc al debate público. Lo hicieron con Claudia López, a quien han acusado de estar de acuerdo con Santos de entregarle el país al “narcoterrorismo”, sin pesar que López es una parte importante de la estructura que defiende los intereses de la derecha colombiana. A Humberto de la Calle lo ha señalado la “eminente” María de Rosario Guerra de ser el candidato de las Farc. A Coronell se le acusa de haber hecho negocios con narcotraficantes y el matoneo por las redes sociales no cesa. Hasta el rector de la Universidad Externado de Colombia fue insultado desde la trinchera del Twitter por permitir que un exguerrillero participara en un evento estrictamente académico.

Crear enemigos políticos no solo busca tergiversar los hechos y darle al matoneador un aire de liberal y espontáneo que no tiene, sino que busca también que el matoneado se salga de sus casillas y reaccione violentamente. De esta manera demostrarían, con video en las redes, que los violentos son otros y que ellos son solo colombianos de bien que buscan “impedir que la plaga del socialismo” se tome a Colombia y la convierta en otra Venezuela.

En Twitter: @joaquinroblesza
E-mail: robleszabala@gmail.com

Colombia: Bustos, el apoderado

MARÍA JIMENA DUZÁN revista semana | 2017/09/09 

Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

El caso del exgobernador del Cauca Temístocles Ortega y del actual gobernador, Óscar Campo, quienes tienen una investigación dormida en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema desde 2016, es un ejemplo del poder omnímodo que todavía sigue teniendo el exmagistrado Leonidas Bustos y su combo, desde su oficina de abogado.

La historia de este proceso comenzó en junio de 2016, con la denuncia de Camilo Enciso, el zar anticorrupción de la época, quien señaló a Temístocles Ortega y al actual gobernador, Óscar Campo, de haber presuntamente participado en el desvío de dineros de la Gobernación en las elecciones de 2015. En esos comicios, el entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, demostró su poderío político: su candidato Óscar Campo, actual gobernador de ese departamento, ganó esa elección por más de 200.000 votos.

La denuncia del zar era tan precisa y concreta que dejó muy mal parado a Temístocles Ortega, así la suma del presunto peculado fuera de solo 480 millones de pesos. Enciso dijo tener pruebas de que esos dineros habrían salido de Indeportes, Cauca, y de que esos giros se habrían hecho por instrucción expresa del entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega.

A tan solo dos meses de haber salido de la CSJ, el exmagistrado Leonidas Bustos asumió la defensa de Temístocles Ortega y de Óscar Campo, y desde entonces a ambos políticos caucanos les empezó a sonreír la suerte: tuvieron la fortuna de que su proceso le correspondiera precisamente a Alfredo Betín, fiscal delegado ante la corte, nombrado por el entonces fiscal Montealegre por recomendación del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien es socio y compinche de Leonidas Bustos, el abogado de los dos políticos caucanos. (Tanta coincidencia asusta).

Ni una de las innumerables pruebas y documentos que hay en contra de Temístocles Ortega y de Óscar Campo han sido valorados por el fiscal Betín. Las pruebas aportadas por la gerente de Indeportes Ana Bolena García -capturada en junio de 2016, pero liberada por vencimiento de términos un año después-, según las cuales su secretaria privada, el almacenista y ella habrían actuado bajo órdenes de Temístocles Ortega, cuando se hizo el desvío de los dineros, han caído en saco roto. (Ver pruebas aportadas por Ana Bolena: Entrevista Eugenio Sanchez y entrevista Cristina Rebellón)

Temístocles ni siquiera ha tenido que explicar ante la Fiscalía su presunta relación con María del Carmen Flórez, alias la Gata del Sur. Según las denuncias de varios funcionarios ella habría tenido un papel clave en la campaña de Óscar Campo, no solo como financiadora, sino como pieza clave en el presunto desvío de dineros.

María del Carmen Flórez es una reconocida y temida empresaria del gremio de transportadores y exgerente de la Cooperativa de Motoristas del Cauca, de la que actualmente el gerente es su esposo. Ella aparece mencionada por HH, en un proceso de Justicia y Paz en el que Veloza manifiesta que la señora en mención habría ordenado el asesinato de Jacobo Sadovnik, quien la denunció por extorsión. Aunque los familiares entablaron una acción penal contra ella, la empresaria nunca ha sido requerida por la justicia. Su blindaje parece haberle servido hasta ahora porque ni los testimonios ni los chats presentados por Ana Bolena García, en los que aparece como una pieza clave de la campaña de Óscar Campo, han sido suficientes para que el fiscal a cargo del proceso investigue la relación entre Temístocles Ortega, el actual gobernador y esta empresaria del transporte. (Ver pruebas).

En cambio, lo que sí ha impulsado el fiscal Alfredo Betín es la firma de preacuerdos para darles beneficios a los demás funcionarios que no han dicho ni mu y que fueron capturados con Ana Bolena bajo la hipótesis de que los 480 millones de pesos no se habrían desviado a la campaña de Campo, sino que se habrían quedado en el bolsillo de Ana Bolena.

Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

Hoy que ha quedado expuesto el accionar de esa mafia que se tomó a la Justicia, liderada por Bustos, la Fiscalía está en la obligación de investigar las denuncias del periodista Carlos Pito, esposo de Ana Bolena, la gerente de Indeportes que ha denunciado a los dos políticos caucanos. Él sostiene que cada vez que su mujer declaraba algo o aportaba alguna prueba al proceso, estas le eran filtradas al apoderado de Temístocles Ortega. En un trino premonitorio publicado seis meses antes de que se descubriera quiénes eran Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, Pito había preguntado si era cierto que “el esposo de la ex primera dama de la Justicia ya tenía cuadrado todo lo necesario para que la responsabilidad del exgobernador del Cauca y del actual gobernador por el caso de Indeportes quede en la absoluta impunidad”.

La única forma de saber si Leonidas Bustos como apoderado cuadró o no el proceso a favor de Temístocles Ortega y del actual gobernador, y de si hubo o no extorsión de por medio, es investigando a fondo las pruebas que hoy siguen sin ser valoradas por el fiscal Alfredo Betín, la ficha de Francisco Ricaurte y de Leonidas Bustos.

Sociedad bloqueada

por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/09/02 

Ese parece ser el discurso del poder: no a la reforma política, no a la reforma a la justicia y no a la reforma del campo colombiano.

Ni los partidos políticos desprestigiados hasta los tuétanos, ni las Altas Cortes, ni la Fiscalía, anegados por una mafia poderosa cuyo poder extorsionador podría llegar incluso a poner el próximo presidente de la república, quieren reformarse.

La reforma política no le gusta a nadie. La creación de una corte electoral independiente, capaz de investigar el tema de los topes de las campañas y las contribuciones por debajo de cuerda que ellas reciben, no tuvo mayor eco ni en el Congreso ni en el Consejo de Estado, corte que desde el inicio de los debates salió en defensa de sus funciones electorales. El presidente del Congreso de ese momento, el senador por La U Mauricio Lizcano, hizo campaña contra la propuesta de la corte electoral y, luego de que lograron tumbarla, el Consejo de Estado restituyó a Guido Echeverry, quien forma parte de su grupo político, en la Gobernación de Caldas. Dichosa coincidencia.

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Con contadas excepciones, la mayoría de los partidos no están interesados en acabar con el ineficaz Consejo Nacional Electoral porque necesitan que este organismo siga siendo un congelador de procesos para que todos los casos que van a parar allá terminen extinguiéndose por prescripción de términos. (¿Quién no cree que la compulsa de copias que hizo NHM ante la CNE para que investigue si las campañas de Óscar Iván Zuluaga y del presidente Santos se volaron los topes va a terminar sepultada por prescripción de términos?).

La oposición de las Altas Cortes y de la Fiscalía a la creación de un tribunal de aforados independiente sigue la misma lógica: no quieren someterse a ninguna instancia que los controle ni los vigile que no sea la ineficaz comisión de absoluciones de la Cámara. Y hasta tanto esta distorsión institucional no se reforme, los exmagistrados como Leonidas Bustos, Camilo Tarquino o Francisco Ricaurte pueden seguir haciendo de las suyas a sabiendas de que no les va a pasar nada. Hoy, con todo lo que hay en su contra, siguen frescos deambulando por los salones de la Justicia defendiendo a sus clientes y moviendo sus hilos en la Fiscalía y en las Altas Cortes porque la justicia no se atreve siquiera a tocarlos.

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La última vez que se intentó crear un organismo independiente, -un tribunal de aforados- para acabar con esa impunidad, el fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, en alianza con el entonces presidente de la CSJ, Leonidas Bustos, amenazó al país con sacar los jueces a las calles y parar la justicia. Y como para que no quedara duda del poder de las elites de la justicia, cuando el fiscal y las cortes vieron que la reforma fue aprobada por el Congreso, Eduardo Montealegre siendo ya exfiscal presentó una demanda ante la Corte Constitucional y consiguió tumbar el tribunal de aforados. La posibilidad de que lo reformen quedó bloqueada hasta nueva orden.

Ahora sabemos que la indignación de entonces, era no solo una farsa, sino una mampara para que la mafia liderada por Bustos y compañía pudiera pasarse por los pasillos de la Fiscalía y de las Altas Cortes a sus anchas. Ahora que esa mafia ha empezado a quedar expuesta, NHM ha salido a decir que hay que revivir el tribunal de aforados que él ayudó a menoscabar cuando fungía como ministro de la Presidencia del gobierno Santos. En ese entonces se opuso tras bambalinas a ese tribunal de aforados, así hoy insista en negarlo. Hábilmente utilizó esa coyuntura para posicionar su nombre como aspirante a la Fiscalía y lograr que Bustos promoviera su candidatura, con el aval de Germán Vargas de Cambio Radical. Si de verdad quiere desbloquear el sistema que él mismo contribuyó a cerrar, le va a tocar emplearse mucho más a fondo y arrancar de raíz la corrupción que todavía anida en la Fiscalía.

El tema de la reforma rural integral es aún más complejo. El uribismo y Cambio Radical se oponen a la reforma rural. Para el uribismo la RRI es una puerta que se le abre al castrochavismo y el primer peldaño para acabar con la propiedad privada. Para Cambio Radical esta es una reforma que va en contra de los dueños de la tierra. A pesar de que los cambios que propone la RRI lo que buscan es sacar el país del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI, Uribe y Cambio Radical han logrado convencer al Consejo Gremial de que la RRI es en realidad una reforma agraria disfrazada, que va contra la propiedad privada y que le va a quitar la tierra a los ricos para dársela a las Farc.

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Por eso, unos y otros se oponen al fondo de tierras e incluso a la actualización del catastro porque aducen que eso significaría un incremento en el impuesto predial rural, uno de los más bajos del mundo que afectaría la productividad. Es decir, por cuenta de la falsa tesis del castrochavismo, quieren que el país siga en el siglo XIX y solo están dispuestos a un avalúo catastral hecho a su medida: uno que tenga en cuenta la productividad y no el uso potencial de la tierra porque de esa manera se sigue estimulando la tierra de engorde.

Ese parece ser el discurso del poder: no a la reforma política, no a la reforma a la Justicia y no a la reforma al campo colombiano. Tan mal estamos que cualquier intento por abrirse a los cambios es registrado como un atentado al Estado de derecho y a la Constitución. En palabras de mi profesor Mario Latorre, estamos en una sociedad bloqueada. 

Uribe dice que las reformas pactadas en La Habana son un camino hacia el castrochavismo. En realidad la cosa es al contrario: si no nos reformamos, lo más seguro es que en un futuro no muy lejano vamos a tener un gobierno populista de derecha o de izquierda entronizado en el poder.

Ética para qué si no da plata

por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/07/14

La lectura no es sólo un mecanismo de defensa contra los prejuicios, sino también un antídoto indoloro contra la ignorancia.

En un aparte de su libro ‘Historia e historia vital’, el sociólogo italiano Franco Ferrarotti (1991) asegura que “cada vida se revela en sus aspectos menos generalizables como una síntesis de la historia. Cada comportamiento o acto individual aparece en su forma más específica como síntesis horizontal de una estructura social. Cada individuo es una totalización de un sistema”. Particularmente, creo que al cura no lo hace el hábito, ni al payaso el disfraz, y que los niños aprenden más de las costumbres de sus amigos de la calle que de las que intentan instaurarse en la casa. El hecho de que alguien obtenga un título universitario no lo convierte, necesariamente, en una buena persona, ni mucho menos en un buen profesional. La educación de hoy deja por fuera la ética y superficializa la lectura, centrando sus mayores esfuerzos en el “éxito” inmediato. Es decir, uno medido en números y porcentajes.

Ferrarotti no se equivoca cuando afirma que la cultura es definitoria, entendida en el aspecto de que un niño nace y se integra a esta sin mayores esfuerzos. Este no mueve un solo dedo ni agrega ni inventa nada. Se convierte en algo parecido a una esponja seca que al caer en un balde de agua se transforma, toma peso y consistencia. La formación educacional de los individuos de una sociedad debería ser igual, pero con la salvedad de que esta tenga como objetivo crear mejores personas y excelentes profesionales.

Hoy, sin embargo, a las universidades colombianas parece sólo interesarles las estadísticas y cómo estas las posesionan en el listado de las mejores del país. Siguiendo las directrices de Colciencias, las humanidades son remitidas al cuarto de San Alejo porque se hacen necesarios los números en una investigación si lo que se busca es el rótulo de investigador. Si una indagación sólo reflexiona y pone en evidencia las taras de una educación que le importa poco las transformaciones sociales, es mirada como literatura. Es decir, como simple ficción. Y las investigaciones literarias en Colciencias se insertan en el contexto de las disciplinas menores, algo así como el hijo defectuoso que da vergüenza mostrar.

La ética es evidenciada, entonces, como una norma inútil porque no da plata. Es decir, cuando un abogado logra acumular en cinco años fortuna y popularidad es visto por el gremio como “exitoso”. No importa cuántas veces haya quebrantado la normatividad jurídica y cuántas otras haya sido el factor dilatorio de los procesos con el fin de ganar tiempo para sus defendidos. Si es cierto que el vencimiento de los términos no exime al criminal de su delito, ni lo aparta de la investigación, ni mucho menos de un futuro juicio, es una fórmula extendida entre los abogados litigantes que les da resultados. Aquí se pone en práctica la célebre sentencia maquiavélica “el fin justifica los medios”. En otras palabras, no interesa el camino que se escoja para alcanzar el objetivo porque lo importante es el punto de llegada.

El fascismo se cura leyendo y el racismo viajando, sentenció el maestro Miguel de Unamuno. De la ética se podría decir lo mismo: se adquiere leyendo porque la lectura no solo nos ilustra sobre la vida sino que también nos da la lucidez suficiente para entender al otro. Cuantos más libros lee una persona, menos posibilidad tiene de quebrantar las normas y mayor respeto le profesa al vecino, pues sus altos niveles de comprensión les permiten mirar más allá de su nariz. El problema en Colombia es que la gran mayoría de los estudiantes llega a la universidad sin haber aprendido a leer ni a escribir correctamente. De las normas que componen la gramática no saben nada, ni les interesa, y la comprensión lectora no supera el párrafo. Según un informe de 2015 de la Cámara del Libro, el promedio de lectura de un colombiano es de 1.9 libros al año, muy inferior al de muchos otros países de la región como Argentina o México, que ocupan los puestos 17 y 24, respectivamente, según el estudio de 2014 realizado por la Unesco en asocio con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

Colombia no aparece en el listado de los 20 países cuyos ciudadanos dedican un promedio de 6.5 horas semanales a la lectura. Venezuela, sin embargo, ocupa el puesto 13, por encima de naciones como Canadá (20) y España (19). Según este informe, el nivel de vida de los países está directamente relacionado con la educación y sus niveles de lectura. Esto les permite un mayor desarrollo y una comprensión más amplia de la sociedad en la que viven. Los lazos comunicacionales entre sus ciudadanos se hacen mucho más tibios y a las comunidades les resulta más fácil la integración grupal.

Desde esta perspectiva, la lectura no es solo un mecanismo de defensa contra los prejuicios, sino también un antídoto indoloro contra la ignorancia. Cuanto más se lee, más se camina, escribió Cervantes en el Quijote. Cuanto más caminas, más gente conoces y el ángulo de visión y comprensión del mundo crece. Por eso resulta contradictorio y paradójico que un “abogado” que se ufana (sospechosamente) de haber leído más libros que nuestro Nobel de Literatura, diga tantas babosadas juntas sin sonrojarse y desde una tribuna de opinión aseguré que la solución a los problemas sociales, económicos y políticos de Venezuela sea el asesinato de su presidente. La pregunta que surge entonces es qué tanto comprendió el “abogado” de lo que dice haber leído o si es sólo un excepcional lector de contraportadas. Sabrá el Diablo, dicen los abuelos.

Twitter: @joaquinroblesza

E-mail: robleszabala@gmail.com

El nuevo mapa de la violencia en Colombia

POR REVISTA SEMANA.

A pesar de que los homicidios han disminuido durante la última década en relación con el desescalamiento del conflicto, la cartografía de 2016 muestra una mutación de la violencia en el país.

Desde que se iniciaron los primeros procesos de desmovilización de paramilitares en 2007, la cantidad de homicidios en Colombia ha disminuido significativamente. A su vez, el desescalamiento del conflicto producto de las negociaciones de paz con las Farc también acompañó la curva de reducción de crímenes letales que cerró en 11.585 casos registrados en 2016.

Así, entre 2007 y 2016, la tasa de mortalidad violenta en Colombia pasó de 37,15 personas por cada 100.000 habitantes a 23,66, lo que supuso una reducción de más de 10 puntos porcentuales en una década, de acuerdo con los resultados del último censo del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses. (Ver el informe)

En particular, las muertes ligadas con el conflicto armado o con acciones militares bajaron de 1.148 casos en 2007 a 196 en 2016, lo que representó una disminución de 82 por ciento.

Esto fue lo que llevó al director del instituto forense, Carlos Valdés, a concluir en el informe Forensis de 2016 que "esta reducción coincide con al menos dos procesos exitosos de negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla de las Farc- EP y las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy devenidas como bacrim".

Sin embargo, cuando se observan las cifras más recientes, puede notarse que la reducción de homicidios entre este año y el anterior en que se implementó el acuerdo con la guerrilla ha sido mínima -11.585 en 2015 contra 11.532 en 2016- y más bien correspondió con un traslado de los factores de violencia.

De acuerdo con el nuevo mapa de violencia del país evidenciado en el documento de Medicina Legal, la disminución de los fallecimientos de campesinos -tradicionalmente una de las poblaciones más afectadas por el conflicto- correspondió con el aumento de hechos de violencia interpersonal en centros urbanos y con el crecimiento de los asesinatos de consumidores de sustancias psicoactivas (618 en 2016).

En ese mismo sentido, el asesinato de 127 líderes sociales y activistas en 2016, en gran medida en zonas en las que se desmovilizaron las guerrillas (en el Valle del Cauca por ejemplo) visibilizó a la vez el incremento de los homicidios selectivos que han sido registrados desde 2014 por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC en inglés), así como la voluntad de las bandas criminales de establecerse "como una red de franquicias, sobre todo de delincuencia urbana, flexible y mutante" que se enfrentan por el control de las actividades territoriales en sus territorios de predilección, según el documento.

La falta de información sobre los autores de homicidios (desconocidos en 71,78 por ciento de los casos) y la confusión entre las determinaciones de asesinatos por motivos políticos o por actos propios de la delincuencia común -dice el texto- han mantenido cierto velo de opacidad sobre el fenómeno de la transformación del crimen colombiano.

Pero el mapeo de las muertes violentas de 2016, concentradas en el Valle del Cauca (4.044 fallecimientos), en Antioquia (3.852) y en Bogotá (2.742) puede dar unos primeros indicios de los factores que propician los asesinatos en la nueva cartografía criminal colombiana.

Suicidios y accidentes de tránsito al alza

Si el índice de muertes violentas, entre las que se incluyen homicidios, suicidios y muertes accidentales de transporte entre otras, se ha mantenido relativamente estable, es también porque han aumentado los fallecimientos ligados a otros fenómenos que inquietan al director del Instituto de Medicina Legal: tanto los suicidios como los accidentes de tránsito han incrementado ostensiblemente sus indicadores.

En cuanto a los suicidios, se pasó de de 2.068 casos registrados en 2015 a 2.310 casos en 2016,  3.000 casos más concentrados en el centro de Colombia (29 por ciento) y en el eje cafetero (24 por ciento). De estos, 29 por ciento fueron ligados con enfermedades físicas o mentales, mientras que la segunda tasa correspondió a casos relacionados con conflictos con la pareja o la expareja (25,91 por ciento)en donde los hombres son afectados casi cuatro veces más que las mujeres en cantidad absoluta.

Las muertes en accidentes de tránsito también han aumentado de 6.884 situaciones inscritas en 2015 a 7.280 en 2016. Según el informe médico-legal, los incidentes letales estarían relacionados en 51 por ciento de las veces con motocicletas y en 36 por ciento con peatones. En cuestión de horarios, los accidentes no letales se concentran antes de las seis de la tarde, mientras que los mortales suelen ocurrir más tarde en la noche.

Violencia de pareja se mantiene 

En total, casi un tercio de las agresiones registradas se siguen dando en el marco familiar, en la vivienda o en presencia de amigos cercanos, según se desprende del documento. Lo que ha mantenido cierta estabilidad con una ligera baja medida en 2016 con respecto a 2015.

En el último año se conocieron 14.738 casos de violencia intrafamiliar -de los cuáles 64,73 por ciento corresponden a mujeres- 10.082 agresiones a niños -contra 10.435 en 2015- y 50.707 hechos de violencia de pareja denunciados, los cuáles se han incrementado fuertemente en comparación con los 47.428 del año anterior.

Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo las principales víctimas de estos delitos, (las mujeres son 86 por ciento de las víctimas de violencia de pareja entre cuyas causas se identifican principalmente al machismo y a la intolerancia). Sin embargo, advirtió Carlos Valdés, existe un subregistro preocupante sobre el tema debido a la falta de denuncia por parte de los afectados que conviven cotidianamente con su agresor.

Igualmente, el delito sexual parece haberse mantenido, ya que se practicaron 21.399 exámenes médicos por este motivo en 2016 contra 22.155 en 2015, siendo un fenómeno que sigue ocurriendo principalmente en el hogar.

Finalmente, la desaparición forzada es de los delitos que más ha disminuído en el país, si se considera el hecho de que se registraron 136 casos en 2016 (el número más bajo desde 1983), los cuales vienen sin embargo a añadirse a las 84.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.

Preguntas al Fiscal General Néstor Humberto Martínez

Cambio Total.

La periodista Jimena Duzán hace las siguientes preguntas al Fiscal General Néstor Humberto Martínez en su reciente artículo en la revista Semana:

¿Es cierto, señor fiscal, que además de los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz, su exfiscal Moreno tenía, como padrino político al senador de Cambio Radical German Varón Cotrino?

¿Por qué el exgobernador de Córdoba, que es de Cambio Radical, Alejandro Lyons, pudo salir del país el pasado 23 de abril, a pesar de que tenía varias investigaciones en la Fiscalía, entre ellas una por presunto homicidio por el asesinato de Jairo Zapa?

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¿Sabe la Fiscalía si Moreno estaba extorsionando a otros gobernadores con investigaciones pendientes cuyas pruebas pasaban por su escritorio? ¿Quiénes son? ¿La Fiscalía ha podido constatar si Moreno hacía esos ‘favores’ solo para obtener dinero o si lo hacía para favorecer a un determinado grupo político? ¿Sabe la Fiscalía si Moreno impulsaba las investigaciones de manera selectiva, apagando las que le convenían e inflando las de los opositores políticos de sus patrocinadores? ¿Usted, señor fiscal, es un militante de Cambio Radical?

Ecopetrol: amiguismo y mermelada

por DANIEL CORONELL | revista semana 2017/07/08 

Doña María Juliana no es la única amiga del colegio de la esposa del doctor Echeverry que está en la bien pagada nómina de Ecopetrol.

El trasplante masivo de funcionarios de la cuestionada Procuraduría de Alejandro Ordóñez a Ecopetrol está sacando a flote las prácticas clientelistas en la empresa petrolera. Nombramientos de amigas de colegio de la esposa del presidente de la compañía, designación del cónyuge de quien fuera la secretaria privada del antiguo procurador

y la aparición en la nómina de Ecopetrol de hijos de exmagistrados que en su momento habían sido favorecidos burocráticamente por el ahora candidato presidencial.

Hace unos días, cuando preparaba la columna ‘Ecopetrol y la mermelada para Ordóñez’, llamé y le escribí mensajes al presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry. A pesar de que le informé a su director de Comunicaciones que tenía una hora de cierre improrrogable para la entrega de la columna, recibí la llamada del doctor Echeverry casi dos horas después del plazo límite por lo cual no pude incluir sus explicaciones que –en todo caso- me parecieron insatisfactorias.

El traslado del ADN del ordoñismo a Ecopetrol empezó con la llegada de María Juliana Albán, quien había sido la secretaria general –es decir la tercera al mando– en la Procuraduría de Ordóñez. Ella fue nombrada vicepresidente de Cumplimiento Corporativo. El presidente de Ecopetrol me aseguró que había sido designada en ese cargo por sus méritos y añadió: “Fue compañera de colegio de mi esposa”. Evidentemente esa circunstancia no alcanza a ser un mérito especial para ingresar a la principal empresa del país.

Lo más llamativo es que doña María Juliana no es la única amiga de colegio de la esposa del doctor Echeverry que está en la bien pagada nómina de Ecopetrol.

Algunos egresados del Colegio Anglo Colombiano, promoción de 1993, recuerdan que Verónica Navas, hoy reconocida economista y esposa del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, era miembro de un grupo de amigas del que también hacían parte la hoy vicepresidente de Ecopetrol María Juliana Albán y Mónica Juliza Saavedra. Esta última contratada también en Ecopetrol por la administración Echeverry como profesional 1 con un sueldo superior a los 18 millones de pesos y –como no– antigua funcionaria de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

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Ahí no paran las casualidades, también nombraron en Ecopetrol al esposo de otra funcionaria de confianza de Ordóñez.

María Juliana Albán fue remplazada en la Secretaría General de la Procuraduría por Ana María Silva, quien antes fue la secretaria privada de Alejandro Ordóñez. Ella está casada con Juan Pablo Rugeles, también contratado en Ecopetrol por esta administración.

Tanto el señor Rugeles como su esposa son invitados frecuentes a los eventos de la familia de Alejandro Ordóñez. Las páginas sociales los han mostrado en fiestas, showers y en la gigantesca celebración de la boda de la hija del entonces procurador.

(Vea la columna La boda del año)

Algunos familiares de magistrados que habían sido nombrados por Ordóñez en la Procuraduría ahora están en Ecopetrol. Guillermo Andrés Gómez Díaz, hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero y antiguo asesor del despacho de Ordóñez, ahora es asesor de cumplimiento de Ecopetrol.

Paula Andrea Guarín Prieto, hija del expresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Alfonso Guarín Ariza y procuradora delegada de Ordóñez, ahora es profesional 2 de Ecopetrol. En la columna anterior cometí un error con el apellido de la doctora Paula Andrea que es Guarín y no García.

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La contratación de numerosos exsubalternos de Ordóñez coincide con el despido de más de 28.000 funcionarios de Ecopetrol durante la administración de Echeverry, alegando razones de austeridad y racionalización del gasto.

La austeridad llegó a esas 28.000 familias, pero no a otros niveles de la compañía. El primero de mayo de este año el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, recibió junto con su cheque quincenal un pago adicional a su salario de más de 300 millones de pesos. La doctora María Juliana Albán también recibió por esa época un pago extra cercano a los 150 millones.

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Mientras el precio internacional del petróleo está por el suelo, Ecopetrol otorga estos bonos –llamados compensaciones variables no constitutivas de salario– argumentando cumplimiento de resultados en 2016 y “mera liberalidad de la empresa”.