Mostrando las entradas con la etiqueta farc. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta farc. Mostrar todas las entradas
[Colombia] Ya van más de 30 guerrilleros asesinados
Razón Pública.
(Tiempo estimado: 1 minuto)
Viendo en detalle la reincorporación de guerrilleros desde la firma del acuerdo es obvio que hay una crisis. Por Ariel Ávila de la Fundación Paz & Reconciliación.
[Colombia] La paranoia anti-FARC
Cambio Total.
Uno de los elementos esgrimidos desde 1964 tras el el ataque
a Marquetalia fue la satanización de las FARC con el ”coco” del comunismo, que
los ”comunistas comían niños” y mil especies más que ”a fuerzas de repetirse”
casi que convirtieron en verdad.
Crearon así toda una
paranoia anti-comunista en cierto sector de la sociedad colombiana y hoy día
siguen utilizando la misma estrategia que al parecer les produce buenos réditos.
Durante 53 años el
aparato propagandístico dirigido desde el Estado siguió machacando la mente de
los colombianos con el sanbenito del comunismo y a él achacaban todo lo malo
que le sucedía en Colombia. Los medios en poder de la oligarquía
orquestaban cuanta falsedad dirigidos por los militares colombianos y la
ciudadanía se tragaba el cuento.
Uno de ellos, el ”collar
bomba” fue paradigmático. A instantes de ocurrido las fuerzas militares acusaron
a las FARC-EP de la responsabilidad y a los pocos días se vino a saber que era
una banda liderada por agentes del DAS, quedando sin embargo en el “imaginario
colectivo el salvajismo de las FARC”.
En los momentos presentes, de noticias falsas, de
truculencia informativa desde portales del CD, por ejemplo, no es extraño que
traten de ocultar las andanzas del Terrorismo de Estado.
El objetivo es el mismo.
Siguen en la tarea de exterminar a la FARC. A plomo y mediáticamente. No
importa que la FARC haya firmado un Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano, en representación de todo el
estado.
El gobierno incumple el
Acuerdo de Paz. Las fuerzas militares persisten en aplicar el Terrorismo de
Estado, utilizando para ello a las fuerzas narco-paramilitares. Los
medios de comunicación en poder de la oligarquía siguen difundiendo sus
falsedades.
Con toda la sevicia del
caso continúan en su “Guerra” contra la FARC. Hasta cuándo?
[Colombia] 2 miembros más de FARC asesinados
FARC.
Medellín, 17 de enero de 2018
El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, DENUNCIA Y RECHAZA el homicidio de los
ex combatientes y militantes activos del partido WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL DE
JESÚS MONTOYA IBARRA, en hechos ocurridos el día 16 de enero de la presente
anualidad a las 11:00 PM en el municipio de Peque- Antioquia, hasta el momento
se desconoce los responsables de esta grave vulneración.
ANTECEDENTES
- Los ex combatientes de las FARC-EP y los integrantes de la Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común, han sido objeto de constante
persecución por parte de fuerzas
armadas que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz
y generar temor y zozobra de quienes hoy creemos en el camino de la
reconciliación, pues a la fecha más de 30 excombatientes han sido
asesinados.
- Cumpliendo con lo pactado en los acuerdos
de paz, en varias regiones del país, venimos realizando encuentros y
reuniones con las comunidades, con el objetivo de socializar nuestras
campañas políticas y nuestros enfoques en los distintos espacios de
participación.
HECHOS
- El día 16 de enero de 2018 los militantes WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA, se encontraban en el municipio de Peque
realizando un encuentro con la comunidad de este municipio y preparando
una reunión posterior con el candidato a la Cámara de Representantes por
el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común WILMAN DE
JESÚS CARTAGENA DURANGO.
- Aproximadamente a las 11:00pm se escucharon varios disparos, por
lo que personas de la comunidad e integrantes de la Policía Nacional se
aproximaron al lugar en donde encontraron en las aproximaciones de un
parqueadero los cuerpos sin vida de los camaradas WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA.
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES
- Al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa para que en
cumplimiento de lo pactado, se brinde la seguridad necesaria para la
participación en política de nuestros militantes; de igual forma que se
reconozca la sistematicidad en los crímenes cometidos en contra de
nuestros ex combatientes
- A la Fiscalía General de la Nación para que investigue de manera
diligente la muerte de nuestros ex combatientes y militantes, y de esta
forma terminar con la impunidad que ha imperado en nuestro país.
- A la Procuraduría General de la Nación
para que analice los incumplimientos y la falta de acción de los
funcionarios públicos encargados de la seguridad de esta población.
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-
FARC-
[Colombia] Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos
Este lunes, 15 de enero, en la ciudad de Cali varias organizaciones sociales, sindicales y políticas recibieron un panfleto firmado por el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) donde afirman que van a “volar” las sedes de Marcha Patriótica, el Partido Comunista y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otras.
“Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir, anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”, sentencia el panfleto.
Las amenazas son extensivas a municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, proferidas por el “ Estado Mayor Bloque Suroriental del Pacifico” de este grupo paramilitar, el cual dice no descansará “hasta eliminar” a quienes integran las siguientes organizaciones: CUT Valle, Movice, Nomades, CUT Cauca, Cabildo Cerro Tijeras, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, CGT, y CTC.
De igual manera también amenaza a los siguientes sindicalistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: Walter Agredo, Wilson Saenz, José Milciades Sánchez, Antonio Gutiérrez, Omar Romero, Rosalba Castillo, Adelina Vasquez, Diego Escobar, Meraldiño Caviche, Hernán Arciniegas, Enrique Guetio, Feliciano Valencia, entre otros.
“Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir, anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”, sentencia el panfleto.
Las amenazas son extensivas a municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, proferidas por el “ Estado Mayor Bloque Suroriental del Pacifico” de este grupo paramilitar, el cual dice no descansará “hasta eliminar” a quienes integran las siguientes organizaciones: CUT Valle, Movice, Nomades, CUT Cauca, Cabildo Cerro Tijeras, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, CGT, y CTC.
De igual manera también amenaza a los siguientes sindicalistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: Walter Agredo, Wilson Saenz, José Milciades Sánchez, Antonio Gutiérrez, Omar Romero, Rosalba Castillo, Adelina Vasquez, Diego Escobar, Meraldiño Caviche, Hernán Arciniegas, Enrique Guetio, Feliciano Valencia, entre otros.
Frente el panfleto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) manifestó que se encuentra adelantando las denuncias y acciones pertinentes. Del mismo modo informó que continuará trabajando por la paz.
“Nuestra respuesta ante las recientes amenazas será seguir caminando en nuestra labor con más amor y convicción por hacer de Santiago de Cali y el Valle del Cauca territorios de paz, territorios en los que se respeten y garanticen los derechos de todos y todas, territorios de implementación de los acuerdos de paz, así juntos unidos lograr la justicia social de la nueva Colombia”, expresa el comunicado de la FARC.
Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos que ha cobrado la vida de más de doscientos líderes sociales a manos de grupos paramilitares en dos años, situación que se agrava porque el Gobierno niega la existencia del paramlitarismo en Colombia y no toma acciones efectivas para garantizar la vida de la oposición política, según han manifestado distintas organizaciones internacionales y nacionales.
[Colombia] A la ciudadanía Caleña e integrantes del partido FARC
Martes, 16 de enero de 2018
Reciban un fraterno saludo de parte del Consejo Local de los Comunes de Cali, instancia de dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en la capital vallecaucana.
El lunes 15 de enero de 2018, en horas de la tarde, fue encontrada una carta amenazante en la Casa de los Comunes, sede de nuestro partido, la cual viene firmada por el grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia - ACG” conocidos como el Clan del Golfo, quienes manifiestan por terminada la tregua y por tanto, reactivan su accionar militar de terror y muerte en contra de los miembros de nuestro partido y sedes del occidente colombiano, tal y como expresan que han venido realizando en otras zonas del país.
Como era de esperarse los enemigos de la paz continúan intentando detener nuestro proceso transformador lleno de esperanza y reconciliación, el cual día tras día con la humildad de la gente del común toma más fuerza. Nuestra respuesta ante las recientes amenazas será seguir caminando en nuestra labor con más amor y convicción por hacer de Santiago de Cali y el Valle del Cauca territorios de paz, territorios en los que se respeten y garanticen los derechos de todos y todas, territorios de implementación de los acuerdos de paz, así juntos unidos lograr la justicia social de la nueva Colombia.
El Consejo Local de los Comunes, con asesoría del equipo jurídico de nuestro partido en Cali, adelanta las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, quienes deberán tomar acciones para esclarecer los hechos y garantizar nuestro derecho a la participación política.
A la militancia, simpatizantes, amigos y ciudadanía del Común, les invitamos a vencer el miedo, a sumarse a la lucha por la reconciliación y la paz, a participar de las actividades que se avecinan en el marco de nuestra campaña electoral y consolidación como fuerza política en la ciudad, no nos dejaremos amilanar por las dificultades que se presenten, seguiremos fortalecidos trabajando en comunidad por un país donde los distintos podamos trabajar unidos en medio de la diferencia.
Consejo Local de los Comunes Santiago de Cali, Valle del Cauca
[Colombia] Despido masivo de más de 748 mujeres de la empresa Aguas de Bogotá
Escrito por FARC.
"La situación de los trabajadores en Colombia no resulta ser nada alentadora, la precariedad en la contratación laboral, la informalidad, la tercerización, el desempleo y la pérdida de importantes garantías, son un flagelo que azota a las grandes mayorías de la población, en especial, a las mujeres".
Las mujeres farianas denunciamos el despido masivo de más de 748 mujeres de la empresa Aguas de Bogotá. Una cantidad siginicativa de mujeres y familias de la capital, entran hacer parte de las filas del desempleo en el pais.
Estamos acompañando a las mujeres de Aguas de Bogotá en su justa lucha, rechazamos las masacre laboral que se está presentando y exigimos al Estado la protección de los derechos laborales y garantias de acceso a un trabajo digno para las mujeres colombianas.
La situación de los trabajadores en Colombia no resulta ser nada alentadora, la precariedad en la contratación laboral, la informalidad, la tercerización, el desempleo y la pérdida de importantes garantías conquistadas por las y los trabajadores, son un flagelo que azota a las grandes mayorías de la población, en especial, a las mujeres.
En Colombia, el desempleo nacional golpea más a las mujeres y el mayor al de los hombres, cerca de la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad. Para el caso de la capital, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, constata que la tasa de desempleo para las mujeres se ubica en el 10,2%, a la vez que sus ingresos disminuyen constantemente.
El crecimiento de la informalidad y el crecimiento de la pobreza entre las mujeres aumentan la desigualdad social y afectan la calidad de vida de las trabajadoras y sus familias.
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
¡Somos del Común, Somos la Esperanza!
URL Corto: https://goo.gl/JbjrNe
[Colombia] Inicia la Primera Campaña
Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.
Inicia la campaña. La primera campaña electoral del nuevo
partido FARC, el cual nace de la transformación de las guerrillas de las
FARC-EP –movimiento en armas del pueblo- a partido político, producto de las negociaciones
entre el gobierno nacional y las FARC-EP que terminó con la firma del Acuerdo
Final por una Paz estable y duradera, en el Teatro Colón de Bogotá.
El proceso de paz fue un arduo proceso que prácticamente
englobó toda la existencia de las FARC como organización en armas en respuesta
al ataque en armas por parte del estado se inició con el Ataque a
Marquetalia en 1964, el cual fue adelantado con más de 16.000 soldados,
utilización de bombardeos de la FAC y armas biológicas contra más de 48
campesinos, mal armados, que contaban con la solidaridad del pueblo colombiano.
Se inició asi la 2a Violencia con una guerra asimétrica
entre un estado con todo a su favor, dinero, armas, prensa, etc; la guerrilla
contaba además de la solidaridad del pueblo con su convicción de que la guerra ”tarde
que temprano” desembocaría en una mesa de conversaciones, como en efecto
sucedió, por la tenacidad del movimiento en que se desarrollarían esos 48
campesinos, llegando en ciertos momentos a hacer presencia en todo el
territorio nacional con más de 20.000 hombres en armas.
Cada presidente colombiano al tomar posesión de su cargo –cada
4 años- traía un nuevo Plan de Guerra, al cual obligadamente tenía que
corresponder las FARC con el desarrollo de su Plan Militar que tenía como eje
central la búsqueda de la paz. Sin falta cada comunicado de las FARC planteaba
la imperiosa necesidad de buscarle una salida política al conflicto armado,
planteamiento que caía en los oídos
sordos de los detentadores del poder, los cuales borrachos de poder o quizá
con el deseo de ocultar la corrupción que se desarrollaba alrededor/y en el
estado.
Cada presidente se iba con las manos destrozadas por la
derrota de su plan de vencer la guerrilla de las FARC-EP, mientras la guerrilla
seguía adelante con sus planes políticos-militares insistencia en la necesidad
de encontrarle una salida política al conflicto armado, llegando en pocas
ocasiones a sentarse en la mesa de negociaciones.
El estado recibió de manos de los gobernantes gringos el
Plan Colombia, ”el más grande esfuerzo financiero y militar para vencer la
insurgencia armada”, y desde el 2000 desarrollaron el Plan Colombia con sus sucedáneos nombres, Plan Patriota y Plan
Consolidación, con el resultado que la guerrilla seguía viva, en el corazón de
su pueblo.
El desastroso resultado para las fuerzas militares
colombianas de sus esfuerzos -y del imperialismo estadounidense- fue
cuantificado por el diario El Espectador en 25.000 unidades dadas de baja, sin contar heridos, información
sacada del ciberespacio. Nunca sabremos en realidad cuántas fueron las pérdidas
en vidas humanas.
La incapacidad de las fuerzas militares de vencer la
resistencia de las guerrillas, especialmente de las FARC-EP, ha llevado al
presidente Juan Manuel Santos a la mesa de negociaciones y a firmar el Acuerdo
de Paz, después de 6 años de negociaciones.
Desde el año 2017 se inició la implementación del Acuerdo de
Paz con toda la marrullería que es característica del estado cuando se trata de
satisfacer las necesidades populares. Apenas el 18,23% de lo acordado ha sido
implementado. Entre ese 18% se encuentra la transformación de la guerrilla en
partido político y desde enero 2018 su participación en la política legal en
una campaña política.
Está entonces la FARC en su primera campaña… ya no una
campaña militar, sino campaña política
y el primer registro fue la “toma” del municipio de La Paz (Cesar), a escasos
kilómetros de la capital Valledupar, conocida a nivel mundial por su Festival
Vallenato.
Vemos entonces los ex-guerrilleros
en una toma ”casa por casa”, charlando amenamente con los pobladores,
exponiendo qué significan la FARC, sus objetivos a corto, mediano y lejano
plazo. Continúa así el accionar de la otrora guerrilla ahora transformada en
partido político y será muchísimo más fácil el accesar de la población a la
FARC. Ahora habrán tomas pacíficas de poblaciones, sin derramamiento de sangre,
civilizadamente, y se realizará un intercambio de opiniones que enriquecerá el
bagaje intelectual de cada uno hacia el otro y viceversa.
Antes el accesar a las
FARC-EP significaba quedar marcada por el señalamiento como “guerrillero”, a lo
que ahora solo la legalidad podría señalarlo como proclive al partido político
legal FARC.
Primera campaña que
buscará llegar hasta/y ganarse el corazón y la mente de los colombianos.
Adelante que el trabajo es arduo y como las anteriores campañas politico-militares,
éstas campañas política legales estarán signadas por la asimetría.
Nada nos arredra ni nos arredrará. Ni la muerte!
[Colombia] ¿Quién paga por el tiempo y la ineficiencia del transporte en Bogotá?
Escrito por Andrés Camacho.
¿Contar el tiempo gastado en el transporte público como parte de la jornada laboral?, Sí, es posible. "Para ello vamos al Congreso de la República, a trabajar por Bogotá y sus habitantes, la gente del común y sus problemas".
Fotografía tomada de: http://www.ctpdbogota.org/2015/12/15/crisis-de-movilidad-en-bogota-d-c/
Hace unas semanas luego de realizar la inscripción de nuestra lista para la Cámara de Representantes por Bogotá por la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN - FARC anuncié que una de nuestras propuestas para los Bogotanos y Bogotanas consiste en que el tiempo que la gente gasta en el transporte sea contado como parte de la jornada laboral, de inmediato recibí mensajes de muchas personas con curiosidad por la propuesta, también recibí mensajes de empresarios inquietos por el costo que tendrían que pagar por la ineficiencia de nuestro transporte público, he recibido criticas pero también sugerencias. A todas las personas que han entrado en contacto con nosotros muchas gracias, estamos convencidos de la necesidad de una política dialogante y más cercana a la gente, aquí está la primera parte de la respuesta a todas esas inquietudes.
Recientemente Moovit (Aplicación que ofrece información del transporte público a través de mapeo y navegación GPS en diferentes tipos de transporte) publicó el Reporte de Uso Global de Transporte Público, este informe es el primer análisis significativo de Big Data gracias a los datos de sus más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, además el informe presenta el análisis de decenas de millones de solicitudes de información a través de la aplicación en las ciudades más importantes del planeta, lo cual representa un esfuerzo sin precedentes para medir las tendencias globales de movilidad. El reporte presenta entre otros datos, el tiempo total de viaje diario de los usuarios en las principales ciudades de Latinoamérica, el resultado deja en la peor ubicación a Bogotá con 97 minutos de duración promedio de un viaje de origen a destino en un día laborable.
De otra parte el reporte indica que Bogotá es la ciudad de Latinoamérica en la que mayor parte de los ciudadanos deben viajar más de 2 horas para llegar a sus puestos de trabajo, por arriba de ciudades como Ciudad de México o San Pablo.
Estas cifras sumadas a la percepción cotidiana muestran la gravedad del problema que enfrentamos, así que adoptar medidas urgentes es una necesidad; sin embargo, nos encontramos con políticas como las que Enrique Peñalosa viene adoptando, por ejemplo su modelo de Metro no solo desconoce los estudios adelantados para el trazado subterráneo, el Metro de Peñalosa es más corte, con menos estaciones y seguramente más costoso, en el mejor de los casos terminará siendo trencito alimentador o peor, como algunos venimos anunciando terminará siendo un Transmilenio de segundo nivel.
Peñalosa viene adoptando medidas para la consolidación de un modelo de movilidad cuya columna vertebral es Transmilenio, más troncales y más diesel quemado y arrojado al aire de nuestra ciudad. Medidas que al contrario de solucionar, terminarán agravando dicho problema en nuestra ciudad. La movilidad es mucho más que transporte, impacta todos los aspectos de la vida y la ciudad, la movilidad afecta la calidad de vida de millones de personas que diariamente pierden su tiempo en el transporte, de miles de familias que ven restringido su tiempo para compartir o simplemente para descansar, de esa manera la movilidad también afecta la productividad de la ciudad y los costos para los empresarios.
En 2014 FENALCO a través de su Área de Investigaciones Económicas, realizó una encuesta a empleados y empleadores afiliados al gremio, identificando y dando a conocer los aspectos más relevantes que impactan la productividad laboral, el informe llamado “La productividad de la ciudad, en semáforo en rojo”, el informe muestra como la movilidad está afectando la productividad de Bogotá señalando lo siguiente:
“Aunque se presenten ciertos inconvenientes a la hora de llegar al lugar de trabajo, el 36% de las personas manifiestan llegar cumplidos a su jornada laboral, el 64% confiesan llegar tarde al menos una vez a la semana, cifras preocupantes para los comerciantes ya que dichos retrasos generan costos (lucro cesante) debido a que los empleados no se encuentran en el ejercicio de sus labores, afectando la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones de cada uno. Desde el punto de vista de los empresarios, el 15% de sus empleados llega tarde a trabajar diariamente. El 84% de las personas se retrasan entre 15 y 30 minutos, el 2% entre 30 y 45 minutos”.
El informe manifiesta que el 77% de los trabajadores indica que los motivos por los cuales se presentan retrasos a la hora de cumplir con el horario de trabajo se relacionan con los inconvenientes de movilidad que actualmente aquejan a la ciudad. Hoy trabajadores, trabajadoras, empresarios y el estado mismo estamos pagando con tiempo, con pérdida de ingresos, de oportunidades y con millones de pesos la ineficiencia de nuestro sistema de transporte, por ello la tarea obvia y obligatoria es trabajar para mejorar la movilidad de nuestra ciudad, sin embargo es necesario adoptar otras medidas urgentes para evitar el colapso de Bogotá, dichas medidas van desde el Ordenamiento Territorial, flexibilidad en el horario de trabajo, establecer diferentes turnos laborales y el uso de las TICs para promover el teletrabajo en el ejercicio de labores para las cuales no es indispensable permanecer en el puesto de trabajo.
En ese marco se circunscribe nuestra propuesta de contar el tiempo gastado en el transporte público como parte de la jornada laboral, para ello requerimos reformas en la normatividad existente, normas que permitan a quienes trabajan mejorar su calidad de vida, y a la ciudad y los empresarios mejorar la productividad, un marco jurídico capaz de contribuir a introducir estas medidas en el contrato laboral, para ello vamos al Congreso de la República, a trabajar por Bogotá y sus habitantes, para trabajar por la gente del común y sus problemas.
Andrés Camacho M.
Candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá - FARC
@andrescamachomp
URL Corto: goo.gl/Wihf9j
[Colombia] “El Balance no es positivo”: Jesús Santrich (FARC)
| La euforía era grande en septiembre de 2016 cuando las Farc hizo un acto público en la Plaza Bolívar, ya constituido como partido político según las reglas del Estado colombiano. Pero el caracter traicionero de ese Estado se ha expresado en el largo proceso para alcanzar un Acuerdo de Paz y las trampas ha sido muchas, por eso solo 18 por ciento del Acuerdo se ha cumplido. |
Por Dick Emanuelsson
Entrevista con el ex comandante Jesús Santrich (Farc) sobre el hecho que solo el 18 % del Acuerdo de Paz se ha cumplido.
Video:
TEGUCIGALPA / CARTAGENA / 2018-01-04 / ¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz?
La pregunta hace el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP). Hasta la fecha solo se ha cumplido el 18 por ciento de lo pactado en este primer año. Según el documento presentado a finales de 2017 la mayoría de los incumplimientos son responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso.
Hablamos con el ex comandante Jesús Santrich (Farc) en la madrugada del jueves (4 de enero, 2018), solo unas horas antes que se encontrara él y otros cuatro líderes del nuevo partido Farc con el presidente Juan Manuel Santos y los expresidentes José ´Pepe´ Mujica y el ex presidente del gobierno español, Felipe Gonzalez respectivamente.
La tarea era de hacer un balance del primer año del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado colombiano.
Pero también tocamos el trabajo por la construcción y desarrollo del nuevo partidoFuerza Alternativa Revolucionaria en Común y su papel en la campaña electoral que comienza formalmente el 15 de enero.
Escucha toda la entrevista con Seusis Pausivas Hernández Solarte, alias ´Jesús Santrich´:
Video / Audio: https://youtu.be/O_f_xPx1O2s
[Colombia] FARC: Análisis sobre el estado de la implementación del primer año de los Acuerdos de La Habana
Escrito por FARC.
Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana.
Señor Presidente, JUAN MANUEL SANTOS
Señores ex presidentes PEPE MUJICA y FELIPE GONZÁLEZ
Señor vicepresidente de Colombia, General OSCAR NARANJO
Señor Alto Comisionado de Paz, señores Ministros:
La paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la firma del Acuerdo Final en La Habana. La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las FARC. La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y lideres sociales no cesan. En este ambiente, sentimos que los Acuerdos de Paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad".
El pasado 15 de noviembre de 2017, Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de NNUU, luego de escuchar a representantes tanto del Gobierno como de las FARC, exteriorizó, entre otras, las siguientes apreciaciones:
“Nos preocupa la falta de estrategia de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito. Creemos que se necesitan esfuerzos a mayor escala, incluso proporcionando tierras para proyectos productivos. Compartimos la profunda preocupación por los vacíos de autoridad en muchas áreas y la inseguridad resultante para las comunidades a medida que grupos ilegales se movilizan para llenar el vacío. Seguimos viendo asesinatos de líderes sociales y algunos ex miembros de las FARC. Vimos esto trágicamente en Tumaco y me entristeció enterarme del asesinato, en los últimos días, de un ex miembro de las FARC en Antioquia y dos líderes comunitarios en Nariño y Cauca".
Un tercer punto de preocupación han sido las incertidumbres legales, especialmente para los miembros de FARC.
"La decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacífica en un contexto democrático, es el corazón del asunto. Ese es el trato, y está en el centro del acuerdo de paz. El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional. Existe una evaluación común de que se debe hacer más para garantizar que se mantengan los logros notables de la primera fase del proceso de paz”.
Unos días después, el 30 de noviembre, el Consejo de Seguridad a través de un comunicado precisa que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Respalda la alta instancia internacional lo expresado por el señor Feltman, y pide se acelere la implementación y el proceso normativo en consonancia con lo acordado, al tiempo que reitera la importancia de defender la participación política de las FARC.
En entrevista reciente el reconocido columnista colombiano, Antonio Caballero, expresó lo que es ya una extendida certeza al interior del país:
“Me parece que la realidad política actual es sumamente catastrófica. En mi opinión, lo que fue de la destrucción de los Acuerdos de Paz acabó con lo que venía siendo lo más importante durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Lo único bueno que había sucedido en el país a lo largo de 30 años, lo están despedazando sin ningún sentido. Todo esta frenado: las decisiones del Congreso, las conversaciones con el ELN, las conversaciones con los paramilitares. Espero que un día podamos dejar de lado, al fin, la obsesión que hemos tenido con la violencia. Eso nos ha tenido estancados durante medio siglo. Mientras no cambiemos la manera de pensar, las cosas seguirán por el mismo camino”.
En el foro IMPLEMENTACIÓN: ENTRE LA PERFIDIA Y LA POTENCIA TRANSFOMADORA, realizado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, no encontramos mejor epígrafe que una reflexión contenida en La nieve del Almirante del escritor Álvaro Mutis para expresar nuestro sentimiento:
… Saber que nadie escucha a nadie. Nadie sabe nada de nadie. Que la palabra, ya, en sí, es un engaño, una trampa que encubre, disfraza y sepulta el precario edificio de nuestros sueños y verdades, todos señalados por el signo de lo incomunicable.
Señores expresidentes, luego del fin del Procedimiento Legislativo Especial, más conocido como fast-track, que buscaba la implementación normativa de aspectos esenciales del Acuerdo de La Habana, base de nuestro futuro, hemos venido presenciando el hundimiento triste del más grande esfuerzo colectivo de los colombianos por lograr la paz, sin que nadie de los que pueden, se atreva, a contracorriente de sus adversarios, a tomar las decisiones que sean necesarias para salvarla.
Lamentablemente ha incidido como una maldición la coincidencia del cierre de las negociaciones de La Habana con el comienzo de la campaña electoral en Colombia. Para nuestra desgracia, el ejercicio sublime de consagrar la paz como derecho superior exacerbó en las cámaras legislativas las más bajas y repudiables conductas de la politiquería: un mercado de transacciones de vicios y de ambiciones, de chantajes al gobierno para votar cada norma, terminaron distorsionando la letra y el espíritu de lo pactado.
De repente, y envueltos en ese torbellino de pasiones desbocadas, la contraparte, es decir las FARC a través de sus voceros de paz en el Congreso, quedaron convertidos en convidados de piedra, y obligados a contemplar desde las graderías con dolor la depredación del Acuerdo de La Habana. Es la verdad pura y limpia.
Deploramos la poca visión y la insensibilidad desplegada por algunos legisladores y agentes institucionales, que no han admitido que la paz es el más elevado de todos los derechos, el derecho síntesis, sin el cual no será posible la materialización de ningún otro derecho, como el de la alimentación, el derecho a tener agua, vivienda, tierra, salud, educación, trabajo, vías de comunicación, buen transporte público, conectividad, tolerancia, y democracia.
Acostumbrados a actuar de espaldas al sentido común, ciertos parlamentarios convirtieron la implementación normativa en un pretexto para renegociar el Acuerdo de La Habana. Ni siquiera leyeron con atención el punto 6.1.8. Inicio de la implementación del Acuerdo Final, que a la letra dice: “Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 7 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016”.
Entendemos que el Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado, ha adquirido unas obligaciones internacionales que no puede ignorar. Por nuestra parte solicitaremos al Consejo de Seguridad en Nueva York elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz. Igualmente procederemos, como parte, a consultar a la oficina Jurídica del CICR en Ginebra los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial, como el que busca la terminación del conflicto colombiano. No; esto no debe asumirse como un cuestionamiento al Gobierno, sino todo lo contrario. Es un derecho que tienen las FARC de exigir lealtad a lo firmado, al cumplir ellas el compromiso supremo de dejación de las armas.
Por otra parte, ni los legisladores, ni los poderes institucionales pueden soslayar que el Acuerdo de paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso de la República, y que fue investido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, por lo tanto no puede ser modificado a rajatabla, antojo y capricho del Fiscal, de un grupo de parlamentarios, o por conceptos contradictorios de la misma Corte. Los acuerdos son para cumplirlos. Pacta Sunt Servanda.
Claro está, que las desgracias del Acuerdo de Paz comenzaron con los comunicado de la Corte, que, contrariando su propia jurisprudencia, abrió la compuerta para que todo el mundo le metiera la mano, lanzándolo así al foso de los depredadores para que lo hicieran trizas. En materia tan elevada debió prevalecer la coordinación armónica de los poderes para asegurar la paz y no su autonomía para cambiar arbitrariamente, para asombro del mudo, la geografía de lo pactado.
Presidente Santos, vemos muy difícil que concluido el Fast Track, se puedan aprobar por vía de proyectos de ley con mensaje de urgencia, normas que reflejen fielmente lo pactado. Vendrían nuevos chantajes, y mucho más en vísperas electorales. Todavía hay tiempo para optar y ejercer potestades constitucionales extraordinarias para momentos de emergencia. Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado. El Gobierno tiene el deber de defender el Acuerdo de Paz en sus aspectos básicos. Es decir, el Gobierno debe hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado en La Habana. Las competencias para establecer Acuerdos de Paz y firmarlos se reservan en la Constitución al Presidente, quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado.
Dentro de esta perspectiva, se puede aun salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las FARC. No se puede vulnerar el principio de igualdad de las partes. El sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores en el conflicto. Teniendo en cuenta que solamente la verdad puede sanar las profundas heridas ocasionadas por el conflicto, debe ser una obligación para todos ofrecerla de manera amplia y suficiente. No permitamos que la inexequibilidad de la competencia de la JEP sobre terceros civiles o agentes del Estado no combatientes, involucrados en crímenes internacionales, siga dejando viva la impunidad al establecer fueros con extensión a todos los aforados constitucionalmente, reafirmando así la existencia de una casta privilegiada de intocables. Dejarlo de esa manera, sería equivalente a una burla cruel a las víctimas el conflicto.
Como grave complemento a las distorsiones de lo acordado se impide que los defensores de derechos humanos sean jueces de la JEP, limitación que no se introduce para quienes hayan sido defensores de miembros de la fuerza pública, de paramilitares o de las instituciones del Estado.
Por otra parte, no olvidemos que el Acuerdo Final se logró sobre la premisa de que la justicia ordinaria había actuado durante el conflicto de forma parcial, convirtiéndose en ciertos momentos en otra herramienta más de guerra e impunidad. Es necesario tramitar el Acto Legislativo que permita poner en marcha de forma definitiva la Unidad Especial de lucha contra las organizaciones criminales, para que se apersone de las 15 mil compulsas de copia existentes contra el paramilitarismo y que reposan sin molestia, engavetadas, en la Fiscalía General de la Nación. Debe preservarse la autonomía de la JEP, sin intromisiones de nadie inventando inhabilidades a magistrados para hacer parte de la JEP, ni a ex guerrilleros para hacer política. Está claro que la condición principal para hacer política es el abandono de las armas. No nos explicamos cómo en estos momentos se incrementan recursos de inhabilidad política ante el CNE, mientras el gobierno de los EEUU desempolva sus indictments o requerimientos judiciales contra antiguos dirigentes del Secretariado acusándolos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y lavado de activos.
Pedimos al Gobierno del Presidente Santos retirar cuanto antes, mediante acción normativa, el epitafio Requiescat In Pace (Que descanse en paz) que el congreso le colgó a la Reforma Política. Nadie en Colombia pierde la esperanza de tener una democracia amplia y participativa. Deseamos una nueva calidad para el sistema político, abrir las puertas a la participación, recurrir al voto electrónico para sofrenar, o mejor, desterrar el fraude, la corrupción y el clientelismo. La Reforma Política es y será siempre, asunto cardinal para superar las causas históricas del conflicto.
Debemos reiterar nuestra preocupación por el crecimiento, cada vez mayor, de la inconformidad y desencanto de los antiguos guerrilleros en los espacios territoriales por los incumplimientos del Gobierno. En ninguna parte se ven proyectos productivos en desarrollo que no sean los adelantados por los esfuerzos colectivos de los excombatientes a través de cooperativas fundadas por ellos, aportando los pocos recursos de la bancarización.
Presidente, ordene a sus funcionarios espuelear ya el caballo de la reincorporación política, económica y social que desde hace un año esperan los excombatientes. A muchos de los nuestros no les han resuelto todavía el problema de su identidad, y por lo tanto, no tienen acceso a la bancarización. Ordene liberar ya a los centenares de prisioneros farianos que continúan presos en las cárceles porque a algunos jueces de ejecución de penas, no les vino en gana hacerlo, los cuales no han recibido ninguna amonestación o sanción por denegación de justicia. Que actualicen las bases de datos de la Fuerza Pública para que no se sigan deteniendo a guerrilleros amnistiados. Que el cuerpo élite de la policía creado para proteger la vida de ciudadanos y líderes sociales en los territorios empiece a mostrar resultados. Y si los hay, que se den a conocer. Que sea motivo de preocupación que a un año de firmada la paz llevamos 30 ex guerrilleros muertos, también 11 de sus familiares y más de 150 dirigentes comunitarios asesinados.
Necesitamos tierras tituladas para desarrollar allí nuestros proyectos productivos y de vida. Hasta el día de hoy no hemos recibido el primer centímetro de tierra para ese propósito. Que se empiece a formalizar, sin temor, a los campesinos que actualmente la ocupan y se les de tierra a aquellos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Todos queremos ver el inicio de la materialización de los compromisos del gobierno dirigidos a dignificar la vida en el campo.
La Reforma Rural Integral, luego de 5 años de nuestro primer acuerdo parcial, todavía no cobra vida. Pero sí tenemos, por el contrario, un proyecto de ley radicado en consulta previa sin haber pasado siquiera por la CSIVI, el cual hace añicos la ley 160 del 94 que era el cuerpo normativo del que se podían agarrar un poco las comunidades rurales para alcanzar sus reivindicaciones. Hoy se sigue expandiendo el latifundio y la extranjerización de la tierra, atropellando de paso la soberanía alimentaria y la preservación de los recursos del común.
La nueva política antidrogas pactada en La Habana, no es hoy un proceso genuino de sustitución con acento en el respeto a los derechos humanos, sino un proceso de erradicación brutal que cuenta entre sus logros más deplorables la masacre de campesinos en Tumaco y la multiplicación de los cultivos por la persistencia de una política equivocada. Mientras se trata de mostrar eficacia persiguiendo al eslabón más débil de la producción, ningún resultado notable se observa en lo que concierne a la persecución de capos solapados en las capitales ni de blanqueadores de dineros, que incrustados en el corazón del capital financiero, son en realidad el motor del narcotráfico.
No desconocemos la voluntad del Presidente Santos, Premio Nobel de Paz, en intentar sacar el proceso al otro lado, pero hay mucha burocracia y unos enjambres de asesores que solo saben utilizar la norma, no para solucionar los problemas, sino para agudizarlos. Y no es justo, porque ello solo refuerza el saboteo de la derecha a los esfuerzos de paz. Hemos sido testigos de la preocupación del Presidente por el estado actual del proceso, pero también le hemos dicho, que tiene a su disposición potestades constitucionales para manejar exclusivamente las riendas de la paz. Lo reiteramos: Puede salvarla porque tiene a disposición herramientas legales concebidas precisamente para salvar un proceso de paz.
Como cierre de estas reflexiones, llamamos la atención por la disminución en el ritmo de producción de la CSIVI y el CNR, lo cual empieza avizorarse como un ocaso temprano de las dos instancias fundamentales concebidas para garantizar el impulso de la implementación y la reincorporación.
Finalmente, queremos de manera especial señalar el papel de La Fiscalía General de la Nación en contra del Acuerdo de Paz y de la JEP:
El Fiscal ha operado como jefe de bancada de Cambio Radical en el Congreso para conseguir la mayoría de las modificaciones operadas en la JEP, siempre en perjuicio de las FARC. Atendiendo a las solicitudes del Presidente Santos, hasta en tres ocasiones nos hemos reunido con el Fiscal General para “negociar” sus propuestas, pero una vez logrado el consenso el mencionado funcionario salió con nuevas pretensiones que en últimas fueron las que hizo aprobar por el Congreso.
3º.- La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de las normas necesarias para otorgar tratamiento de renuncia a la acción penal a mujeres en situación de exclusión social, con cargas familiares, condenadas por pequeños delitos relacionados con el narcotráfico sin carácter violento. Estos tratamientos penales especiales son recomendación de la OEA y así se acordaron en La Habana
La Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización.
Además, introdujo en el Decreto 898 de 29 de mayo, por el que se acordaba la creación de la Unidad Especial en el seno de la FGN –que debía ser complementada con las reformas constitucionales bloqueadas- un título II de reformas de la Fiscalía que va a provocar que la Corte Constitucional declare inexequible todo el Decreto, por haberse introducido en él, materias no previstas para el procedimiento Fast Track. Estas incorporaciones, no consensuadas en la CSIVI, se impusieron con la mala intención de que se declarara inexequible lo relacionado con la Unidad Especial.
Presidente Santos, señores expresidentes de Uruguay y España, con todo espeto, estas son nuestras principales preocupaciones en torno a los desarrollos del proceso de paz.
Por todo su respaldo al proceso de paz en Colombia, muchas gracias, señores expresidentes Felipe González y Pepe Mujica; Muchas gracias a los gobierno de Cuba y de Noruega, países Garantes del proceso; Muchas gracias a Naciones Unidas por el extraordinario papel de su Segunda Misión.
Desde Cartagena, La Heroica, queremos que ustedes y el pueblo colombiano tengan certeza, que no obstante las dificultades, seguiremos marchando sobre la convicción de que haber puesto fin al conflicto, es el hecho más importante de las últimas décadas en el país.
URL Corta: https://goo.gl/A1vLrK
Etiquetas:
