[Colombia] Justicia electoral: yo con yo

Por: Cecilia Orozco Tascón.

Mientras los uribistas y otras hierbas del mismo pantano vociferan sus protestas contra la supuesta “violación” a la democracia por parte de los defensores de las 16 curules especiales para las víctimas en el próximo Congreso de la República porque interpretan lo que pasó, la múltiple moral que caracteriza a ese sector derechista le permite, ya no solo interpretar sino actuar como su gana le indica y sin que nadie tenga derecho a revirar: pues sí, sin vergüenza con el sistema democrático que dice respetar, el partido del expresidente senador se tomó por asalto una silla de las nueve que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), ¡el organismo que revisa los resultados de las votaciones! La exprocuradora Gloria Inés Gómez Ramírez, de Caldas ella, incluida por el Centro Democrático en la misma plancha al CNE en que fue elegido el renunciado Carlos Camargo en 2014, entró a reemplazarlo, repito, por asalto. Esta es la historia del clientelismo politiquero de quienes ven la paja en el ojo ajeno y esconden la viga en el propio, en el episodio en que logran introducir a uno de sus cuadros en el tribunal que decidirá quién ganó o quién perdió las elecciones del año que se inicia dentro de 18 días.

Primer capítulo: el conservador Carlos Camargo, yerno de la congresista conservadora Nora García Burgos (primer grado de parentesco) y primo del congresista conservador David Barguil (segundo grado de parentesco) fue elegido como miembro y después posesionado como presidente del Consejo Electoral a pesar del artículo 26 de la Constitución según el cual “los servidores públicos… no podrán designar (elegir) a personas… con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”. El señor Camargo hizo y deshizo lo que se le ocurrió en el CNE y luego renunció, pero no sin antes “investigar” y cerrar, a favor de Óscar Iván Zuluaga, el proceso que se le inició a este por el regalo de US$1,6 millones que Odebrecht le dio al publicista de su campaña. Zuluaga, como sabemos, fue el candidato presidencial del uribismo que hizo coalición con el conservador que llevó a Camargo al Consejo Electoral: favor de ida, favor de vuelta.

Segundo capítulo: la compañera de lista de Camargo por el uribismo, Gloria Inés Gómez Ramírez, caldense ella, alegó su presunto derecho a ocupar la silla del conservador. Pero habiendo sido inscrita por un partido diferente al de Camargo, surgió un problema legal: si el CNE es el organismo en que se reflejan las fuerzas partidistas de manera proporcional, ¿un miembro de otra colectividad puede ocupar el puesto del renunciante o el equilibrio político se rompe? Pero antes de que se conociera la respuesta a una consulta al Consejo de Estado que el ministro del Interior le formuló, la señora Gómez Ramírez quien, por cierto, está acosada por la urgencia personal de acreditar unos meses más de oficio público para poderse pensionar, se brincó el procedimiento (elección en el Congreso y posesión del cargo ante el presidente de la República), y se fue a una notaría a estampar su firma como consejera. Y hoy funge de juez electoral. Detalle pequeño: además del notario, ¿ante quién se “posesionó” la señora? A su lado, orondo, estaba Óscar Jiménez Leal, expresidente… del Consejo Electoral y abogado de Óscar Iván Zuluaga en el proceso que el renunciado Camargo le cerró.

Tercer capítulo: Zuluaga “oficializó” la presencia de su copartidaria, paisana, amiga de su abogado y tal vez suya, mediante un trino en que pone la foto de la referencia.

"Posesión" ante el notario 27 de Bogotá, de Gloria Inés Gómez Ramírez como consejera electoral. A la derecha y a su lado, Óscar Jiménez Leal, apoderado del Dr. Óscar Iván Zuluaga en el proceso contra este, en el Consejo Nacional Electoral.

https://www.elespectador.com/opinion/justicia-electoral-yo-con-yo-columna-728037 

Cuarto capítulo que está por desarrollarse: la “magistrada” avoca conocimiento del recurso de reposición que interpuso el procurador general contra la decisión de su reemplazo de archivarle el caso a Zuluaga ¿Qué decidirá? Me lo imagino desde ya.

[Colombia] Prohibido conocer la verdad

Por: Cecilia Orozco Tascón.

¿Quién lo creyera? Bajo la responsabilidad histórica de la actual Corte Constitucional y de un Congreso calificado con cero en legitimidad moral para dictar cátedra sobre las conductas de otros, no se sabrá la verdad de la guerra. A lo sumo, se ventilarán, en este acuerdo de paz, las culpas de las Farc que parecen ser las únicas que echaban bala y que mataban en Colombia. Si nos ceñimos a la legislación impuesta, los disparos mortales, los homicidios y vejámenes del lado que combatía a la guerrilla, provenían de fantasmas a los que se niega, por Ley Estaturia, darles rostro pese a los derechos de las víctimas, ahora revictimizadas. 

La Corte, desprestigiada por la corrupción de uno de sus miembros y por su proclividad a congraciarse con el poder económico en contravía de la Carta Política, le abrió la puerta a la impunidad del sector de la sociedad también responsable de estos 50 años de terror, cuando excluyó a los “terceros” civiles de la obligación de confesar sus culpas ante el tribunal de la JEP. Al anochecer del lunes pasado, la Cámara, presidida por un manipulador que maniobró la plenaria como si fuera la sala de su casa, aprobó el texto en que se reglamenta el funcionamiento de la JEP. Lo cierto es que hubo respiro de alivio, pero no porque su letra sea una maravilla, sino porque, aunque estropeado, el acuerdo entre el Estado y las Farc tendrá unos cuantos dientes.

En concreto, los civiles que podrán seguir tranquilos a pesar de sus cargas de conciencia son los industriales, empresarios, comerciantes, ganaderos, agricultores de grandes extensiones y los funcionarios públicos: notarios cómplices de despojadores, fiscales y jueces que botaban expedientes o absolvían a los genocidas; alcaldes y gobernadores, diputados, concejales y los mismos parlamentarios cómplices de las autodefensas. Ninguno de los anteriores tendrá el deber de decir una sola palabra sobre los delitos que cometió o que incentivó. 

Serán desiguales ante la ley: ellos con más privilegios que los combatientes directos, o sea, los soldaditos y los guerrilleros del pueblo raso. 

Un artículo de lo más independiente que he leído, pese a que revela la mitad de la mitad, fue publicado por El Espectador el domingo pasado. Luz Carime Hurtado, quien tituló su nota “Las cuentas pendientes de los civiles en la guerra”, hizo un examen sencillo, pero contundente: revisó las sentencias de los tribunales de Justicia y Paz del país, creados no por un gobierno ridículamente rotulado por la ultraderecha con la ficción del “castrochavismo”, sino por Álvaro Uribe —vea usted, pues—, máximo representante de esa facción política, cuando implementó su proceso de desmovilización de los paramilitares. 

Según Hurtado, los fallos de la sala del Tribunal de Bogotá mencionan 57 empresas que colaboraron con los paramilitares; en las sentencias contra los bloques Bananero y del Norte, de Urabá, aparecen Chiquita Brands, su filial Banadex, Sunisa, Conserva, Uniban y otras firmas del ramo; además de los nombres de Carlos Lacouture Dangond y de Jorge Gnecco Cerchar como promotores de grupos privados armados que eliminaban sindicalistas; se registran las reuniones de Carlos Castaño con empresarios del Valle del Cauca que aportaban $20 millones, cada uno, para que se abriera un frente paramilitar en la región; se habla del bloque Tolima apoyado por los ganaderos de la región y por Cementos Diamante; con el bloque Cacique Nutibara se relaciona a Granahorrar, Comfenalco, Lander, Pinturas El Cóndor y hasta Coltejer; aparecen los vinculados al Fondo Ganadero de Córdoba y del lado del bloque Catatumbo, entidades como Termotasajero y servicios públicos de Norte de Santander; los gaseros de Urabá y los madereros del Darién en otras zonas y no podía faltar la Drummond. 

Todos han sido referenciados, repito, en los textos de los tribunales de Justicia y Paz abiertos durante los gobiernos Uribe, qué desilusión, no en los gobiernos conspirativos del comunismo internacional. Ninguno o muy pocos empresarios, sin embargo, han sido declarados culpables o inocentes. Sus nombres quedaron, ahí, flotando. Y así seguirán, como fantasmas, sí señor, a los que está prohibido ponerles apellido judicial cuya verdad en la guerra ha sido cercenada desde la alta institucionalidad. Corregido el yerro cometido por el uribismo, ahora todos están tranquilos porque retrocedimos, no avanzamos.

Y de la responsabilidad política del fiscal, ¿qué?

Por: Cecilia Orozco Tascón

Tal como merece esta noticia asombrosa, hubo mucho escándalo por la captura del hasta hace unos días director Anticorrupción de la espectacular Fiscalía de Néstor Martínez Neira, convertido, hoy, en un extraditable más. El señor Gustavo Moreno fue pillado con las manos en la masa, es decir, con US$10.000 en billetes de la DEA, marcados por esa agencia, en Miami, con el fin de poder probar que con ellos se cometió un delito: lavado de activos. Esa suma era la cuota inicial del soborno que le pagaría la “joyita” Alejandro Lyons a Moreno, a cambio de que este le entregara información privilegiada sobre las investigaciones que pesan sobre él y, lo que resulta criminal, de revelarle la identidad de los testigos en su contra. El fugitivo exgobernador de Córdoba se voló para Estados Unidos cuando era inminente su detención por ser sospechoso de ordenar un asesinato y por haberse alzado con $44.000 millones de la salud departamental y unos $60.000 millones de regalías.

El exfuncionario fue nombrado en tan importante posición por el fiscal Martínez el 6 de octubre de 2016, hace apenas nueve meses. El inicio de sus actividades delictivas desde el búnker de la “justicia” no le tomó, pues, muchas semanas. Es más, debió hacerlo de inmediato, frotándose las manos por la suerte que tuvo. Al menos, los contactos con Lyons a través del cómplice de Moreno, el abogado Leonardo Pinilla, deberían venir de atrás: Pinilla era también el apoderado de uno de los secretarios de Lyons en su gobernación de los robos. Lyons, Pinilla y Moreno: una trilogía para estar tras las rejas. Pero, ¿cómo así? ¿El ratón cuidando el queso? En sana lógica, uno pensaría que ese cargo, el de director Anticorrupción de la Fiscalía del “jurista más importante de Colombia”, como denominan a Martínez Neira sus admiradores, el mismo que estaba destinado a ser la mano derecha del fiscal en el programa “bolsillos de cristal”, bandera de su administración, debería ser de su absoluta confianza. Y ¿entonces? ¿Qué pasó? El alboroto internacional que generó esa dolorosa información tiene sobrados motivos para sorprender al mundo, pero se ha quedado corto. O, para ser francos, los colombianos nos hemos quedado cortos en cuestionamientos y preguntas… y en el alcance de sus consecuencias. A ver: ¿el fiscal Martínez no tiene ninguna responsabilidad política sobre el desastre institucional que generó? ¿Nadie se la va a exigir? ¿No hay partidos, no hay cortes, no hay críticos ni líderes que le pidan una explicación? No creo que exista otro país en que el autor de un desacierto de esa magnitud pueda pasar de agache en medio del silencio sepulcral de la opinión pública.

A la pobre vicefiscal le ha tocado capotear el temporal mientras el jefe se recupera en una cómoda clínica de Bogotá, lejos de las cámaras y micrófonos que disfruta cada vez que se lo exige su ego. Ya es hora de que asuma, doctor Martínez, su descalabro político y ético, además de los otros que tiene pendientes. En los ámbitos frecuentados por los abogados litigantes, muchos se llevaron sus manos a la cabeza cuando supieron quién sería el zar anticorrupción. No me imagino que el único desinformado fuera, precisamente, Néstor Humberto Martínez. Y si lo era, también debe pagar por ello. Señor fiscal, le formulo estas preguntas mediante derecho de petición: ¿Es verdad que nombró a Gustavo Moreno zar anticorrupción por recomendación y presión de los expresidentes de la misma Corte Suprema que lo eligió a usted, Leonidas Bustos, Ruth Marina Díaz y Francisco Ricaurte, a quienes usted les está agradecido por los votos que le ayudaron a consolidar allí? ¿Es cierto que la presión vino solo, o también, de directivos de su partido, Cambio Radical, entre ellos el senador Germán Varón? ¿Es cierto o falso que en las fiscalías delegadas de mayor rango y sueldo en las provincias fueron nombrados recomendados de magistrados y de políticos de cada región? ¿Es cierto o falso que por lo menos ocho de sus fiscales delegados ante la Corte Suprema —sí, la misma que lo eligió— fueron magistrados auxiliares de sus votantes, los magistrados titulares? Gustavo Moreno, de oscuros procedimientos y de no menos oscuros clientes a los que salvó dudosamente con el falso cuento de los falsos testigos, no llegó por arte de magia a la Fiscalía: llegó con su ayuda y la de sus amigos políticos y togados. El clientelismo es corrupción. Responda por ello.

Aprovechando la sangre

Por: Cecilia Orozco Tascón

Lo que gusta al sector ultraconservador que traba la convivencia pacífica de Colombia no es, precisamente, la deliberación abierta para polemizar sobre la razón o sinrazón de un asunto y encontrar, por esa vía, una solución. Le fascina, en su lugar, la premeditación: preparar, detenidamente, la acción y ejecutarla a cualquier costo, incluso el de la vida. Por eso es amplio para tomar, para sí, todas las libertades —incluso libertinajes—, pero tan estrecho a la hora de achacarles delitos a quienes disienten de sus intereses. No obstante el conocimiento que, a estas alturas, se tiene de los métodos que practica el extremismo político que cosecha éxitos en los salones de clase social, duele la calidad de patria que nos muestran: esa que se hizo evidente con la virulencia de los fascistas criollos prendidos, como sanguijuelas, de la sangre aún caliente de las víctimas del Centro Comercial Andino.

Tal vez buscan hacer méritos con su caudillo y dejarse notar ante sus ojos, ahora que vienen las elecciones de Congreso y Presidencia y que necesitan ser incluidos en las listas de candidatos y conseguir el aval de los votos prestados. Un X, representante a la Cámara por el Centro Democrático (que, como han dicho muchos, no tiene nada de centro ni menos de democrático) fue especialmente prolífico y efectista: “Si esto fuera paz, sus terroristas no estallarían centros comerciales”. Cuando puso “sus terroristas”, obviamente se refería a Santos e implicaba que este cuenta con un escuadrón de matones. Memoria cortoplacista, pensé, porque no leí ninguna alusión suya a los falsos positivos. Digo. Lo que escribió ese hombrecillo sería baladí si no fuera porque se descubre su deseo de imitar las frases y las actitudes del patrón. Juzguen, señores: “El apaciguamiento del Gobierno con el terrorismo aumentó la amenaza. Saben que matando logran el poder”; “es la consecuencia de claudicar ante el terrorismo. Ahora todos los bandidos quieren lo mismo”. Y la madreperla: “No podemos esperar (sic) que haya elecciones. ¡Hay que sacar al presidente del terrorismo YA!”.

Hubo más artistas en el circo de la alegría, felices espectadores de lo que sucedió a las víctimas porque sobre sus cadáveres podían explicitar su odio. Un individuo de oscuros antecedentes y montajes se solazó replicando fotografías morbosas de dos muertos bajo las frases: “@JuanManuelSantos feliz día del padre. Su regalo, fruto de la impunidad e injusticia que usted propició. ¡Ser pillo paga!”. El sujeto recibió aplausos de miembros del tal CD, soberbios como les place verse para ratificarnos quiénes son, qué nos espera.

Y, cómo no, apareció el gran varón algo enredado con sus espuelas. @ÁlvaroUribeVel escribió: “Empresarios preocupados por situación en el país. Mensaje que recibo”. Anexaba una parrafada en que, presuntamente, “empresarios preocupados” le expresaban su inmenso desacuerdo con el “cambio de reglas, exceso de impuestos y «más encima» (sic) atentados a nuestro comercio, ayer pude ser yo, donde (sic) salí 15 minutos antes de andino (sic)…. y hoy esos asesinos están libres”, etc. Las redes sociales ocultan todo, pero nada esconden. Los internautas que se mueven como peces en el mar digital descubrieron la trampa y le enrostraron la farsa: “Cuando uno recibe un mensaje, el fondo (de la pantalla del celular) es blanco. Qué vergüenza este oportunismo…”; “¿Qué WhatsApp tiene usted señor expresidente? Porque verde y doble chulo azul sale cuando uno es el que envía el mensaje”; “El ex tiene dos teléfonos, el que envió (el mensaje) y el que recibió”; “yo entiendo al viejo, también hablo solo”. Y la burla más directa: “Además de perverso es una bestia con el WhatsApp”. El senador intolerante fue descubierto, en su afán de aprovechar el miedo que genera el terror, pecando por autoenviarse lo que quería decirle a Santos. Los irreverentes jóvenes, los de verdad, no sus camuflados, le tocaron su punto débil. Alguna esperanza queda.

El hombre del montaje… y su venganza

Por: Cecilia Orozco Tascón.

Uno no es periodista para que lo quieran. Quienes ejercemos esta profesión en defensa del interés general, tan atropellado por los propios funcionarios del Estado en todas sus ramas, hemos aceptado que la ecuación de entornos favorables a nuestra labor resultará a la inversa: a mayor independencia, menor tolerancia y expansión geométrica de enemigos dispuestos a cortarnos las alas. Uno no es periodista para que lo alaben aquellos que son sujetos del control social que han tenido que asumir los medios, a falta de autoridades judiciales eficientes y fuertes. Pero espera el mínimo respeto que exigen las democracias para la prensa libre. Aun así y pese a las apariencias con que tratan de cubrirse quienes prefieren las autocracias, no hubo sorpresas en la andanada del Senado contra Noticias Uno el jueves pasado, cuando el subsecretario de esa corporación, Saúl Cruz, tuvo la privilegiada opción de dirigirse a su plenaria con el fin de quejarse, dramáticamente, de la supuesta agresión de un reportero gráfico del noticiero. Tampoco me asombró que diez congresistas, de derecha a izquierda, se “solidarizaran” de inmediato con él ni que, sin hacer siquiera una pregunta aclaratoria, condenaran “a cárcel” al sencillo camarógrafo que cumplía con la tarea que se le había asignado (tal vez por suponer que no tendría defensa frente al poderoso Saúl) o que pidieran “expulsión para siempre” de Noticias Uno.

Sí me aterró, en cambio, que ese día de represalias explícitas, no se levantara una sola voz en defensa, no de un medio, sino de la libertad de crítica garantizada en la Constitución.

Cruz, el subsecretario “denunciante”, y su jefe, el secretario general Gregorio Eljach —quien ha logrado pasar de agache en el escándalo que se generó después de que las víctimas de su montaje pudiéramos demostrar que su subalterno mentía—, son los verdaderos dueños del Legislativo coligados, cómo no, con los senadores que necesitan de sus favores en asignación de cargos internos, vehículos, escoltas, secretarias, asistentes, pasajes, viáticos, certificaciones que significan $, etc., etc. Parecen segundos, pero son primeros. Esto explica que los parlamentarios corran como perritos falderos tras ellos cuando requieren un favor de esos que pueden demorarse meses o resolverse en horas. Lo hemos demostrado, con hechos, en Noticias Uno, en donde seguimos a los abusadores visibles e invisibles del poder.

La farsa de Cruz Bonilla no es espontánea. Fue “provocada” porque acababa de perder su candidato a la Corte Constitucional Álvaro Motta —candidato también de su líder político-religioso Alejandro Ordóñez—, pese a su descarado cabildeo. Pero, ante todo, fue producto de una venganza personal contra el medio que había expuesto su torcida conducta así como la de su superior Eljach y la del antecesor de este, Emilio Otero, desde hace años. Publicaciones de Noticias Uno poco gratas para los secretarios senatoriales: 21 de julio, 2013: “Intercambio de favores entre Procuraduría (Ordóñez) y Congreso”; resumen: “el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, tiene a un hermano suyo en un alto cargo en la Procuraduría y a cuatro recomendados más en otros puestos en esa entidad” (ver). 13 de marzo, 2016: “Escolta denuncia maltrato laboral de la viceprocuradora Castañeda”; resumen: “Escolta al servicio del hermano del subsecretario descubre cruce de favores entre la Procuraduría y el Senado por cuenta de Saúl Cruz” (ver). 17 de septiembre, 2016: “El Congreso les compró carro nuevo a Gregorio Eljach y a Saúl Cruz”; resumen: “a pesar de los anuncios de austeridad, el Congreso acaba de pagar $420 millones para que su secretario general y su subsecretario estrenen blindados de alta gama (cada uno por $210 millones)” (ver). 27 de marzo, 2016: “Estudiante de periodismo retenida por el secretario general del Congreso” (ver). 22 de noviembre, 2015: “Secretario del Senado Gregorio Eljach fotografiado en compañía del magistrado Pretelt” (ver). Los senadores que multiplicaron, gustosos, el ataque al informativo, tomaron la oportunidad al vuelo. Así ejecutaban, cada uno, sus propias retaliaciones. ¿A quién le cabe duda de que el “fallo” de Obdulio Gaviria no haya sido dictado sino por su odio a Noticias Uno, a uno de sus socios y a esta columnista por las investigaciones que hemos publicado sobre sus antecedentes como funcionario de Presidencia? ¿Quién puede creer en la imparcialidad de las diatribas de Thania Vega, Ernesto Macías o Sofía Gaviria —por mencionar solo unos—, congresistas sin un solo voto que no sea prestado, pero con mucha ira en la cabeza por la misma razón, informaciones del noticiero y por las opiniones del socio de NTC, el vilipendiado presidente de Noticias de Univisión Daniel Coronell, y también por los comentarios de quien firma este espacio? La venganza quedó al descubierto. Al parecer, la protección constitucional de Colombia no nos alcanza. Por tanto, dirigiré una solicitud cautelar a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enfrentarse al Senado del país en que uno vive, no es cualquier cosa.

[Colombia] Pretelt: perder es ganar mucho

Por: Cecilia Orozco Tascón

El único magistrado en la historia de Colombia en ser suspendido para enfrentar dos juicios, uno penal y otro político, perdió, de manera estruendosa, porque tuvo que retirarse, deshonrado, del alto tribunal al que pertenecía. La medida preventiva que se le impuso sacándolo de su cargo antes de concluir su periodo consistió en impedir que continuara ejerciendo sus funciones debido a una seria sospecha sobre su rectitud: habría utilizado su posición en la Corte Constitucional para aumentar su fortuna pues, presuntamente, tasó en $500 millones una tutela en que los interesados, a quienes les habría cobrado tal coima, se jugaban $26.000 millones. Una bicoca. ¡Pero Jorge Pretelt ganó por goleada! Nueve meses después de que el Senado votara a favor de la iniciación de su juicio político y del envío de su expediente a la Corte Suprema para someterlo a examen penal, no se ha movido una hoja en el primero y apenas si se ha sacudido en la otra. Viejo truco para vencer en los estrados: matar los procesos por dilación.

El Congreso olvidó, de inmediato, tamaño escándalo de corrupción y la Sala Penal de la Suprema hizo una audiencia preparatoria en abril, después de haberle cambiado su fecha dos veces —en enero y marzo—, y fijó la segunda cita del caso para octubre, es decir, seis meses más tarde. La “falta de disponibilidad” de agenda es la potente razón para explicar la nueva demora. Sin embargo, el investigado Jorge Pretelt ganó, ante todo, porque hoy puede darse el lujo de pasar por dueño de la mayoría de los votos de la corporación de la que fue expulsado y de teledirigir el sentido de sus fallos. Su cuerpo no está, pero su sombra cubre la Sala Plena de la Constitucional y sus aliados en esta hacen fiesta con la Carta Política cubiertos con la presunción de legitimidad de que él tanto disfrutó antes de que una grabación lo dejara al desnudo. En efecto, quienes mandan en ese tribunal son del mismo combo que quiere volver “trizas” lo que le huela a progreso, según confesión-reto de otro miembro del clan, Fernando Londoño. ¿Qué duda cabe de los nexos entre Pretelt y el también exmagistrado de ese tribunal, Rodrigo Escobar Gil, si hasta en la petición de la coima de los 500 “paquetes” habrían compartido delito? Así se desprende de la indagación que abrió la Fiscalía contra Escobar Gil, apoderado de la tutela del cuento por sugerencia del propio Pretelt, de acuerdo con el relato del principal testigo del caso.

Sigamos las señales: Escobar fue togado de la Constitucional desde 2001 hasta 2009. Su principal magistrado auxiliar, durante los ocho años de su periodo, fue Luis Guillermo Guerrero, actual presidente de la corte. Ambos, Escobar Gil y Guerrero, estudiaron, al tiempo, en la Javeriana. Allí trabaron una gran amistad y a ellos se les unió otro abogado conocido: Jaime Granados, apoderado del expresidente Uribe y de sus hijos. En un perfil que La Silla Vacía escribió sobre Guerrero se lee: “Buena parte de su campaña (en el Senado) a magistrado constitucional ha sido hecha por su principal padrino político, Escobar Gil, y el amigo de su padrino, el actual magistrado de la Corte, Jorge Pretelt. Con eso logró cautivar, además de (los votos de) sus paisanos nariñenses, a los costeños del Senado… (Guerrero) no negó haberse reunido con el procurador (Ordóñez), ni que este esté participando en su campaña”.

Ya se ha dicho, pero no sobra recordarlo: Guerrero contrajo matrimonio con la tía de otra magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz Delgado. Significa que son parientes políticos y, supone uno, que no siempre conservarán la distancia que convendría para mantener los principios de legalidad e imparcialidad. Continuemos el rastro: por ausencia de titulares, dos magistrados auxiliares votaron el trascendental fallo que limitó el fast track del acuerdo con las Farc. José Antonio Cepeda es uno de ellos.¿A cuál despacho pertenece? Al de Luis Guillermo Guerrero. Iván Escrucería, el segundo auxiliar es… oriundo del Nariño, de Guerrero. Falta un dato: Álvaro Motta, el postulado con mayor opción a ser elegido para integrar la Corte, es de la entraña de… Guerrero. Y añadamos que también lo es de la de Ordóñez. ¡Pretelt ganó, pese al deshonor con que se fue! El laureanismo con su derecha recalcitrante se levantó de la tumba para interpretar la Constitución más progresista de América Latina, la que permite la paz. Que el cataclismo nos coja confesados.

Llegar a la Corte con las cartas marcadas

Por: Cecilia Orozco Tascón

El primer acto del nuevo magistrado de la Corte Constitucional —adonde se supone que llegan los abogados más doctos, cierto, pero también seres humanos ejemplares—, fue botar a la gente del despacho que asumió. Hasta el conductor tuvo que renunciar. El eminentísimo doctor Carlos Bernal no tuvo piedad, ni siquiera con un par de funcionarios que están al borde de pensionarse y que, muy asustados, andan caminando en puntillas por los pasillos del Palacio de “Justicia” para evitar molestarlo. Tal es el ambiente que creó, de entrada, el recién elegido, un jurista con dos doctorados y mucha academia ejercida, además del Externado, en varias universidades europeas, especialmente en la Maquarie, de Sidney, Australia, su sitio de residencia hasta estos días en que le tocó sacrificarse y regresar a esta tierra salvaje.

Debería alegrarnos que un profesional de su talla integre nuestro máximo tribunal. Lastimosamente, no todo se aprende en las aulas. Aunque el sentido común indicaría que a mayor sabiduría, mayor humildad, parece que al menos en el caso del doctor Bernal estas dos cualidades no casan siempre. Tal vez por eso llegó, juzgó y condenó en un solo día a los funcionarios que encontró a su paso. Pero me equivoco: no los juzgó. Los prejuzgó, cosa distinta. Y, esto mismo, su prejuicio, pudo haber determinado su voto contra el sistema de fast track(expedición rápida de leyes) para implementar el acuerdo de paz, a escasas horas de su posesión. Él no necesita estudiar esos temas. Ya lo hizo. El video de una conferencia que el magistrado Bernal dio en Girona, España, hace un año, y algunos de cuyos apartes revelamos el fin de semana (ver), indica que el entonces profesor tenía formado, desde ya, su concepto sobre el acuerdo. Frases suyas: “(La justicia transicional) es un proceso rarísimo porque (se hizo con la vigencia de la actual Carta Política y en cambio) ha debido crearse una Constitución interina o transicional”. “Como se ha pactado… es un ‘paréntesis’ (constitucional)”. “Es una especie de esquizofrenia la que se crea porque por una parte queremos que la Constitución se perpetúe pero a la vez… auspicia ciertos cambios… radicales”.

El magistrado Bernal, que votó con el bloque guerrerista de la Corte —y no lo digo peyorativamente, sino según el apellido del presidente de la Corporación, tal como lo denominó el columnista Bejarano (ver)—, compuesto por Guerrero, la sobrina política de este, Ortiz, su magistrado auxiliar Cepeda y su coterráneo nariñense Escrucería, no solo calificó el todo, sino también las partes, en particular, las presuntas ventajas que tendría la guerrilla en ese pacto sin informarle a sus estudiantes que era consultor de las fuerzas militares colombianas desde el año 2014 y hasta hace pocas semanas con el fin de “diseñar un modelo constitucional de justicia transicional para el Ejército Nacional” (ver). Este factor, por supuesto, era y sigue siendo relevante para poder entender, entre líneas, su discurso y ahora, sus votos. Lean sus afirmaciones en este campo: “En todo el acuerdo se ha dicho que lo que importa son las víctimas, las víctimas, las víctimas. Y después sale y… de víctimas es lo que hay que ver…”; “un máximo guerrillero que se ha lucrado personalmente de actividades como el secuestro, el narcotráfico… eso está acreditado porque hay pruebas… le van a dar un beneficio penal inmenso”; “el mensaje que se envía a los demás es… siga delinquiendo… lo mandan a descansar… y cuando salga… todo bien”. Uno puede compartir o no estas frases, pero pronunciadas por un magistrado no se ven tan imparciales como las de un juez que participa en votaciones de constitucionalidad. Sus conferencias y no solo la de Girona, demuestran que Bernal ya tiene una posición ideológica tomada sobre el asunto de paz nacional. Ni más ni menos. La “esquizofrenia” de la que habla el profesor-magistrado se le contagió hace años: charla suya en Oviedo, España, diciembre de 2016, “Constitucionalismo transicional y proceso de paz en Colombia”. acápite VII, punto 3: “El fast track y el menoscabo de la democracia participativa” (ver); Periódico El Comercio de esa ciudad, dos días antes: “(Carlos Bernal) se ha mostrado conforme con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que avaló ayer el denominado fast track” (ver). Ya que no consideró hacerlo por motivos jurídicos, el magistrado ha debido declararse impedido por razones éticas. Pero probablemente su inteligencia emocional no se ha desarrollado tanto como la intelectual.

“A estudiar” y “a leer”: ¿un insulto a las víctimas?

Por: Cecilia Orozco Tascón

Con sonrisa burlona y mirada de incredulidad que fueron registradas en video, el senador Uribe recibió los reclamos que le expresaba la hija de Jorge Eliécer Gaitán, Gloria, en la sesión especial del día de las víctimas celebrado el domingo pasado en el Congreso de la República. Las barras de familiares de muertos, heridos y desaparecidos de la guerra que presenciaban la escena, se animaron a gritar al expresidente cuando este abandonaba el Capitolio con su bancada de subalternos detrás, como suelen hacerlo cada vez que algo le molesta al jefe. Actitud imperial que demuestra el significado tan particular que le dan a la democracia puesto que si él habla, todos lo escuchan reverencialmente. Que se sepa, ninguno se retira en protesta porque el exmandatario haga uso legítimo de su derecho a la palabra. En la Plaza de Bolívar otras víctimas lo recibieron enardecidos. Y la respuesta a este desencuentro infortunado, ¿cuál fue? La representante María Fernanda Cabal, protagonista de las redes sociales por sus malas pulgas y no precisamente por su cultura, decidió, imprudente como es usual en ella, enfrentar a los manifestantes en su tono subido de decibeles y gestos. Y los conminó a hacer un ejercicio que les caería bien a ella misma y a sus amigos de barbarie: “¡estudien, vagos; estudien, vagos!”. Por su parte, el senador Alfredo Ramos, uno de los polluelos del caudillo que se perfila como gavilán —hijo que sale pintado—, remató con otro “insulto”: “lean, aprendan de historia; lean, lean”.

Estudiar, leer historia y aprender durante la vida entera es el deseo ideal de muchos en este país en que un gran porcentaje de la población no dispone de la capacidad económica para dedicarles tiempo a estas artes. No entiendo cómo mandar a la gente a educarse viene siendo una especie de ofensa para responder otras. Probablemente, se comprendería si uno lo mira desde el ángulo de una parte de la capa alta de la sociedad, aquella que teniendo el privilegio de asistir a las universidades más exclusivas del mundo, desdeña las ciencias humanísticas, el conocimiento racional y la sabiduría para regirse por las emociones, los instintos primarios y las reacciones del periodo de las cavernas cuando seres en construcción defendían el espacio propio a punta de garrote y lanza y sin concesión alguna a la convivencia.

Estudiar, leer historia y aprender de ella: Gloria Gaitán es hija de la historia, justamente. Ella puede no ser merecedora del respeto del uribismo y de otros grupos porque, en lugar de aprovechar el recuerdo de su padre para asegurarse su propia carrera política, dedicó su existencia a mantener viva la memoria del líder inmolado hace 69 años por los intolerantes de entonces, antecesores directos de los de hoy, que no podían soportar que un hombre de clase media e ideas ‘peligrosas’ —por cuanto cuestionaba el orden impuesto por los círculos cerrados de poder (“convivialismo”)—, llegara al Palacio de la Carrera (hoy, Casa de Nariño). Gloria Gaitán puede tener fama de que desvaría y de que, por eso, no es digna de atención, pero representa mejor que nadie a las víctimas del conflicto de esta nación cuya última etapa se inició con el magnicidio de Gaitán cuando se daba por seguro su ascenso a la Presidencia. La Violencia. Así se llaman las sanguinarias décadas de enfrentamientos fratricidas con miles y miles de caídos en batallas y por fuera de estas en Colombia. Esa época vergonzosa de asesinos, de verdugos y de depredadores de la raza humana puede concluir con el acuerdo de paz que tan avanzado está, que Naciones Unidas ha declarado que la entrega de armas de las Farc a este organismo, se cumplió. Pero este extraordinario hecho no es noticia que alegre a los herederos de La Violencia, sino que les da argumento para empezar un nuevo ciclo de matanzas. Se siente en sus discursos de odio, en sus reuniones secretas, en sus alianzas o complacencias con criminales declarados, en sus panegíricos a la muerte. Nos salvarían la comprensión por el dolor del más débil, el estudio del pasado, la lectura inteligente y el sentido de superación de la historia pero no con el desprecio con que lo hacen Cabal y Ramos.

La maraña de impedimentos del fiscal

Por: Cecilia Orozco Tascón

- El Espectador.

Ser secretario general de Presidencia le pareció poca cosa a Néstor Humberto Martínez cuando Juan Manuel Santos le ofreció ese puesto honorífico. A cambio, sugirió un título acorde con su imagen: “Ministro de la Presidencia”, que derivó, en las notas de prensa, en la ególatra denominación de “súperministro”, un nombre que hizo mucho ruido aunque duró poco pues su interés real estaba centrado en un plan que ya empezaba a poner en marcha. Como en un trampolín de alta elasticidad, se retiró después de haber dividido el Palacio de Nariño entre aliados y enemigos suyos, para desarrollar la parte final de su doble agenda: de un lado, buscaba que su famoso bufete particular diera un salto cuantitativo en negocios los cuales, de todos modos, no le faltaban; y del otro, que lo eligieran en uno de los cargos públicos más poderosos del Estado: la Fiscalía General. Sus aspiraciones fueron satisfechas con lujo de resultados: su oficina de abogados pasó de ser una empresa familiar a firma asociada con una multinacional del derecho, DLA Piper. Por su parte, la Corte Suprema se hizo la ciega y la sorda ante las advertencias que hicimos unos cuantos columnistas sobre los gigantescos conflictos de interés que tenía este peculiar personaje de la vida nacional y lo eligió hasta con el voto de los magistrados decentes, doblegados por el miedo.

Ahora, el fiscal general pretende que esa corte complaciente y también de elástica moral, sea la que sentencie que él no está impedido para ser el jefe investigador del escándalo Odebrecht. Descalificándolo de manera casi infantil como “candidato político”, Martínez cree que puede acallar las evidencias irrefutables que ha encontrado el senador Jorge Enrique Robledo sobre las asesorías jurídicas que la oficina privada del fiscal, ayer dirigida por él y hoy manejada por sus hijos, les ha dado al Consorcio Ruta del Sol II y a Navelena (ver documentos 1, 2, 3, 4 y 5). Y ¡estos dos proyectos que Odebrecht quería y obtuvo para sí mediante multimillonarios sobornos constituyen el eje de la corrupción que deberá descubrir el ente dirigido por el propio Martínez! Pese a que los mismos grupos sociales que ayer homenajeaban al fiscal tildándolo de “súperministro”, hoy le hagan sordina a los graves hallazgos del senador Robledo, no será fácil que Martínez Neira se deshaga de estos con la disculpa de que él “no tiene a su cargo ninguna de las investigaciones” de Odebrecht y que, en su lugar, la competencia de los procesos están en manos de cinco fiscales “que actúan de manera autónoma e independiente”. Ni sus amigos le dan crédito a tamaña simulación.

Pero si existiera alguna duda sobre quién manda en la Fiscalía, Martínez acaba de matarla con la Resolución 1053 que firmó la semana pasada en que, por coincidencia, endurece mucho más el reglamento interno que se ingenió Eduardo Montealegre sobre las funciones de unos comités técnicojurídicos que examinan la tareas de los fiscales locales y delegados. Una sola frase para demostrar en dónde se toman y quiénes asumen las decisiones últimas en el ente investigador, versión Martínez Neira: “en estos casos (de revisión), prevalecerá lo decidido por el comité convocado por los funcionarios mencionados (directores seccionales, fiscal general y vicefiscal)”. Y añade: “el desconocimiento de una decisión adoptada y aprobada por los miembros del comité dará lugar a responsabilidad disciplinaria (por parte del fiscal de cada caso)”.

La maraña administrativa y judicial bajo la cual funciona, en la actualidad, la Fiscalía General, solo se compara con su equivalente en la vida particular de Martínez e hijos a quienes el senador Robledo les descubrió diez personerías jurídicas y 21 razones sociales distintas para el mismo bufete (ver). ¿Por qué y para qué crearon tantos laberintos públicos y particulares? Hasta donde nuestra corta comprensión alcanza, uno puede concluir que se armaron para que nadie descubra el entramado de impedimentos que enreda al fiscal.

Corruptos hablando de corrupción

Por: Cecilia Orozco Tascón

/ El Espectador.

Sin engaños: los ultraderechistas indignados con el perdón entre los enemigos que se enfrentaron en armas y con la igualdad de penas para los dos bandos que tuvieron criminales de guerra en sus filas (a los que pretenden diferenciar ante la ley, no por la gravedad de los delitos en que incurrieron sino por el tipo de uniforme que llevaban cuando los cometieron), están aprovechando hasta la última gota del mar embravecido por el asunto Odebrecht para destruir el acuerdo de paz y sabotear la palabra empeñada por el Estado representado —gústeles o no— por Juan Manuel Santos cuyos mandatos, decisiones y firmas de convenios gozan, hasta el momento, de presunción de legalidad. Con un desprecio asombroso hacia nuestra capacidad de relacionar la historia reciente con la actual, salen a hacer declaraciones escandalizadas sobre el pago de US$400.000 de la multinacional brasilera, en 2010, a una firma privada que trabajaba para la campaña de Santos o sobre el supuesto soborno de un millón, en 2014, al gerente de la misma, aún sin demostrar. Desde luego, criticar actos de corrupción es deber y derecho de todos aunque, en la mayoría de las ocasiones, en el mundo de los poderes particulares y públicos de Colombia, sea puro bla bla bla pues lo que en verdad se rechaza es la corrupción ajena. La propia, ni se percibe como tal.

Lo que no es admisible es que unos notables del gran empresariado rural y urbano y de la política se arroguen la vocería de la sociedad sin tener autoridad ética y vaya usted a ver si judicial, para pedir renuncias o exigir castigos ejemplares para los otros cuando en sus filas predilectas no recibieron bicocas de medio millón o de uno, sino de seis veces esa cifra (US$6,5 millones, exactamente) en 2009. Con el agravante de que su ingreso ya fue admitido por Gabriel García Morales, viceministro que adjudicó la Ruta del Sol Fase II y quien llegó a ese cargo escogido por el ministro Andrés Uriel Gallego (q.e.p.d.), tan cercano al presidente Álvaro Uribe, que fue su secretario de Obras en la Gobernación de Antioquia, en los 90, y su jefe de la misma cartera durante los ocho años de sus periodos presidenciales. En este caso, además, está probado que otro consentido de la época uribista, Daniel García Arizabaleta, fue contratado por Odebrecht en cuanto salió de la Casa de Nariño en donde se la pasaba, para servir de enlace entre la sobornadora y el candidato del expresidente en 2014. ¡Si hasta llevó a Óscar Iván Zuluaga, al hijo de este y a un precandidato del Centro Democrático a Brasil para que Odebrecht le pagara US$2,5 millones más, al publicista que fue de su campaña!

Uno los oye, olímpicos, y no lo cree: ¿Con qué cara salen a gritar en los micrófonos, hacen fiestas, almuerzos y comidas; van a reuniones en las fincas antioqueñas o cordobesas para solazarse con los dramáticos alcances de la inmoralidad del país y se sientan a manteles en los mejores restaurantes bogotanos para practicar el juego de moda: apostar sobre el tiempo en que demorará en publicarse el próximo capítulo del escándalo que una fuente altísima de la Fiscalía les ha filtrado a conveniencia? No se necesita ser muy perspicaz para adivinar la respuesta: les importa cinco la corrupción. ¡Si la practican hace años, solo que en sus manos se convierte en “alto interés de Estado”! Recuerden, no más, el máximo beneficio corrupto que obtuvieron cuando lograron cambiar la Constitución y consiguieron tener presidente de la República propio cuatro años adicionales mediante la compra de los votos de los congresistas Yidis y Teodolindo. Limpiar la podredumbre pública no es su objetivo. A otros con ese cuento. El suyo es recuperar el control del Ejecutivo y de las cortes para quedar ellos con la exclusividad de la corrupción económica y con la capacidad política de expulsar a Santos por su máximo pecado, no precisamente el de su presunta violación del Código Electoral o Penal, sino el de haber adelantado un acuerdo de paz con las Farc.

Ordoñez: prueba irrefutable

Por: Cecilia Orozco Tascón

- El Espectador.  

Alejandro Ordóñez, el imaginario candidato presidencial -puesto que no tiene partido que lo avale-, anda recorriendo medios para tratar de desvirtuar verdades de a puño que dejan mal parada su sinuosa ética de procurador general. Intenta verse indignado para hacer más creíble lo que quiere desmentir, con una inseguridad de expresión que no le conocimos cuando detentaba poder omnímodo. Pero lo comprendo: su doble moral ha sido expuesta con pruebas irrefutables en el noticiero de televisión que dirijo. Me refiero al documento oficial del cierre por prescripción (es decir, por no haber investigado los hechos a tiempo), del primer proceso disciplinario que hubo en Colombia por los sobornos de Odebrecht. Allí consta cómo una queja contra los mismos funcionarios del gobierno Uribe que hoy están metidos hasta el cuello en el escándalo, pasó de mano en mano entre sus subalternos hasta cuando se cerró la posibilidad legal de sancionarlos.

11 de noviembre de 2010. Un ciudadano presentó una queja ante la Procuraduría por los hechos revelados en varios artículos de Gerardo Reyes, periodista del Nuevo Herald. Reyes transcribió lo que le reveló Miguel Nule en una entrevista en que aceptó que hubo una reunión en Panamá, en 2009, a la que asistieron el propio Nule, André Rabello, presidente de Odebrecht en Panamá (hoy, delator de la corrupción de su firma ante la justicia de Estados Unidos); Tomás Uribe (hijo del presidente de la época, Álvaro Uribe), un socio de Tomás y un miembro del gobierno panameño. El motivo de tan misteriosa cita era el de explorar la posibilidad de que los Nule y Odebrechet se asociaran para presentarse unidos a la licitación de la Ruta del Sol. Apartes de la charla: P/ ¿Ustedes (con Tomás) … entran a las oficinas ¿de quién? R/ Del presidente de Odebrecht en Panamá. R/ ¿Qué papel jugaba ahí el hijo del Presidente? R/ Pues intermediando para que nosotros (Nule-Odebrecht) estuviéramos juntos (en la licitación Ruta del Sol).

21 de mayo de 2015. En el renglón “asunto” del escrito que relaciona la historia interna de la queja, se lee: Auto que declara la extinción de la acción disciplinaria por prescripción y archivo” (ver). Los funcionarios del gobierno Uribe que la Procuraduría Ordóñez ha debido investigar pero cuya conducta no examinó con seriedad eran: Daniel García Arizabaleta, director de Invías; Gabriel Ignacio García Morales, viceministro de Obras; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión de Regalías; y Miguel Peñaloza, alto Consejero presidencial. Paradójicamente, estos son los mismos sujetos de procesos penales, en la actualidad.

La queja contra los cuatro ejecutivos de Uribe es clara: “por encontrarse presuntamente involucrados en supuestos hechos de extorsión a los contratistas exigiendo el pago de comisiones ilegales para que les fueran adjudicados los contratos…” El quejoso no solo especificó que “García Morales y García Arizabaleta presuntamente exigían el pago de cuantiosas comisiones ‘garantizando’ la adjudicación (de la Ruta del Sol)” sino que añadió que solicitaba “analizar la participación de los señores Tomás y Jerónimo Uribe…”

Desde el día en que se formuló la queja y durante cinco años, el expediente rodó de un lado a otro entre las procuradurías delegadas que se botaron la papa caliente así: la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se la mandó a la Delegada para la Moralidad Pública y a la Primera y Segunda para la Contratación. La de Moralidad se zafó enviándola a la oficina de Asuntos Disciplinarios que se la devolvió a la de Moralidad y esta se la empacó a la de Asuntos Disciplinarios. El peloteo se devolvió porque llegó de nuevo a la de Moralidad. Dos años después, se reinició el juego: la de Moralidad la mandó a las dos delegadas para la Vigilancia Administrativa y estas entraron en conflicto de competencias. Nueve meses más tarde (julio de 2014), el expediente reapareció, por enésima ocasión, en el escritorio de la Segunda Delegada para la Vigilancia que ordenó, por fin, la apertura de investigación de los cuatro funcionarios. A los diez meses declaró la “extinción de la acción disciplinaria por prescripción”. Claro que entiendo a Ordóñez y a sus delegados: ¿Quién se iba a enfrentar a Álvaro Uribe y a sus hijos en 2010, fuera de unos pocos periodistas suicidas?

Entre paréntesis.- Hay gente muy loca: el exministro Fernando Londoño entrevistó, en diciembre del año pasado, al “presidente de la República” Alejandro Ordóñez. No me equivoco: al “presidente” Ordóñez, el de su mundo imaginario. La respuesta del “presidente” sobre qué haría en cuanto pisara la Casa de Nariño fue esta: “algo que se debe hacer de inmediato… es reordenar el país a partir de reordenar la Corte Constitucional…A lo primero que debemos meterle mano… es a la forma como está integrada la corte, a las mayorías que se requieren para tomar decisiones… Y para que implique un verdadero rediseño de este órgano, convocar una asamblea nacional constituyente con las nuevas mayorías”. Ni las Farc llegaron tan lejos. Además de loca, hay gente muy peligrosa que se beneficia y hasta abusa de las libertades de la democracia pero no saben cómo hacer para acabarla.