El Consejo de Estado, nada sospechoso de simpatizar con los independentistas catalanes, ya ha respondido a la petición realizada por el Gobierno español acerca de su intención de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura del president en funciones, Carles Puigdemont, a ser investido presidente de la Generalitat.
El Consejo de Estado no ve fundamentos para suspender la posibilidad de que Puigdemont se convierta candidato para la investidura convocada definitivamente para el próximo 30 de enero.
Presidida por Landelino Lavilla, los miembros de la institución —al Consejo de Estado nos referimos— se han reunido esta misma tarde, concretamente desde las 16 hasta las 18:30 horas.
Conocido el varapalo recibido por los gobernantes del PP, Carles Puigdemont ha pedido, vía Twitter, la dimisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la cabeza visible de la iniciativa de intentar apartar al president. Lo ha dicho de esta manera: “La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar”.
Por su parte, conocida la opinión del Consejo de Estado, según fuentes del Gobierno, Mariano Rajoy sigue en sus trece y recurrirá mañana viernes la investidura de Puigdemont.
Ese político español critica el aumento de una rusofibia basada en informaciones poco fiables que publican medios de comunicación occidentales.
Una visión general de la sala plenaria del Parlamento Europeo. / Vincent Kessler / Reuters
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El eurodiputado Javier Couso ha criticado la "baja calidad" de la sesión de este miércoles en la que el Parlamento Europeo ha analizado la supuesta influencia de la propaganda rusa en los países de la Unión Europea (UE).
Ese político español, que también es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del PE, considera que en ese debate ha habido "mucha agresividad" y "prácticamente ningún dato".
Mientras que el comisario europeo para la Unión de la Seguridad, Julian King, acusó a Moscú de dispersar información falsa en varios idiomas, Couso ha precisado que sus colegas se dedicaron a "la repetición sistemática de la propaganda rusófoba" basadas en "noticias falsas propagadas por determinados grandes medios de comunicación occidentales".
Una campaña
Javier Couso estima que el debate sobre Rusia "sigue el camino ya iniciado por el terrible informe Fotyga" con la única intención de "aumentar la presión y la animosidad contra un [país] vecino" y ha asegurado que "esta propaganda de mentiras" aumenta a base de "datos falsos".
No hay ningún dato fiable, ninguna investigación que avale la supuesta injerencia de Rusia sobre nuestros procesos electorales.Javier Couso, eurodiputado y vicepresidente de la comisión de AA.EE. del Parlamento Europeo
Al respecto, ha lamentado que sus compañeros hayan otorgado veracidad a presuntas noticias difundidas por medios como El País, CNN o The New York Times que no están basadas en ninguna información "fiable" que se pueda confirmar.
Sin datos precisos
Couso ha subrayado que "ninguna investigación" avala "la supuesta injerencia de Rusia" en los procesos electorales de ningún país de la UE y ha condenado que ese organismo haya decidido crear medios de comunicación para "tutelar a los ciudadanos europeos" y que "no puedan ver otro tipo de información".
Por último, este europarlamentario ha concluido que la "paranoia antirrusa es una gran operación psicológica" destinada a que "no tengamos una buena vecindad con Rusia" y que "Europa no sea independiente de los intereses" de la OTAN.
La discusión en Francia sobre dónde serían juzgados los yihadistas franceses capturados en Siria es un caso evidente de falso debate, alimentado por una televisora y un periodista que ocultan al público sus vínculos particulares. Y tras ese falso debate en realidad se prepara la eliminación de los posibles testimonios sobre el papel militar de Francia contra Siria. En espera de que lo acepten sus aliados, Francia prepara el reconocimiento de un Estado de opereta, bajo el nombre de «Rojava» y siguiendo el esquema ya utilizado en «Kosovo».
Al ser interrogados en París sobre el apoyo que Turquía y Francia aportaron a los yihadistas contra Siria, el presidente turco acusó al periodista de televisión que hizo la pregunta de hablar como un terrorista seguidor del predicador Fethullah Gullen y el presidente francés se negó a comentar la política de sus predecesores.
El 5 de enero de 2018, el presidente francés Emmanuel Macron recibió en el palacio del Elíseo a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.
Desde la perspectiva de Ankara, ese encuentro debía permitir a Turquía fortalecer sus contactos con la Unión Europea, evitando pasar por su interlocutor tradicional –Alemania– en momentos en que las relaciones germano-turcas han alcanzado un alto grado de tensión.
Lo más importante es que Ankara quería ponerse de acuerdo con París sobre sus proyectos futuros. El Reino Unido ha puesto en manos de Turquía el manejo del dispositivo de los yihadistas, ahora financiados por Qatar. El presidente turco Erdogan está tratando de alcanzar dos objetivos en materia de política exterior: En primer lugar, obtener el respaldo de los nacionalistas kemalistas aplicando el juramento nacional del antiguo Parlamento Otomano. Es por eso que el ejército turco ocupa ilegalmente el norte de Chipre, el norte de Siria y el norte de Irak [1]. Continuar las guerras a través de los yihadistas, desplazando los principales combates desde Siria hacia el Cuerno de África y la península arábiga. Es por eso que, durante los últimos 6 meses, Erdogan ha enviado discretamente 1 500 soldados a Somalia y otros 35 000 a Qatar. También está enviando tropas a Sudán y ya se dispone a desplegar fuerzas militares en Yibuti.
Desde el punto de vista de París, el encuentro entre los presidentes Erdogan y Macron debía reactivar los compromisos franco-turcos adoptados en secreto en 2011, con el consentimiento del Reino Unido, por los entonces ministros de Exteriores Juppé y Davutoglu, fundamentalmente para crear en el norte de Siria un nuevo Estado, hacia donde Ankara pudiera expulsar a los kurdos de Turquía [2].
Aquel acuerdo franco-turco fue roto unilateralmente por el predecesor del presidente Macron –Francois Hollande– luego de la batalla de Ain al-Arab –la ciudad siria que la terminología de la OTAN designa ahora como «Kobane». Aquel retroceso de Hollande provocó una dura reacción turca, bajo la forma de atentados perpetrados por el Emirato Islámico (Daesh) el 13 de noviembre de 2015 [3]. Ese proyecto no contradice las opciones actuales del Reino Unido y Turquía.
Consciente de la reticencia del parlamento francés ante esa aventura, el presidente Macron ha optado por hacer que todo eso se haga inevitable… abriendo antes una cuestión secundaria.
El regreso de los yihadistas
Al ser entrevistado en el programa del periodista Jean-Jacques Bourdin para RMC y BFM-TV, el 4 de enero de 2018, el secretario de Estado y vocero del gobierno francés, Benjamin Griveaux, declaró que los yihadistas capturados en Siria por la coalición internacional contra Daesh –o sea, por las fuerzas bajo las órdenes del Pentágono– podrán ser juzgados en el norte de Siria «si las instituciones judiciales son capaces de garantizar un juicio justo» con «respeto de los derechos de la defensa».
Benjamin Grivaux es un ex colaborador de Dominique Strauss-Kahn [4]. Muy vinculado ahora a Emmanuel Macron, Benjamin Grivaux participó en toda la campaña electoral del hoy presidente de Francia. Su esposa, que es abogada, redactó la parte jurídica del programa electoral de Macron.
Poco después, el mismo periodista, Jean-Jacques Bourdin, entrevistaba a Khaled Issa, representante de «Rojava» en París, quien confirmaba que su «gobierno» está dispuesto a juzgar a los yihadistas de nacionalidad francesa. Pero decía de pasada que la decisión de juzgarlos allí o de «extraditarlos» no sería de Francia sino que la tomaría la «coalición internacional», de manera global, para todos los yihadistas en general, independientemente de sus nacionalidades.
Al día siguiente, 5 de enero, el mismo Jean-Jacques Bourdin entrevistaba a la ministra de Justicia de Francia, Nicole Belloubet, quien declara entonces, refiriéndose al mismo asunto, que «no hay Estado reconocido pero hay autoridades locales y podemos admitir que estas puedan proceder a la realización de juicios».
En ninguna de esas tres entrevistas, el periodista Jean-Jacques Bourdin hizo el menor esfuerzo por precisar si los veredictos que se pronunciaran en «Rojava» contarían con el reconocimiento de la justicia francesa (Non bis in idem), sin el cual los acusados serían procesados nuevamente y pudieran ser condenados por segunda vez por los mismos hechos y volver a ser encarcelados –también por los mismos hechos– si volviesen a Francia.
Cuando entrevistó a la ministra de Justicia, Bourdin la interrogó sobre otras cuestiones y sorprendió al público mencionando asuntos sobre los que el gobierno nunca se había pronunciado, sin precisar cómo había tenido acceso a esa información confidencial.
El periodista Jean-Jacques Bourdin está casado con Anne Nivat, corresponsal de guerra, furiosamente anti-rusa y notoriamente vinculada a la DGSE francesa (Dirección General de la Inteligencia Exterior, siglas en francés). BFM TV es propiedad de una firma que pertenece a los hombres de negocios Patrick Drahi y Bruno Ledoux. Este último es además propietario del local que sirve de sede a la representación de «Rojava» en París.
En sus respuestas a Bourdin, Benjamin Griveaux y Nicole Belloubet evitaron cuidadosamente el uso de palabras como «kurdo», «Kurdistán» y «Rojava», hablando simplemente de las «autoridades» (sic) del norte de Siria.
Allanando el camino hacia una violación flagrante del derecho
Si finalmente se decidiese que los ciudadanos franceses pueden ser juzgados en «Rojava», esa decisión violaría:
el Tratado franco-sirio que reconoce las jurisdicciones de la República Árabe Siria como las únicas legítimas en suelo sirio;
la Convención Europea de Derechos Humanos, o Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. • Su Artículo 6 precisa que, para que un juicio sea equitativo, tiene que existir un tribunal establecido por ley y sus decisiones deben carácter ejecutorio. Al no disponer «Rojava» de prisiones, sólo dos veredictos serían realmente aplicables: la excarcelación del acusado o su condena a muerte. Por supuesto, nada impedirá se pronuncien otros veredictos y que los condenados sean discretamente “reciclados” enviándolos a luchar en otros teatros de operaciones. • Su Artículo 7 plantea como principio que no hay pena sin ley (Nullum crimen, nulla poena sine lege [5]). Hoy por hoy no existe un código penal kurdo.
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que figura en el Preámbulo de la Constitución de Francia, cuyo Artículo 7 estipula que quienes soliciten, impartan y ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados.
la Constitution francesa actualmente en vigor. • Su Artículo 55 estipula que los Tratados bilaterales regularmente aplicados por las otras partes firmantes siguen siendo de obligatorio cumplimiento para Francia, lo cual es el caso de los Tratados entre Francia y Siria. • Su Artículo 68 plantea la responsabilidad penal de los miembros del gobierno y del presidente de la República Francesa por todo «incumplimiento de sus deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio de su mandato».
Eliminación de testimonios
Antes de emprender un camino del que sabe perfectamente que contradice a fondo el Derecho, el gobierno francés ha utilizado los medios de prensa para crear un profundo rechazo al «regreso de los yihadistas». Ningún otro país afectado por ese fenómeno ha abierto este tipo de debate sobre ese tema. Nada diferencia a esos individuos de los demás asesinos que comparecen ante los tribunales ya existentes y que purgan normalmente las condenas pronunciadas contra ellos.
Luego de haber cegado a la opinión pública, el gobierno de Francia trata de ocultar su responsabilidad y la de sus predecesores. Al verse acusados, algunos de los yihadistas franceses seguramente mencionarían, en plena audiencia pública ante los tribunales franceses, sus vínculos con la DGSE francesa y el papel del ministerio de los Ejércitos (antiguo ministerio francés de Defensa) en esta guerra.
El gobierno del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro Edouard Philippe sigue así los pasos de sus predecesores [6]. Aún se recuerda, por ejemplo, cómo el gobierno del presidente Sarkozy y de su primer ministro Francois Fillon hizo desaparecer los testimonios de los soldados franceses que Siria capturó y posteriormente liberó al aplicar el acuerdo de paz que aquel gobierno francés concluyó con Damasco a raíz de la derrota del emirato islámico instaurado en Baba Amro. Ningún medio de la prensa francesa publicó esa información, a pesar de que la prensa árabe desbordaba de artículos sobre ese tema en marzo de 2012, cuando los militares franceses capturados por las tropas sirias fueron entregados al almirante francés Edouard Guillaud en la frontera sirio-libanesa.
Hacia el reconocimiento de «Rojava»
El principio jurídico de la «cosa juzgada» (res iudicata) hará automático el reconocimiento de «Rojava» como Estado soberano e independiente.
En este telegrama del 5 de enero de 1921, el Alto Comisionado francés a cargo de la colonización de Siria (mandato concedido por la Sociedad de las Naciones) anuncia el reclutamiento, con ayuda de Turquía, de 900 kurdos de la tribu de los millis para reprimir la rebelión nacionalista árabe en Alepo y Raqqa. Esos mercenarios kurdos combatieron como gendarmes franceses bajo la bandera que ahora porta el llamado “Ejército Sirio Libre”.
Fuente: Archives de l’armée de Terre française.
Históricamente, los kurdos son un pueblo nómada, como una versión guerrera de los gitanos de Europa. Circulaban por el valle del Éufrates y eventualmente cruzaban el norte de Siria [7]. Al final del Imperio Otomano, grupos kurdos fueron reclutados para participar en el exterminio de los cristianos en general, principalmente contra los armenios [8]. Como pago por sus crímenes, recibieron las tierras de los armenios que habían masacrado y se volvieron sedentarios. Bajo la colonización francesa en Siria, kurdos de la tribu millis fueron reclutados para tratar de aplastar el nacionalismo árabe en Raqqa y Alepo y salieron de Siria al proclamarse la independencia.
La región que los medios han comenzado a designar en los últimos años como «Rojava» abarca tierras árabes donde los kurdos han estado presentes sólo desde la represión desatada contra ellos como etnia en Turquía, durante la guerra civil turca de los años 1980. Las poblaciones árabes musulmanas y cristianas que vivían en esa región fueron expulsadas de allí recientemente, durante la guerra desatada contra Siria, y los kurdos impiden ahora su regreso como ciudadanos sirios.
«Rojava» fue puesta en manos del PYD, un partido kurdo que fue marxista-leninista y prosoviético, súbitamente convertido en anarquista y proestadounidense [9]. A pesar de lo que afirman sus comunicadores, el PYD mantiene una organización jerárquica extremadamente estructurada, un culto totalitario a su fundador y una disciplina férrea. Lo mejor que puede decirse es que aplica la paridad de género para los cargos de responsabilidad, ocupados simultáneamente por un hombre y una mujer. Esa paridad se aplica también a su estado mayor, a pesar de que no abundan las mujeres entre los combatientes del PYD, en todo caso son mucho menos numerosas que en otros ejércitos mixtos de la región, como las fuerzas armadas de Israel y el ejército de la República Árabe Siria.
Publicado por Robin Wright 9 meses antes de la ofensiva del Emirato Islámico (Daesh) en Irak y Siria, este mapa presenta las fronteras de “Rojava” y del “Califato”. Según la investigadora del Pentágono, este mapa corrige el que Ralf Peters había publicado en 2005 para ilustrar el rediseño del Medio Oriente ampliado.
En 2013, el Pentágono tenía previsto apoyar el plan franco-turco en el marco del rediseño del Gran Medio Oriente, o Medio Oriente ampliado. Para ese rediseño, habría organizado simultáneamente la creación de un «Sunnistán», que abarcaría territorios de Irak y Siria, conforme al mapa publicado por Robin Wright. Pero el Pentágono abandonó ambos proyectos cuando el presidente Trump decidió acabar con Daesh, y ahora sólo ve el tema kurdo como una justificación para la presencia de soldados estadounidenses en Siria. Sería por tanto conveniente tratar de lograr que Estados Unidos volviese también al plan inicial.
Por otro lado, dado el fracaso, en 2017, de la creación de otro Estado kurdo, en el norte de Irak y con apoyo de Israel [10], París y Ankara están obligados a anticipar la oposición de Irán, Irak y Siria, e incluso una oposición generalizada de prácticamente todo el mundo árabe.
Ankara, que en 2011 realmente deseaba la creación de un seudo Estado kurdo en el norte de Siria, se opone si la nueva entidad se halla bajo la influencia de Estados Unidos –que ya trató de asesinar al presidente turco Erdogan en 3 ocasiones y que se tomó el trabajo de financiar un partido kurdo para hacerle perder la mayoría en el parlamento turco.
En su conferencia de prensa común con el presidente francés Macron, el presidente Erdogan trazó claramente su línea roja: impedir a toda costa que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán que tanto Turquía como Francia mantienen clasificado como «organización terrorista», logre crear un corredor que le permita importar armas desde el Mediterráneo hacia el sudeste de Anatolia. Se trata entonces de lograr que los conflictos entre el PKK y «Rojava» provoquen una ruptura definitiva y que el nuevo Estado no tenga acceso al Mediterráneo, que era lo previsto en el plan inicial.
[4] Dominique Strauss-Kahn, ministro de varios gobiernos socialistas en Francia, es el ex director general del FMI que tuvo que abandonar ese cargo en mayo de 2011 después de ser encarcelado en Estados Unidos bajo la acusación de haber agredido sexualmente a una camarera en un hotel de Nueva York. Nota de la Red Voltaire.
[5] Para explicarlo de forma rápida, este es el llamado «principio de legalidad» en virtud del cual al no existir ley no puede decretarse que hay crimen ni puede imponerse castigo. Nota del Traductor.
Hasta un 80% tiene previsto España aumentar su gasto militar dedicado a la OTAN hasta 2024, según publica el diario del Grupo Prisa. En los próximos siete años, España se gastará 18.000 millones de euros.
El compromiso figura en una carta remitida al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. En la actualidad, Estados Unidos, Reino Unido, Grecia, Estonia y Polonia, gastan al menos el 2% del PIB. España está a la cola (0,92% de previsión en 2017), solo por delante de Bélgica y Luxemburgo.
Los resultados electorales confirman que el independentismo gana las elecciones. La suma de PDCAT, ERC y CUP les da. Los números dejan en el tapete algunas consecuencias:
El PP podrá ir en taxi al Parlament. Durante horas los resultados daban 4 diputados, pero en el último minuto se quedaron en 3, por los que el viaje en el coche será más cómodo. Incluso pueden ir los tres detrás hablando de sus cosas.
Los 4 de la CUP tienen la ventaja de que pueden irse de la Cámara durante un par de años y nadie notará su ausencia, porque entonces habrá 131 diputados y la suma de ERC y PDCAT da 66.
Comunes, que iban a tener la llave de la gobernabilidad de la “izquierda” interbloques, convoca asamblea de cerrajeros porque alguien les vendió una moto y con eso no abren nada.
El PSC buscó un candidato bailón para ir “despacito” y se excitó mucho con las encuestas pero la resaca le dejó claro que no hay dónde rascar.
ERC está afilando a Rufián. Ni en los objetivos grandes angulares cabrán los Tardá/Rufián cuando entren al Parlamento a verse con Mariano en el hemiciclo.
PDCAT está que ni se lo cree, Puigdemont volviendo a Barcelona, siendo detenido y portada en todo el planeta. Un crack del marketing el tipo.
Ciudadanos concentra todo el voto español ESPAÑOL, el de pura raza y aunque no le da más que para ser oposición, ellos han pedido un CD de Manolo Escobar para regalar a cada uno de los catalanes que no los votaron, para torturarlos por tozudos.
Albert Rivera e Inés Arrimadas, el líder de Ciudadanos y la candidata a presidir Cataluña, celebran su victoria en las urnas.
Eric Gaillard / Reuters
RT Actualidad.
Los resultados electorales no han alterado el predominio independentista en el Parlamento catalán, pero el proceso secesionista afronta diversas dificultades.
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Ciudadanos (C's), uno de los partidos del denominado bloque constitucionalista, ha ganado las elecciones en Cataluña, pero no servirá para cambiar la situación en el Parlamento regional de manera significtiva, ya que los independentistas seguirán teniendo mayoría.
Las lecturas de estos resultados son múltiples. Hay quienes ven en esa victoria una clara expresión de rechazo al secesionismo. Sin embargo, el hecho de que la opción independentista mantenga la mayoría parlamentaria puede interpretarse como un rechazo, al menos igual de claro, al modo en que el Estado español gestionó la crisis en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a la severa actuación judicial contra los promotores del denominado 'procés'.
Inás Arrimadas, candidata de Ciudadanos en las elecciones autonómicas de Cataluña / Eric Gaillard / Reuters
No hay que olvidar que el crecimiento de C's se ha producido, en buena medida, en detrimento del Partido Popular (PP), con lo cual cabría suponer que existe un voto profundamente antiindependentista, pero también crítico con la reacción del partido de Mariano Rajoy ante el desafío separatista.
En el seno del movimiento independentista que, según las encuestas, iba a liderar Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha surgido sorpresivamente como primera fuerza Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont al frente, disipando todas las dudas acerca de si el secesionismo iba a castigar al expresidente por desplazarse a Bruselas (Bélgica). Está claro que, si ha habido castigo, no ha alcanzado la intensidad necesaria para deslegitimarle como líder independentista.
La firmeza de la voluntad separatista de, al menos, una parte de la sociedad catalana es otra de las lecturas insoslayables de estos resultados electorales, por obvio que resulte señalarlo.
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en una rueda de prensa, Bruselas, Bélgica / Francois Lenoir / Reuters
En resumidas cuentas, estos comicios no han hecho sino radiografiar la profunda fractura existente en el seno de la sociedad catalana. Si alguien esperaba que de esta cita electoral surgiera una correlación de fuerzas capaz de resolver la crisis por si misma, a día de hoy debe renunciar a ese anhelo: la incertidumbre sigue dominando el horizonte de Cataluña.
Además, la delicada situación jurídica de muchos líderes independentistas y el proceso judicial que podría discurrir en paralelo a las gestiones para conformar el Gobierno autonómico auguran un futuro próximo imprevisible y potencialmente peligroso para la estabilidad política de Cataluña y de España.
Un escenario, muchas preguntas
El mencionado reparto de escaños en el hemiciclo catalán y el hecho de que Carles Puigdemont lidera la lista independentista más votada permite plantear, con cierto margen de probabilidad, que pretende ser investido de nuevo como presidente.
Sin embargo, con arreglo a lo dispuesto por el Tribunal Supremo, Puigdemont sería detenido al pisar territorio español ya que está imputado en una causa judicial junto al resto de miembros de su anterior Ejecutivo regional y otros líderes secesionistas y se le acusa de los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos.
¿Qué ocurrirá en esta situación sin precedentes? Carles Puigdemont se considera legitimado para ser investido como presidente de Cataluña, pero exige "garantías" antes de volver a España y se ha ofrecido para dialogar con Mariano Rajoy, al que considera protagonista de la "derrota de la monarquía del 155" frente a la "República catalana": "Estoy dispuesto a reunirme con él en cualquier país de la Union Europea menos España, por razones evidentes. Esta reunión tendría que hacerse sin ningún condicionante previo", ha manifestado este mismo viernes.
El presidente de España, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa, 22 de diciembre de 2017 / Sergio Perez / Reuters
Rajoy reaccionó casi inmediatamente, en rueda de prensa. Cuando una periodista le preguntó si consideraba a Puigdemont "un interlocutor válido" el presidente de España, más a modo de evasiva que de respuesta, indicó: "Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que esInés Arrimadas[candidata de C's]", aunque después asumió que tendrá que hablar "con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat, para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño, ser elegido y estar en condiciones de hablar conmigo".
Quizá es aventurado señalar que estas palabras de Mariano Rajoy son una velada referencia al riesgo judicial que correría Carles Puigdemont en caso de que regresara a España para ser investido, pero no puede negarse que hay mucha incertidumbre al respecto y que las consecuencias sociales que tendría la detención de un líder político con un apoyo significativo en las urnas no serían desdeñables.
Aún es pronto para determinar con detalle los escenarios que podrían producirse y cuáles van a ser los movimientos y las propuestas en cada partido, pero está claro que el problema de fondo en Cataluña es resistente a las soluciones que se han intentado aplicar hasta el momento y exige quizá un grado de entendimiento y comunicación mayor del que hasta ahora ha regido las relaciones entre los actores implicados.
4.113 denuncias registradas por 3.415 personas en Euskadi por malos tratos y torturas, Es el dato revelado por el informe publicado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) y el Gobierno vasco elaborado por el reconocido médico forense Francisco Etxeberria, la especialista en Criminología Laura Pego y el doctor en Psicología de la Salud Carlos María Beristain. La Guardia Civil y la Policía española están detrás de la gran mayoría de las denuncias y todas las condenas por tortura, según recoge este proyecto de investigación sobre la tortura y los malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2014 publicado ayer. Entre ambos cuerpos de seguridad suman 3.600 casos denunciados, a partes iguales.
El estudio también recoge algunas denuncias en contra de la Ertzaintza, aunque en número inferior (310 casos) y “cualitativamente” diferente con respecto al resto de policías. El Gobierno vasco sostiene que la diferencia radica en que la Policía vasca “ha promovido estructuralmente un modelo preventivo valorado positivamente por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado”. Además, la inexistencia de condenas judiciales por tortura contra ningún ertzaina confirmaría ese comportamiento, aunque desde Lakua precisan que no debe hacerse una lectura “autocomplaciente” de los datos por “respeto y consideración” hacia las víctimas.
Los dos principales sindicatos de la Ertzaintza valoraron de manera desigual los datos del informe. Erne mostró su “total desacuerdo” por incluir 314 casos relacionados con la Ertzain-tza (310) y las policías locales (4) sin que exista ninguna sentencia. En un comunicado, señala que “solo se puede entender desde un punto de vista de equidistancia del Gobierno vasco entre una organización terrorista y los que verdaderamente han sufrido las torturas y malos tratos por una organización terrorista que ha asesinado y perseguido a dichos agentes”.
Desde Esan, el segundo sindicato más votado, valoran positivamente el informe ya que constata que “nunca ha quedado acreditado ningún caso de tortura y malos tratos” en la Er-tzaintza. A juicio de la central, “esto es debido a la profesionalidad y la defensa de los derechos humanos” de todos los miembros de la Policía vasca y destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha validado” todas las actuaciones investigadas sobre la Ertzaintza.
La investigación, cuyos resultados fueron presentados ayer por el propio Etxeberria y el secretario de Memoria y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, arroja luz sobre uno de los aspectos más sórdidos y ocultos de la lucha antiterrorista por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ya entrada la democracia, aunque también recoge denuncias de torturados en las décadas de los 60 y los 70. Uno de cada cuatro casos corresponderían al periodo de dictadura franquista y el 71% durante la democracia.
El informe llega a la conclusión de que la tortura ha sido más que esporádica en Euskadi, y añade que la incomunicación durante las detenciones “ha favorecido y permitido los abusos”. Además, el estudio subraya que unas 20.000 personas han sido arrestadas por “los mismos hechos” que los casos de malos tratos documentados en el informe, por lo que considera que no está medido suficientemente el alcance de las torturas.
Por todo ello estima que el número de casos es sensiblemente superior al constatado en el informe. En este sentido, precisa que en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solohan podido registrar 1.081 casos (el 26,4% del total), pese a que en aquellos años la tortura fue una práctica generalizada en las comisarías policiales. Además, los investigadores indican que la autoridad judicial “no ha hecho lo suficiente y los procesos han sido tan largos en el tiempo” en los casos que se han presentado denuncias judiciales por torturas, que, a juicio de Francisco Etxeberria, “las víctimas han quedado doblemente victimizadas”, al tener que recordar sus experiencias muchos años más tarde.
Se trata del informe más exhaustivo jamás realizado sobre la tortura en Euskadi. Los investigadores han analizado y archivado más de 26.113 documentos y han recogido 500 testimonios directos de víctimas de torturas y malos tratos que Etxeberria y sus compañeros han grabado y anotado en encuentros directos con los denunciantes. Etxeberria relató ayer que ha sido el trabajo “más difícil” que ha afrontado en su extensa y profusa trayectoria profesional. Su manera de proceder ha consistido en “acercarse a los afectados, en nombre del Gobierno vasco, mirarles a los ojos, preguntarles, y ponerlo en este texto de 500 páginas y muchos anexos”.
CONDENAS JUDICIALESEste material se ha sumado a las entrevistas recogidas anterioremente y recopiladas también en audio y vídeo y eleva el número de testimonios a 1.027. Otros 202 casos se han analizado a la luz del Protocolo de Estambul, la principal referencia internacional para diagnosticar casos de tortura. Además, se han analizado 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo que acreditan torturas sufridas por 31 personas, cuatro de ellas mujeres, y en uno de los casos con resultado de muerte (el del militante de ETA Joxe Arregi en 1981), por las que se condena a 49 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de ellos 28 çguardias civiles y 21 policías españoles.
Jonan Fernández incidió en que “el encargo de esta investigación constituye una muestra del compromiso con la clarificación de las vulneraciones de derechos humanos y especialmente con el derecho a la verdad de las víctimas”. Según señaló, todas las víctimas de la tortura y de los malos tratos deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno vasco “conocen su padecimiento, y reconocen que el daño que sufrieron fue injusto”.
Tras constatar que en los últimos doce años la trayectoria de los casos de tortura ha sido descendente (desde 2014 no ha habido ninguna denuncia), Fernández subrayó que el informe quedará depositado en Gogora.
En primer lugar, obtener el respaldo de los nacionalistas kemalistas aplicando el juramento nacional del antiguo Parlamento Otomano. Es por eso que el ejército turco ocupa ilegalmente el norte de Chipre, el norte de Siria y el norte de Irak [
