La masacre de Pueblo Bello

  Por Bogotá Humana.

*Hace 23 años, el 14 de enero de 1990, los paramilitares al mando de Fidel Castaño, autodenominados Los Tangueros, secuestraron , torturaron y asesinaron a 43 humildes labriegos  del corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia.

No muy lejos de esta zona, en Córdoba, 23 años después,  bandas paramilitares, muchas alimentadas por remanentes de Los Tangueros, han asesinado  a más de 600 personas solo en 2010,  y 53 en lo que va corrido del 2011, entre ellos los estudiantes de la U. de Los Andes, Margarita Gómez y Mateo  Matamala, en otra demostración de la persistencia del paramilitarismo en la región.  

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el 13 de marzo, de 2009, a nombre del Estado, pidió  perdón a las víctimas de Pueblo Bello tras la condena del crimen por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Crónica de los sucedido hace 21 años.  El 14 de enero de 1990, en horas de la noche, dos camiones que transportaban aproximadamente 60 “civiles” armados y uniformados, ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo (Antioquia), sacando por la fuerza de varias viviendas y una iglesia evangélica a los habitantes del pueblo.

 Los paramilitares retuvieron a un número de personas y las forzaron a acostarse boca abajo en la plaza principal, tras lo cual seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos a varios menores de edad, a quienes amordazaron y se los llevaron, sin que se los haya vuelto a ver con vida. 

Antes de retirarse en dirección a San Pedro de Urabá, los paramilitares incendiaron tres viviendas y dijeron a los habitantes de Pueblo Bello: "esto es para que respeten a ’Los Tangueros’”, refiriéndose al nombre con el cual se conocía al grupo paramilitar, liderado por Fidel Castaño, proveniente de la finca "Las Tangas", situada a orillas del Río Sinú en el departamento de Córdoba.

Los vehículos paramilitares pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor, de la Brigada XVII, sin ser detenidos o cuestionados. Los 43 campesinos retenidos fueron llevados a la finca “Santa Mónica” en el Departamento de Córdoba, donde los esperaba el entonces líder paramilitar Fidel Castaño. 

Señalan que allí fueron interrogados y brutalmente torturados: “las venas de sus cuerpos punzadas, sus ojos perforados, sus oídos cerrados, sus órganos genitales mutilados. Finalmente fueron ejecutados uno a uno”. 

Antes de la acción de tipo militar encubierto, el Ejército había señalado a los campesinos de Pueblo Nuevo como simpatizantes de la guerrilla diciendo que “el silencio de estos campesinos ante el robo de ganado de Fidel Castaño es un indicio de su afiliación a la guerrilla… esta gente o es de la guerrilla o simpatiza con ella”.

 Y posterior a la desaparición forzada de los 43 campesinos, varios pobladores se dirigieron a las bases militares de la zona, entre ellas la de San Pedro de Urabá, donde permanentemente había un retén del Ejército, por donde pasaron los camiones con los campesinos desaparecidos, donde solicitaron información sobre el paradero de sus familiares y conocidos, siendo amenazados diciéndoles que si seguían preguntando podían correr igual suerte.

En abril de 1990 se exhumaron 24 cuerpos de la finca “Las Tangas”, seis de los cuales (Andrés Manuel Pedroza, Juan Luis Escobar Duarte, Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo Bohórquez y Jorge David Martínez) fueron identificados como campesinos de Pueblo Bello. El resto de las víctimas permanecerían desaparecidas.
Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "no adoptar las previsiones razonables para controlar las rutas disponibles en la zona", lo cual resultó en la violación a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las personas desaparecidas y asesinadas. 

Basado en un informe de la Comisión Intereclesial de  Justicia y paz
 
Lista de víctimas:
 
José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresor Moreno, Víctor Manuel Argel Hernández, Genor Arrieta Lara, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diomédes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, José- Encarnación Barrera Orozco (menor), Ricardo Manuel Bohórquez Pastrana, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Ovidio Carmona Suárez, Genaro Benito Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz Ruiz, Ariel Euclides Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Flórez Fuentes, Andrés Manuel Flórez Altamira, Santiago Manuel Gonzáles López, Carmelo Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Hurzula Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Manuel Ángel López Cuadrado, Jorge Martínez Pacheco, Mario Melo, Carlos Melo, Juan Mesa Serrano, Pedro Antonio Mercado Montes, Manuel de Jesús Montes Martínez (menor), Luis Carlos Pérez Ricardo, Miguel Pérez, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Euclides Ricardo Pérez, Andrés Manuel Pedroza Jiménez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Barrios, Célimo Urrutia Hurtado, Eduardo Zapata.

La Corte Interamericana Condenó en enero de 2006 al Estado colombiano por la masacre
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, condenó al Estado de Colombia por el caso de la matanza de Pueblo Bello, en la que murieron seis personas y desaparecieron forzadamente otras 37 en enero de 1990.

La Corte indicó en su sentencia, con fecha del 31 de enero y anunciada hoy, que "el Estado violó, en perjuicio de seis personas (...), los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal" de las víctimas.

También señaló que el Estado colombiano violó los derechos y garantías judiciales de los familiares de los muertos y desaparecidos en esa matanza.

La Corte ordenó al Estado colombiano indemnizar a los familiares de las 43 víctimas con 2,73 millones de dólares por daño material, y a cada familia de las víctimas con distintos montos superiores a los 30.000 dólares por concepto de daños inmateriales.

Colombia también deberá "activar y completar eficazmente en un plazo razonable" la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, según la sentencia.

El Estado colombiano deberá adoptar medidas para "que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas con el fin de evitar la repetición de hechos como la masacre de Pueblo Bello", asegura la sentencia.

También ordena al Estado colombiano "buscar e identificar a las víctimas desaparecidas", entregar los restos mortales a los familiares y "cubrir los gastos de entierro".

La Corte también instruyó a Colombia a realizar, en el plazo de un año, un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, así como construir "un monumento apropiado y digno para recordar la masacre".

El 23 de marzo de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió ante la Corte una demanda contra Colombia por la masacre de Pueblo Bello.
En ella aseguró que se trató de un "acto de justicia privada a manos de los grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño en el Departamento de Córdoba, perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado".

Hasta entonces, los tribunales colombianos habían esclarecido el destino de seis de los 43 desaparecidos y diez de los aproximadamente 60 involucrados han sido juzgados, de los cuales tres se encuentran encarcelados.

Debido a esto, la Comisión consideró que "el Estado aún no ha cumplido en forma integral con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos del resto de las víctimas".

La sentencia de la Corte, entidad con sede en San José de Costa Rica, se produjo en el LXX Período Ordinario de Sesiones del alto tribunal, celebrado del 30 de enero al 9 de febrero de 2006.

La Corte es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado colombiano y reiteró el compromiso del Gobierno de proteger a todos los colombianos y evitar que se presenten "errores como los que en 1990 permitieron que ocurriera la masacre de Pueblo Bello, en la que perdieron la vida 43 pobladores a manos de paramilitares".

Así mismo, dijo que el Gobierno trabajará incansablemente, y con resultados notorios, en la protección de cada uno de sus habitantes y en brindar las mejores condiciones de atención, que entonces no recibieron, para evitar la repetición de los errores cometidos en el pasado.
El 13 de marzo de 2009 ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado colombiano y reiteró el compromiso del Gobierno de proteger a todos los colombianos y evitar que se presenten "errores como los que en 1990 permitieron que ocurriera la masacre de Pueblo Bello, en la que perdieron la vida 43 pobladores a manos de paramilitares".

Así mismo, dijo que el Gobierno trabajará incansablemente, y con resultados notorios, en la protección de cada uno de sus habitantes y en brindar las mejores condiciones de atención, que entonces no recibieron, para evitar la repetición de los errores cometidos en el pasado.
Será cierto...?