[Colombia] Trogloditas

Por: Gustavo Gallón, ColJuristas.org.

Además de inconstitucional, es deprimente la prohibición que el Congreso estableció para que las personas que hayan actuado en defensa de derechos humanos en los últimos cinco años sean miembros de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Esta prohibición se aplicaría a quienes hayan ejercido representación judicial o administrativa en procesos relacionados con el conflicto armado, o hayan pertenecido a organizaciones que hubieran asumido tal representación, o hayan tramitado acciones judiciales contra el Estado colombiano ante instancias internacionales por casos de derechos humanos.

La defensa de los derechos humanos es un derecho reconocido por la Constitución colombiana y por el derecho internacional. No puede erigirse en una conducta reprochable para el desempeño de actividades en un órgano judicial, como la JEP.

En Colombia, “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” (art. 23 de la Constitución) y a ejercer el control del poder político mediante la interposición de “acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley” (art. 40, ídem). Para ello, “toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo” (art. 87), bien sea mediante las acciones contencioso-administrativas, o a través de tutelas (art. 86), o de otros procedimientos para “propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas” (art. 89). Para el efecto, “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad” (art. 38).

Este derecho tiene reconocimiento internacional. Tanto Naciones Unidas como la OEA han adoptado, con el voto favorable del Estado colombiano, resoluciones sobre el derecho a defender los derechos humanos. En ellas se valora como legítima la denuncia de violaciones ante las autoridades internas o ante los organismos internacionales competentes, y la “asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales” (art. 9.3.c de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de promover y proteger los derechos humanos, A/RES/53/144, marzo 8/99). También se deploran “los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos, en el plano nacional y regional” (art. 3, OEA AG/RES 1671, junio 7/99). Estas normas internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Es claro, entonces, que la prohibición establecida por el Congreso es contraria a la Constitución y al derecho internacional. Así lo deberá declarar la Corte Constitucional, pues el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos no puede simultáneamente ser reconocido y proscrito. Pero resulta deprimente que haya legisladores en Colombia que vean la defensa de los derechos humanos como una actividad reprochable. Qué bueno sería que nadie votara más por ellos, por trogloditas.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

[Colombia] Preocupaciones de 142 organizaciones sobre la JEP y defensoras/es llegan a la CPI

por Prensa - Colectivo

Al término de esta acción, la primera de varias que se han anunciado dentro del litigio internacional para salvar el acuerdo de paz y exigir que se cumpla lo pactado, Luis Guillermo Pérez agregó: “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, puede salvar vidas en nuestro país e incluso blindar el proceso de paz si en Colombia continúan los asesinatos y se sigue exponiendo la vida de los promotores de la paz”

Derecho a la verdad | Paz y Derechos Humanos | Paz | Defensores de derechos humanos |

Como parte del equipo de litigio estratégico internacional ante maniobras que buscan la impunidad de máximos responsables en la Justicia Especial para la Paz, JEP, los abogados defensores de derechos humanos Soraya Gutiérrez Argüello y Luis Guillermo Pérez, en representación de 142 organizaciones sociales y personalidades, junto con Andreas Schuller, del European Center for Constitutional and human rights –ECCHR (Centro Europero para los Derechos Humanos y Constitucionales) se reunieron con representantes de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos.

Durante la reunión, la delegada y los delegados solicitaron a la Fiscalía de la CPI que investigue a empresarios promotores del paramilitarismo y de crímenes de lesa humanidad. De la misma manera a agentes estatales no militares que han sido responsables de crímenes de lesa humanidad por acción u omisión y que no serán juzgados en la JEP, según quedó previsto en el Acto legislativo 01 de 2017 que dio vida al este mecanismo de justicia transicional.

“Nos hemos reunido con un equipo responsable de examinar la situación de Colombia para presentarle la carta firmada por 142 organizaciones donde manifestamos las preocupaciones en relación con la JEP donde se petende dejar por fuera a altos mandos, agentes del Estado, civiles y terceros” señaló Soraya Gutiérrez al término del encuentro. “Las decisiones que ha tomado el Congreso colombiano, con responsabilidad también del gobierno y la Corte Constitucional, limitan las posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas frente a crímenes de guerra y lesa humanidad en los que civiles y autoridades distintas a militares y policías han tenido responsabilidad” agregó Luis Guillermo Pérez.

En la reunión, “también denunciamos cómo se quiere impedir la participación de los defensores de derechos humanos en la Justicia Especial para la paz, JEP” comentó Pérez. Esto en relación con las inhabilidades previstas en la Ley estatutaria de la JEP que fueron votadas ayer en la Cámara de Representantes y hoy pasan al Senado de la República.

En el encuentro con la CPI, de igual forma pidieron que se reconozca la sistematicidad de los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y se investigue a los determinadores de dichos crímenes que aún no son investigados en Colombia. “Manifestamos preocupaciones sobre la falta de voluntad de Fiscalía General de la Nación para superar impunidad en casos de persecución a líderes sociales”, expresó al respecto Soraya Gutiérrez.

Esto como antesala a una comunicación que será presentada formalmente por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y el ECCHR, en el mes de marzo de 2018. Al respecto Andreas Schüller afirmó: “Creemos que es muy importante que la Corte Penal Internacional, CPI, incluya el tema de la violencia contra los defensores de derechos humanos en su agenda para asegurar la protección de su trabajo”.

De igual manera, la delegación insistió en que se abra una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque durante sus ocho años de mandato la inteligencia ilegal y persecución contra defensoras y defensores se convirtió en una política de Estado, orquestada desde el alto Gobierno a través de las acciones criminales del DAS, que sigue en la impunidad.

Al término de esta acción, la primera de varias que se han anunciado dentro del litigio internacional para salvar el acuerdo de paz y exigir que se cumpla lo pactado, Luis Guillermo Pérez agregó: “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, puede salvar vidas en nuestro país e incluso blindar el proceso de paz si en Colombia continúan los asesinatos y se sigue exponiendo la vida de los promotores de la paz”

[Colombia] "No me escudaré en el fuero que nos han extendido a los expresidentes en los Acuerdos de Paz" Ernesto Samper

Bogotá, Noviembre 23 del 2017 

Doctora PATRICIA LINARES 
Tribunal para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz Presidente 

Padre FRANCISCO DE ROUX 
Comisión de la Verdad Presidente 

Estimados presidentes, 

Son de público conocimiento los cambios introducidos por el Senado de la República y la H. Corte Constitucional a los Acuerdos de la Habana en los numerales 5.1.2 del acuerdo, en relación con la aplicación del esquema de justicia transicional liderado por el Tribunal que usted preside. Les asiste la razón a los voceros de las FARC cuando consideran estas modificaciones un incumplimiento en materia grave de lo convenido en dichos Acuerdos, de obligatorio cumplimiento internacional por parte del Estado colombiano. En particular, lo que tiene que ver con los alcances de la nueva jurisdicción respecto a la responsabilidad de terceros civiles y aforados especiales en el conflicto. 

La justicia transicional se diseñó para permitir que países que hubieran incurrido en periodos de graves violaciones de derechos humanos, como ocurrió en el caso del conflicto colombiano, pudieran hacer una transición pacífica hacia una nueva época a partir de la visibilización y reparación del dolor de víctimas afectadas. Esto explica por qué el tema de la verdad con el de la justicia restaurativa sean los pilares de la jurisdicción recién creada. Excluir de la obligación los civiles que, en su condición de ciudadanos o funcionarios, apoyaron de manera activa cualquiera de las partes en conflicto, de contribuir con su verdad a la reparación de las víctimas y asumir sus propias responsabilidades, es una decisión inmoral y vergonzosa que tendrá profundas repercusiones internacionales al cobijar con una garantía de impunidad a estos colombianos que contribuyeron de manera activa durante la guerra. 

Aceptar que los únicos llamados a responder ante las ocho millones de víctimas ocasionadas por el conflicto de cincuenta años sean los actores militares involucrados, es desconocer los orígenes del enfrentamiento armado, sus profundas causas sociales e impedir que, al enterrar una parte importante de la verdad de lo ocurrido, la sociedad colombiana pueda reconciliarse de manera definitivamente. 

Por lo que a mí respecta, señores Presidentes, en mi condición de Expresidente de la República, estoy dispuesto a atender todos los requerimientos del Tribunal y la Comisión de la Verdad para contribuir al esclarecimiento de los hechos de guerra ocurridos durante mi gobierno. No me escudaré en el fuero que nos han extendido a los expresidentes en los Acuerdos de Paz para excusar mi participación y responsabilidad en la búsqueda de la verdad de las víctimas que es la razón de ser de la Justicia con Verdad que ustedes presiden y la que necesita este país para recuperar la paz de su conciencia. Invito a mis colegas expresidentes a que hagan lo propio: sería un acto de transparencia histórica que agradecerán las nuevas generaciones de Colombia. 

Atentamente, 

Ernesto Samper Pizano Expresidente de la República

[Colombia] ¿Moñona de la derecha?

Por: Cristina de la Torre.

Primer acto: tras una campaña difamatoria de años que vendía el Acuerdo Agrario de La Habana como arremetida colectivizadora del campo, uribismo y varguismo cooptan al Consejo Gremial e intimidan al Gobierno para trocar la Ley de Tierras en la más agresiva contrarreforma agraria que el país conozca. Segundo acto: Corte Constitucional y Congreso saltan de la relativa impunidad concedida a las Farc a impunidad total para dos actores cruciales de la guerra: para civiles responsables de atrocidades y para mandos militares que las cohonestaron. Ni castigo para éstos, ni verdad para las víctimas. Tercer acto: en las tinieblas de la noche, desenfunda el Senado su daga siciliana para tajar el cuello de medio Tribunal de Paz. Y de la Constitución. Lejos de catalogar como ventaja precisamente su solvencia en derechos humanos y delitos de guerra, ésta le parece, vea usted, una amenaza. Ya el senador Uribe había sindicado de terrorista al reconocido historiador Mauricio Archila, creyéndolo miembro de ese órgano. Epílogo: como no se discutía ya si la Farc podía o no hacer política, sino cuándo, los tres actos de la que pareciera comedia de equivocaciones podrán derivar en drama triunfal de la derecha. O en tragedia, si algún gatillero toma a pecho la acusación contra Archila.

Podrá vaticinarse que ninguno de los 15.000 civiles incursos en delitos graves del conflicto con prontuario en la Fiscalía, sea de izquierda o de derecha, abandonará ese cálido nido para presentarse voluntariamente ante la JEP. Por más que muchos de ellos emulen la conducta de un Jaime Alberto Angulo, o de un Gordo García. Terrateniente el primero, no fue paramilitar, pero participó en la masacre de El Aro en 1997, cuando 200 paramilitares incendiaron el poblado, asesinaron a 16 personas y desplazaron a otras 250. Angulo se sumó a la orgía de sangre y terminó acusado de crímenes de lesa humanidad. García, el segundo, gran elector de Sucre y parlamentario 24 años, tampoco fue paramilitar, pero participó en la masacre de Macayepo que las Auc perpetraron a machete y garrote contra campesinos indefensos. Detalla la sentencia de la Corte Suprema contra él sus reuniones con otros políticos, ganaderos, empresarios y el entonces gobernador del departamento para pactar negocios y “hasta asesinatos” con jefes paramilitares. ¿Cuántos entre los 15.000 habrá que menearan en encuentros de tal laya negocios de narcotráfico y de tierras?

El despojo de predios ha sido masivo, violento y asegurado por ejércitos antirestitución; y la usurpación de baldíos no cesa. Virtual contrarreforma agraria que deja al Estado sin tierra disponible para entregar a los labriegos que la necesitan, dar vitalidad a la economía campesina y eliminar la causa mayor del conflicto. A remediarla con tierras públicas apuntaba la Ley de Tierras. Pero entonces tronó unánime la voz de quienes llevan dos siglos apoderándose de todo en el campo. El proyecto de ley evolucionó de caricatura a afrenta: a instancias de los gremios, de los ricos y de la ultraderecha, terminará por legalizar el despojo y la acumulación ilegal de baldíos.

El Uribe-varguismo soñará con haber hecho moñona contra los dos pilares del acuerdo de paz: la reforma rural y la JEP. Mas se equivoca si no percibe a tiempo la oleada de rabia que crece día a día contra la clase parlamentaria que le reporta a esa derecha sus triunfos de ocasión. Contra la inequidad agudizada del campo que podrá estallar, de nuevo, en guerra. Contra la saga de la Violencia que pretendió cerrar ese conflicto mediante un pacto de silencio entre las élites responsables, y que hoy querría repetir el espejismo exonerando de la verdad a los Angulo y a los Guerra.

[Colombia] De ser un ejemplo a ser una vergüenza para el mundo

Allende La Paz.

Ha bastado poco tiempo para que la oligarquía –esa que vive inmersa en el lodazal de la corrupción- se despojara de la máscara y ”pelara el cobre”.

Una vez dejadas las armas por parte de las FARC-EP, la oligarquía se quiere desentender de la implementación del Acuerdo de Paz y mueve sus fichas en el Congreso –y en juzgados y cortes y en fiscalía- a fin de hacer aprobar no lo que comprometieron con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, refrendado en el Teatro Colón, sino que, como si ellos pudieran re-negociar el Acuerdo, introducir reformas a lo consignado, firmado y entregado a la comunidad internacional para su garantía.

Resaltamos que el Acuerdo de Paz ha sido reconocido como un ejemplo para todo el mundo, al punto que lo promocionan para ser empleado en futuros procesos de paz en el planeta. Es más, la comunidad internacional, ONU incluídas, están involucradas de tal manera en el proceso de paz en Colombia que ellas están vigilando cada paso paquidérmico que da el gobierno y el estado en su conjunto.

La ONU ha estado señalando el no cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Ha llamado la atención sobre ello y ya definió que a fines de diciembre vendrá una Comisión a evaluar en qué estado está la implementación del Acuerdo de Paz, precisamente señalado por el señor Jeffrey Feltman, Secretario General adjunto de ONU para asuntos políticos quien visitó Colombia por éstos días.

A ello se suma ahora la ”embarrada” cometida por el senado que, ante el temor a la JEP y sus deseos de ”blindar” sus propios crímenes y los de sus amigotes –los terceros civiles-, creen que con el Acuerdo de Paz pueden hacer lo que les venga en gana.

No. El Acuerdo de Paz es un Acuerdo entre dos partes –FARC-EP y gobierno en representación del estado- y ello fue rubricado con/ante la comunidad internacional, la cual está sumamente preocupada por el camino que quieren imprimirles los “amigos de la guerra” en nuestro país.

Si no se endereza el rumbo hasta ahora tomado –que podría suceder en la cámara de prepresentantes, cámara baja-, Colombia pasará de ser un ”ejemplo para el mundo” a ser una ”vergüenza para todos los países y pueblos del mundo”.

Ello sería así porque nadie entendería que después de haber discutido el Acuerdo de Paz  por más de 6 años, el corrupto Congreso colombiano quiera reformar el Acuerdo de Paz e introducirle puntos no contemplados en la negociación.

Resaltamos que la Negociación del Acuerdo de Paz se cerró cuando los representantes de FARC-EP y el gobierno nacional firmaron el Acuerdo Final para una Paz estable y duradera.

La posición adoptada por el congreso, la rama judicial, incluído el fiscal, e incluso por miembros del ejecutivo, es una posición espuria y demuestra ante los ojos del mundo la calidad moral y ética de los detentadores del poder en Colombia.

Colombia queda así, una vez más, por sopo-setecienta vez, como un país vergüenza para el concierto de las naciones.

Qué lastima!

Por ello, los colombianos de a pié, los amantes de la paz, tendremos que desarrollar las acciones movilizadoras para defender la Paz, en contra del querer de esa caterva de criminales corruptos, e imponerla. Quieran o no quieran, el pueblo está en capacidad de hacerlo. Y lo hará!!!

[Colombia] Reflexiones sobre una sentencia de la Corte Constitucional

Por FARC.

Con la promulgación de la sentencia C-17 de 2017 la Corte Constitucional ha declarado exequible el acto Legislativo 001 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; tenue esperanza en un escenario de grandes dificultades del proceso por incumplimiento de compromisos gubernamentales en todos los órdenes y por la contumacia de congresistas y de otros actores institucionales empeñados en hacer trizas la JEP, la paz, la reparación a las víctimas del conflicto y la participación política, ésta última, en contravía de lo dictaminado por la Corte.

Saludamos el concepto de exequibilidad proferido por la Corte Constitucional, pero debemos decir que hay aspectos del mismo que generan consecuencias adversas para la paz: 

   1. Desvertebra el concepto de JEP negociado en La Habana, concebido para todos los actores del conflicto. En sentido estricto quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC. 

   2. Todo el esfuerzo por construir un régimen con autonomía propia quedó sepultado. La solución de recursos de tutelas contra fallos quedó en manos de la Corte Constitucional. La solución de conflictos de competencia queda manos de la justicia ordinaria; lo mismo el régimen disciplinario de los magistrados de la JEP. En contravía de lo pactado, se impide la participación de extranjeros en las deliberaciones de las salas y tribunales. 

   3. Se estimuló el régimen de impunidad. Los fueros se extendieron a todos los aforados constitucionalmente. Quedaron liberados los agentes del Estado civiles: ministros, congresistas, fiscales, procuradores, gobernadores, constituyendo una privilegiada casta de intocables. Y ni qué decir de los terceros, que también exonerados, deben estar felices.

   4. La idea de establecer la JEP no era sólo para habilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil y contribuir a la solución política del conflicto. También lo era para superar el régimen de impunidad que se deriva de la justicia ordinaria. Al sacar a los civiles y agentes del Estado, como ya se dijo, se preserva la impunidad, y se desprecia a las víctimas. No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad. 

   5. Se habilita la participación política en términos generales, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo se establece un régimen de condicionalidad que solo aplica para los exguerrilleros. Rompe la simetría y al mismo tiempo deja puertas para perder fácilmente los beneficios.

   6. Aunque no se refiere explícitamente al tema de la extradición, se señala que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias del régimen de condicionalidad conlleva "la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso". Falta esperar a ver qué dice el fallo.

Con la salvedad de conocer en las próximas semanas el texto completo de la Sentencia de la Corte, y desde el respeto a las resoluciones imparciales y equilibradas de los tribunales de justicia en un estado de derecho, queremos hacer pública nuestra preocupación por los pronunciamientos de la Sentencia que declaran inexequibles algunos de los contenidos del Sistema Integral. Entendemos que dicha declaración de inexequibilidad altera contenidos acordados entre las partes, y por lo tanto seria contrario, tanto al principio general de obligado cumplimiento de los acuerdos, como a la norma constitucional aprobada por el AL 002 de 2017, ya declarada plenamente exequible por la Corte Constitucional. Esta norma obliga a todas las autoridades e instituciones del Estado a cumplir fielmente el contenido de los acuerdos de paz; también en su implementación normativa.

Muchos de los apartes declarados inexequibles violan la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto a la Justicia ordinaria colombiana. No hay que olvidar que el Acuerdo Final se alcanzó sobre la premisa de que la justicia ordinaria había actuado durante el conflicto de forma parcial, convirtiéndose en determinados momentos en otra herramienta más de guerra y de impunidad del poder ejecutivo. Sirva como ejemplo el flagrante incumplimiento de la ley de amnistía por parte de autoridades judiciales, que ha impedido la puesta en libertad de todos los miembros de las FARC luego de más de 10 meses de vigencia. Por efecto de la premeditada desfiguración del delito político, el 75% de los guerrilleros fueron hechos prisioneros, imputándoseles delitos comunes. 

La declaración de inexequibilidad de las normas que permiten que la competencia de la JEP se extienda sobre terceros civiles o agentes del estado no combatientes con graves responsabilidades en la comisión de crímenes internacionales, contribuye a mantener la situación de impunidad estructural que ha existido en el conflicto respecto a estos sectores; impunidad sobradamente conocida por la comunidad internacional y destacada en todos sus informes periódicos sobre Colombia por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Uno de los ejes del Acuerdo Final es la necesidad de acabar con cualquier situación de impunidad, única forma de garantizar plenamente los derechos de las víctimas, que como bien sabe toda Colombia, no han sido garantizados suficientemente durante el conflicto, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la Procuraduría, ni por ninguna otra institución. Ahí están como muestra las 15.000 compulsas de copia sobre paramilitarismo y responsabilidades de civiles derivadas de la jurisdicción de Justicia y Paz que nunca han sido procesadas por la justicia colombiana.

Correlativo a lo anterior, reiteramos que nos parece preocupante la interpretación que la sentencia parece hacer del Acuerdo Final y del objetivo de la JEP, como si esta hubiese sido acordada únicamente para tratar lo relativo a las actuaciones de los combatientes en el conflicto y en especial lo relativo a las conductas de la guerrilla. Nos preocupa que las condicionalidades descritas en el Comunicado lo sean exclusivamente respecto a los insurgentes, obviando que el Sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores del conflicto. Nos parece inconveniente que entre las condicionalidades se mencionen algunas que hacen referencia a delitos amnistiables y por lo tanto no graves, y se obvien otras relativas a graves crímenes internacionales cometidos por grupos paramilitares y la fuerza pública. 

Efectivamente el Acuerdo Final prevé condicionalidades para disfrutar los benéficos del sistema acordado, pero en ningún estado de derecho el incumplimiento de las condiciones de un sistema jurídico hace perder a ninguna persona sus derechos. Dicha posibilidad no puede quedar esbozada en el comunicado de la sentencia. La prohibición de extradición, tal y como quedó en el Acuerdo Final, es un derecho y no un beneficio; y modular, limitar o dejar sin efecto esa prohibición constituiría un flagrante y muy grave incumplimiento del acuerdo, máxime cuando la constitución colombiana o los tratados internacionales no establecen ninguna obligación de extradición para ninguna persona.

La constitución colombiana establece una clara división de competencias entre el poder legislativo, al que corresponde acordar las leyes, y el judicial, al que corresponde elaborar la jurisprudencia. Si dicha jurisprudencia estableciera que el acuerdo final contraviene normas constitucionales, no cabe duda que es obligación del Estado, para cumplir lo acordado, modificar las normas constitucionales que colisionen con el Acuerdo Final, en aquello que no contravenga los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y DIH.

Pedimos respetuosamente a la Corte Constitucional que tenga presente que el Acuerdo Final se alcanzó con el fin primordial de acabar con el conflicto y con la impunidad, la derivada de la actuación de cualquier actor, y que el sistema de justicia acordado o sus condicionalidades no puede alcanzar exclusivamente a uno de los muchos actores del conflicto, sino a todos; hayan vestido uniforme o no, tal y como establece el derecho internacional.

Que se respete del contenido de lo acordado en la Habana.

Como están las cosas, este proceso de paz sólo lo salva la movilización multitudinaria del pueblo en las calles

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL, FARC

[Colombia] FARC Rueda de Prensa sobre la JEP

#OjoALaPaz @CConstitucional y Congreso con los actuales términos es un andamiaje que busca incriminar solo a las @FARC_EPueblo @Carlozada_FARC

Aprobación de la JEP por parte de la

Congreso colombiano hace trizas la JEP

EXTRA ! EXTRA !

Bajo la conducción de Roy Barreras y el respaldo total del uribismo, cambio radical y los conservadores, el senado acaba de anular en la práctica el concurso, la selección y el nombramiento de los magistrados de la JEP ! 

Me pregunto: que dirá la Onu, el tribunal europeo de derechos humanos, cuando se enteren que el trabajo de sus delegados, el congreso de colombia lo echó al balde de la basura?

Ahora, mas que nunca se debe hacer la denuncia internacional de esos atropellos.

[Colombia] Oidhaco pide celeridad en la aprobación de la Ley para la Jurisdicción Especial para la Paz

Carta Pública -  Oidhaco.

Carta pública. Oidhaco solicita al Congreso de la República realizar un ejercicio de responsabilidad política y le urge a acelerar la aprobación de la Ley para la Jurisdicción Especial para la Paz

La Plataforma europea Oidhaco expresa su preocupación por los graves retrasos que está enfrentando el proceso de implementación normativa  del Acuerdo de Paz y en particular la aprobación de la Ley Estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso de la República.

El proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz está pasando actualmente por los diferentes debates en el Congreso y ha sido aprobado en sesiones conjuntas de comisiones primeras de Senado y Cámara pero falta discutirlo y someterlo a votación en sesiones plenarias. Oidhaco les manifiesta su preocupación dado que en los últimos días se ha tenido que aplazar su debate y votación en el Congreso. El 30 de noviembre 2017 termina la aplicación del procedimiento rápido de implementación normativa de los acuerdos conocido como el fast track.

La ley que regula la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. La JEP ofrece la posibilidad de juzgar a los y las máximos y máximas responsables de los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra ocurridos con ocasión del conflicto y así contribuir al derecho a la verdad de las víctimas. La JEP hace parte de lo previsto en el capítulo 5 del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto armado. Esta parte del Acuerdo fue el resultado de un proceso extensivo de consultas a través de foros y delegaciones de víctimas a la mesa de negociaciones y estipula que en todo el Sistema Integral las victimas ocupan un lugar central. Además, la Corte Penal Internacional podrá intervenir si no hay garantías de que Colombia pueda juzgar internamente a los responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El 24 de noviembre se conmemora  el primer aniversario de la firma del Acuerdo Final. Oidhaco y la Taula Catalana per Colòmbia  publicaron recientemente su informe ‘A un año de la firma de los acuerdos’  en el que se subrayan diferentes preocupaciones relacionadas con  los retrasos en la implementación  general del Acuerdo y la falta de implementación de disposiciones  fundamentales para la protección de líderes sociales,  el desmantelamiento del paramilitarismo y las garantías para la protesta social.

Oidhaco insiste en la necesidad de un cumplimiento integral del Acuerdo Final para garantizar una paz duradera, sostenible con justicia social y  que respete los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Solicitamos por lo tanto a los miembros del Congreso de la República priorizar estas consideraciones y agilizar la discusión de la normativa que implemente los Acuerdos, en particular el proyecto de ley 008 de 2017 del Senado y 016 de 2017 de la Cámara  sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.

Cordialmente,

La Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia

Para más información, se puede contactar a Miguel Choza Fernández, Coordinador Oidhaco, var em = bicrypt('klaustrophobie', 'Im6FKmuX804KcIIs7LI'); document.write('' + em + '<\/a>');">oidhaco@oidhaco.org, +32 (0)2 536 1913

[Colombia] JEP y acción política

Allende La Paz.

La JEP está en el centro del debate. No porque no estén claros sus alcances, sino porque los marrulleros y corrompidos congresistas –y fiscal- quieren “meterle mano” y re-negociarla para obligar a la FARC a someterse a sus quereres, es decir, aceptar que los venzan en el escritorio cuando nunca lo consiguieron en el campo de batalla.

La clase politiquera –con su puerta giratoria- que una vez son empleados de los empresarios, otras veces son politiqueros, otras veces son mandaderos de los narcotraficantes, etc, etc, y así en sucesión infinita desempeñando “funciones” de acuerdo con el fajo de billetes que metan en sus bolsillos.

Detrás de todo subyace el miedo cerval a que la FARC tenga una aceptación mayor que la calculada por ellos y entre a disputarles el poder político, el cual ha permanecido en sus manos durante más de 200 años (“200 años no son suficientes”?). Por ello insisten en “desmovilizar” y en despojar de todo pensamiento revolucionario al naciente partido, a fin de adocenarlo y reducirlo a su mínima expresión.

Tienen miedo a que las oleadas de pueblo, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres, viejos, etc, vean y entiendan que la FARC es el partido del pueblo, el que realmente adelantará junto a ellos la lucha por construir un país en donde quepamos todos, sin excepción.

Evidentemente que la aceptación se dará en diferentes vías. Una, la política eminentemente, otra la social, otra la de la movilización reivindicativa, etc. Unas y otras están íntimamente enlazadas y tienen vasos comunicantes e interconexiones que están lejos de la comprensión de los corrompidos de la clase politiquera.

Por ello, esa clase politiquera –representante de los sectores empresarios poderosos- hace todo los intentos por torpedear la aprobación de la JEP, entendiendo la JEP –según ellos- como la salvaguarda de la acción política oligárquica. Pretenden que la FARC se sometan a la JEP antes de que comience a funcionar como tal y antes de que puedan posesionarse los farianos, sin entender que en los momentos actuales, en gracia por el Acuerdo de Paz, corren tiempos que bien pueden seguir un curso simultáneo y complementario.

Además, ellos saben que la FARC propenderá por el desarrollo de las fuerzas productivas de la ciudad y el campo, condición sine quanon para vencer el atraso a que ha sido sometido nuestro país por esa oligarquía parásita e incapaz.

Desde luego, la acción del nuevo partido exigirá tensionar al máximo todas sus cuerdas a fin de llegar y abordar a capas cada vez más amplias de población. Los obreros de las ciudades, los campesinos e indígenas del campo, los estudiantes de universidades, colegios y escuela, las amas de casa, los ancianos que sufren por una irrisoria pensión, etc, son nuestras masas, nuestro pueblo, y a ellos nos debemos.

Ésta movilización del partido FARC tendrá que desarrollar las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales, culturalres, recreacionales, etc, sin solución de continuidad con la lucha guerrillera de los años pasados recientes. Ahí reside la fortaleza de FARC.

Que exige esfuerzos? Claro! Qué será supremamente extenuante? Naturalmente! Los esfuerzos que el conjunto de los ex-guerrilleros –y no ex-guerrilleros- tenemos que realizar serán titánicos. Esos esfuerzos no dejarán tiempo para “pensar en pajaritos preñados” si queremos cumplir con la tamaña tarea histórica que tenemos por delante, construir la Paz y una nueva institucionalidad que nos catapulta a la modernidad, al concierto de las naciones.

Tenemos que reconstruir nuestro tejido social y político, nuestras organizaciones, nuestros cuadros, en fin, en todos los frentes hay tareas que enfrentar. Empecemos ya los que todavía no lo hemos hecho y contribuyamos a la más hermosa tarea que tenemos enfrente como reto, construir un Nuevo país para nuestros hijos y nietos.

[Colombia] La JEP y la FARC

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

Los intentos de los politiqueros tradicionales, con su carga de corrupción a cuesta de su enorme jiba, les impide levantar la cabeza y vislumbrar el horizonte del futuro del país.

La FARC desde el comienzo de la discusión –con los enemigos de clase- y el diálogo –con los amigos de la Paz- sobre la Juridiscción Especial de Paz (JEP) fue claro en señalar que la JEP fue diseñada –entre las FARC-EP y el gobierno en representación del Estado- para que la guerrilla de las FARC-EP respondieran por los presuntos delitos que le imputan, pero también para que respondieran militares y terceros inmersos en delitos cometidos en el conflicto armado.

Evidentemente los ”enemigos de la paz” o más exactamente los ”amigos de la guerra” han hecho todos los esfuerzos para sabotear la implementación de la JEP y presentan como un ”triunfo” dizque porque la FARC se someterá a la JEP antes de acceder a cargos de representación popular.

La FARC ha tenido claro que, antes o después, estaba a disposición de la JEP y la resultante de éste sometimiento será de acuerdo con lo aceptado, es decir, la verdad verdadera contada por la FARC resultará en unas conclusiones determinadas. Al igual, los militares, los terceros, es decir, empresarios, ganaderos, terratenientes, etc, que se sometan a juicio de la JEP tendrán que contar ”la verdad y solamente la verdad” y en caso de que no cuenten toda la verdad serán sometidos a condena con todo el rigor que ameriten.

Las personas que han cometido delitos inscritos en el conflicto armado interno que no se sometan a la JEP seguirán incursos en la justicia ordinaria. El grueso de los guerrilleros de las FARC-EP fueron amnistiados y a la JEP accederán algunos de sus comandantes supremos, muestra que en las FARC-EP estaba claro el significado de lo que se conoce como línea de mando, línea que pretende ser escamoteada desde el Estado, desde presidente hasta las cúpulas de las fuerzas militares-policiales que le temen a la JEP porque les correspondería responder por sus crímenes de guerra, empezando por el asesinato del comandante supremo de las FARC-EP, Alfonso Cano, asesinado en total indefensión por orden del presidente JM Santos, y del bombardeo de Ecuador ordenado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para solo citar dos ejemplos emblemáticos.

Es de señalar que hay casos como los del ex guerrillero Jesús Santrich y algunos mandos medios de las FARC-EP que recibieron Amnistía y están libres de toda culpa. Así que, si a algunos les molesta ver a Santrich durante algunas horas en el congreso, a partir del año entrante van a tener que recibir una fuerte dosis de antihistamínicos o de corticosteroides a fin de impedir presenten una “reacción anafiláctica” inducida por la presencia permanente de Santrich en el Congreso.

Es entonces risible –por lo ridículos que se ven- que los CD, CR y algunos conservadores –línea patranista- presenten como un triunfo lo consignado en la discusión congresional de la JEP –y su intento de renegociar el Acuerdo de Paz-, cuando esto estaba contemplado desde la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón.

El Acuerdo de Paz sigue produciendo jurisprudencia en Colombia y en el mundo. Los 10 miembros de FARC que accedan al Congreso –cinco senadores, cinco representantes a la cámara- seguirán en sus funciones como parlamentarios durante el día y durante la noche pernoctarán en sitios destinados para ello, como hasta ahora lo están haciendo resguardados por sus esquemas de seguridad.

Además, en el eventual caso de que FARC obtenga más alta votación –así lo esperamos nosotros en Cambio Total Revista-, tendrá el partido un número de congresistas mayor que el esperado, para prurito y rasquiña de los “amigos de la Paz”. La mezcolanza del CD –narcos del Cartel de Medellín, narco-paramilitares, ejército anti-restitución de tierras fraudulentamente usurpadas a sus dueños, ex M-19, etc- pretende erigirse en adalides de la moral, pero será de la “moral” delincuencial.

Así que “de qué se ríen señores”? Cayeron en su propia trampa. La FARC sigue firme su paso en la construcción de la Paz en Colombia, con el querer de los “amigos de la Paz”.

Con ellos, con la FARC, el pueblo colombiano va reconstruyendo su tejido social roto por años de años de Terrorismo de Estado y avanzamos hacia la unidad en nuestro accionar de lucha por una Colombia en paz con justicia social.

[Colombia] Falta de compromiso gubernamental y estatal con la Paz

Allende La Paz.

Una nueva muestra de la falta de compromiso gubernamental y estatal con la Paz. Paz firmada con la FARC y ad portas de firmar con el ELN, ni siquiera el Comisionado de Paz asistió a la sesión del congreso para aprobar la JEP y los otros puntos de Acuerdo alcanzados con la firma del Acuerdo de Paz para una paz estable y duradera.

Por qué esa falta de compromiso? Evidentemente que al marrullero tahur no le interesaba más que la dejación de armas por parte de las FARC-EP. Por ello, el ”genio” tras bambalinas, Enrique Santos, tampoco aparece para impulsar la Paz. Ello es entendible. Es una posición de clase.

A ellos no les interesa nada más que lo que a ellos favorezca.

No era la Paz el interés del señor Santos, desde luego. Era desarmar a las FARC y, de paso, ganar el Nobel de Paz por ”lo que iba a hacer” y que no ha hecho. Recordemos las posiciones de Enriquillo en El Tiempo respecto de la U.P.

No es la Paz el interés del gobierno Santos. Tan es así que continúan asesinando líderes populares y ex-guerrilleros de las FARC-EP. Ayer asesinaron 2 miembros del Nuevo Partido FARC y a otro líder popular. O sea, siguen aplicando el Terrorismo de Estado con toda su sevicia.

La sistematicidad en los asesinatos –ejecuciones extrajudiciales- demuestra que es todo un plan orquestado desde los centros de poder. Mucho más escabroso que la persecución y terrorismo adelantado durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Por lo menos con Uribhitler sabíamos que obedecían a sus órdenes. Con Santos todo obedece a “casos personales”, como si el asesinato de líderes populares y de FARC no obedecieran a asesinatos motivados por su lucha por las reivindicaciones del pueblo.  

Éstos asesinatos –ejecuciones- son unos asesinatos de clase, ordenados desde el Estado. Eso está clarísimo!

Mas de 768 asesinatos –ejecuciones- de líderes populares y políticos desde 2011 hasta hoy son prueba irrefutable de que desde el Estado/gobierno se sigue desarrollando el más nefasto Terrorismo de Estado.

La FARC está comprometida con la Paz de manera que no hay retroceso. Mas ello no significa que el pueblo, ante el nuevo genocidio que se vé venir, no responda. Lamentaremos que una nueva espiral de violencia se dé en respuesta de la política gubernamental/estatal. El pueblo está demostrando que no se dejará matar impunemente. Ya está movilizado.

Y de allí a dar un salto a la acción de respuesta contra los asesinatos hay solo un paso. Las FARC-EP dejaron las armas. De ello no hay duda. Mas ello no significa que el pueblo no pueda rearmarse. Las armas se compran. Los hombres que las portarán se prepararían para enfrentar el 3er ciclo de Violencia en Colombia. Otras organizaciones podrían nacer.

Todo está dado para que el pueblo enfrente nuevamente la Violencia agenciada desde el Estado.

El pueblo colombiano no se arredra ante el Terrorismo de Estado. No se paraliza. Por el contrario. Se crece ante las adversidades. Ese crecimiento podría desembocar en una acción de masas sin precedents que daría al traste con el estado oligárquico que está empotrado en el poder desde hace más de 200 años.

Más de 200 años no son suficientes?

Señor Santos no juegue con fuego.

Colombia. Fiscal y politiqueros, consiguen dilatar aprobación de la JEP

Cambio Total.

En el rifirafe de ayer en el Congreso entre el Fiscal Néstor Humberto Martínez y la congresista Claudia López quedó en claro cuáles son las maniobras que utilizan éstos sectores para dilatar hasta el extremo la aprobación de la JEP por parte del parlamento.

No importa que uno u otra tengan ”excusas”. Lo prioritario es lo prioritario y ésto es la aprobación de la JEP.

No es prioritario la “denuncia” de las marrullerías del corrupto Fiscal (caso Odebrecht, caso Sarmiento Angulo, caso Baldíos, etc). Tampoco enzarzarse en una gritería de “verdulera de Mercado”que a nada conduce. O sí. Conduce a lo que condujo.

Menos la defensa de uno u otro militante del partido Verde. Ya habrá tiempo y espacio para ello en los estrados judiciales.

Los corruptos senadores aprovecharon la ocasión y se fueron de la sesión parlamentaria. Abandonaron el recinto, cual CentroDemoníaco. A ellos, los parlamentarios, nada les interesa más que asegurar su re-elección. Corruptas como todas sus re-elecciones.

Así que vemos cómo los extremos se tocan y confabulan contra los deseos de paz de los colombianos y contra el sentir de las víctimas que día a día ven escamoteados sus sentires.

Los politiqueros –funcionarios estatales, congresistas, fiscales, etc- se confabulan entre sí y aparentan esas “peleas” a fin de soslayar los deseos de los colombianos pobres.