[Colombia] Esta Fiscalía es una pesadilla

Por: José Roberto Acosta.

“Esta Fiscalía está a reventar, la gente enferma, angustiada, algunos renunciando a pesar de la necesidad de un trabajo. Esta administración es una pesadilla”. Así dice el mensaje de un funcionario a las órdenes de Néstor Humberto Martínez Neira.

Las graves denuncias del senador Benedetti ponen en evidencia el papel de encubridor del actual fiscal general y su ánimo de lucro en cada proceso que tiene que ver con la corrupción alrededor de Odebrecht, descubierta por la DEA.

Aunque es claro el tono de venganza de Benedetti, por tener un pie en la cárcel por cuenta de la compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue por supuestamente recibir comisiones de éxito de Odebrecht por sus maniobras en el Congreso para favorecer a esta multinacional del crimen, también se puede interpretar como una posible vendetta, como la que se destapó con las denuncias sobre corrupción en el Sena, ahogando en la podredumbre al Gobierno.

Con anterioridad Jorge Enrique Robledo, un senador sin tacha, denunció y fue matoneado por el fiscal general, pero, ante la contundencia de las pruebas que involucran a Néstor Humberto Martínez con los irregulares contratos de Asociación Pública-Privada de Navelena y la Ruta del Sol II, tuvo que desistir ante la propia Corte Suprema de Justicia y reconocer que el senador Robledo estaba en lo cierto.

El fiscal general encubre a un pez gordo. ¿Por qué en el proceso que cursa contra José Elías Melo aún no se certifica si sus correos electrónicos institucionales, como presidente de Corficolombiana entre el año 2009 y 2014, fueron desaparecidos? ¿Por qué no se investiga el informe de auditoría interna del Grupo Aval, suministrado este año a las calificadoras de riesgo internacional Fitchratings y Standard & Poor´s, donde se hace mención a estos correos de Melo? ¿Por qué no se menciona que el vicepresidente de sistemas y operaciones de Corficolombiana era el sobrino de Melo y que tiene que responder por tan cruciales correos?

Pero para darles de qué comer a sus onerosos defensores y casquillo a sus detractores, el fiscal general combina las formas de lucha, como lo describe Pascual Gaviria (http://tinyurl.com/y882uns4), encarcelando a opositores de su jefe político Germán Vargas Lleras. Cabe recordar que hasta Robespierre también terminó en la guillotina, y eso que él sí era incorruptible.

@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com

[Colombia] Los buldózeres de la corrupción

Por: José Roberto Acosta.

Ante el fracaso de sus “locomotoras”, Juan Manuel Santos se tenía bien guardado el secreto de sus “buldózeres”: congresistas comprados ilícitamente, mediante comisiones de éxito, para presionar la aprobación de leyes y decretos a favor de contratistas como la corrupta Odebrecht.

Entre las ventajas que estos concesionarios lograron en la última reforma tributaria está el que se les mantenga el IVA en 16 % para no pagar el 19 %, como sí factura el resto de colombianos. También, durante la etapa de construcción, no pagarán el impuesto de renta sino a partir de la entrega de las obras y, además, lo que reciban por peajes también estará exento de pagar renta a la nación.

Otros privilegios logrados por sus mercenarios en el Congreso han sido: casi un billón de pesos del presupuesto de la Nación para regalar coberturas cambiarias que aseguraron a constructores como Mario Huertas un valor del dólar por debajo de los $2.000, mientras el resto vio cómo la fuerte devaluación mermaba su exigua riqueza. También se otorgaron facultades al vicepresidente Germán Vargas Lleras para que, a dedo y a beneficio de quien él decidiera, calificara los “proyectos de interés nacional” para que se les otorgaran licencias ambientales exprés, pasando por encima de conceptos técnicos y de comunidades.

Y como el dinero recibido por la venta de Isagén no les bastó para prestarlo a privilegiados constructores, también autorizaron el otorgamiento de autopréstamos con recursos de pensiones privadas administrados por las sociedades Porvenir y Protección, pertenecientes respectivamente a los “cacaos” económicos del país: Grupo Aval y Grupo Empresarial Antioqueño.

Pero “los buldózeres” no paran y están a punto de aprobar en la Cámara de Representantes una modificación al artículo 32 de la Ley 1508 de Infraestructura, para socializar riesgos que deberían recaer en los hombros de los bancos, como se ha descrito en anteriores columnas y otros medios, obligando a la nación a pagar la totalidad de los dineros que los bancos les presten a los constructores declarados corruptos. Todo con el patrocinio del ministro de Hacienda y el director de la cuestionada Agencia Nacional de Infraestructura, que evaden explicarle al país este multimillonario riesgo contra las finanzas públicas. ¿Quiénes más pertenecen a este grupo de “mercenarios de intereses privados” que introducen tan sofisticada corrupción técnica en las leyes, fiscal Martínez? ¿Usted?

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[Colombia] Zona de distensión tributaria

Por: José Roberto Acosta.

Sorprende que los acalorados enfrentamientos entre presidentes y expresidentes de Colombia, originados en la zona de distensión otorgada a los guerrilleros en El Caguán o a los paramilitares en El Ralito, no se repitan para el caso de las zonas de distensión tributaria que representan los paraísos fiscales.

Tanto los Panama Papers como los recientes Paradise Papers son sólo la punta del iceberg de la floreciente pero reprochable “industria financiera de baja fiscalidad”, nombre elegante para sofisticados y caros asesores especialistas en caminar por esa delgada línea que separa la elusión de la evasión de impuestos, lo inmoral de lo legal.

Tanto el presidente Santos como su socio y exministro Gabriel Silva han ido lejos y justifican su sociedad en una zona de distensión tributaria con el cuento de que la isla de Barbados no es un paraíso fiscal por haber firmado acuerdo de cruce de información con Colombia, según el decreto 1966 de 2014.Sin embargo, dichos acuerdos poco o nada han representado en transparencia tributaria o societal, y por ello Gabriel Silva encubre a sus socios en el Grupo Global Tuition, por cuenta de “prohibiciones estatutarias y legales que protegen el derecho a la información patrimonial” por encima del derecho que tienen los demás colombianos de saber qué hacen sus gobernantes con sus responsabilidades ante el fisco local. Además, dichos cruces de información son a petición de parte, no automáticos, dando espacio a la selectividad, discrecionalidad y conveniencia.

Estos acuerdos de cruce de información con paraísos fiscales son sólo papel. Es como si se firmara una declaración por la paz mundial o la erradicación de la pobreza: sólo forma. Además, muchos de los “pillados” con sociedades en Panamá pagaron sus multas y seguidamente se acogieron a la “reserva tributaria”, blindando su reprochable comportamiento con el erario.

De inmediato salió el superintendente financiero a dar tranquilidad sobre la Aseguradora Global, informando que tiene reservas por $2,2 billones para pagar, entre otros compromisos, las pólizas suscritas de educación universitaria de Global Education Group, esa sí radicada en Colombia, pero que curiosamente reporta en sus balances al cierre de 2016 préstamos a sus socios por $7.727 millones sobre un patrimonio bruto de $19.801 millones. Mucho que explicar en este entramado de poderosos y millonarios felices en su zona de distensión.

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Falsos divorcios

Por: José Roberto Acosta.

La falsa pelea entre el Presidente Juan Manuel Santos y su exvicepresidente German Vargas Lleras se asemeja a la falsas pelea que tuvieron los socios de Interbolsa Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, y que terminó en una sofisticada estafa financiera.

Justificar este falso divorcio político con discrepancias sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) es una cortina de humo que esconde coincidencias en temas más graves que lo afectan negativamente a usted.

En materia económica, este matrimonio aprobó tres reformas tributarias que, además de insuficientes y antitécnicas, castigaron fuertemente el ingreso disponible de los 50 millones de colombianos, han frenado el crecimiento económico y golpeado la calidad del mercado laboral que hoy sufren 9.4 millones de subempleados y 2.3 millones de desempleados. Este nefasto dúo aumentó el endeudamiento del Gobierno central desde $250 billones en diciembre de 2011 a la actual cifra de $490 billones, haciendo trizas la regla fiscal con tal de mantener artificialmente un crecimiento económico al debe y que debemos pagar con más impuestos en el cercano futuro. Fue esta pareja la que, arriesgando irresponsablemente recursos públicos, desembolsó préstamos a empresas privadas de dudosa reputación y ya quebradas como Navelena-Odebrecht; Electricaribe y Cafesalud, con el propósito de evadir soluciones de fondo.

Otros perjudiciales vástagos de este maridaje se extienden a normas como el Decreto 1385 de 2015, que autoriza los autopréstamos a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, poniendo en riesgo los ahorros para la jubilación de más de 13 millones de afiliados. Actualmente impulsa Vargas Lleras, con el apoyo de su fortín burocrático en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el partido Conservador, una iniciativa legislativa que busca modificar el Estatuto de contratación pública y la Ley de infraestructura para que los banqueros privados que le presten dinero a contratistas corruptos no pierdan su dinero y sean los colombianos de a pie quienes respondan por esos créditos, socializando riesgos privados.

Nos tienen distraidos con lo que hagan o dejen de hacer un puñado de exguerrilleros que a duras penas llenarían la tribuna oriental del Estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el matrimonio político Santos-Vargas Lleras se frota las manos cerrando negocios a favor de unos pocos intereses y beneficios privados, pero con cargo al bolsillo de millones de colombianos que, como sucedió en Interbolsa, terminarán estafados.

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Desaparecer el dinero en efectivo

Por: José Roberto Acosta.

Junto con la rueda, la invención de los bancos centrales emisores de dinero es una de las más importantes creaciones de la humanidad, y por ello toma relevancia lo que afirmó John Kenneth Galbraith en su libro Money, acerca de que “el estudio del dinero es, de todos los campos de la economía, el único en que se emplea la complejidad para disfrazar o eludir la verdad, no para revelarla”.

Durante casi cuatro mil años hubo el acuerdo de utilizar para los intercambios uno o más metales, que eran el oro, la plata y el cobre, y desde el siglo XIII los bancos de Venecia empezaron a usar el papel moneda, hasta que ya en el presente siglo las transferencias electrónicas predominan en las transacciones bursátiles y bancarias. Pero ese atavismo al papel moneda debe desaparecer totalmente. Usar billetes tenderá a desaparecer, no sólo por lo fácil que es la transferencia electrónica, sino porque su uso físico favorece a la delincuencia, la evasión y la elusión de impuestos, y toda clase de actividades subterráneas que deterioran a la sociedad en su conjunto.

En su libro de 2016, La ruta del efectivo, el reconocido economista Kenneth Rogoff considera que el efecto de disminuir las transacciones en efectivo reduciría la evasión tributaria entre 10 % y 15 %, que para el caso colombiano equivaldría a un aumento en el recaudo superior a $13 billones por año, muy por encima de las ganancias que tiene el Banco de la República por imprimir billetes y hacerlos valer en el mercado por un valor muy superior a sus costos de impresión. Utilidad conocida como señoreaje y que no supera el billón al año.

El gravamen a los movimientos financieros empeora la situación, estimulando el uso del efectivo, que en nuestro país bordea el penoso 50 % de las transacciones.

Y aunque reducir el uso del efectivo no aparece en la agenda del Banco de la República, ni tampoco de la DIAN, a pesar de sus grandes beneficios, banqueros como Santiago Perdomo, presidente del Banco Colpatria, han propuesto una ley que busque niveles de uso del 30 %, como en México. Gran iniciativa que dificultaría el trabajo de la delincuencia y de los corruptos que carcomen a nuestro país y que se disponen a comprar en efectivo, como siempre, las próximas elecciones.

@jrobertoacosta1;jrobertoacostaopinion@gmail.com.

El insostenible plan fiscal de mediano plazo

Por: José Roberto Acosta

Si algo ha irrespetado este Gobierno es la Ley 819 de 2003, que es la norma orgánica en materia de presupuesto, transparencia fiscal y estabilidad macroeconómica. Irrespeto con la complicidad de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes que, por aplastante mayoría, dejan un terrible legado de desequilibrio en lo fiscal no visto desde hace lustros.

Es poco serio que se plantee, dentro de los principales supuestos de proyección, que el crecimiento económico será este año del 2,3 %, cuando el propio Banco de la República y el Fondo Monetario Internacional han ajustado por debajo del 2 % sus expectativas para 2017. Y es pensar con el deseo un crecimiento del 3,5 % en el año 2018 y tasas superiores al 4 % hacia adelante.

Por si fuera poco, la mentira sigue en lo concerniente al precio del barril de petróleo, que para la referencia Brent se estima en US$70 para este año y entre US$61 y US$70 hacia adelante, en momentos que el mercado se acerca más a los US$40. Pero, además de descachado, el Gobierno se contradice al plantear que la renta petrolera ya no superará el 0,62 % del total del Producto Interno Bruto (PIB) anual, después de ver una máxima participación del 3,3 % de ese indicador en el año 2013. Y si para el Gobierno el sector petrolero no recuperará su importancia, ¿por qué su discurso económico sigue tan dependiente de esta variable? Ya es hora de que nos destetemos de la perjudicial economía extractiva.

Si el bajo crecimiento económico promete desmejorar el recaudo de impuestos y la renta petrolera ya no solventará el derroche de los últimos años, sólo queda el endeudamiento, pero en este frente se reduce el margen de maniobra, pues la deuda neta del Gobierno Nacional Central, como proporción del PIB, pasó de un mínimo del 33,5 % en el 2012, año del boom petrolero, a un peligroso 43,6 % al cierre de 2016, nivel cercano al visto antes de la crisis financiera de 1999.

En conclusión, este gobierno, con complicidad de sus “enmermeladas” mayorías parlamentarias, deja un déficit fiscal difícil a cerrar por el próximo mandatario con herramientas diferentes a más impuestos, por lo que los ciudadanos no podrán sufrir de amnesia al momento de ir a las urnas y de fijar responsabilidades.

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[Colombia] Venta de Cafesalud: negocio financiero

Por: José Roberto Acosta.

Después de la valiosa decisión de frenar la venta de Cafesalud EPS, que reinvindica al vapuleado sistema de justicia, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revocó su medida cautelar y reanudó este negocio, pero develando información que confirma cómo con este negocio no se busca una solución de fondo a los problemas estructurales del pésimo e inviable servicio de salud, sino aprovechar un carrusel financiero de altos réditos para el comprador.

Quedó claro que los $1,45 billones ofrecidos por el comprador no serán capital fresco para el sistema de salud y no cubrirán todos los pasivos de Saludcoop, propietaria del 86,87 % del capital de Cafesalud. Se compensarán deudas del comprador por casi $0,45 billones y el billón restante será pagado a cinco años.

Quedó claro que el consorcio comprador apenas desembolsará de su bolsillo $30.000 millones, 2 % del total del negocio, “de manera casi concomitante con el traspaso de las acciones”, mientras el resto del dinero será a cuentagotas y del usufructo de los billonarios recursos que recibirán del gran botín subastado: 5,8 millones de “mal tratados” usuarios de Cafesalud.

Quedó claro que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fungió de banquero con recursos del Fosyga y de manera irresponsable prestó $200.000 millones en el año 2015 a una entidad quebrada como Cafesalud, que en últimas era la misma Saludcoop, que ya estaba en liquidación. Operación que debiera revisarse por la Contraloría General de la Nación, pues la recuperación de esos dineros está bien enredada.

Y entre otras graves curiosidades, quedó también claro que la venta aún se puede frenar, pues, hasta la fecha, la Superintendencia de Salud no ha autorizando la operación de la “Newco” resultante del proceso de enajenación, “Newco” que debe ser una nueva sociedad a la que se traspasarán los activos y algunos pasivos de Cafesalud y sin la cual no se puede ofrecer el servicio. Seguramente la Supersalud precipite este fundamental requisito ante el temor de que se le enrede este inconveniente negocio, del que ha sido cómplice pasiva, al tiempo que prevarica por omisión por no actuar frente a otras EPS como Coomeva, cuya insostenible situación financiera es peor que la de Cafesalud, algo que obliga a una actuación urgente de la Contraloría y la Procuraduría.

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[Colombia] Carrusel financiero con dineros de la salud

Por: José Roberto Acosta

El Ministro de Salud prestó dineros del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) a una entidad privada en causal de disolución, en una operación con características de riesgo similares al irregular crédito del Banco Agrario al consorcio Navelena-Odebrecht.

El Fosyga es una cuenta billonaria adscrita al Ministerio de Salud, creada en la Ley 100 de 1993 para compensar los recursos de régimen contributivo y subsidiado de salud, promocionar campañas preventivas y servir de seguro ante riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. Pero el ministro Alejandro Gaviria decidió “llevar la contraria” y expidió la resolución 4385 de 2015, para poder hacer préstamos con recursos del Fosyga mediante la compra de bonos de deuda subordinada emitidos por entidades privadas.

Así como el Banco Agrario desfiguró su vocación rural hacia préstamos a corruptos conglomerados de la infraestructura, al Fosyga se le deformó su vocación de salud hacia riesgosas operaciones financieras.

La resolución 4385 es un típico ejemplo de “legislar con nombre propio”, pues su único propósito fue legalizar un crédito barato y con recursos públicos de $200.000 millones en 2015 a Cafesalud EPS, entidad privada a la que ningún banco privado medianamente prudente le hubiera prestado, pues, al cierre del año del préstamo, estaba en causal de disolución o quebrada, con patrimonio negativo de $561.000 millones, representando alto riesgo reputacional y crediticio.

Actualmente, con la venta de Cafesalud EPS al cuestionado consorcio Prestasalud, se ha dicho que la recuperación de este dinero público está garantizada, pues dicen que los Bonos de Cafesalud EPS, adquiridos con recursos del Fosyga, tienen prioridad en las acreencias. Lo que no se dice es que Prestasalud hace esta estratégica compra sin poner un solo peso propio y que, para pagar parte del precio pactado y responder por el crédito al Fosyga, está tramitando otro crédito con Findeter, sociedad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y también de patrimonio público. Entonces, estamos frente a un “carrusel financiero”, donde se pagan dineros públicos con otros dineros públicos, y así los inteligentísimos compradores de Cafesalud EPS no arriesgan un solo centavo de su bolsillo.

Desenredar este irresponsable manejo financiero, donde se socializan riesgos privados y el “marrano” son los dineros públicos, muestra cómo la “tecnocracia criolla” es la base de la corrupción técnica del siglo XXI, “cambalache problemático y febril”.

P.D. Mi solidaridad con Alejandro Gaviria por sus quebrantos de salud.@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com

Venta de Cafesalud debe echarse para atrás

Por: José Roberto Acosta

Entre los compradores de Cafesalud no sólo está Jaime Barrero Fandiño, que de la mano de Carlos Palacino se enriqueció haciéndole las clínicas a Saludcoop, sino también Mediláser, cuya exgerente tiene casa por cárcel por desfalcar al sistema de salud en Huila.

Ni el ministro de Salud, ni el superintendente de Salud, ni la liquidadora deben permitir el cierre de este irregular negocio, so pena de incurrir en delitos que deberán quedar al descubierto cuando se levanten las reservas a la información y demás secretos contractuales de esta turbia transacción.

La Procuraduría General de la Nación advirtió en un contundente documento, horas antes de la adjudicación: primero, que hubo una única propuesta integral, evidenciando un sospechoso direccionamiento de la subasta. Segundo, que se violó la sentencia C-197 de 2012 de la Corte Constitucional, que prohibe que el prestador del servicio de salud sea el mismo asegurador. Tercero, que ilegalmente consolida un sistema de integración vertical entre IPS y EPS que dio al traste con Saludcoop. Cuarto, que el comprador piensa pagar el precio propuesto compensando con lo que Cafesalud le debe y que este cruce de cuentas termina saltándose la fila de acreedores, perjudicando a terceros y violando el artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Quinto, que la Superintendencia de Industria y Comercio está sospechosamente callada ante la violación de la libre competencia, pues se configuraría una posición dominante con la participación del mercado que perjudica a los 5,8 millones de clientes de Cafesalud.

Por si fuera poco, aunque entre los gestores del consorcio ganador sí existen muchos de dudosa reputación, ninguno acreditó la experiencia específica requerida para que exista confianza y legitimación para el desarrollo de la actividad de aseguramiento en salud, por lo que se intentó incluir en último momento a los españoles de Ribera Salud, que han sido acusados en su país de origen de desviar beneficios millonarios de los hospitales públicos que controla a espaldas de la administración, mediante una empresa intermedia llamada b2b Salud.

Si este irregular negociado se perfecciona, al día siguiente el comprador empezará a recibir la unidad de pago por capitación, equivalente a $706.000 anuales por cada uno de los 5,8 millones de clientes adquiridos, y en pocos años tendremos otra quiebra como la de Saludcoop. Déjà vu.

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