Así funciona la corrupción: La ley es (casi) para todos

Por Daniel Coronell, Revista Semana Ver más artículos de este autor

OPINIÓN. Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía como esa. Pero un informe de auditoría afirma que es de Riopaila Castilla.

Foto: Jhon Calson

Uno de los mayores grupos azucareros y agroindustriales de Colombia está burlando la ley para quedarse con más de 40.000 hectáreas en el Vichada. La denuncia la ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo y la empresa implicada es Riopaila Castilla. Como si le faltaran ingredientes, la estrategia

fue diseñada por Brigard & Urrutia, la prestigiosa firma de abogados, cuyo principal socio era el actual embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia.

El cerebro de la operación es el abogado Francisco Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Las actas de la junta directiva de Riopaila Castilla muestran que el doctor Uribe asistió a reuniones desde 2009. Su presencia obedecía a un único propósito: esquivar las limitaciones legales para armar una plantación de palma y una planta de etanol sobre antiguos terrenos baldíos adjudicados a campesinos en el Vichada.

La ley prohíbe a los particulares comprar a adjudicatarios de baldíos extensiones superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), para evitar la concentración de la propiedad en terrenos que fueron del Estado. La violación de esta ley da lugar a la caducidad de la adjudicación. En otras palabras, las tierras compradas así deben volver a ser un bien público.

Sin embargo, la ambición fue más grande que la norma y se inventaron una larga vuelta para saltársela.

La operación empezó en 2010 con la constitución de 27 compañías de papel. Las empresas fueron registradas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Cada una tenía 100.000 pesos de capital, un poco más de 50 dólares, que ni siquiera fueron pagados.

El único accionista de las 27 compañías era el abogado Francisco Uribe Noguera. La dirección registrada es la calle 70A No. 4–41, la sede de Brigard & Urrutia. El representante legal de algunas de las compañías es Luis Hernández Villegas y el de las otras es Alfredo Azuero. Los dos son funcionarios de Riopaila Castilla.

El mismo año de su constitución, las 27 empresas de papel compraron 31.000 hectáreas y firmaron promesas de compra-venta para adquirir otras 11.000. Los predios colindaban entre ellos y eran baldíos adjudicados, o en proceso de adjudicación, a campesinos. 

¿Por qué 27 sociedades y no solo una? Porque así podían comprar –fraccionado en 27– el terreno destinado a convertirse en una sola hacienda.

En algunos casos, como en el de la finca La Chamuscada, una de las SAS reemplazó a quien figuraba como comprador original en un documento. El comprador inicial se llama Álvaro Evelio Parrado y resultó ser el representante legal de Riopaila Agrícola S.A., Castilla Agrícola S.A. y Bengala Agrícola SAS, tres empresas controladas por Riopaila Castilla.

¿De dónde sacaron 27 sociedades de papel cerca de 40.000 millones de pesos para comprar estos predios? Se los prestó Riopaila Castilla y así está registrado en sus libros.

Mientras los colombianos despedían el año, el 30 de diciembre de 2011, el doctor Francisco Uribe Noguera cedió las acciones de las 27 SAS –sin recibir pago a cambio– a cinco compañías españolas.

Las sociedades españolas tienen un solo dueño que se llama Asturias Holding S.A.R.L., basado en el principado de Luxemburgo. 

Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía de esas características. Sin embargo, un informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, afirma con todas las letras que Asturias Holding pertenece a Riopaila Castilla.

 Le pedí al grupo Riopaila Castilla que me diera su concepto sobre la denuncia del senador Robledo. Ellos, habitualmente corteses, guardaron absoluto silencio.

El embajador Carlos Urrutia, por quien tengo respeto y aprecio, informó a través de un comunicado a los medios que vendió sus acciones en Brigard y Urrutia antes de asumir el cargo. Eso es cierto, pero también lo es que el diseño de este plan y su ejecución tuvieron lugar cuando él era socio y cabeza de la firma.

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que la compra de estas tierras “fue irregular” y se efectuó “por fuera de la ley”. Sin embargo “como el chicharrón es muy complejo” parece más interesado en adaptar la norma a la irregularidad que en hacer cumplir la ley vigente.