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[Colombia] ¿Quién paga por el tiempo y la ineficiencia del transporte en Bogotá?
Escrito por Andrés Camacho.
¿Contar el tiempo gastado en el transporte público como parte de la jornada laboral?, Sí, es posible. "Para ello vamos al Congreso de la República, a trabajar por Bogotá y sus habitantes, la gente del común y sus problemas".
Fotografía tomada de: http://www.ctpdbogota.org/2015/12/15/crisis-de-movilidad-en-bogota-d-c/
Hace unas semanas luego de realizar la inscripción de nuestra lista para la Cámara de Representantes por Bogotá por la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN - FARC anuncié que una de nuestras propuestas para los Bogotanos y Bogotanas consiste en que el tiempo que la gente gasta en el transporte sea contado como parte de la jornada laboral, de inmediato recibí mensajes de muchas personas con curiosidad por la propuesta, también recibí mensajes de empresarios inquietos por el costo que tendrían que pagar por la ineficiencia de nuestro transporte público, he recibido criticas pero también sugerencias. A todas las personas que han entrado en contacto con nosotros muchas gracias, estamos convencidos de la necesidad de una política dialogante y más cercana a la gente, aquí está la primera parte de la respuesta a todas esas inquietudes.
Recientemente Moovit (Aplicación que ofrece información del transporte público a través de mapeo y navegación GPS en diferentes tipos de transporte) publicó el Reporte de Uso Global de Transporte Público, este informe es el primer análisis significativo de Big Data gracias a los datos de sus más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, además el informe presenta el análisis de decenas de millones de solicitudes de información a través de la aplicación en las ciudades más importantes del planeta, lo cual representa un esfuerzo sin precedentes para medir las tendencias globales de movilidad. El reporte presenta entre otros datos, el tiempo total de viaje diario de los usuarios en las principales ciudades de Latinoamérica, el resultado deja en la peor ubicación a Bogotá con 97 minutos de duración promedio de un viaje de origen a destino en un día laborable.
De otra parte el reporte indica que Bogotá es la ciudad de Latinoamérica en la que mayor parte de los ciudadanos deben viajar más de 2 horas para llegar a sus puestos de trabajo, por arriba de ciudades como Ciudad de México o San Pablo.
Estas cifras sumadas a la percepción cotidiana muestran la gravedad del problema que enfrentamos, así que adoptar medidas urgentes es una necesidad; sin embargo, nos encontramos con políticas como las que Enrique Peñalosa viene adoptando, por ejemplo su modelo de Metro no solo desconoce los estudios adelantados para el trazado subterráneo, el Metro de Peñalosa es más corte, con menos estaciones y seguramente más costoso, en el mejor de los casos terminará siendo trencito alimentador o peor, como algunos venimos anunciando terminará siendo un Transmilenio de segundo nivel.
Peñalosa viene adoptando medidas para la consolidación de un modelo de movilidad cuya columna vertebral es Transmilenio, más troncales y más diesel quemado y arrojado al aire de nuestra ciudad. Medidas que al contrario de solucionar, terminarán agravando dicho problema en nuestra ciudad. La movilidad es mucho más que transporte, impacta todos los aspectos de la vida y la ciudad, la movilidad afecta la calidad de vida de millones de personas que diariamente pierden su tiempo en el transporte, de miles de familias que ven restringido su tiempo para compartir o simplemente para descansar, de esa manera la movilidad también afecta la productividad de la ciudad y los costos para los empresarios.
En 2014 FENALCO a través de su Área de Investigaciones Económicas, realizó una encuesta a empleados y empleadores afiliados al gremio, identificando y dando a conocer los aspectos más relevantes que impactan la productividad laboral, el informe llamado “La productividad de la ciudad, en semáforo en rojo”, el informe muestra como la movilidad está afectando la productividad de Bogotá señalando lo siguiente:
“Aunque se presenten ciertos inconvenientes a la hora de llegar al lugar de trabajo, el 36% de las personas manifiestan llegar cumplidos a su jornada laboral, el 64% confiesan llegar tarde al menos una vez a la semana, cifras preocupantes para los comerciantes ya que dichos retrasos generan costos (lucro cesante) debido a que los empleados no se encuentran en el ejercicio de sus labores, afectando la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones de cada uno. Desde el punto de vista de los empresarios, el 15% de sus empleados llega tarde a trabajar diariamente. El 84% de las personas se retrasan entre 15 y 30 minutos, el 2% entre 30 y 45 minutos”.
El informe manifiesta que el 77% de los trabajadores indica que los motivos por los cuales se presentan retrasos a la hora de cumplir con el horario de trabajo se relacionan con los inconvenientes de movilidad que actualmente aquejan a la ciudad. Hoy trabajadores, trabajadoras, empresarios y el estado mismo estamos pagando con tiempo, con pérdida de ingresos, de oportunidades y con millones de pesos la ineficiencia de nuestro sistema de transporte, por ello la tarea obvia y obligatoria es trabajar para mejorar la movilidad de nuestra ciudad, sin embargo es necesario adoptar otras medidas urgentes para evitar el colapso de Bogotá, dichas medidas van desde el Ordenamiento Territorial, flexibilidad en el horario de trabajo, establecer diferentes turnos laborales y el uso de las TICs para promover el teletrabajo en el ejercicio de labores para las cuales no es indispensable permanecer en el puesto de trabajo.
En ese marco se circunscribe nuestra propuesta de contar el tiempo gastado en el transporte público como parte de la jornada laboral, para ello requerimos reformas en la normatividad existente, normas que permitan a quienes trabajan mejorar su calidad de vida, y a la ciudad y los empresarios mejorar la productividad, un marco jurídico capaz de contribuir a introducir estas medidas en el contrato laboral, para ello vamos al Congreso de la República, a trabajar por Bogotá y sus habitantes, para trabajar por la gente del común y sus problemas.
Andrés Camacho M.
Candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá - FARC
@andrescamachomp
URL Corto: goo.gl/Wihf9j
[Colombia] Todo quedó en borrador
Sí, todo, menos las frustraciones al por mayor y en cadena que trajeron consigo, en vez de la paz social que se daba por descontada, el Acuerdo de Paz y sus desarrollos efectivos en los diferentes puntos negociados y convenidos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, cuyo fin superior era el de poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo entre una guerrilla abanderada de la solución de su causa, el conflicto social, por la vía de las armas, y un Estado anclado históricamente en el statu quo.
Pero no ha ocurrido así, ni va a ocurrir, pues todo ha quedado en borrador, en cuartillas y bosquejos desperdigados por ahí. Nada se ha pasado en limpio para su impresión indeleble en las páginas y folios de la realidad nacional.
Haciendo como correspondía, acordó y pactó la plana, el ejercicio, en los territorios y con los colombianos que, sin atenuantes de ninguna clase, han padecido a lo largo de medio siglo los rigores de esta guerra de despojos de todo, exterminio, desplazamientos, pobreza, exclusión hasta de la esperanza, lo último que acaso aún conservaban entre sus tiliches.
Pero que otra vez, y quién sabe si en esta por 100 años, se ha vuelto a perder entre unos borradores que el Gobierno no ha sido de capaz de concretar siquiera con quienes lo dejaron todo por unos acuerdos de los que apenas si se han cumplido los protocolos de su firma y de la entrega de armas por parte de las guerrillas, porque lo otro, lo de fondo, lo fundamental, se lo llevó la avalancha del incumplimiento, la peste del olvido.
Eso de que “lo fundamental del Acuerdo de Paz ya se cumplió”, como afirmó el presidente Santos en Barranquilla (El Heraldo, 31 de Diciembre de 2017), simple y llanamente no concuerda con la realidad ni tiene el respaldo de los hechos cumplidos, a menos que “lo fundamental” se reduzca al gaseoso concepto de Gómez Hurtado, o al desarme y recogida de la guerrilla en campamentos que nunca se terminaron ni dotaron adecuadamente, o al acopio de todos los chécheres que, con capacidad de hacer ¡pum!, pudieron acumular las Farc en 50 años.
Si tal, “lo fundamental del Acuerdo de Paz ya se cumplió”, y con creces y ñapa: le procuró a Colombia el honor y la honra, el segundo en su historia, de un Nobel.
Lo demás es lo de menos, y cualquier cosita es cariño: el aterrizaje de los programas de desarrollo en los territorios que soportaron hasta el exterminio el conflicto armado, y llevado desde siempre sobre sus vidas el lacerante de las exclusiones y el no menos inicuo de las desigualdades.
De lo cual es mejor no darse por aludido, ni por pesimista señalará el presidente Santos, porque “vamos por buen camino”, aunque a poco, Sancho, topemos con la trocha inhóspita, rocas insalvables y cuanta traba es dable pensar en esta travesía.
A decir verdad, del Acuerdo de La Habana, de lo poco que del original suscrito quedó después de las …y tantas revisiones, modificaciones y recortes en las …y tantas instancias por las que pasó, “son demasiadas las deudas con lo pactado” (El Espectador), con quienes, líneas arriba lo mencionamos, llevaron la peor carga, el peso bruto, de la artillería pesada del conflicto en regiones y territorios claramente identificados como el escenario natural de la confrontación.
¿A dónde, en qué tierras, se van a desarrollar los proyectos y emprendimientos productivos circunscritos a los guerrilleros hoy en tránsito en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, convenidos en el Acuerdo? ¿A dónde los tres millones de hectáreas comprometidas para “aterrizar” el Fondo de Tierras?
E hilando más delgado, fino y delicado, ¿quién les va a garantizar y a hacer efectivas a los reincorporados farianos la seguridad jurídica, física y socioeconómica, igualmente convenidas, pactadas y rubricadas en los acuerdos?
Entre tanto, ya se hace notoria la pérdida de confianza de la comunidad internacional y de la ONU, entre otros importantes apoyos, en un Acuerdo de Paz cuyos desarrollos y resultados no se dejan cuantificar, ni cualificar, más allá del mínimo aceptable para este trascendental evento en la vida de la nación.
“Todo ha quedado en borrador, pero por la Paz, la reconciliación y la convivencia entre los colombianos, seguimos adelante”, afirma sin titubeos Benedicto González, responsable del campamento de Pondores, La Guajira.
No obstante esa resuelta e irreversible apuesta de la guerrilla por la paz, otro fuera el panorama si el Gobierno hubiese procedido con la misma vehemencia y resuelta convicción y responsabilidad de la contraparte en el desarrollo de los acuerdos que vislumbraron el fin del conflicto armado y el principio del fin del social.
Poeta
[Colombia] “El Balance no es positivo”: Jesús Santrich (FARC)
| La euforía era grande en septiembre de 2016 cuando las Farc hizo un acto público en la Plaza Bolívar, ya constituido como partido político según las reglas del Estado colombiano. Pero el caracter traicionero de ese Estado se ha expresado en el largo proceso para alcanzar un Acuerdo de Paz y las trampas ha sido muchas, por eso solo 18 por ciento del Acuerdo se ha cumplido. |
Por Dick Emanuelsson
Entrevista con el ex comandante Jesús Santrich (Farc) sobre el hecho que solo el 18 % del Acuerdo de Paz se ha cumplido.
Video:
TEGUCIGALPA / CARTAGENA / 2018-01-04 / ¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz?
La pregunta hace el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP). Hasta la fecha solo se ha cumplido el 18 por ciento de lo pactado en este primer año. Según el documento presentado a finales de 2017 la mayoría de los incumplimientos son responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso.
Hablamos con el ex comandante Jesús Santrich (Farc) en la madrugada del jueves (4 de enero, 2018), solo unas horas antes que se encontrara él y otros cuatro líderes del nuevo partido Farc con el presidente Juan Manuel Santos y los expresidentes José ´Pepe´ Mujica y el ex presidente del gobierno español, Felipe Gonzalez respectivamente.
La tarea era de hacer un balance del primer año del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado colombiano.
Pero también tocamos el trabajo por la construcción y desarrollo del nuevo partidoFuerza Alternativa Revolucionaria en Común y su papel en la campaña electoral que comienza formalmente el 15 de enero.
Escucha toda la entrevista con Seusis Pausivas Hernández Solarte, alias ´Jesús Santrich´:
Video / Audio: https://youtu.be/O_f_xPx1O2s
[Colombia] FARC: Análisis sobre el estado de la implementación del primer año de los Acuerdos de La Habana
Escrito por FARC.
Intervención de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en reunión de balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana.
Señor Presidente, JUAN MANUEL SANTOS
Señores ex presidentes PEPE MUJICA y FELIPE GONZÁLEZ
Señor vicepresidente de Colombia, General OSCAR NARANJO
Señor Alto Comisionado de Paz, señores Ministros:
La paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la firma del Acuerdo Final en La Habana. La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las FARC. La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y lideres sociales no cesan. En este ambiente, sentimos que los Acuerdos de Paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad".
El pasado 15 de noviembre de 2017, Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de NNUU, luego de escuchar a representantes tanto del Gobierno como de las FARC, exteriorizó, entre otras, las siguientes apreciaciones:
“Nos preocupa la falta de estrategia de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito. Creemos que se necesitan esfuerzos a mayor escala, incluso proporcionando tierras para proyectos productivos. Compartimos la profunda preocupación por los vacíos de autoridad en muchas áreas y la inseguridad resultante para las comunidades a medida que grupos ilegales se movilizan para llenar el vacío. Seguimos viendo asesinatos de líderes sociales y algunos ex miembros de las FARC. Vimos esto trágicamente en Tumaco y me entristeció enterarme del asesinato, en los últimos días, de un ex miembro de las FARC en Antioquia y dos líderes comunitarios en Nariño y Cauca".
Un tercer punto de preocupación han sido las incertidumbres legales, especialmente para los miembros de FARC.
"La decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacífica en un contexto democrático, es el corazón del asunto. Ese es el trato, y está en el centro del acuerdo de paz. El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional. Existe una evaluación común de que se debe hacer más para garantizar que se mantengan los logros notables de la primera fase del proceso de paz”.
Unos días después, el 30 de noviembre, el Consejo de Seguridad a través de un comunicado precisa que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Respalda la alta instancia internacional lo expresado por el señor Feltman, y pide se acelere la implementación y el proceso normativo en consonancia con lo acordado, al tiempo que reitera la importancia de defender la participación política de las FARC.
En entrevista reciente el reconocido columnista colombiano, Antonio Caballero, expresó lo que es ya una extendida certeza al interior del país:
“Me parece que la realidad política actual es sumamente catastrófica. En mi opinión, lo que fue de la destrucción de los Acuerdos de Paz acabó con lo que venía siendo lo más importante durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Lo único bueno que había sucedido en el país a lo largo de 30 años, lo están despedazando sin ningún sentido. Todo esta frenado: las decisiones del Congreso, las conversaciones con el ELN, las conversaciones con los paramilitares. Espero que un día podamos dejar de lado, al fin, la obsesión que hemos tenido con la violencia. Eso nos ha tenido estancados durante medio siglo. Mientras no cambiemos la manera de pensar, las cosas seguirán por el mismo camino”.
En el foro IMPLEMENTACIÓN: ENTRE LA PERFIDIA Y LA POTENCIA TRANSFOMADORA, realizado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, no encontramos mejor epígrafe que una reflexión contenida en La nieve del Almirante del escritor Álvaro Mutis para expresar nuestro sentimiento:
… Saber que nadie escucha a nadie. Nadie sabe nada de nadie. Que la palabra, ya, en sí, es un engaño, una trampa que encubre, disfraza y sepulta el precario edificio de nuestros sueños y verdades, todos señalados por el signo de lo incomunicable.
Señores expresidentes, luego del fin del Procedimiento Legislativo Especial, más conocido como fast-track, que buscaba la implementación normativa de aspectos esenciales del Acuerdo de La Habana, base de nuestro futuro, hemos venido presenciando el hundimiento triste del más grande esfuerzo colectivo de los colombianos por lograr la paz, sin que nadie de los que pueden, se atreva, a contracorriente de sus adversarios, a tomar las decisiones que sean necesarias para salvarla.
Lamentablemente ha incidido como una maldición la coincidencia del cierre de las negociaciones de La Habana con el comienzo de la campaña electoral en Colombia. Para nuestra desgracia, el ejercicio sublime de consagrar la paz como derecho superior exacerbó en las cámaras legislativas las más bajas y repudiables conductas de la politiquería: un mercado de transacciones de vicios y de ambiciones, de chantajes al gobierno para votar cada norma, terminaron distorsionando la letra y el espíritu de lo pactado.
De repente, y envueltos en ese torbellino de pasiones desbocadas, la contraparte, es decir las FARC a través de sus voceros de paz en el Congreso, quedaron convertidos en convidados de piedra, y obligados a contemplar desde las graderías con dolor la depredación del Acuerdo de La Habana. Es la verdad pura y limpia.
Deploramos la poca visión y la insensibilidad desplegada por algunos legisladores y agentes institucionales, que no han admitido que la paz es el más elevado de todos los derechos, el derecho síntesis, sin el cual no será posible la materialización de ningún otro derecho, como el de la alimentación, el derecho a tener agua, vivienda, tierra, salud, educación, trabajo, vías de comunicación, buen transporte público, conectividad, tolerancia, y democracia.
Acostumbrados a actuar de espaldas al sentido común, ciertos parlamentarios convirtieron la implementación normativa en un pretexto para renegociar el Acuerdo de La Habana. Ni siquiera leyeron con atención el punto 6.1.8. Inicio de la implementación del Acuerdo Final, que a la letra dice: “Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 7 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016”.
Entendemos que el Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado, ha adquirido unas obligaciones internacionales que no puede ignorar. Por nuestra parte solicitaremos al Consejo de Seguridad en Nueva York elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz. Igualmente procederemos, como parte, a consultar a la oficina Jurídica del CICR en Ginebra los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial, como el que busca la terminación del conflicto colombiano. No; esto no debe asumirse como un cuestionamiento al Gobierno, sino todo lo contrario. Es un derecho que tienen las FARC de exigir lealtad a lo firmado, al cumplir ellas el compromiso supremo de dejación de las armas.
Por otra parte, ni los legisladores, ni los poderes institucionales pueden soslayar que el Acuerdo de paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso de la República, y que fue investido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, por lo tanto no puede ser modificado a rajatabla, antojo y capricho del Fiscal, de un grupo de parlamentarios, o por conceptos contradictorios de la misma Corte. Los acuerdos son para cumplirlos. Pacta Sunt Servanda.
Claro está, que las desgracias del Acuerdo de Paz comenzaron con los comunicado de la Corte, que, contrariando su propia jurisprudencia, abrió la compuerta para que todo el mundo le metiera la mano, lanzándolo así al foso de los depredadores para que lo hicieran trizas. En materia tan elevada debió prevalecer la coordinación armónica de los poderes para asegurar la paz y no su autonomía para cambiar arbitrariamente, para asombro del mudo, la geografía de lo pactado.
Presidente Santos, vemos muy difícil que concluido el Fast Track, se puedan aprobar por vía de proyectos de ley con mensaje de urgencia, normas que reflejen fielmente lo pactado. Vendrían nuevos chantajes, y mucho más en vísperas electorales. Todavía hay tiempo para optar y ejercer potestades constitucionales extraordinarias para momentos de emergencia. Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado. El Gobierno tiene el deber de defender el Acuerdo de Paz en sus aspectos básicos. Es decir, el Gobierno debe hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado en La Habana. Las competencias para establecer Acuerdos de Paz y firmarlos se reservan en la Constitución al Presidente, quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado.
Dentro de esta perspectiva, se puede aun salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las FARC. No se puede vulnerar el principio de igualdad de las partes. El sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores en el conflicto. Teniendo en cuenta que solamente la verdad puede sanar las profundas heridas ocasionadas por el conflicto, debe ser una obligación para todos ofrecerla de manera amplia y suficiente. No permitamos que la inexequibilidad de la competencia de la JEP sobre terceros civiles o agentes del Estado no combatientes, involucrados en crímenes internacionales, siga dejando viva la impunidad al establecer fueros con extensión a todos los aforados constitucionalmente, reafirmando así la existencia de una casta privilegiada de intocables. Dejarlo de esa manera, sería equivalente a una burla cruel a las víctimas el conflicto.
Como grave complemento a las distorsiones de lo acordado se impide que los defensores de derechos humanos sean jueces de la JEP, limitación que no se introduce para quienes hayan sido defensores de miembros de la fuerza pública, de paramilitares o de las instituciones del Estado.
Por otra parte, no olvidemos que el Acuerdo Final se logró sobre la premisa de que la justicia ordinaria había actuado durante el conflicto de forma parcial, convirtiéndose en ciertos momentos en otra herramienta más de guerra e impunidad. Es necesario tramitar el Acto Legislativo que permita poner en marcha de forma definitiva la Unidad Especial de lucha contra las organizaciones criminales, para que se apersone de las 15 mil compulsas de copia existentes contra el paramilitarismo y que reposan sin molestia, engavetadas, en la Fiscalía General de la Nación. Debe preservarse la autonomía de la JEP, sin intromisiones de nadie inventando inhabilidades a magistrados para hacer parte de la JEP, ni a ex guerrilleros para hacer política. Está claro que la condición principal para hacer política es el abandono de las armas. No nos explicamos cómo en estos momentos se incrementan recursos de inhabilidad política ante el CNE, mientras el gobierno de los EEUU desempolva sus indictments o requerimientos judiciales contra antiguos dirigentes del Secretariado acusándolos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y lavado de activos.
Pedimos al Gobierno del Presidente Santos retirar cuanto antes, mediante acción normativa, el epitafio Requiescat In Pace (Que descanse en paz) que el congreso le colgó a la Reforma Política. Nadie en Colombia pierde la esperanza de tener una democracia amplia y participativa. Deseamos una nueva calidad para el sistema político, abrir las puertas a la participación, recurrir al voto electrónico para sofrenar, o mejor, desterrar el fraude, la corrupción y el clientelismo. La Reforma Política es y será siempre, asunto cardinal para superar las causas históricas del conflicto.
Debemos reiterar nuestra preocupación por el crecimiento, cada vez mayor, de la inconformidad y desencanto de los antiguos guerrilleros en los espacios territoriales por los incumplimientos del Gobierno. En ninguna parte se ven proyectos productivos en desarrollo que no sean los adelantados por los esfuerzos colectivos de los excombatientes a través de cooperativas fundadas por ellos, aportando los pocos recursos de la bancarización.
Presidente, ordene a sus funcionarios espuelear ya el caballo de la reincorporación política, económica y social que desde hace un año esperan los excombatientes. A muchos de los nuestros no les han resuelto todavía el problema de su identidad, y por lo tanto, no tienen acceso a la bancarización. Ordene liberar ya a los centenares de prisioneros farianos que continúan presos en las cárceles porque a algunos jueces de ejecución de penas, no les vino en gana hacerlo, los cuales no han recibido ninguna amonestación o sanción por denegación de justicia. Que actualicen las bases de datos de la Fuerza Pública para que no se sigan deteniendo a guerrilleros amnistiados. Que el cuerpo élite de la policía creado para proteger la vida de ciudadanos y líderes sociales en los territorios empiece a mostrar resultados. Y si los hay, que se den a conocer. Que sea motivo de preocupación que a un año de firmada la paz llevamos 30 ex guerrilleros muertos, también 11 de sus familiares y más de 150 dirigentes comunitarios asesinados.
Necesitamos tierras tituladas para desarrollar allí nuestros proyectos productivos y de vida. Hasta el día de hoy no hemos recibido el primer centímetro de tierra para ese propósito. Que se empiece a formalizar, sin temor, a los campesinos que actualmente la ocupan y se les de tierra a aquellos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Todos queremos ver el inicio de la materialización de los compromisos del gobierno dirigidos a dignificar la vida en el campo.
La Reforma Rural Integral, luego de 5 años de nuestro primer acuerdo parcial, todavía no cobra vida. Pero sí tenemos, por el contrario, un proyecto de ley radicado en consulta previa sin haber pasado siquiera por la CSIVI, el cual hace añicos la ley 160 del 94 que era el cuerpo normativo del que se podían agarrar un poco las comunidades rurales para alcanzar sus reivindicaciones. Hoy se sigue expandiendo el latifundio y la extranjerización de la tierra, atropellando de paso la soberanía alimentaria y la preservación de los recursos del común.
La nueva política antidrogas pactada en La Habana, no es hoy un proceso genuino de sustitución con acento en el respeto a los derechos humanos, sino un proceso de erradicación brutal que cuenta entre sus logros más deplorables la masacre de campesinos en Tumaco y la multiplicación de los cultivos por la persistencia de una política equivocada. Mientras se trata de mostrar eficacia persiguiendo al eslabón más débil de la producción, ningún resultado notable se observa en lo que concierne a la persecución de capos solapados en las capitales ni de blanqueadores de dineros, que incrustados en el corazón del capital financiero, son en realidad el motor del narcotráfico.
No desconocemos la voluntad del Presidente Santos, Premio Nobel de Paz, en intentar sacar el proceso al otro lado, pero hay mucha burocracia y unos enjambres de asesores que solo saben utilizar la norma, no para solucionar los problemas, sino para agudizarlos. Y no es justo, porque ello solo refuerza el saboteo de la derecha a los esfuerzos de paz. Hemos sido testigos de la preocupación del Presidente por el estado actual del proceso, pero también le hemos dicho, que tiene a su disposición potestades constitucionales para manejar exclusivamente las riendas de la paz. Lo reiteramos: Puede salvarla porque tiene a disposición herramientas legales concebidas precisamente para salvar un proceso de paz.
Como cierre de estas reflexiones, llamamos la atención por la disminución en el ritmo de producción de la CSIVI y el CNR, lo cual empieza avizorarse como un ocaso temprano de las dos instancias fundamentales concebidas para garantizar el impulso de la implementación y la reincorporación.
Finalmente, queremos de manera especial señalar el papel de La Fiscalía General de la Nación en contra del Acuerdo de Paz y de la JEP:
El Fiscal ha operado como jefe de bancada de Cambio Radical en el Congreso para conseguir la mayoría de las modificaciones operadas en la JEP, siempre en perjuicio de las FARC. Atendiendo a las solicitudes del Presidente Santos, hasta en tres ocasiones nos hemos reunido con el Fiscal General para “negociar” sus propuestas, pero una vez logrado el consenso el mencionado funcionario salió con nuevas pretensiones que en últimas fueron las que hizo aprobar por el Congreso.
3º.- La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de las normas necesarias para otorgar tratamiento de renuncia a la acción penal a mujeres en situación de exclusión social, con cargas familiares, condenadas por pequeños delitos relacionados con el narcotráfico sin carácter violento. Estos tratamientos penales especiales son recomendación de la OEA y así se acordaron en La Habana
La Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización.
Además, introdujo en el Decreto 898 de 29 de mayo, por el que se acordaba la creación de la Unidad Especial en el seno de la FGN –que debía ser complementada con las reformas constitucionales bloqueadas- un título II de reformas de la Fiscalía que va a provocar que la Corte Constitucional declare inexequible todo el Decreto, por haberse introducido en él, materias no previstas para el procedimiento Fast Track. Estas incorporaciones, no consensuadas en la CSIVI, se impusieron con la mala intención de que se declarara inexequible lo relacionado con la Unidad Especial.
Presidente Santos, señores expresidentes de Uruguay y España, con todo espeto, estas son nuestras principales preocupaciones en torno a los desarrollos del proceso de paz.
Por todo su respaldo al proceso de paz en Colombia, muchas gracias, señores expresidentes Felipe González y Pepe Mujica; Muchas gracias a los gobierno de Cuba y de Noruega, países Garantes del proceso; Muchas gracias a Naciones Unidas por el extraordinario papel de su Segunda Misión.
Desde Cartagena, La Heroica, queremos que ustedes y el pueblo colombiano tengan certeza, que no obstante las dificultades, seguiremos marchando sobre la convicción de que haber puesto fin al conflicto, es el hecho más importante de las últimas décadas en el país.
URL Corta: https://goo.gl/A1vLrK
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[Colombia] Tiembla el poder de la maquinaria
Allende La Paz.
Habíamos dicho que la
emergencia del Nuevo Partido de FARC pondría a temblar a los partidos políticos
del establecimiento y, también cómo no, los de “izquierda”.
Igualmente señalábamos
que el Acuerdo de Paz tendría –y tiene- que producir necesariamente transformaciones
en la estructura estatal en lo relativo a la tenencia de la tierra, reforma
política, representación de circunscripciones de paz, etc.
Ya lo estamos viendo.
Los partidos de la
extrema derecha (CD, Cambio Radical, Conservador, etc) andan en correndillas
tratando de “imponer” sus candidatos, ayudados por los medios en poder de la
oligarquía (Semana, El Tiempo, El Espectador, etc, en los cuales los periodistas
son meros alfiles en el tablero de ajedrez) que no escatiman esfuerzos para
mostrar las ”bondades” de esos candidatos que tienen sus manos y sus
conciencias manchadas de sangre.
También vemos los
esfuerzos de la llamada Coalición Colombia (Fajardo, Claudia López,
Robledo), quienes también en
correndillas ”eligió” a dedo a Fajardo como su candidato presidencial, quien
sacó las uñas tempranamente y se definió neo-liberal al proponer aumentar la
edad de jubilación para los trabajadores, al igual que circulan ciertas
denuncias cuando estuvo al frente de las administraciones de Antioquia (apoyado
por Uribe Vélez).
Mas a pesar de ello,
esos candidatos del establecimiento, según las encuestas que ellos mismos
financian, no son los “preferidos” de los colombianos encuestados. Por
primera vez en la vida del país, candidatos de la llamada ”izquierda” –por fuera de la ”rosca
tradicional”- repuntan sobre los candidatos de la extrema derecha y de la
derecha del establecimiento, lo cual muestra del sentimiento de los colombianos.
De cumplirse lo vaticinado por esas encuestas, los
candidatos de la centro-izquierda pasarían a segunda vuelta para enfrentarse
con alguno de la extrema derecha. Eso
sin contar con el ”gallo tapao” de Timo, el candidato presidencial de la FARC,
quien en esas encuestas tiene más preferencia que Ordóñez (extrema derecha) y
otros candidatos del establecimiento.
Desde luego que la
preocupación es si la FARC ha logrado re-organizar su base social en las áreas
históricas de presencia guerrillera y si esa base social se traducirá en votos.
Por ello es que además
de temblar las estructuras de los partidos del establecimiento y del aparato burocrático
estatal mismo, ese mismo fenómeno se está presentando a nivel individual con
los candidatos del establecimiento. El único que se salva es De la Calle (liberal)
y si éste sabe jugar sus bazas podría estar en la baraja a elegir teniendo en
cuenta su contribución al Acuerdo de Paz.
El Acuerdo Final de Paz
tiene por ésta razón tantos enemigos en el campo de la oligarquía (partidos
políticos, empresarios, etc) y por eso están tratando de hacerlo “trizas” en su
implementación, solo avanzó 0,3% desde octubre hasta diciembre 2017, a fin de
impedir su consolidación ya que de realizarse será cada vez más difícil para
los defensores del statu quo, enemigos de la paz, mantenerse en el poder.
Por esa razón, además, persisten en la aplicación del
Terrorismo de Estado que ya llega más de 166 asesinados, según las cuentas de
TeleSUR. Esa es la razón del actual desangre del pueblo colombiano.
[Colombia] FARC, Fuerzas Militares Estatales y Salud Mental
Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.
La investigación adelantada por la Universidad Nacional
muestra que más de 3.ooo excombatientes de las FARC-EP, ahora miembros del
Nuevo Partido, padecen de algún tipo de discapacidad, sobresaliendo entre ellas
las discapacidades físicas producidas por la guerra.
Sin poder discernir si
son o no problemas mentales, encontramos que ”oir la voz o los sonidos” tiene
un 9% y ”Relacionarse o interactuar con las demás personas” un 2%, lo cual
podría darnos un 9%. Sería necesario profundizar un poco más para clarificar
con una evaluación psicológica si son problemas o alteraciones mentales, o son
de otro tipo, físico con manifestaciones que se engloban como de tipo psicológico.
En todo caso, el
porcentaje total es pequeño, apenas un 9%. Si tenemos en cuenta que 53 años
continuados de lucha guerrillera y la cantidad de guerrilleros –que algunos
calcularon en 20.000 en los momentos de mayor auge guerrillero-, la cantidad de
guerrilleros que presentaban alteraciones mentales era realmente pequeño y nos
muestra el cuidado que tenían los mandos sobre sus unidades.
Hemos sabido por
experiencia directa de casos de problemas mentales, tales como el miedo, la
angustia, la depresión, etc, producidas quizás ante la inminencia de un
combate, y los mandos correspondientes tomaban la medida de remitir esas
unidades hacia los enfermeros y médicos con que contaba la guerrilla.
Allí recibían el
tratamiento respectivo, psicológico y psiquiátrico, y los guerrilleros –sin
diferenciar género ni sexo- eran reintegrados a su unidad una vez superado el
impasse. Algunos recibían los medicamentos adecuados para su caso y, además, el
tratamiento psicológico con charlas individuales, discusiones grupales, etc.
Igualmente problemas
como el alcoholismo y el uso de sustancias psicoactivas no eran relevantes
entre los guerrilleros. El uso de sustancias ilícitas –coaína, bazuco, heroina,
marihuana, anfetaminas, etc- no eran preocupantes para la guerrilla.
De igual manera, la depresión y los intentos de suicidio no
eran parte de la cotidianidad de la vida guerrillera.
Quizás jugaba un papel en la poca incidencia de problemas
mentales el hecho de la vida colectiva, la estrechez de las relaciones mando-guerrillleros,
la estrechez de las relaciones entre
guerrilleros y guerrilleras, lo cual permitía ”tratar” problemas que sino
hubiesen sido muchos más graves en la guerrilla.
Los guerrilleros no vivían el estrés que soporta un soldado,
por ejemplo; el guerrillero vivía en condiciones de sana relación con sus
mandos y con el resto de guerrilleros una vida alegre, de sano compartir y el
estrés se presentaba cuando había una operación militar guerrillera o presencia
de enemigos en el área, lo cual con el tiempos se volvía parte de la
”cotidianeidad”.
Las unidades de las fuerzas especiales guerrilleras
(Columnas de Combate) se aposentaban sobre el terrero y normalmente se ubicaban
a 100 metros del enemigo, al punto de que se veían entre ellos. Famosa era la
recomendación del Comandante Caliche de la Columna Jacobo Arenas quien siempre
recomendaba a sus guerrilleros ”al enemigo hay que mantenerlo cerca, así
evitamos cualquier sorpresa por parte de ellos”.
Esto se explica porque el ser guerrillero es ser combatiente
e ir al combate era un motivo de orgullo para los guerrilleros. Hoy, las cosas han cambiado, es inmenso el honor
pertenecer al partido FARC y adelantar las tareas que el momento requiera
partiendo del principio: “Análisis concreto de la situación concreta”.
Fuerzas militares oficiales y salud mental
Según un “Estudio Salud
Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas en las Fuerzas militares de
Colombia, realizado el año 1997 por la Universidad Militar Nueva Granada, y con el
apoyo de la División de Comportamiento Humano del Ministerio de Salud y el
Fondo Nacional de Estupefacientes, los oficiales, sub oficiales y soldados del
Ejército Nacional están más propensos a desarrollar problemas mentales que el
resto de los colombianos. Los índices de depresión, ansiedad psicosis, e
incluso las ideas e intentos de suicidios, son más altos que los del resto de
la población. Igualmente tienen más al abuso en el consumo de alcohol y
cigarrillos, al igual que de sustancias ilícitas como la cocaína y el bazuco,
superando el promedio nacional”.
Una desorden importante es el Estrés
Post-Traumático, el cual desde “la Guerra
del Peloponeso, la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil, en todas
las grandes guerras” ha existido como secuela de la guerra.
Según el diario El Espectador: “En Colombia, por el contrario, no hay un
solo estudio publicado que determine la proporción de exsoldados que sufren de
TEP. El Hospital Militar se encontraba llevando a
cabo uno en soldados heridos en combate justo cuando se firmó el cese al fuego
bilateral con las Farc. No obstante, dado que dejaron de llegar soldados
heridos, este tuvo que abandonarse. Ese estudio halló una prevalencia parcial
de 10,4 %, una cifra alta si se tiene en cuenta que las Fuerzas Armadas cuentan
con más 240.000 efectivos. Si
el estudio fuera definitivo, implicaría que en este momento más de 24.000
miembros de las Fuerzas Armadas, más de tres veces el número de guerrilleros
desmovilizados de las Farc, sufrirían de TEP. Dados diversos estudios sobre
comorbilidad entre TEP y otros problemas, esto a su vez significaría que por lo
menos 24.000 soldados, más de ocho brigadas, estarían viviendo con
insomnio, pesadillas, alucinaciones, problemas para conseguir empleo,
propensión a la violencia, mayores probabilidades de
suicidio, abuso intrafamiliar, drogadicción y alcoholismo. La cifra puede
parecer alta, pero no tiene en cuenta que el conflicto se remonta más de 50
años y que la mayoría de los soldados ingresan a las Fuerzas Armadas sin
ninguna clase de problema mental (sic!).
Ver: https://colombia2020.elespectador.com/pais/estres-postraumatico-soldados-atrapados-en-la-guerra
Al no haber estadísticas, no hay forma de cuantificar
el problema. Sanidad Militar carece de cuentas exactas de soldados activos o
pensionados diagnosticados con TEP (Estrés Post-Traumático), “la entidad solo
tiene las cifras del número de consultas específicas relacionadas con éste
desorden (en 2016, más de 5.000)”.
El problema apenas empieza a vislumbrarse con el
Acuerdo de Paz con las FARC-EP. La carencia del número adecuado de
profesionales que diagnostique y trate las enfermedades mentales en las fuerzas
militares y el ser un problema económico mayor ya que una vez licenciado el
soldado la institución militar no responde por quien arriegó su vida por los
intereses del estado agrava estos casos, y los enfermos descargan toda su furia
en el Acuerdo de Paz y no realizan acciones sobre los verdaderos responsables
de tan caótica y penosa situación.
