[Colombia] Iván Duque es un representante de la extrema derecha, no lo olvidemos

José María Carbonell.

Ya empiezan los medios en poder de la oligarquía a maquillar a los candidatos de extrema derecha para hacerlos ”vendibles” a los electores en las próximas elecciones del 2018.

Empezaron con Daniel Samper ”descubriendo” –medio en broma, medio en serio-  la cara "afable" del derechista Iván Duque, anti Acuerdo de Paz, apoyado por los narco-paramilitares que en su edición anterior reconocieron más de 150.000 asesinatos –ejecuciones- de campesinos, indígenas,  gentres pobres. El analista político Ramiro Bejarano, afortunadamente, le ripostó acertadamente en Twitter.

El ”ingenuo” Danny Samper en un acto de magia de clase ve la cara oculta de iván Duque como si esa cara se pudiera maquillar con sus trinos en Twitter.

No. Iván Duque y el CD de Álvaro UribeVélez encarnan lo más retardatario de Colombia. Las más sanguinarias épocas padecidas por los colombianos pobres. Ellos son los que aplicaron el Terrorismo, de estado cuando estuvo UribeVélez 8 años en el “palacio de Nari”, terrorismo de sus aliados narco-paramilitares –como Popeye- y que hoy día pareciera adelantan el más espantoso asesinato selectivo de los líderes populares.

Recordemos que UribeVélez justificó –y nunca se retractó- los “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales) con una espantosa frase: “De seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café”. Las madres de Soacha demostraron que fueron ejecuciones en jóvenes llevados al campo engañados con la promesa de un trabajo (en una Colombia en la cual el desempleo entre los jóvenes ronda el 60-70%).

Esos crímenes están en la más espantosa impunidad toda vez que el supremo responsable –el comandante supremo de las fuerzas militares, el presidente de la república, a la sazón Álvaro UribeVélez- no ha sido ni siquiera llamado a indagatoria por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez por ley del presidente.

No nos dejemos engañar porque los que ayer utilizaban la “cizaña” contra el Acuerdo de Paz, que más antes realizaron chuzadas de periodistas, políticos democráticos, sindicalistas, etc, y adelantaron el más espantoso terrorismo de estado, que junto al gobierno de Andrés Pastrana, son los que más víctimas causaron en el “conflicto interno”.

No nos dejemos engañar por el cambio de estrategia. El marketing político les señaló la necesidad de cambiar el discurso, de mostrarse como las “ovejas mansas”, a fin de cazar incautos.

Duque y UribeVélez pretenden recuperar el favor de los sectores de la extrema derecha colombiana –conservadores, liberales, Iglesias, etc-, los cuales se han corrido al lado del otro representante de la extrema derecha, Germán VargasLleras (Germán no es el man), al mismo tiempo que conquistar a los despistados que militan en el abstencionismo.

Esa es su apuesta.

Mas no olvidemos que “así la mona (narcoparamilitres) se vista de seda, mona se queda” y siempre será narco-paramilitar por siempre.

Una vez conseguido el objetivo de ser elegido presidente, UribeVélez será el que gobierne a Colombia y lo más probable es que la sume en un espantoso baño como el de la Violencia de Ospina y compañía, o la haga regresar  a las épocas de ingrata recordación de la guerra fratricida.

Entonces nos aplicarán la reforma laboral con su aumento de la edad de jubilación, precarización laboral, no pago  de horas extras, y nuestros jóvenes y no tan jóvenes trabajadores tendrán que someterse a la informalidad laboral, “economía del rebusque”, y a vender su fuerza de trabaja hasta por “un plato de lentejas”.

[Colombia] Falta de compromiso gubernamental y estatal con la Paz

Allende La Paz.

Una nueva muestra de la falta de compromiso gubernamental y estatal con la Paz. Paz firmada con la FARC y ad portas de firmar con el ELN, ni siquiera el Comisionado de Paz asistió a la sesión del congreso para aprobar la JEP y los otros puntos de Acuerdo alcanzados con la firma del Acuerdo de Paz para una paz estable y duradera.

Por qué esa falta de compromiso? Evidentemente que al marrullero tahur no le interesaba más que la dejación de armas por parte de las FARC-EP. Por ello, el ”genio” tras bambalinas, Enrique Santos, tampoco aparece para impulsar la Paz. Ello es entendible. Es una posición de clase.

A ellos no les interesa nada más que lo que a ellos favorezca.

No era la Paz el interés del señor Santos, desde luego. Era desarmar a las FARC y, de paso, ganar el Nobel de Paz por ”lo que iba a hacer” y que no ha hecho. Recordemos las posiciones de Enriquillo en El Tiempo respecto de la U.P.

No es la Paz el interés del gobierno Santos. Tan es así que continúan asesinando líderes populares y ex-guerrilleros de las FARC-EP. Ayer asesinaron 2 miembros del Nuevo Partido FARC y a otro líder popular. O sea, siguen aplicando el Terrorismo de Estado con toda su sevicia.

La sistematicidad en los asesinatos –ejecuciones extrajudiciales- demuestra que es todo un plan orquestado desde los centros de poder. Mucho más escabroso que la persecución y terrorismo adelantado durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Por lo menos con Uribhitler sabíamos que obedecían a sus órdenes. Con Santos todo obedece a “casos personales”, como si el asesinato de líderes populares y de FARC no obedecieran a asesinatos motivados por su lucha por las reivindicaciones del pueblo.  

Éstos asesinatos –ejecuciones- son unos asesinatos de clase, ordenados desde el Estado. Eso está clarísimo!

Mas de 768 asesinatos –ejecuciones- de líderes populares y políticos desde 2011 hasta hoy son prueba irrefutable de que desde el Estado/gobierno se sigue desarrollando el más nefasto Terrorismo de Estado.

La FARC está comprometida con la Paz de manera que no hay retroceso. Mas ello no significa que el pueblo, ante el nuevo genocidio que se vé venir, no responda. Lamentaremos que una nueva espiral de violencia se dé en respuesta de la política gubernamental/estatal. El pueblo está demostrando que no se dejará matar impunemente. Ya está movilizado.

Y de allí a dar un salto a la acción de respuesta contra los asesinatos hay solo un paso. Las FARC-EP dejaron las armas. De ello no hay duda. Mas ello no significa que el pueblo no pueda rearmarse. Las armas se compran. Los hombres que las portarán se prepararían para enfrentar el 3er ciclo de Violencia en Colombia. Otras organizaciones podrían nacer.

Todo está dado para que el pueblo enfrente nuevamente la Violencia agenciada desde el Estado.

El pueblo colombiano no se arredra ante el Terrorismo de Estado. No se paraliza. Por el contrario. Se crece ante las adversidades. Ese crecimiento podría desembocar en una acción de masas sin precedents que daría al traste con el estado oligárquico que está empotrado en el poder desde hace más de 200 años.

Más de 200 años no son suficientes?

Señor Santos no juegue con fuego.

¡¿Qué le pasa a Antioquia, papá?!

Por: Lisandro Duque Naranjo. 

Esta semana, las autoridades antioqueñas se lucieron. El gobernador Luis Pérez se apareció con la idea de crear “Vicealcaldías de seguridad” para los municipios de su departamento que han sido desalojados transitoriamente por las Farc, ahora ubicadas en zonas veredales. Como si la dejación de armas significara que cortan su umbilicalidad con esas poblaciones en las que históricamente han tenido asentamiento y, por ende, influencia.

Las Vicealcaldías del calenturiento gobernador estarían comandadas por un coronel activo y tendrían sicólogos, ingenieros, médicos, “para mantener la armonía social, pues por ahí hay muchos milicianos de las Farc y cultivos de coca”.

No hay manera de que el gobernador Pérez se tranquilice y deje de aportar iniciativas estorbosas. No aprende el hombre, ni entiende lo que se dice nada. Y como es tan avispado, cinceló una frase rarísima: “el acuerdo de paz es nacional, pero el posconflicto es regional”.

Es obvio que localmente algunas iniciativas del posconflicto deban adecuarse a circunstancias que varían entre una región y otra —pues Pondores, por ejemplo, al quedar en la Guajira, no es igual que Ituango o Remedios, que quedan en Antioquia—, pero esas variables deben estar subordinadas a una estrategia nacional que desde luego se encuentra en el Acuerdo de Paz. Y si cada gobernador, alegando la entelequia de la soberanía en su jurisdicción, se antoja de volverse muy creativo, e inconsultamente genera hechos cumplidos, y peor aún, contrarios al principio inspirador del Acuerdo de Paz discutido durante cinco años por los propios negociadores, y avalado por instancias internacionales prestantes, la fase del posconflicto va a convertirse en un popurrí quizás un poco más caótico que pintoresco. De modo que el gobernador Pérez es mejor que se vaya con sus coroneles a otra parte. Es que en realidad sus tales Vicealcaldías tienen un aire como de brigadas cívico-militares bastante rancias. O de post-convivir, mejor dicho. Ya está bien de esa maña paisa trasnochada —lo digo por su actual dirigencia— de convertir el acuerdo de paz en una cosa ahí para volverla leña.

Y aquí otra patada de antioqueño: con motivo de la caída en flagrancia del director de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, quien negociaba a su antojo con hampones de la “Oficina” (de Envigado), encargándoles, por ejemplo, capturar fleteros, o rescatarle vehículos robados a su familia, la periodista y politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana (hay que empezar a decir de qué universidad es cada quien), Luz María Sierra, decía lo siguiente en el programa Semana en Vivo, de María Jimena Duzán: “esa es la misma forma de coadministrar decisiones que puso de moda el acuerdo de paz. A lo mejor, Villegas estaba infiltrado en el crimen organizado para someterlo a la justicia. ¿cuál es el problema?”. Ella dice esos exabruptos toda sobrada, como si a Gustavo Villegas, para ordenar esos “cruces” o “vueltas”, le hicieran acompañamiento la ONU, la UE, los gobiernos de Noruega, Cuba, Chile, Venezuela, y hasta el papa Francisco y el presidente Obama.

Desde esa perspectiva caricaturesca y éticamente minimalista, sería lógico que Humberto de la Calle le pidiera a un comando de las Farc recuperarle una bicicleta robada a un nieto suyo. Y que las Farc le hicieran ese “catorce”. ¿A qué jugamos, doña Luz María? Y don Luis Pérez, ¡¿qué le pasa a Antioquia, papá?!

Caen los corruptos en Fiscalía y Alcaldía de Medellín

José María Carbonell, Nueva Colombia.

Aún tenemos la capacidad de sorprendernos. No es para menos. A más de los escándalos de Odebrecht y el robo de los Baldíos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que se apropió –con la ayuda del hoy Fiscal General NHM, de 22.000 hectáreas, nos sorprende que el Fiscal Anticorrupción –nombrado por el Fiscal General- resulte enredado en la Trama de la Corrupción.

El fiscal anticorrupción llegó a la fiscalía con el hecho pensado. No hay de otra. Era su oportunidad de oro para llenarse los bolsillos, para eso se había preparado todo ese tiempo de estudios.

Es necesario señalar que eso de "llenarse los bolsillos” es una práctica diaria, consuetudinaria, en los funcionarios estatales que llegan a determinado cargo. La fiscalía anticorrupción no era la excepción ya que es sabido que en Colombia los jueces, fiscales, etc, producen acciones judiciales de acuerdo con el grueso del fajo de dólares –no pesos colombianos!- que entren a sus bolsillos.

Ahora, el ex fiscal anticorrupción era corrompido desde antes. Su novia fue capturada con coca en El Dorado y el novio diligente la defendió y se valió de estratagemas para sacarla en limpio. O sea, el tipito era ya corrompido con tiempo de antelación. Lo que también “sorprende” es que el Fiscal General no haya “visto” lo que ahora todos podemos ver.

Más diciente de la corrupción reinante en la Fiscalía es que el Fiscal general diga que el fiscal anticorrupción Moreno –carachas, otro Moreno, qué casualidad!- no fue recomendado por nadie, cuando todos sabemos que en Colombia nadie llega a un puesto burocrático sin recomendación de un jefe politico, menos un cargo tan alto como que era la “política Estrella” de la Fiscalía, combatir la corrupción.

Esto me hace recordar a Turbay Ayala cuando espetó que iba a  “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Será que el Fiscal general sabía de qué manera iba a combatir la corrupción? Será que la corrupción se combate incentivando la corrupción? Ahhh…

Como si lo anterior fuera poco, el Secretario de Seguridad de la alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas, tenía ”conexiones” con la Oficina de Envigado y comunicación directa con narco-paramilitares.

Es de recordar que la alcaldía de Medellín, mejor dicho, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se ha caracterizado por ser un “antagonista” del proceso de Paz logrado entre las FARC-EP y el gobierno Santos, en representación del estado colombiano.

Ahora se viene a entender las razones del “antagonismo”. El tipito Villegas es un narco-paramilitar de racamandaca. En esa dirección se entendería también la posición del gobernador de Antioquia, Luis Emilio Pérez.

Definitivamente es de tal grado la corrupción en Colombia que se juntan todas las formas de corrupción. Lo que extraña es que ni el Fiscal general ni el alcalde de Medellín responden políticamente por los actos de corrupción de sus subalternos. Ah, es que estamos en Colombia…

Por ello, está a la orden del día la propuesta de lograr entre los colombianos de bien un Gobierno de Transición que no solo defienda el Acuerdo de Paz, sino que aborde también la lucha contra la corrupción y todos los demás problemas insatisfechos que dieron origen y perpetuaron el conflicto interno.

Sin afrenta a los militares

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

La implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno de JM Santos –en representación de todo el estado- continúa. No sin dificultades. No sin ”palos en la rueda”.

Las dificultades son ”normales”. Incumplimientos, modorras, retrasos, etc. Algunos funcionarios insisten en obstaculizar la implementación. También hay un grupillo que parece que no sabe sintonizarse con los nuevos aires que se respiran en Colombia. Tampoco eso es extraordinario. Siempre hay y habrá trogloditas que estén en contra de todo. De lo bueno y de lo malo. De lo hecho y lo no hecho.

Mas una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El grupillo de los Oficiales en retiro –”en uso de buen retiro”- sigue empecinado en enviar cartas al presidente Santos “sentando su posición”. Eso está bien, también. Que se manifiesten. Es preferible un enemigo frentero a uno agazapado.

Que los oficiales en “uso de buen retiro” sigan enviándole cartas al presidente Santos. Esas cartas no hacen daño. Por el contrario, hacen bien ya que muestran a los colombianos de “buena fe” que el camino que señalan los oficiales en uso de buen retiro no es el correcto. En ningún sentido.

En momentos en que el país está construyendo la Paz, los oficiales “en uso de buen retiro” continúan con sus posiciones guerreristas. Consideran una “afrenta” que el presidente de la República, JM Santos, haya llevado a los miembros de las FARC-EP a la escuela de aviación de Cali. Mas no analizan la situación en que el evento se presentó. No entienden que fue una situación fortuita, un imponderable, que llaman.

El mal tiempo impidió llegar a La Elvira (Cauca), a donde se dirigían, y con la presencia de delegados internacionales también, hubo que realizar el acto desde la Escuela de Aviación. Un acto histórico.

Qué bien que se hizo allí. Un gesto más de Paz del señor presidente de la República, comandnate supremo de las fuerzas militares colombianas. Comandante actual. No ”en uso de buen retiro”. Un gesto más que nos demuestra que la Paz está asentada sobre bases cada vez más sólidas.

Las cabezitas obtusas, estrechas, no entienden –no quieren entender- que la guerra con las FARC-EP se terminó. Mejor dicho, que el evento mencionado culminaba la última parte de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, la guerrilla más Antigua y experimentada del mundo, la cual entre otras cosas no fue vencida por las fuerzas militares estatales con todo su poderío (será eso lo que le produce “roncha” a los oficiales?) y por eso se tuvo que adelantar el proceso de paz.

Ahora bien, si alguien ha sido respetuoso del honor de los militares estatales han sido precisamente las FARC-EP. Tuve conocimiento, contado por miembros de esa guerrilla, que el comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda, insistía en darles el trato merecido a un enemigo. Ni siquiera permitía que les dijeran la ”bota militar”, ”pata e´cuero”, o ”tombos”, y, mucho menos, que les dieran tratos deshonrosos de su condición militar. Al enemigo se respeta como enemigo era la orientación al interior de las FARC.

Quizá valdría la pena que los oficiales ”en uso de buen retiro” –afortunadamente ya no son oficiales en servicio activo- releyeran la actitud de respeto que el Libertador Simón Bolívar prodigó a su encarnizado enemigo Pablo Morillo cuando se sentaron a discutir sobre la guerra que adelantaban ambos en representación de los pueblos de latinoamérica y de la corona española.

También es importante resaltar que entre las FARC-EP y el personal militar encargado de su seguridad en las Zonas Veredales (ZVTN) se han ido estableciendo lazos que nos hacen pensar que la reconciliación no es imposible en nuestro país. Hay muchos ejemplos de ello. Definitivamente en estos momentos tenemos que ”exorcisar” los propagandistas del ”Apocalipsis”. No podemos permitir que, bajo una supuesta historia, nos condenen a 100 años más de guerra. No dejemos que la desesperanza se disemine como una infección en el cuerpo de la Paz.

El pueblo colombiano es amante de la Paz. Lo ha demostrado cientos, miles, de veces. Las manifestaciones del Silencio y demás expresiones son muestra de ese amor por la paz. También de su disposición de luchar por la paz, incluso al costo de la vida misma.

Definitivamente tenemos que Humanizarnos en vez de barbarizarnos, Universalizarnos en vez de humanizarnos. 

https://www.facebook.com/PostalesDeEstocolmo/posts/1376294345795807:0 

"Si nos hacen un gol, si no se cumple el acuerdo, la barra debe ponerse la camiseta"

Por Ricardo Telléz.

En un texto enviado a Semana, Ricardo Téllez, más conocido como Rodrigo Granda, del Estado Mayor de las Farc, compara el proceso de paz con un partido de fútbol. Esta es su reflexión.

Ha sido una ilusión por muchos años, ver a la Selección Nacional de Fútbol en la final de un Mundial. Imaginar que para llegar a esa instancia tuvimos que perder muchos partidos, tuvimos muchos lesionados, bajas e incluso -durante décadas- ni si quiera clasificamos al certamen internacional. Pero viva está la ilusión de ver algún día a Falcao, James, Cuadrado y todos los muchachos alzando el trofeo, como si sus brazos interpretaran el anhelo de todo un país. Así mismo ocurre con la paz. 

Hemos clasificado a la final de la paz, no es hora de hacer chambonadas. Hay que concentrarse para que el partido sea perfecto. Tenemos que cruzar la media cancha, cumplir con el plan estratégico para que el árbitro no nos saque la tarjeta. Esquivar en defensa la Corte Constitucional y al fiscal general de la Nación. Ellos de bobos no tienen nada. Hacen conscientemente todo lo que pueden para impedir el triunfo de la paz, o sea, hacer un autogol contra el país. Claro que si en el área chica, alguien comete una falta, debemos aprovechar el penal. Mirar de frente a ese portero apátrida, que de tanto odio, odia a su propio país. Ese arquero, que habla mal de Colombia por todas partes, estira los brazos a las armas y si no para el remate del balón, es capaz de explotar de rabia, viendo un estadio lleno de payasos que solo habitan en su imaginación. 

Si nos hacen un gol, si no se cumple el acuerdo, la barra debe ponerse la camiseta. Los hinchas de la paz deberán salir a las calles y alentar porque ganemos este partido. No debemos quedarnos mudos ante el árbitro, debemos exigirle que se cumplan las reglas del juego. Las garantías de seguridad física y socioeconómica, son para que mañana festejemos la paz en paz, sin la amenaza de que el rival nos dé una estocada fratricida, sin que un mal perdedor, un guerrerista, nos quiera aguar una fiesta que es de todos los colombianos.  

A este partido hemos llegado luego de mucho sufrimiento, nosotros también cometimos faltas, pero nos hemos puesto una camiseta blanca, hemos pedido perdón, reconocimos nuestras responsabilidades y establecimos el compromiso de que, así como “la pelota no se mancha”, la paz tampoco se debe volver a manchar. ¡Viva el fútbol! ¡Viva Colombia! ¡Que viva la paz!

[Colombia] Separación de poderes?

Allende La Paz.

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) que se le atravesó a la implementación del Acuerdo de Paz trata de ser “reparada” dizque con la “separación de poderes”.

Tamaña mentira no se la tragan ni ellos mismos. El estado es uno solo. Está conformado por poder ejecutivo, poder judicial, poder legislative, y en añadidura el poder militar, así éste no lo coloquen como tal.

Esos poderes actúan al unísono cuando de defender el statu quo burgués se trata. Cada uno de ellos defienden la constitución burguesa que rige Colombia en estos momentos. Pongamos un ejemplo.

El 27 de mayo de 1964 el poder ejecutivo –el presidente de la república Guillermo León Valencia, conservador- decretó la guerra contra 48 campesinos en la vereda Marquetalia, desencadenando así el conflicto interno, el cual ha perdurado hasta nuestros días y, afortunadamente, está superándose con el Acuerdo de Paz. Cada 4 años el presidente entrante seguía decretando la guerra, no ya a esos 48 campesinos, sino a los campesinos y al pueblo.

El poder legislativo avalaba todas y cada una de las acciones de guerra adelantadas por el Ejecutivo. Colombia vivió más de 30 años en estado de sitio y los decretos expedidos al tenor de ese estado de excepción se volvieron permanentes en la legislación colombiana, sustituyendo los principios rectores de la Constitución. Posteriormente seguían –y siguen- produciendo leyes que afianzan la guerra, leyes que todavía aplican a pesar de estar en Acuerdo  de Paz con las FARC-EP y en conversaciones con el ELN.

En aplicación de esa legislación de Guerra se han cometido no pocas aberraciones judiciales. Personas señaladas de ser “guerrilleros o auxiliaries de la guerrilla”, sin prueba alguna, han permanecido largos años encarcelados sin ser condenados y sin ser enjuiciados. Ejemplos hay muchos.

El poder judicial ”aplica” e interpreta las leyes –burguesas- y le coloca la “camisa de fuerza” de la legalidad a todo el pueblo y enjuicia y condena a los luchadores populares. Cuando algo pone “en peligro” –por mínimo que sea- el statu quo, o como lo llaman ahora “el estado de derecho”, saltan y dicen que es ilegal, que violenta la separación de poderes estipulados por la Constitución, como en el caso del Fast track.

Así las cosas, la tal “separación de poderes” no existe. Todos los poderes del estado colombiano actúan al unísono cuando de defender su “estado” se trata. La prueba está en la sentencia de la CC sobre el Fast track.

Los ”enemigos de la Paz” incrustados en el estado están haciendo lo indecible para tratar de romperle el pescuezo al Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno Santos ya que no satisface la posición cavernaria de todos esos sectores. Quieren mantener Colombia en etapas superadas por otros países y pelean por el statu quo del feudalismo en el campo y del neolibaralismo en las ciudades y empresas.

Especial objeto de esos ataques ha sido la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya que la posición guerrerista visualiza que solo la insurgencia armada cometió violaciones a los DD HH, y los delitos de lesa humanidad cometidos por los servidores del estado –militares, policías, congresistas, jueces, etc- son ”legales” porque los cometen al amparo de la constitución, siendo que la propia constitución prohibe la comisión de tales delitos.

Es imprescindible señalar que la responsabilidad estatal en las violaciones de DD. HH., es del tenor de 83% en masacres y ejecuciones extrajudiciales, 97% en desapariciones forzadas, y 100% en desplazamiento forzado con despojo de 8,5 millones de hectáreas a los campesinos e indígenas.

La CC se ha alineado con los “enemigos de la Paz”, o los “amigos de la Guerra”, y ha producido enorme daño al  deseo de los colombianos de alcanzar la paz, es decir, que no haya un muerto más por cuenta de un conflicto armado interno ya que es precisamente el pueblo el que pone esos muertos, sea del campo estatal, sea del campo guerrillero.

El daño al proceso de paz es enorme. Razón le asiste al jefe negociador de las FARC, Iván Márquez al aseverar: "Nosotros decimos que si la Justicia Especial para la Paz (JEP) es tumbada por aquellos que no quieren la concordia de los colombianos, pues entonces estaríamos prácticamente a las puertas de un fracaso del proceso de paz".

[Colombia] La grabación

por DANIEL CORONELL revista semana | 2017/06/03 

El gerente del No dijo todo lo que aparece en la entrevista de ‘la república’ y algunas cosas más que los colombianos tienen derecho a conocer. Entre otras, el papel de Álvaro Uribe en la financiación de esas estrategias

Dura una hora, 33 minutos y 43 segundos. Es el registro completo de la entrevista de Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del No en el plebiscito, a la periodista Juliana Ramírez, en ese momento editora de asuntos legales del diario La República. Es también la confesión de que el No recurrió a una campaña engañosa basada en el fomento de la indignación, la exacerbación del miedo y el estímulo de la crispación.

La grabación habría podido seguir durmiendo el sueño de los justos si no fuera porque Juan Carlos Vélez Uribe no pudo soportar más su silencio de nueve meses y reventó dando a luz una nueva entrevista, esta vez a SEMANA. Después de admitir y disculparse por sus palabras en octubre, ahora Vélez quiere reescribir la historia y culpar a los periodistas de La República de presentarlas de manera “distorsionada y descontextualizada”. (ver:  “Ramos puede ser la carta ganadora del uribismo”: Juan Carlos Vélez)

No hay tal. El gerente del No dijo todo lo que aparece en la entrevista y algunas cosas más que los colombianos tienen derecho a conocer. Entre otras, mencionó el papel de Álvaro Uribe en la financiación de esas estrategias.

En primer lugar confiesa que la campaña no se basó en la evaluación real de los acuerdos de paz sino en el estímulo de la indignación. Según Vélez unos asesores gratuitos y no identificados –de quienes solo informa que eran amigos de Nubia Stella Martínez– le dijeron: “Ellos van a apelar a la esperanza, ustedes tienen que apelar a la indignación. Dejen de explicar los berracos acuerdos. Ya no jodan más con esos acuerdos”.

Cuando le preguntaron a Vélez por la identidad de los consultores, titubeó: “No, unos, unos, unos, unos tipos de Panamá que son asesores panameños…que tienen... que son como panameños brasileros. Tienen una sociedad. No, ahí tengo el nombre”.

Siguiendo el consejo de los misteriosos estrategas de dudosa nacionalidad, los del No se dedicaron a mantener iracundos a los votantes: “Montemos unas cuñas donde la gente da testimonios de por qué está berraca”.

Y da como ejemplo: “Una señora llorando. Ay yo fui víctima, ay no me han reparado –Vélez finge el llanto y continúa– Las Farc… Emberracar a la gente”.

En la grabación Juan Carlos Vélez afirma que su grupo de trabajo fue conformado por Ruby Chagüi y unos creativos expertos en hacer videos y colgarlos en las redes sociales.

Las cuñas en emisoras locales fueron pagadas con fondos que no están registrados en la contabilidad del Comité Nacional por el No: “Yo también cogí a cada uno de los senadores y parlamentarios y les dije me tienen que conseguir 10 millones de pesos en cuñas radiales. Ahí me levanté 400 millones. Digamos que eso no está totalizado porque esos entraron por comités regionales. Pero todos me cumplieron porque eso fue con orden de Uribe. Bueno presidente: mande pues. Y ahí mismo… tan”.

En la grabación Vélez también cuenta que una de sus misiones fue sabotear la ceremonia de firma de los acuerdos de paz en Cartagena: “Vamos a dañarle la fiesta a Santos. La fiestecita a Santos”.

Y cuenta cómo y con quién lo hizo: “Yo mandé dos carros vallas con fotos de Timochenko y de Venezuela y el No y los mandamos tres días antes pa ponerlos a andar por la ciudad vieja, ¿para qué? Para que las delegaciones internacionales vieran otra cosa”.

Luego vino la marcha en Cartagena. Vélez relata que acarrearon gente en diez buses desde el sur de Bolívar pero el grueso de la manifestación la aportó un polémico personaje: “Eso estaba con mucha fuerza porque eso sí, el mejor trabajo que yo le hice al Centro Democrático fue traernos al pastor Miguel Arrázola, Miguel es hermano de ‘La nena’ y es un líder pa Cartagena impresionante. Ese tipo va a ser alcalde de Cartagena, se va a lanzar y el tipo va a ganar”.

La mezcla de desinformación, fanatismo religioso y rabia dio el resultado esperado. Tal como lo dice Vélez no se trataba de apelar a la razón: “Sí... a la indignación. Entonces la gente votó berraca. Nosotros lo que estábamos buscando es que la gente saliera a votar así”.

La joven y rigurosa reportera que hizo la entrevista ganó el Premio Nacional de Periodismo. Cuando se lo entregaron ya no trabajaba en La República.

Juan Carlos Vélez, el gerente exitoso del No, fue obligado a renunciar al Centro Democrático. Muchos de sus antiguos compañeros de causa le reprochan no por haber hecho lo que hizo, sino por haberlo contado. Y eso que no saben todo lo que contó.

El expresidente Uribe censuró la entrevista de Vélez en un trino que no necesita comentarios “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”. 

[Colombia] Pretelt: perder es ganar mucho

Por: Cecilia Orozco Tascón

El único magistrado en la historia de Colombia en ser suspendido para enfrentar dos juicios, uno penal y otro político, perdió, de manera estruendosa, porque tuvo que retirarse, deshonrado, del alto tribunal al que pertenecía. La medida preventiva que se le impuso sacándolo de su cargo antes de concluir su periodo consistió en impedir que continuara ejerciendo sus funciones debido a una seria sospecha sobre su rectitud: habría utilizado su posición en la Corte Constitucional para aumentar su fortuna pues, presuntamente, tasó en $500 millones una tutela en que los interesados, a quienes les habría cobrado tal coima, se jugaban $26.000 millones. Una bicoca. ¡Pero Jorge Pretelt ganó por goleada! Nueve meses después de que el Senado votara a favor de la iniciación de su juicio político y del envío de su expediente a la Corte Suprema para someterlo a examen penal, no se ha movido una hoja en el primero y apenas si se ha sacudido en la otra. Viejo truco para vencer en los estrados: matar los procesos por dilación.

El Congreso olvidó, de inmediato, tamaño escándalo de corrupción y la Sala Penal de la Suprema hizo una audiencia preparatoria en abril, después de haberle cambiado su fecha dos veces —en enero y marzo—, y fijó la segunda cita del caso para octubre, es decir, seis meses más tarde. La “falta de disponibilidad” de agenda es la potente razón para explicar la nueva demora. Sin embargo, el investigado Jorge Pretelt ganó, ante todo, porque hoy puede darse el lujo de pasar por dueño de la mayoría de los votos de la corporación de la que fue expulsado y de teledirigir el sentido de sus fallos. Su cuerpo no está, pero su sombra cubre la Sala Plena de la Constitucional y sus aliados en esta hacen fiesta con la Carta Política cubiertos con la presunción de legitimidad de que él tanto disfrutó antes de que una grabación lo dejara al desnudo. En efecto, quienes mandan en ese tribunal son del mismo combo que quiere volver “trizas” lo que le huela a progreso, según confesión-reto de otro miembro del clan, Fernando Londoño. ¿Qué duda cabe de los nexos entre Pretelt y el también exmagistrado de ese tribunal, Rodrigo Escobar Gil, si hasta en la petición de la coima de los 500 “paquetes” habrían compartido delito? Así se desprende de la indagación que abrió la Fiscalía contra Escobar Gil, apoderado de la tutela del cuento por sugerencia del propio Pretelt, de acuerdo con el relato del principal testigo del caso.

Sigamos las señales: Escobar fue togado de la Constitucional desde 2001 hasta 2009. Su principal magistrado auxiliar, durante los ocho años de su periodo, fue Luis Guillermo Guerrero, actual presidente de la corte. Ambos, Escobar Gil y Guerrero, estudiaron, al tiempo, en la Javeriana. Allí trabaron una gran amistad y a ellos se les unió otro abogado conocido: Jaime Granados, apoderado del expresidente Uribe y de sus hijos. En un perfil que La Silla Vacía escribió sobre Guerrero se lee: “Buena parte de su campaña (en el Senado) a magistrado constitucional ha sido hecha por su principal padrino político, Escobar Gil, y el amigo de su padrino, el actual magistrado de la Corte, Jorge Pretelt. Con eso logró cautivar, además de (los votos de) sus paisanos nariñenses, a los costeños del Senado… (Guerrero) no negó haberse reunido con el procurador (Ordóñez), ni que este esté participando en su campaña”.

Ya se ha dicho, pero no sobra recordarlo: Guerrero contrajo matrimonio con la tía de otra magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz Delgado. Significa que son parientes políticos y, supone uno, que no siempre conservarán la distancia que convendría para mantener los principios de legalidad e imparcialidad. Continuemos el rastro: por ausencia de titulares, dos magistrados auxiliares votaron el trascendental fallo que limitó el fast track del acuerdo con las Farc. José Antonio Cepeda es uno de ellos.¿A cuál despacho pertenece? Al de Luis Guillermo Guerrero. Iván Escrucería, el segundo auxiliar es… oriundo del Nariño, de Guerrero. Falta un dato: Álvaro Motta, el postulado con mayor opción a ser elegido para integrar la Corte, es de la entraña de… Guerrero. Y añadamos que también lo es de la de Ordóñez. ¡Pretelt ganó, pese al deshonor con que se fue! El laureanismo con su derecha recalcitrante se levantó de la tumba para interpretar la Constitución más progresista de América Latina, la que permite la paz. Que el cataclismo nos coja confesados.

"Sí se abrió la puerta para cambiar el acuerdo de paz": Enrique Santiago

REVISTA SEMANA.

El asesor jurídico de las Farc asegura que ahora el Congreso podrá renegociar lo pactado en La Habana, dice que es escéptico frente a la coalición social para apoyar el proceso y pide que el presidente haga uso de sus facultades extraordinarias.

El fallo de la Corte Constitucional sembró un manto de duda sobre la celeridad con las que se terminará de adecuar el andamiaje jurídico de la implementación del acuerdo con las FARC. La decisión que se tomó hace ocho días en el alto tribunal tumbo dos artítulos del fast track. El artículo ‘h’ que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del Gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no cada artículo.

Semana.com habló con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, sobre los efectos de la decisión.

Semana.com: ¿Cree que la Corte Constitucional puso en jaque el acuerdo de paz?

Enrique Santiago: La Corte ha ralentizado sumamente el proceso de implementación del acuerdo, tanto que en la práctica va a ser imposible que el calendario de implementación vigente –previsto en el punto seis del acuerdo para el primer año después de la firma- se pueda llevar a la práctica. Además, al declarar inexequible el literal H del artículo primero del Acto Legislativo, se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo. Es decir, al no estar limitado, prohibida o vetada la aprobación de normas que sean contrarias al acuerdo el resultado es que del proceso de implementación podrán aprobarse normas que no reflejan lo acordado en La Habana.

"Se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo".

Semana.com: Se ha dicho que las modificaciones que se tramiten deben ir en la misma vía de lo que se pactó, ¿realmente existe ese seguro?

E. S.: Yo no estoy de acuerdo porque el punto A dice que el procedimiento de fast track debe utilizarse para asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo. Sin embargo, este punto se complementa con el H que es el que se declaró inexequible y se refería a las modificaciones. Con esta decisión, se abre la puerta para que los cambios ya no sean conforme al acuerdo sino contrarias a él. La existencia del numeral A es una garantía con la que el Gobierno sigue teniendo la obligación de presentar leyes conformes al acuerdo, pero la obligación del Congreso de sólo aprobar modificaciones cuando son conformes a lo que se pactó, desaparece.

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Semana.com: Por ejemplo... ¿se pueden modificar las penas alternativas?

E. S.: Claro, el Gobierno tendrá que presentar los proyectos ajustados al acuerdo pero luego en el Congreso pueden modificar lo relativo a las sanciones, a la reforma rural, a la participación política, las garantías de seguridad y desaparición del paramilitarismo. Una cosa sorprendente es la resistencia que hay para poner en marcha las medidas que garantizan el monopolio del uso de la fuerza y de las armas en manos del Estado.

Semana.com: ¿A qué se refiere?

E. S.: En cualquier Estado de Derecho el monopolio de la fuerza y de las armas corresponde en exclusiva al Estado. Por eso es que no se entiende la resistencia que hay en distintos sectores para que las normas que garantizan ese monopolio se lleven a la práctica. Los argumentos que dan algunos de que el acuerdo de justicia persigue civiles inocentes no se sustenta. Las personas que son inocentes igualmente lo van a ser ante un tribunal ordinario o uno de justicia para la paz. De lo que se trata es de poner en marcha normas que garanticen ese monopolio del uso de la fuerza y las armas por parte del Estado que no ha existido. Este es uno de los temas que más preocupa a todos los sectores que han apostado por la paz. En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones.

"En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones".

Semana.com: ¿Ve en la decisión de la Corte Constitucional una oportunidad para legitimar los acuerdos?

E. S.: Lo que yo veo a diario son declaraciones de agentes políticos que se oponen al acuerdo y que proponen la necesidad de variarlo. Limitar los contenidos, hacerlo "trizas" y acabarlo siempre apelando a la paz. Ellos aportan las ideas que tienen pero son las posiciones que manejó el gobierno del presidente Álvaro Uribe donde fue imposible llegar a un acuerdo con las Farc y el ELN. Parece mentira que se insista en utilizar propuestas que han resultado históricamente fracasadas y despreciando los contenidos de un acuerdo que ya se consiguió para ponerle fin a más de 50 años de conflicto. Eso es una realidad. Con el argumento de que todo el mundo quiere la paz, políticamente nadie va a declarar lo contrario. Pero constantemente se está alegando por sectores que se han opuesto al proceso la necesidad de variar el contenido de La Habana.

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Semana.com: ¿Cuáles son las consecuencias?

E. S.: Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad. Eso puede extenderse, por ejemplo, a inversiones extranjeras. Es decir, los inversionistas se verán atraídos de realizar inversiones si se trata de un país donde no se respeta lo que ha acordado el Gobierno anterior.

"Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad".

Semana.com: ¿Ve preocupados a los miembros de las Farc?

E. S.: Tanto los comunicados que han salido del Secretariado como de su comandante muestran una seria preocupación y angustia por lo que está pasando. Es muy peligroso que esa situación continúe de forma indefinida. Se debe eliminar rápidamente dando garantías de cumplimiento de lo acordado por parte del Estado. Las consecuencias pueden ser evidentemente muy difíciles y pueden provocar un retroceso importante en la implementación. 

Semana.com: ¿Cree que una coalición social es la mejor vía para blindar el acuerdo?

E. S.: Las Farc han manifestado la necesidad de una voluntad de todos los sectores que defienden la paz de forma coherente. No sólo de palabra sino los que han tenido actos de apoyo con este proceso. En todo caso, desde mi punto de vista la única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales que se recogen en la constitución para alcanzar acuerdos de paz e implementarlos. 

"La única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales".

Semana.com: ¿Aún faltan cosas por precisar en el caso de los terceros civiles? Por ejemplo... cómo van los paramilitares

E. S.: En el acuerdo de La Habana está absolutamente definido en el Acto Legislativo. Entonces, todos aquellos que se hayan sometido a la Jurisdicción de Justicia y Paz y estén en cursos de procedimientos judiciales o hayan ya obtenido sus sentencias, obviamente la Jurisdicción Especial de Paz no tiene competencias sobre ellos. No faltaba más, es el principio de cosa juzgada. Frente a aquellos que no se sometieron a la primera le Jurisdicción Especial de Paz si va a tener competencias. ¿En qué términos?, en los que se establecen en el Acto Legislativo que es conforme a lo que se acordó en La Habana respecto a combatientes paramilitares o terceros civiles que han participado con esos grupos. 

Semana.com: Todo apunta a que la dejación no concluirá el día 180, ¿cómo se resuelve el tema de los delitos continuados?

E. S.: Se estableció que la Jurisdicción Especial de Paz se aplica también para todos los actos realizados por las Farc durante el proceso de dejación de armas. El Acto Legislativo no habla de una fecha sino de un proceso. Eso no es ningún problema.

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Semana.com: ¿Caballitos de batalla como el narcotráfico y la extradición podrán traerse a colación en el trámite de la Ley Estatutaria?

E. S.: No porque eso ya está aprobado en un Acto Legislativo. Eso ya es norma constitucional. Otra cosa es que la Fiscalía no lo aplique sorprendentemente. Como han alegado por escrito en varias resoluciones posteriores a la aprobación del Acto Legislativo donde dicen que no hay norma aprobada que permita suspender un proceso de extradición. Claro que lo hay. En el Acto Legislativo figura claramente que cualquier desarrollo de esas normas debe hacerse conforme lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Otra es que yo no sé si van a intentar alterar el contenido, espero que no. Eso tendría trágicas consecuencias. Uno de lo acuerdos fundamentales de La Habana fueron las garantías de no extradición para los antiguos integrantes de las Farc. Nadie va a hacer la paz para que lo extraditen a Estados Unidos como ha ocurrido en casos recientes.

Semana.com: ¿Le preocupan los tiempos?

E. S.: Lo que me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz. No tengo que explicar cómo han acabado los dirigentes de las organizaciones insurgentes que han firmado acuerdos de paz. Algunos han acabado asesinados y no se ha respetado el contenido de los acuerdos. Parecía que en esta ocasión el Estado iba a variar esa tendencia histórica e iba a garantizar los acuerdos. Es una auténtica tragedia que en la instauración tampoco el Estado estuviera en condiciones de garantizar el cumplimiento del acuerdo. El Estado está en condiciones de garantizar el cumplimiento. Bueno, al menos por parte del Ejecutivo y buena parte del Legislativo se hacen esfuerzos por garantizar el cumplimiento. Sin embargo, hay fuerzas oscuras que constantemente trabajan para no implementarlo y dejarlo en papel mojado y eso me parece desperdiciar un momento histórico para acabar con una guerra tan larga.

"Me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz".

Semana.com: ¿Teme que también se caiga la Ley de Amnistía en la Corte Constitucional?

E. S.: La corte va a situar como principio orientador en cualquiera de sus resoluciones la paz, el derecho y la obligación de construirla que figuran en el artículo 22 de la Constitución. La paz como ese derecho síntesis fundamental para la garantía de los demás derechos. Por una cuestión formal se ha declarado inexequible el decreto que garantizaba el mecanismo de protección a los antiguos guerrilleros. Me imagino que todos se dan cuenta de las consecuencias que esto tiene. Si el Estado es incapaz de poner en marcha las garantías de seguridad que combatan el paramilitarismo y a la vez deja sin efecto las medidas aprobadas por el Ejecutivo para garantizar la protección individual, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que se está exponiendo a los guerrilleros a un grave riesgo para su vida.

El asesinato de guerrilleros y sus familias se está evidenciando desde el mes de abril Espero que la Corte Constitucional, estoy seguro, va a garantizar la aplicación de ese principio orientador del derecho a la paz, de la obligacion de construir la paz y francamente espero que no deje sin efecto la Ley de Amnistía. No hay un proceso de paz que se construya hasta que no haya garantías de aplicación de una amnistía.