El caso fácil del magistrado Bernal

Por: César Rodríguez Garavito

En derecho hay casos fáciles y casos difíciles. Los primeros tienen una solución clara, dictada por las reglas existentes. Los segundos, en cambio, tienen varias respuestas plausibles. Como escribió el gran teórico jurídico Herbert Hart, los casos difíciles caen en una “zona de penumbra”, donde no es obvio qué dicen las normas o cómo encajan los hechos del caso en ellas.

Actualizando el famoso ejemplo de Hart, es obviamente ilegal conducir un carro o una moto por una ciclorruta. ¿Pero una bicicleta eléctrica? Algunos dirían que también es ilegal porque las ciclorrutas son solo para vehículos sin motor. Otros responderían que las ciclorrutas son, por definición, para las bicicletas y que una con motor no deja de serlo, entre otras cosas, porque puede ser operada con pedales.

Comienzo con la distinción y el ejemplo sencillos para aclarar un debate mucho más complejo y delicado: la decisión que tendrá que tomar la Corte Constitucional sobre si el magistrado Carlos Bernal estaba impedido para participar en el fallo que declaró inconstitucionales algunas normas del fast track. Como lo documentaron Noticias Uno y las demandas del Gobierno y la Comisión Colombiana de Juristas contra ese fallo, Bernal había opinado sobre el tema en varias conferencias, por lo que habría prejuzgado y estaría inhabilitado. Dado que terminó votando, la sentencia sobre el fast track sería nula.

Como muchas discusiones cruciales para la paz y para el país, esta se ha enredado rápidamente en un laberinto jurídico. Aquí es donde la distinción entre casos fáciles y difíciles puede ser esclarecedora. En realidad, el fallo difícil era el anterior, el que tumbó normas del fast trackcon el voto decisivo de Bernal. Aunque creo que la mayoría de la Corte se equivocó en ese fallo, la discusión es compleja y existen argumentos razonables para defenderlo. No se trata de controvertir el fondo del fallo, sino la conducta de Bernal.

El nuevo caso, sobre la participación del magistrado Bernal, es más fácil. Sus opiniones previas implican claramente “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, que es la causal de impedimento estipulada por el Decreto 2067/91. En una conferencia el 15 de diciembre pasado, en Asturias, Bernal dijo que la implementación del Acuerdo de Paz “por ese mecanismo del fast track… es básicamente… pupitrazo”, por lo que “al final se sustituye la Constitución sin mucha legitimación popular, con una expresión clara en contra de los acuerdos en septiembre, sustituida por un voto a pupitrazo”. Y añadió el día siguiente en la Universidad de Oviedo: “Al final lo que va a haber es una sustitución de la Constitución sin que nadie lo diga”. Es decir, el mismo argumento con el que respaldó su voto crucial contra el fast track.

Afortunadamente, la Corte ha sido muy exigente en relación con los impedimentos. Para preservar su imparcialidad, ha declarado impedimentos en casos mucho menos claros, que no tengo espacio para detallar. El de Bernal es bastante más fácil y debe desembocar en la nulidad de la sentencia sobre fast track. Lo contrario sería como prohibir andar en bicicleta eléctrica por una ciclorruta, pero darle vía libre a un avión.

* Director de Dejusticia.

[Colombia] Separación de poderes?

Allende La Paz.

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) que se le atravesó a la implementación del Acuerdo de Paz trata de ser “reparada” dizque con la “separación de poderes”.

Tamaña mentira no se la tragan ni ellos mismos. El estado es uno solo. Está conformado por poder ejecutivo, poder judicial, poder legislative, y en añadidura el poder militar, así éste no lo coloquen como tal.

Esos poderes actúan al unísono cuando de defender el statu quo burgués se trata. Cada uno de ellos defienden la constitución burguesa que rige Colombia en estos momentos. Pongamos un ejemplo.

El 27 de mayo de 1964 el poder ejecutivo –el presidente de la república Guillermo León Valencia, conservador- decretó la guerra contra 48 campesinos en la vereda Marquetalia, desencadenando así el conflicto interno, el cual ha perdurado hasta nuestros días y, afortunadamente, está superándose con el Acuerdo de Paz. Cada 4 años el presidente entrante seguía decretando la guerra, no ya a esos 48 campesinos, sino a los campesinos y al pueblo.

El poder legislativo avalaba todas y cada una de las acciones de guerra adelantadas por el Ejecutivo. Colombia vivió más de 30 años en estado de sitio y los decretos expedidos al tenor de ese estado de excepción se volvieron permanentes en la legislación colombiana, sustituyendo los principios rectores de la Constitución. Posteriormente seguían –y siguen- produciendo leyes que afianzan la guerra, leyes que todavía aplican a pesar de estar en Acuerdo  de Paz con las FARC-EP y en conversaciones con el ELN.

En aplicación de esa legislación de Guerra se han cometido no pocas aberraciones judiciales. Personas señaladas de ser “guerrilleros o auxiliaries de la guerrilla”, sin prueba alguna, han permanecido largos años encarcelados sin ser condenados y sin ser enjuiciados. Ejemplos hay muchos.

El poder judicial ”aplica” e interpreta las leyes –burguesas- y le coloca la “camisa de fuerza” de la legalidad a todo el pueblo y enjuicia y condena a los luchadores populares. Cuando algo pone “en peligro” –por mínimo que sea- el statu quo, o como lo llaman ahora “el estado de derecho”, saltan y dicen que es ilegal, que violenta la separación de poderes estipulados por la Constitución, como en el caso del Fast track.

Así las cosas, la tal “separación de poderes” no existe. Todos los poderes del estado colombiano actúan al unísono cuando de defender su “estado” se trata. La prueba está en la sentencia de la CC sobre el Fast track.

Los ”enemigos de la Paz” incrustados en el estado están haciendo lo indecible para tratar de romperle el pescuezo al Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno Santos ya que no satisface la posición cavernaria de todos esos sectores. Quieren mantener Colombia en etapas superadas por otros países y pelean por el statu quo del feudalismo en el campo y del neolibaralismo en las ciudades y empresas.

Especial objeto de esos ataques ha sido la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya que la posición guerrerista visualiza que solo la insurgencia armada cometió violaciones a los DD HH, y los delitos de lesa humanidad cometidos por los servidores del estado –militares, policías, congresistas, jueces, etc- son ”legales” porque los cometen al amparo de la constitución, siendo que la propia constitución prohibe la comisión de tales delitos.

Es imprescindible señalar que la responsabilidad estatal en las violaciones de DD. HH., es del tenor de 83% en masacres y ejecuciones extrajudiciales, 97% en desapariciones forzadas, y 100% en desplazamiento forzado con despojo de 8,5 millones de hectáreas a los campesinos e indígenas.

La CC se ha alineado con los “enemigos de la Paz”, o los “amigos de la Guerra”, y ha producido enorme daño al  deseo de los colombianos de alcanzar la paz, es decir, que no haya un muerto más por cuenta de un conflicto armado interno ya que es precisamente el pueblo el que pone esos muertos, sea del campo estatal, sea del campo guerrillero.

El daño al proceso de paz es enorme. Razón le asiste al jefe negociador de las FARC, Iván Márquez al aseverar: "Nosotros decimos que si la Justicia Especial para la Paz (JEP) es tumbada por aquellos que no quieren la concordia de los colombianos, pues entonces estaríamos prácticamente a las puertas de un fracaso del proceso de paz".

La paz, el compromiso ético fundamental de los colombianos hoy

Por Adelaida Nikolayeva

Rebelión

La sensación de frustración e incertidumbre generada por la reciente decisión de la Corte Constitucional de revisar los apartes H y J de la vía rápida legislativa o fast track, ha incidido notoriamente en el debate sobre para dónde va el proceso de paz y lo que pueda pasar con la implementación del mismo. Dentro de este contexto, el lunes 22 de mayo estuvo en la Universidad de Antioquia Humberto de La Calle Lombana, ex-Jefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC de La Habana, invitado a la celebración de los 25 años de la revista de estudios políticos de la Universidad.

El anuncio del fallo de la Corte Constitucional el miércoles pasado, ha abierto muchos interrogantes respecto al rumbo y el tiempo que pueda tomar en adelante el procedimiento legislativo para la tramitación de la normatividad de los acuerdos en el Congreso. Y es que la misma información y los análisis hechos por distintas fuentes de opinión, no han sido, a mi parecer, lo suficientemente claros y han ayudado a aumentar las dudas. Las distintas interpretaciones que se han hecho dejan un sinsabor preocupante y de nuevo cierta sensación de vacío y frustración, como cuando se perdió el plebiscito.

El miércoles 17 de mayo se escuchó en la radio una declaración de Francisco González, “Pacho Chino”, uno de los negociadores de la guerrilla, acerca del congelamiento de la entrega de los 1200 fusiles de miembros de las FARC que iban a hacer parte de la UNP, ya que la decisión de la Corte declaró inexequible el decreto 298 del 2017 que permitía la incorporación de integrantes de esa guerrilla a la UNP, de acuerdo a lo pactado en los acuerdos.¹

Hay un conjunto de hechos que generan una situación alarmante respecto a los acuerdos de la La Habana, particularmente lo referido a los numerales H y J del fast track que fueron tumbados, y que consistían básicamente en la posibilidad de votar en bloque los proyectos de ley para la implementación, tal y como se hace con los tratados comerciales (TLCs)²; y, en que las modificaciones que se hicieran a los proyectos tendrían que tener el aval del Gobierno. Esta última modificación que permite hacer cambios sin el aval, está supeditada a que los cambios no pueden ir en contravía del espíritu de los acuerdos. La tesis de la Corte es que hay una violación a la independencia y autonomía de los poderes, y de otro lado, que así como estaban los apartes del fast track, se estaba sustituyendo con ellos la Constitución.

Humberto de La Calle expresó categóricamente su compromiso para defender lo que fue el fruto del equipo de gobierno que él encabezó, un esfuerzo muy grande de más de 6 años de discusiones y negociaciones muy delicadas en La Habana. Fue enfático en la necesidad de asumirnos como un país que debe pasar ya esta página de la violencia que tanto daño ha hecho a los colombianos. Aceptar por fin nuestro compromiso real con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que trabaje decididamente por disminuir los niveles de inequidad social y saldar por fin la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto, millones de compatriotas, que también han sido de la negligencia del Estado.

Ante la el reversazo que metió la Corte a los acuerdos, De la Calle hizo un llamado urgente a que nos apropiemos de los acuerdos y asumamos nuestro compromiso ético con el cumplimiento de “la palabra empeñada” en la construcción y la firma del Acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera con las FARC-EP. LLamó a construir una gran coalición, a lo largo del país, en defensa de lo acordado y exigirle al Congreso que no puede seguir dilatando ni poniéndole freno a la implementación.

Ante las elecciones presidenciales que se avecinan, caldo de cultivo para el oportunismo que caracteriza a la mayoría de los políticos colombianos, se hace necesario que los colombianos dejemos de ser víctimas de la desinformación que generan cada día las fuerzas políticas contrarias a los acuerdos, que buscan hacerlos “trizas” y de paso destruir la vida de miles de jóvenes, porque nadie pone en duda que hacerlos trizas, no se puede traducir a otra cosa que volver a la guerra.

El compromiso y el imperativo poliético (político y ético) que tenemos es hacer respetar nuestro derecho a la paz, consagrado como un derecho fundamental en nuestra Carta magna, y nuestro derecho a cambiar el destino de nuestro país. Finalmente, en este complejo, incierto y difícil momento para el país hay que asumir posiciones en defensa de la vida, impedir que suenen tambores de guerra con cantos de alegría, y hacer trizas sus discursos de muerte.

Notas
1  https://goo.gl/AuPDsm
2  https://goo.gl/MSR5nv

[Colombia] Pretelt: perder es ganar mucho

Por: Cecilia Orozco Tascón

El único magistrado en la historia de Colombia en ser suspendido para enfrentar dos juicios, uno penal y otro político, perdió, de manera estruendosa, porque tuvo que retirarse, deshonrado, del alto tribunal al que pertenecía. La medida preventiva que se le impuso sacándolo de su cargo antes de concluir su periodo consistió en impedir que continuara ejerciendo sus funciones debido a una seria sospecha sobre su rectitud: habría utilizado su posición en la Corte Constitucional para aumentar su fortuna pues, presuntamente, tasó en $500 millones una tutela en que los interesados, a quienes les habría cobrado tal coima, se jugaban $26.000 millones. Una bicoca. ¡Pero Jorge Pretelt ganó por goleada! Nueve meses después de que el Senado votara a favor de la iniciación de su juicio político y del envío de su expediente a la Corte Suprema para someterlo a examen penal, no se ha movido una hoja en el primero y apenas si se ha sacudido en la otra. Viejo truco para vencer en los estrados: matar los procesos por dilación.

El Congreso olvidó, de inmediato, tamaño escándalo de corrupción y la Sala Penal de la Suprema hizo una audiencia preparatoria en abril, después de haberle cambiado su fecha dos veces —en enero y marzo—, y fijó la segunda cita del caso para octubre, es decir, seis meses más tarde. La “falta de disponibilidad” de agenda es la potente razón para explicar la nueva demora. Sin embargo, el investigado Jorge Pretelt ganó, ante todo, porque hoy puede darse el lujo de pasar por dueño de la mayoría de los votos de la corporación de la que fue expulsado y de teledirigir el sentido de sus fallos. Su cuerpo no está, pero su sombra cubre la Sala Plena de la Constitucional y sus aliados en esta hacen fiesta con la Carta Política cubiertos con la presunción de legitimidad de que él tanto disfrutó antes de que una grabación lo dejara al desnudo. En efecto, quienes mandan en ese tribunal son del mismo combo que quiere volver “trizas” lo que le huela a progreso, según confesión-reto de otro miembro del clan, Fernando Londoño. ¿Qué duda cabe de los nexos entre Pretelt y el también exmagistrado de ese tribunal, Rodrigo Escobar Gil, si hasta en la petición de la coima de los 500 “paquetes” habrían compartido delito? Así se desprende de la indagación que abrió la Fiscalía contra Escobar Gil, apoderado de la tutela del cuento por sugerencia del propio Pretelt, de acuerdo con el relato del principal testigo del caso.

Sigamos las señales: Escobar fue togado de la Constitucional desde 2001 hasta 2009. Su principal magistrado auxiliar, durante los ocho años de su periodo, fue Luis Guillermo Guerrero, actual presidente de la corte. Ambos, Escobar Gil y Guerrero, estudiaron, al tiempo, en la Javeriana. Allí trabaron una gran amistad y a ellos se les unió otro abogado conocido: Jaime Granados, apoderado del expresidente Uribe y de sus hijos. En un perfil que La Silla Vacía escribió sobre Guerrero se lee: “Buena parte de su campaña (en el Senado) a magistrado constitucional ha sido hecha por su principal padrino político, Escobar Gil, y el amigo de su padrino, el actual magistrado de la Corte, Jorge Pretelt. Con eso logró cautivar, además de (los votos de) sus paisanos nariñenses, a los costeños del Senado… (Guerrero) no negó haberse reunido con el procurador (Ordóñez), ni que este esté participando en su campaña”.

Ya se ha dicho, pero no sobra recordarlo: Guerrero contrajo matrimonio con la tía de otra magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz Delgado. Significa que son parientes políticos y, supone uno, que no siempre conservarán la distancia que convendría para mantener los principios de legalidad e imparcialidad. Continuemos el rastro: por ausencia de titulares, dos magistrados auxiliares votaron el trascendental fallo que limitó el fast track del acuerdo con las Farc. José Antonio Cepeda es uno de ellos.¿A cuál despacho pertenece? Al de Luis Guillermo Guerrero. Iván Escrucería, el segundo auxiliar es… oriundo del Nariño, de Guerrero. Falta un dato: Álvaro Motta, el postulado con mayor opción a ser elegido para integrar la Corte, es de la entraña de… Guerrero. Y añadamos que también lo es de la de Ordóñez. ¡Pretelt ganó, pese al deshonor con que se fue! El laureanismo con su derecha recalcitrante se levantó de la tumba para interpretar la Constitución más progresista de América Latina, la que permite la paz. Que el cataclismo nos coja confesados.

La Corte Constitucional conculca derechos fundamentales de los colombianos

Cambio Total.

La CC al alinearse con el CD ha puesto de presente que:

1-    La ideología que profesa es realmente retrógrada, reaccionaria.

2-   Todavía sigue en guerra contra las FARC y contra el conjunto del pueblo colombiano.

3-   La Corte al seguir en Guerra contra las FARC-EP en plena imåplementación del Acuerdo de Paz le da la razón a las FARC-EP en su planteamiento de lucha contra todo el estado colombiano

4-   Es una Corte que aplica las leyes para mantener el estatus quo y no para ir modernizando las instituciones.

5-   Está suficientemente probado que esa Corte solo defiende el derecho burgués en favor de los ricos del país, es decir, lo más reaccionario de la sociedad colombiana (terratenientes, ganaderos, empresarios del campo, narco-paramilitares, algunos militares, lumpen, etc).

6-   Ya ha probado que no está acorde con los tiempos que corren en Colombia y debe ser desconocida ya que 5 magistrados no pueden estar por encima de la mayoría del pueblo.

7-   De continuar así la CC provocaría un colapso institucional y lanzaría a los colombianos a una situación insurreccional que daría al traste con el Estado burgués.

8-  De ésta manera la CC conculca el derecho a la Paz, consustancial con el derecho a la vida, contenida en la propia Constitución del 91.

Llegar a la Corte con las cartas marcadas

Por: Cecilia Orozco Tascón

El primer acto del nuevo magistrado de la Corte Constitucional —adonde se supone que llegan los abogados más doctos, cierto, pero también seres humanos ejemplares—, fue botar a la gente del despacho que asumió. Hasta el conductor tuvo que renunciar. El eminentísimo doctor Carlos Bernal no tuvo piedad, ni siquiera con un par de funcionarios que están al borde de pensionarse y que, muy asustados, andan caminando en puntillas por los pasillos del Palacio de “Justicia” para evitar molestarlo. Tal es el ambiente que creó, de entrada, el recién elegido, un jurista con dos doctorados y mucha academia ejercida, además del Externado, en varias universidades europeas, especialmente en la Maquarie, de Sidney, Australia, su sitio de residencia hasta estos días en que le tocó sacrificarse y regresar a esta tierra salvaje.

Debería alegrarnos que un profesional de su talla integre nuestro máximo tribunal. Lastimosamente, no todo se aprende en las aulas. Aunque el sentido común indicaría que a mayor sabiduría, mayor humildad, parece que al menos en el caso del doctor Bernal estas dos cualidades no casan siempre. Tal vez por eso llegó, juzgó y condenó en un solo día a los funcionarios que encontró a su paso. Pero me equivoco: no los juzgó. Los prejuzgó, cosa distinta. Y, esto mismo, su prejuicio, pudo haber determinado su voto contra el sistema de fast track(expedición rápida de leyes) para implementar el acuerdo de paz, a escasas horas de su posesión. Él no necesita estudiar esos temas. Ya lo hizo. El video de una conferencia que el magistrado Bernal dio en Girona, España, hace un año, y algunos de cuyos apartes revelamos el fin de semana (ver), indica que el entonces profesor tenía formado, desde ya, su concepto sobre el acuerdo. Frases suyas: “(La justicia transicional) es un proceso rarísimo porque (se hizo con la vigencia de la actual Carta Política y en cambio) ha debido crearse una Constitución interina o transicional”. “Como se ha pactado… es un ‘paréntesis’ (constitucional)”. “Es una especie de esquizofrenia la que se crea porque por una parte queremos que la Constitución se perpetúe pero a la vez… auspicia ciertos cambios… radicales”.

El magistrado Bernal, que votó con el bloque guerrerista de la Corte —y no lo digo peyorativamente, sino según el apellido del presidente de la Corporación, tal como lo denominó el columnista Bejarano (ver)—, compuesto por Guerrero, la sobrina política de este, Ortiz, su magistrado auxiliar Cepeda y su coterráneo nariñense Escrucería, no solo calificó el todo, sino también las partes, en particular, las presuntas ventajas que tendría la guerrilla en ese pacto sin informarle a sus estudiantes que era consultor de las fuerzas militares colombianas desde el año 2014 y hasta hace pocas semanas con el fin de “diseñar un modelo constitucional de justicia transicional para el Ejército Nacional” (ver). Este factor, por supuesto, era y sigue siendo relevante para poder entender, entre líneas, su discurso y ahora, sus votos. Lean sus afirmaciones en este campo: “En todo el acuerdo se ha dicho que lo que importa son las víctimas, las víctimas, las víctimas. Y después sale y… de víctimas es lo que hay que ver…”; “un máximo guerrillero que se ha lucrado personalmente de actividades como el secuestro, el narcotráfico… eso está acreditado porque hay pruebas… le van a dar un beneficio penal inmenso”; “el mensaje que se envía a los demás es… siga delinquiendo… lo mandan a descansar… y cuando salga… todo bien”. Uno puede compartir o no estas frases, pero pronunciadas por un magistrado no se ven tan imparciales como las de un juez que participa en votaciones de constitucionalidad. Sus conferencias y no solo la de Girona, demuestran que Bernal ya tiene una posición ideológica tomada sobre el asunto de paz nacional. Ni más ni menos. La “esquizofrenia” de la que habla el profesor-magistrado se le contagió hace años: charla suya en Oviedo, España, diciembre de 2016, “Constitucionalismo transicional y proceso de paz en Colombia”. acápite VII, punto 3: “El fast track y el menoscabo de la democracia participativa” (ver); Periódico El Comercio de esa ciudad, dos días antes: “(Carlos Bernal) se ha mostrado conforme con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que avaló ayer el denominado fast track” (ver). Ya que no consideró hacerlo por motivos jurídicos, el magistrado ha debido declararse impedido por razones éticas. Pero probablemente su inteligencia emocional no se ha desarrollado tanto como la intelectual.

"Sí se abrió la puerta para cambiar el acuerdo de paz": Enrique Santiago

REVISTA SEMANA.

El asesor jurídico de las Farc asegura que ahora el Congreso podrá renegociar lo pactado en La Habana, dice que es escéptico frente a la coalición social para apoyar el proceso y pide que el presidente haga uso de sus facultades extraordinarias.

El fallo de la Corte Constitucional sembró un manto de duda sobre la celeridad con las que se terminará de adecuar el andamiaje jurídico de la implementación del acuerdo con las FARC. La decisión que se tomó hace ocho días en el alto tribunal tumbo dos artítulos del fast track. El artículo ‘h’ que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del Gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no cada artículo.

Semana.com habló con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, sobre los efectos de la decisión.

Semana.com: ¿Cree que la Corte Constitucional puso en jaque el acuerdo de paz?

Enrique Santiago: La Corte ha ralentizado sumamente el proceso de implementación del acuerdo, tanto que en la práctica va a ser imposible que el calendario de implementación vigente –previsto en el punto seis del acuerdo para el primer año después de la firma- se pueda llevar a la práctica. Además, al declarar inexequible el literal H del artículo primero del Acto Legislativo, se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo. Es decir, al no estar limitado, prohibida o vetada la aprobación de normas que sean contrarias al acuerdo el resultado es que del proceso de implementación podrán aprobarse normas que no reflejan lo acordado en La Habana.

"Se abre la puerta para que en el Congreso se realice una renegociación del acuerdo".

Semana.com: Se ha dicho que las modificaciones que se tramiten deben ir en la misma vía de lo que se pactó, ¿realmente existe ese seguro?

E. S.: Yo no estoy de acuerdo porque el punto A dice que el procedimiento de fast track debe utilizarse para asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo. Sin embargo, este punto se complementa con el H que es el que se declaró inexequible y se refería a las modificaciones. Con esta decisión, se abre la puerta para que los cambios ya no sean conforme al acuerdo sino contrarias a él. La existencia del numeral A es una garantía con la que el Gobierno sigue teniendo la obligación de presentar leyes conformes al acuerdo, pero la obligación del Congreso de sólo aprobar modificaciones cuando son conformes a lo que se pactó, desaparece.

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Semana.com: Por ejemplo... ¿se pueden modificar las penas alternativas?

E. S.: Claro, el Gobierno tendrá que presentar los proyectos ajustados al acuerdo pero luego en el Congreso pueden modificar lo relativo a las sanciones, a la reforma rural, a la participación política, las garantías de seguridad y desaparición del paramilitarismo. Una cosa sorprendente es la resistencia que hay para poner en marcha las medidas que garantizan el monopolio del uso de la fuerza y de las armas en manos del Estado.

Semana.com: ¿A qué se refiere?

E. S.: En cualquier Estado de Derecho el monopolio de la fuerza y de las armas corresponde en exclusiva al Estado. Por eso es que no se entiende la resistencia que hay en distintos sectores para que las normas que garantizan ese monopolio se lleven a la práctica. Los argumentos que dan algunos de que el acuerdo de justicia persigue civiles inocentes no se sustenta. Las personas que son inocentes igualmente lo van a ser ante un tribunal ordinario o uno de justicia para la paz. De lo que se trata es de poner en marcha normas que garanticen ese monopolio del uso de la fuerza y las armas por parte del Estado que no ha existido. Este es uno de los temas que más preocupa a todos los sectores que han apostado por la paz. En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones.

"En Colombia ya se está viendo la extensión de grupos paramilitares y bandas criminales en las regiones".

Semana.com: ¿Ve en la decisión de la Corte Constitucional una oportunidad para legitimar los acuerdos?

E. S.: Lo que yo veo a diario son declaraciones de agentes políticos que se oponen al acuerdo y que proponen la necesidad de variarlo. Limitar los contenidos, hacerlo "trizas" y acabarlo siempre apelando a la paz. Ellos aportan las ideas que tienen pero son las posiciones que manejó el gobierno del presidente Álvaro Uribe donde fue imposible llegar a un acuerdo con las Farc y el ELN. Parece mentira que se insista en utilizar propuestas que han resultado históricamente fracasadas y despreciando los contenidos de un acuerdo que ya se consiguió para ponerle fin a más de 50 años de conflicto. Eso es una realidad. Con el argumento de que todo el mundo quiere la paz, políticamente nadie va a declarar lo contrario. Pero constantemente se está alegando por sectores que se han opuesto al proceso la necesidad de variar el contenido de La Habana.

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Semana.com: ¿Cuáles son las consecuencias?

E. S.: Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad. Eso puede extenderse, por ejemplo, a inversiones extranjeras. Es decir, los inversionistas se verán atraídos de realizar inversiones si se trata de un país donde no se respeta lo que ha acordado el Gobierno anterior.

"Eso deja en muy mala posición al Estado colombiano porque se crea una inseguridad jurídica. Francamente genera una imagen -fuera de sus fronteras- de muy poca seriedad".

Semana.com: ¿Ve preocupados a los miembros de las Farc?

E. S.: Tanto los comunicados que han salido del Secretariado como de su comandante muestran una seria preocupación y angustia por lo que está pasando. Es muy peligroso que esa situación continúe de forma indefinida. Se debe eliminar rápidamente dando garantías de cumplimiento de lo acordado por parte del Estado. Las consecuencias pueden ser evidentemente muy difíciles y pueden provocar un retroceso importante en la implementación. 

Semana.com: ¿Cree que una coalición social es la mejor vía para blindar el acuerdo?

E. S.: Las Farc han manifestado la necesidad de una voluntad de todos los sectores que defienden la paz de forma coherente. No sólo de palabra sino los que han tenido actos de apoyo con este proceso. En todo caso, desde mi punto de vista la única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales que se recogen en la constitución para alcanzar acuerdos de paz e implementarlos. 

"La única forma de acabar con esta situación de impaz absoluto es el ejercicio de las facultades presidenciales".

Semana.com: ¿Aún faltan cosas por precisar en el caso de los terceros civiles? Por ejemplo... cómo van los paramilitares

E. S.: En el acuerdo de La Habana está absolutamente definido en el Acto Legislativo. Entonces, todos aquellos que se hayan sometido a la Jurisdicción de Justicia y Paz y estén en cursos de procedimientos judiciales o hayan ya obtenido sus sentencias, obviamente la Jurisdicción Especial de Paz no tiene competencias sobre ellos. No faltaba más, es el principio de cosa juzgada. Frente a aquellos que no se sometieron a la primera le Jurisdicción Especial de Paz si va a tener competencias. ¿En qué términos?, en los que se establecen en el Acto Legislativo que es conforme a lo que se acordó en La Habana respecto a combatientes paramilitares o terceros civiles que han participado con esos grupos. 

Semana.com: Todo apunta a que la dejación no concluirá el día 180, ¿cómo se resuelve el tema de los delitos continuados?

E. S.: Se estableció que la Jurisdicción Especial de Paz se aplica también para todos los actos realizados por las Farc durante el proceso de dejación de armas. El Acto Legislativo no habla de una fecha sino de un proceso. Eso no es ningún problema.

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Semana.com: ¿Caballitos de batalla como el narcotráfico y la extradición podrán traerse a colación en el trámite de la Ley Estatutaria?

E. S.: No porque eso ya está aprobado en un Acto Legislativo. Eso ya es norma constitucional. Otra cosa es que la Fiscalía no lo aplique sorprendentemente. Como han alegado por escrito en varias resoluciones posteriores a la aprobación del Acto Legislativo donde dicen que no hay norma aprobada que permita suspender un proceso de extradición. Claro que lo hay. En el Acto Legislativo figura claramente que cualquier desarrollo de esas normas debe hacerse conforme lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Otra es que yo no sé si van a intentar alterar el contenido, espero que no. Eso tendría trágicas consecuencias. Uno de lo acuerdos fundamentales de La Habana fueron las garantías de no extradición para los antiguos integrantes de las Farc. Nadie va a hacer la paz para que lo extraditen a Estados Unidos como ha ocurrido en casos recientes.

Semana.com: ¿Le preocupan los tiempos?

E. S.: Lo que me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz. No tengo que explicar cómo han acabado los dirigentes de las organizaciones insurgentes que han firmado acuerdos de paz. Algunos han acabado asesinados y no se ha respetado el contenido de los acuerdos. Parecía que en esta ocasión el Estado iba a variar esa tendencia histórica e iba a garantizar los acuerdos. Es una auténtica tragedia que en la instauración tampoco el Estado estuviera en condiciones de garantizar el cumplimiento del acuerdo. El Estado está en condiciones de garantizar el cumplimiento. Bueno, al menos por parte del Ejecutivo y buena parte del Legislativo se hacen esfuerzos por garantizar el cumplimiento. Sin embargo, hay fuerzas oscuras que constantemente trabajan para no implementarlo y dejarlo en papel mojado y eso me parece desperdiciar un momento histórico para acabar con una guerra tan larga.

"Me preocupa es la costumbre histórica que hay en Colombia por parte del establecimiento de no cumplir los acuerdos de paz".

Semana.com: ¿Teme que también se caiga la Ley de Amnistía en la Corte Constitucional?

E. S.: La corte va a situar como principio orientador en cualquiera de sus resoluciones la paz, el derecho y la obligación de construirla que figuran en el artículo 22 de la Constitución. La paz como ese derecho síntesis fundamental para la garantía de los demás derechos. Por una cuestión formal se ha declarado inexequible el decreto que garantizaba el mecanismo de protección a los antiguos guerrilleros. Me imagino que todos se dan cuenta de las consecuencias que esto tiene. Si el Estado es incapaz de poner en marcha las garantías de seguridad que combatan el paramilitarismo y a la vez deja sin efecto las medidas aprobadas por el Ejecutivo para garantizar la protección individual, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que se está exponiendo a los guerrilleros a un grave riesgo para su vida.

El asesinato de guerrilleros y sus familias se está evidenciando desde el mes de abril Espero que la Corte Constitucional, estoy seguro, va a garantizar la aplicación de ese principio orientador del derecho a la paz, de la obligacion de construir la paz y francamente espero que no deje sin efecto la Ley de Amnistía. No hay un proceso de paz que se construya hasta que no haya garantías de aplicación de una amnistía.

Bombazo a la paz de la CC. Por la Paz, hasta la vida misma

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

El país está convulsionado. Sin embargo, algunos –incluídos medios- siguen mirando hacia Venezuela.

El paro de los maestros de FECODE estuvo acompañado por más de 500.000 empleados estatales, sin meter a los educadores, lo cual nos da una idea del descontento contra las políticas estatales. Como si fuera poco en la base de todo está el incumplimiento gubernamental señalado por  el presidente de Fecode, Carlos Rivas, quien indicó que “hay más compromisos pactados que el Gobierno debe cumplir”.

Por su parte la Corte Constitucional (CC) acaba de arrojar una bomba a la implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional. Acoge una demanda del CD del narco-paramilitar número 82 y ex presidente,  sediento del poder para esconder su corrupción con Odebrecht y el Ubérrimo, y lentifica la aprobación mediante el fast track del Acuerdo de Paz, lo cual, conociendo como conocemos a los politiqueros tradicionales y ”emergentes”, retardará la implementación hasta ”el año de San Blando”, que no tiene cuándo.

Un proceso de implementación del Acuerdo de Paz que en su fase inicial ha tenido que sortear innumerables dificultades, en parte por la acción de funcionarios enemigos de la paz, en parte por la no construcción de los campamentos con el anodino y mezquino argumento de construir ”hoteles cinco estrellas”-otra mentira más del CD-, carencia de agua y servicios públicos como si los guerrilleros por ser de pueblo no merecen vivir en condiciones de salubridad.

Además persiste el Terrorismo de Estado  aplicado por miembros de la Fuerza Pública en alianza con ”fuerzas oscuras” –CD, ganaderos, terratenientes, narcoparamilitares, agrupados en los ejércitos antirestitución de tierras, es decir, devolverles las tierras a los desplazados y devolver los baldíos obtenidos fraudulentamente-, que ha arrojado desde diciembre del 2016 hasta el día de hoy más de 151 líderes populares asesinados (asesinados), incluyendo 2 guerrilleros de las FARC-EP y algunos familiares de guerrilleros; todo lo cual nos coloca en máxima alerta para exigir el cese del accionar de la máquina de ”guerra sucia” contra el pueblo.

De igual manera tampoco se ha dado cumplimiento a la liberación de prisioneros políticos y de guerrilleros aprobados por la Ley de Amnistía aprobada hace casi 6 meses sin que el paquidérmico poder judicial se de prisa por resolver ésta situación por simple humanidad.

Con el bombazo de la CC se cumple la amenaza de ”hacer trizas el papelucho” del Acuerdo de Paz por parte de los corrompidos precandidatos del CD ya que según ha expresado el profesor Francisco Barbosa ”se puede modificar lo acordado con las FARC”, lo cual nos retrotraería a otra negociación –ésta vez con el corrompido congreso colombiano- y posteriormente esperar la aprobación ”constitucional” de la CC.

O sea, estaríamos ad portas de 2 negociaciones más, con el agravante que en esas negociaciones no estarán las FARC-EP presentes, lo cual permitiría al Congreso y a las Cortes “hacer lo que les venga en gana” con el Acuerdo Final.

Evidentemente que el pueblo está movilizado. El plantón de ayer desde las 4 de la tarde es una muestra de la capacidad de movilización del pueblo en defensa de sus más sentidas reivindicaciones, en especial la Paz. Si los guerrilleros de las FARC-EP han sido capaces de entregar la vida por la Paz, su pueblo no será inferior en su defensa. El pueblo defenderá el Acuerdo de Paz al precio que sea, aún a costa de la propia vida como en efecto ha venido sucediendo con los 151 asesinados por el Terrorismo de Estado y el accionar de las “fuerzas oscuras” que quieren continuar sometiendo a Colombia a las masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, a fin de apoderarse de la tierra de los campesinos e indígenas, a más de continuar explotando inmisericordemente a los trabajadores, los únicos creadores de riqueza en Colombia.

Llamamos a la comunidad internacional, a los países garantes del proceso de Paz con las FARC-EP, a realizar su Buena injerencia para redireccionar el proceso y evitar un nuevo fracaso que sumiría a Colombia en la desolación de una guerra civil.

Por ello reiteramos, conseguiremos la Paz, al precio que sea !!! 

Declaración de las FARC-EP a raíz del pronunciamiento de La Corte Constitucional.

Escrito por  Administrador FARC-EP.CO

El fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo, como ha sido intención y manifestación declarada de los sectores de la ultraderecha que tienen asiento en esa corporación.

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El anuncio del fallo de la Corte constitucional mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de los literales h y j del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016 por presunta sustitución de la Constitución, ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio.

Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas según lo establecido en el Acuerdo, es decir a doce días del D+180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana. 

No se trata simplemente de la decisión judicial, con una interpretación por cierto muy controvertible que banaliza el juicio de sustitución constitucional, sino que estamos frente a la posibilidad de que -de consolidarse una mayoría en la Corte, adversa a la implementación-, se asista al desmonte del andamiaje normativo que desarrolla los acuerdos. Nuestro llamado es a la sindéresis y al mejor juicio para que se habilite la posibilidad de hacer de la paz el derecho supremo consagrado en el ordenamiento constitucional al que hemos aceptado acogernos.

El fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo, como ha sido intención y manifestación declarada de los sectores de la ultraderecha que tienen asiento en esa corporación. En medio de las dificultades y las diferencias conocidas, valoramos la posición hasta ahora adoptada por las mayorías en el Congreso. Además del debate juicioso, de la incorporación de numerosas proposiciones y modificaciones, esa Corporación ha aprobado actos legislativos y leyes de importancia crucial para la implementación del Acuerdo. Aunque la situación generada por el fallo es de suma gravedad y modifica sustancialmente las condiciones de trámite de las normas, nuestro llamado también va hacia ese órgano para que se contribuya a un desarrollo legislativo que se atenga como hasta ahora, al espíritu y la letra del Acuerdo. Esto, bajo el entendido que la celeridad de los desarrollos legislativos es para garantizar la implementación material urgente de los acuerdos y beneficiar así con hechos al conjunto de la sociedad colombiana.

Al Presidente de la República le hacemos igualmente un llamado para que asuma con toda decisión las posibilidades que le otorga la Constitución en su artículo 189, numeral 6, en lo que corresponde a sus facultades para la negociación e implementación de acuerdos de paz. Más aún si se considera la distinción con el Premio Nobel, el permanente respaldo de toda la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los países garantes y acompañantes.

Aspiramos a que la colaboración armónica de los poderes públicos, ordenada por la Constitución, sea una realidad material en este caso de tanta importancia histórica para la generación presente y las generaciones futuras de nuestro país. La paz de Colombia es una obligación del Estado en su conjunto. Con ese propósito estamos comprometidos a fondo.

De nuestra parte, manifestamos:

• Nuestra decisión indeclinable de seguir cumpliendo lo acordado tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento. No sobra reiterar que nuestra decisión ha consistido en transitar a la vida política legal para darle continuidad a nuestras aspiraciones, ajustándonos a las reglas de la Constitución y la ley con las reformas acordadas. Ante la situación presentada, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos. Nos hemos declarado en asamblea permanente en las ZVTN para que el conjunto de nuestra organización pueda tomar las decisiones más inteligentes en esta situación adversa.

• La necesidad de convocar con urgencia la CSIVI para ocuparse de manera exclusiva del camino a seguir en lo que a nuestro juicio es una diferencia sustancial respecto de las condiciones de implementación del acuerdo. Urge una reconducción del proceso.

• La necesida de poner en marcha un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales a fin de lograr el gran acuerdo político nacional, tal como está consagrado en los textos de La Habana, de compromiso con la construcción de la paz y la implementación de lo convenido.

• La invitación a todos los colombianos y colombianas para que con sus libres expresiones y a través de la movilización manifiesten su apoyo al Acuerdo en esta hora difícil

Seis años nos ha llevado transitar el complejo camino de la negociación, de la firma del Acuerdo y ahora de su implementación temprana. Semejante esfuerzo colectivo no puede descarrilarse por decisiones judiciales. Este proceso de paz necesita más hechos y menos leyes.

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