Allende La Paz.
La sentencia de la Corte
Constitucional (CC) que se le atravesó a la implementación del Acuerdo de Paz
trata de ser “reparada” dizque con la “separación de poderes”.
Tamaña mentira no se la tragan ni ellos mismos. El estado es uno solo. Está conformado por poder
ejecutivo, poder judicial, poder legislative, y en añadidura el poder militar,
así éste no lo coloquen como tal.
Esos poderes actúan al
unísono cuando de defender el statu quo burgués se trata. Cada uno de ellos
defienden la constitución burguesa que rige Colombia en estos momentos. Pongamos
un ejemplo.
El 27 de mayo de 1964 el poder ejecutivo –el presidente de
la república Guillermo León Valencia, conservador- decretó la guerra contra 48
campesinos en la vereda Marquetalia, desencadenando así el conflicto interno,
el cual ha perdurado hasta nuestros días y, afortunadamente, está superándose
con el Acuerdo de Paz. Cada 4
años el presidente entrante seguía decretando la guerra, no ya a esos 48
campesinos, sino a los campesinos y al pueblo.
El poder legislativo
avalaba todas y cada una de las acciones de guerra adelantadas por el
Ejecutivo. Colombia vivió más de 30 años en estado de sitio y los decretos
expedidos al tenor de ese estado de excepción se volvieron permanentes en la
legislación colombiana, sustituyendo los principios rectores de la
Constitución. Posteriormente seguían –y siguen- produciendo leyes que afianzan
la guerra, leyes que todavía aplican a pesar de estar en Acuerdo de Paz con las FARC-EP y en conversaciones
con el ELN.
En aplicación de esa legislación de Guerra se han cometido
no pocas aberraciones judiciales. Personas señaladas de ser “guerrilleros o auxiliaries
de la guerrilla”, sin prueba alguna, han permanecido largos años encarcelados
sin ser condenados y sin ser enjuiciados. Ejemplos hay muchos.
El poder judicial ”aplica”
e interpreta las leyes –burguesas- y le coloca la “camisa de fuerza” de la
legalidad a todo el pueblo y enjuicia y condena a los luchadores populares.
Cuando algo pone “en peligro” –por mínimo que sea- el statu quo, o como lo
llaman ahora “el estado de derecho”, saltan y dicen que es ilegal, que violenta
la separación de poderes estipulados por la Constitución, como en el caso del
Fast track.
Así las cosas, la tal “separación
de poderes” no existe. Todos los poderes del estado colombiano actúan al
unísono cuando de defender su “estado” se trata. La
prueba está en la sentencia de la CC sobre el Fast track.
Los ”enemigos de la Paz” incrustados en el estado están
haciendo lo indecible para tratar de romperle el pescuezo al Acuerdo de Paz
entre las FARC-EP y el gobierno Santos ya que no satisface la posición
cavernaria de todos esos sectores. Quieren mantener Colombia en etapas
superadas por otros países y pelean por el statu quo del feudalismo en el campo
y del neolibaralismo en las ciudades y empresas.
Especial objeto de esos
ataques ha sido la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya que la posición
guerrerista visualiza que solo la insurgencia armada cometió violaciones a los
DD HH, y los delitos de lesa humanidad cometidos por los servidores del estado –militares,
policías, congresistas, jueces, etc- son ”legales” porque los cometen al amparo
de la constitución, siendo que la propia constitución prohibe la comisión de
tales delitos.
Es imprescindible
señalar que la responsabilidad estatal en las violaciones de DD. HH., es del
tenor de 83% en masacres y ejecuciones extrajudiciales, 97% en desapariciones
forzadas, y 100% en desplazamiento forzado con despojo de 8,5 millones de hectáreas
a los campesinos e indígenas.
La CC se ha alineado con
los “enemigos de la Paz”, o los “amigos de la Guerra”, y ha producido enorme daño
al deseo de los colombianos de alcanzar
la paz, es decir, que no haya un muerto más por cuenta de un conflicto armado
interno ya que es precisamente el pueblo el que pone esos muertos, sea del
campo estatal, sea del campo guerrillero.
El daño al proceso de paz es enorme. Razón le asiste al jefe
negociador de las FARC, Iván Márquez al aseverar: "Nosotros decimos que si la Justicia
Especial para la Paz (JEP) es tumbada por aquellos que no quieren la concordia de los
colombianos, pues entonces estaríamos prácticamente a las puertas de un fracaso
del proceso de paz".
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