[Colombia] Obesos y famélicos

Por: César Rodríguez Garavito. 

Me perdonarán los lectores que vuelva al tema de la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, sobre el que vengo escribiendo hace un par de años. Pero tres datos y noticias recientes sugieren que finalmente estamos dándole al problema, literalmente, el peso que merece.

El primer dato es la confirmación de que somos un país en inflación. No monetaria, sino corporal. Cada cinco años nos mide la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional. Ya en 2010 la encuesta reveló que la mayoría de los adultos tenía exceso de peso (51,2 %). La de 2015, que acaba de ser publicada, muestra que la cifra subió a 56,7 %. La buena noticia es que los medios le dieron el debido despliegue al hallazgo. Y que el Ministerio de Salud la difundió en los términos graves que corresponden, recordando que el exceso de peso está asociado con buena parte de las enfermedades crónicas no transmisibles responsables de la mayoría de muertes en el país, con el consecuente impacto en el sistema de salud.

El segundo dato preocupante de la encuesta es que el problema ha aumentado con mayor rapidez entre los niños. En tanto que en 2010 el 18,8 % de los niños entre cinco y 12 años tenía exceso de peso, ahora el 24,4 % padece esa condición, con sus correspondientes riesgos de salud para el resto de la vida. La buena nueva es que asociaciones médicas, organizaciones de padres de familia y editoriales de varios medios han reaccionado apoyando medidas que varios veníamos defendiendo hace tiempo pero que el lobby de la industria de comida chatarra ha logrado bloquear, como impuestos a las bebidas azucaradas, límites a la publicidad de ese tipo de comestibles artificiales para los menores y etiquetas claras y veraces sobre el contenido de los productos ultraprocesados.

Muchos podrían pensar que se trata un problema de los sectores más ricos, donde niños y adultos estarían comiendo más allá de la cuenta. Aunque los resultados de la encuesta de 2015 no están disponibles aún por clases sociales, los de 2010 mostraron que la mitad de los más pobres sufren el sobrepeso y la obesidad, principalmente por consumir más alimentos altos en calorías y bajos en nutrientes, como la comida chatarra. Como lo hemos visto en trabajo de campo en lugares como La Guajira y la Ciénaga Grande de Santa Marta, a falta de agua potable, la gaseosa y los jugos endulzados son la forma usual de calmar la sed (y de sumar calorías vacías y gastar parte del escaso presupuesto familiar).

Ese es el tercer hallazgo, al que no se le ha dado suficiente atención: la obesidad va de la mano con la pobreza. Como lo capta el título del librazo de Raj Patel (Obesos y famélicos), la obesidad convive con la malnutrición y la desnutrición en las zonas pobres, como lo muestra de forma chocante La Guajira.

La industria de comida ultraprocesada responderá, como lo ha hecho en otras ocasiones, que el problema no es la dieta sino la falta de ejercicio. También que la solución no es regularla, sino dejar que se autorregule. Y seguirá promoviendo bebidas azucaradas para niños, como lo está haciendo Postobón en La Guajira con su nueva marca Kufu. Los estudios independientes y la experiencia en otros países muestran todo lo contrario, como lo discutiré en otra columna.

* Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

Colombia: De Ricaurte a la JEP

Por: César Rodríguez Garavito

La creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) es un avance fundamental para un posconflicto estable y duradero. Como ningún sistema en otros países que han salido de sus guerras, el tribunal y las salas de la JEP fueron concebidos para investigar a fondo, durante al menos una década, un número amplio de delitos graves cometidos por todos los actores del conflicto. Se le encargó, además, tener a las víctimas en el centro de sus preocupaciones y lograr un balance adecuado entre justicia, verdad, reparación y no repetición.

Por eso mismo, la JEP debe estar compuesta por magistrados y magistradas seleccionados con criterios y procedimientos que estén libres de sospechas. Aún más en un momento crítico para la justicia, cuando la orden de captura contra el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y las investigaciones contra otros dos expresidentes de ese tribunal (Leonidas Bustos y Camilo Tarquino) y un magistrado (Gustavo Malo) alimentan las sospechas de la ciudadanía sobre corrupción judicial. Sospechas comprobadas por prácticas clientelistas como el “yo te elijo, tu me eliges” por el que se cayeron el propio Ricaurte (cuando pasó al Consejo Superior de la Judicatura) y el exprocurador Ordóñez, ante demandas presentadas por Dejusticia y otras organizaciones.

Aunque los críticos del acuerdo de La Habana han atacado al Comité de Escogencia de la JEP, en la práctica el comité ha funcionado mucho mejor que las cortes al elegir magistrados. En tiempo récord, hicieron una convocatoria más transparente y participativa que las usuales, con criterios de selección públicos y un período para que los ciudadanos hicieran observaciones sobre los cerca de 2.000 candidatos que se presentaron.

Sin embargo, en las últimas semanas, en la etapa definitiva de selección de los futuros magistrados, el comité ha tendido a priorizar la agilidad sobre la transparencia. Para evitar suspicacias, debería haber transmitido en directo las entrevistas a los preseleccionados, como se hace en algunas cortes ejemplares del mundo. No ha explicado qué peso tuvo cada criterio a la hora de hacer la preselección. Tampoco qué peso tendrán en la selección final. Y sus integrantes no han revelado si tienen conflictos de interés por lazos personales, familiares o profesionales con algún candidato.

Aunque las entrevistas públicas ya no son posibles porque el proceso termina hoy, el comité aún puede, y debe, tomar las tres últimas medidas, como lo pidió Dejusticia en un comunicado. Es más: podría, y debería, tomarse un tiempo adicional para publicar la lista de seleccionados, si lo necesita para blindar a la JEP frente a conflictos y suspicacias que afecten su funcionamiento. Mucho más cuando la institución de la que proviene uno los miembros del comité —el magistrado de la Corte Suprema José Francisco Acuña— está en el centro del escándalo por clientelismo judicial. Como se sabe, el propio Ricaurte se había postulado para la JEP.

En el país tendemos a ser expertos en la sabiduría del día después: una vez elegidos los funcionarios, aparecen los cuestionamientos y los impedimentos. La JEP es demasiado importante, hay candidatos muy calificados y el Comité de Escogencia ha avanzado bastante, como para que repitamos la historia.

*Director de Dejusticia.

Tomando la religión en serio

Por: César Rodríguez Garavito*

La religión no es un tema cómodo en espacios como este diario, cuyos lectores y columnistas tendemos a ser más urbanos, liberales y agnósticos o ateos que el promedio nacional. Tampoco lo es para candidatos presidenciales que defienden esas posturas y que tendrán que competir con partidos como el Centro Democrático, que ha cultivado cientos de miles de votantes fieles entre sectores cristianos y católicos conservadores.

Desde el día en que esos sectores pusieron votos decisivos contra el acuerdo de paz en el plebiscito, estoy convencido de que el futuro del liberalismo igualitario, el de la Constitución del 91, depende de tomar en serio la religión y disputarle a la derecha su predominio político en asuntos espirituales. Así lo sugiere también la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC): el 85 % de los colombianos afirman que la religión es importante en sus vidas, y el apoyo al proceso de paz varía según creencias (49% de los ateos la respaldan, mientras que 37% de los católicos y 29% de los cristianos lo hacen).

Hay argumentos a favor de tomar la religión en serio que deberían atraer a los liberales igualitarios. Uno es que muchas de las ideas y los líderes que inspiran al progresismo vienen de espiritualidades ídem, desde Gandhi hasta Martin Luther King, desde la solidaridad global del Dalai Lama hasta el ambientalismo de San Francisco de Asís, desde los cuáqueros ingleses que abolieron la esclavitud hasta los teólogos de la liberación latinoamericanos.

Otra razón es que las iglesias son bastante más diversas de lo que pensarían los escépticos. En Colombia hay cerca de 8,2 millones de cristianos, según Cifras y Conceptos. Algunos se congregan en iglesias discriminatorias y politizadas, como la Misión Carismática, que se amalgamó con el Centro Democrático hasta el punto de servirle de sede para su convención reciente. Pero otras denominaciones cristianas están menos involucradas en la política y más cercanas a causas como la paz y los derechos de las minorías. La diversidad es aún mayor entre la mayoría católica, que comprende desde el progresismo de un Francisco de Roux hasta el conservatismo de un Alejandro Ordóñez.

La tercera razón es política. La misma diversidad entre los creyentes explica la simpatía de muchos por candidatos de centro o centroizquierda, incluso algunos que se han reconocido agnósticos o ateos. En el sondeo del CNC, los precandidatos favoritos entre los católicos son Sergio Fajardo y Gustavo Petro, y entre los cristianos puntúan bien Fajardo, Clara López y Juan Manuel Galán.

Pero las elecciones las deciden quienes salen a votar, no quienes responden encuestas. Y las iglesias conservadoras han sido más disciplinadas en las elecciones. Para entablar un diálogo político con los demás creyentes, los liberales harían —haríamos— bien en atender el consejo del historiador Daniel Williams a los demócratas de EE.UU, que tienen el mismo reto: ser honestos sobre la secularidad propia y resaltar que estamos en un Estado laico, pero sin ser condescendientes frente a quienes practican su fe; y estar dispuestos a encontrar puntos comunes entre nuestras propuestas y los valores de espiritualidades diversas.

* Director de Dejusticia.

La directiva 002 de la Procuraduría

Por: Gustavo Gallón* 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA Nación expidió el 14 de junio la directiva 002 de 2017 sobre lineamientos para la protección de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos. Reemplazó con ella la directiva 12 de 2010, expedida por el anterior procurador. Ambas coinciden en expresar el compromiso de la Procuraduría con la garantía de los derechos humanos, y en instar a todas las autoridades en el mismo sentido. Les hacen un llamado a no estigmatizar el trabajo de las y los defensores y a actuar diligentemente, incluida la Procuraduría, en relación con la investigación de violaciones o amenazas en su contra. Más allá de las coincidencias, pueden advertirse en la directiva 002 novedades y avances en tres aspectos, por lo menos:

En materia declarativa, el concepto de defensor de derechos humanos es más amplio en la nueva directiva. Comprende también a las y los “integrantes de movimientos sociales, movimientos políticos, líderes y lideresas políticos y sociales y sus organizaciones y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo” de paz. Es decir, a quienes están siendo especialmente amenazados y asesinados luego de la celebración del acuerdo y la desmovilización de las Farc.

En materia operativa, se destaca la exhortación que hace al Gobierno para que por decreto adopte una política pública de prevención y protección, individual y colectiva. Dada la gravedad de los ataques contra defensores y líderes sociales, esta política es urgente y es un acierto que la Procuraduría la reclame. También le recomienda la directiva al Gobierno la creación de un registro único sobre la vulneración de derechos a defensores y líderes sociales. Es de esperar que sirva para hacerle seguimiento a esa política e introducirle correctivos. Hace la Procuraduría igualmente un llamado a la Unidad Nacional de Protección y al Comité de Evaluación de Riesgos para que fortalezcan las medidas de protección y “garanticen que sean oportunas, idóneas y efectivas”. A las autoridades territoriales les pide incluir en los planes de desarrollo estrategias y políticas de respeto y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Dentro de la Procuraduría, la directiva anuncia la creación de un grupo de análisis e información sobre prevención y protección de defensores de derechos humanos. También prevé la constitución de un Comité Interno para la coordinación y el seguimiento de lo dispuesto en la directiva. Y, en todo caso, el procurador advierte que asumirá la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en ella, mediante convocatoria a sus delegados y a través de visitas a terreno.

La anterior directiva no estaba mal diseñada. De hecho, fue producto del compromiso del procurador delegado para la prevención en derechos humanos con la Mesa de Garantías para defensores de estos derechos. Pero el procurador delegado se retiró poco después de expedida, y el procurador general prefirió dar prioridad a otros menesteres menos edificantes. El nuevo procurador ha querido dejar en claro que esta es una prioridad de la dependencia a su cargo. Esa es la tercera diferencia, y quizás la más relevante, entre las dos directivas. Ojalá se traduzca en resultados.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)

El caso fácil del magistrado Bernal

Por: César Rodríguez Garavito

En derecho hay casos fáciles y casos difíciles. Los primeros tienen una solución clara, dictada por las reglas existentes. Los segundos, en cambio, tienen varias respuestas plausibles. Como escribió el gran teórico jurídico Herbert Hart, los casos difíciles caen en una “zona de penumbra”, donde no es obvio qué dicen las normas o cómo encajan los hechos del caso en ellas.

Actualizando el famoso ejemplo de Hart, es obviamente ilegal conducir un carro o una moto por una ciclorruta. ¿Pero una bicicleta eléctrica? Algunos dirían que también es ilegal porque las ciclorrutas son solo para vehículos sin motor. Otros responderían que las ciclorrutas son, por definición, para las bicicletas y que una con motor no deja de serlo, entre otras cosas, porque puede ser operada con pedales.

Comienzo con la distinción y el ejemplo sencillos para aclarar un debate mucho más complejo y delicado: la decisión que tendrá que tomar la Corte Constitucional sobre si el magistrado Carlos Bernal estaba impedido para participar en el fallo que declaró inconstitucionales algunas normas del fast track. Como lo documentaron Noticias Uno y las demandas del Gobierno y la Comisión Colombiana de Juristas contra ese fallo, Bernal había opinado sobre el tema en varias conferencias, por lo que habría prejuzgado y estaría inhabilitado. Dado que terminó votando, la sentencia sobre el fast track sería nula.

Como muchas discusiones cruciales para la paz y para el país, esta se ha enredado rápidamente en un laberinto jurídico. Aquí es donde la distinción entre casos fáciles y difíciles puede ser esclarecedora. En realidad, el fallo difícil era el anterior, el que tumbó normas del fast trackcon el voto decisivo de Bernal. Aunque creo que la mayoría de la Corte se equivocó en ese fallo, la discusión es compleja y existen argumentos razonables para defenderlo. No se trata de controvertir el fondo del fallo, sino la conducta de Bernal.

El nuevo caso, sobre la participación del magistrado Bernal, es más fácil. Sus opiniones previas implican claramente “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, que es la causal de impedimento estipulada por el Decreto 2067/91. En una conferencia el 15 de diciembre pasado, en Asturias, Bernal dijo que la implementación del Acuerdo de Paz “por ese mecanismo del fast track… es básicamente… pupitrazo”, por lo que “al final se sustituye la Constitución sin mucha legitimación popular, con una expresión clara en contra de los acuerdos en septiembre, sustituida por un voto a pupitrazo”. Y añadió el día siguiente en la Universidad de Oviedo: “Al final lo que va a haber es una sustitución de la Constitución sin que nadie lo diga”. Es decir, el mismo argumento con el que respaldó su voto crucial contra el fast track.

Afortunadamente, la Corte ha sido muy exigente en relación con los impedimentos. Para preservar su imparcialidad, ha declarado impedimentos en casos mucho menos claros, que no tengo espacio para detallar. El de Bernal es bastante más fácil y debe desembocar en la nulidad de la sentencia sobre fast track. Lo contrario sería como prohibir andar en bicicleta eléctrica por una ciclorruta, pero darle vía libre a un avión.

* Director de Dejusticia.

Asesinatos sistemáticos

Por: César Rodríguez Garavito*

Aunque el Gobierno y la Fiscalía insistan en que los asesinatos de líderes sociales son casos aislados, las cifras de muertes violentas de líderes (156 en los últimos 14 meses, según la Defensoria del Pueblo) indican lo contrario.

Digo esto tras estudiar las bases de datos más completas sobre el tema, además de los informes de la Defensoría. Junto con Valentina Rozo, de Dejusticia, revisamos caso por caso, contrastando los nombres de los líderes con otras fuentes sobre su trabajo y las circunstancias de su muerte. Los resultados, que publicaremos en un artículo en este diario, corroboran y profundizan las conclusiones de la Defensoría. Sí hay sistematicidad en los tipos de colectividades que son blanco frecuente de la violencia: juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas que reclaman la restitución de sus tierras, pueblos indígenas y movimientos antimineros. Hay patrones claros en los lugares donde ocurre la violencia, encabezados por Cauca y Antioquia. Aumentaron los asesinatos por la época que se firmó el acuerdo de paz y uno de los blancos comunes ha sido la izquierda política de Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.

Dejo los datos menudos para el artículo. Por ahora planteo una pregunta conceptual que está detrás del debate sobre las cifras: ¿qué se entiende por sistematicidad? Más allá de razones políticas, creo que el Gobierno y la Fiscalía niegan la sistematicidad porque tienen concepciones inadecuadas de lo que ella significa. Una es la del derecho penal clásico, evidente en la declaración del ministro de Defensa: “En Colombia hay 12 mil homicidios en los que se incluyen los de líderes sociales; para esto cada caso debe tener una investigación con un culpable capturado”. Es decir, los asesinatos serían sistemáticos sólo si se prueba en juicio que sus autores son los mismos. Con esto quedan por fuera la mayoría de muertes que nunca tendrán culpable identificado, y también las conexiones informales entre las violencias de grupos como los nuevos paramilitares que no pertenecen a una organización centralizada como lo fueron las Auc.

Para evaluar patrones, la concepción útil es la de las ciencias sociales. A ella apuntó el fiscal cuando dijo que “hay una multicausalidad” en los asesinatos. Pero concluyó erróneamente que, como las causas son varias, “no hay una sistematicidad”. Todos los fenómenos sociales tienen múltiple causas, desde el cáncer de pulmón hasta el cambio climático. Lo cual no significa que no existan patrones ni causas frecuentes, como fumar en el caso del cáncer.

El lenguaje de la sistematicidad es el de la frecuencia y la probabilidad. Lo relevante es detectar patrones y (cuando los datos lo permiten) evaluar si hay una alta probabilidad de que un factor (ej. liderar una junta de acción comunal) esté relacionado con otro (morir asesinado). Es lo que hace la Defensoría al advertir con nombre y apellido que algunos líderes corren riesgo de ser asesinados, advertencias que se han cumplido en varios casos porque el Estado no las atendió.

Si la Defensoría encontró las conexiones hasta el punto de hacer predicciones, ¿por qué no el fiscal y los ministros?

* Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

Censura azucarada

Por: César Rodríguez Garavito*

El debate sobre el azúcar se está volviendo amargo. En lugar de una discusión razonable sobre el creciente problema de obesidad y el consumo de bebidas azucaradas, la industria de gaseosas está usando estrategias nada dulces para silenciar a sus críticos, con la ayuda de algunos medios y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El debate comenzó cuando el Ministerio de Salud propuso un impuesto a las bebidas azucaradas, basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el ejemplo de países como México y Chile. Las industrias azucarera y alimenticia estaban en su derecho de oponerse, como en efecto lo hicieron con un intenso lobby que dejó clara su influencia sobre congresistas de todos los sectores que terminaron hundiendo la propuesta.

La discusión se puso agridulce cuando la industria acudió a recursos muy cuestionables que ha usado en otros países, desde tergiversar la evidencia científica sobre los efectos de las bebidas azucaradas hasta difundir esas imprecisiones en medios de comunicación que controla.

El debate cambió de sabor y de tono por la estrategia jurídica, política y mediática de la industria para censurar el mensaje de quienes piensan distinto, desde el ministro hasta los expertos y los activistas de la salud. El primer trago amargo fue la censura de un video pedagógico de Educar Consumidores, que citaba evidencia sobre la ingente cantidad de azúcar que traen las gaseosas. Postobón le pidió a la SIC que lo sacara del aire porque supuestamente no estaba basado en datos incontrovertibles. Increíblemente, la SIC no solo censuró el video, sino que tomó la medida insólita de ordenarle a Educar Consumidores que sometiera a su aprobación previa cualquier anuncio sobre el tema.

La decisión de la SIC invirtió la lógica de la libertad de expresión: mientras protege la libertad de empresas como Postobón —que lleva décadas de mensajes engañosos como los que han sugerido que sus jugos “de fruta” son saludables o que sus gaseosas tienen el sabor de las frutas maduras—, niega la libertad de expresión de quienes advierten sobre los riesgos de las bebidas azucaradas y el derecho de los consumidores a tener esa información. Por eso desde Dejusticia y otras organizaciones presentamos una tutela contra la SIC, que en buena hora la Corte Suprema acogió en un fallo que le ordenó a la SIC levantar la censura.

Lamentablemente, el debate se volvió a avinagrar por la acción más reciente y preocupante: la denuncia penal que presentó RCN Televisión —del mismo grupo económico que Postobón— contra la directora de Educar Consumidores por supuestamente violar derechos de autor al usar una foto de la vieja telenovela Azúcar en una imagen pedagógica sobre los riesgos de los alimentos azucarados. Resulta inaceptable que un grupo económico use su medio de comunicación para coartar la libertad de expresión y silenciar a los críticos de otra de sus empresas. Aún más que lo haga con la amenaza de cárcel de cuatro a ocho años que implicaría la acusación. La denuncia no tiene bases jurídicas ni fácticas sólidas. Y deja un muy mal sabor en la boca.

* Director de Dejusticia.

Animales políticos irracionales

Por: César Rodríguez Garavito*

O los humanos perdimos la razón o hay un problema serio con nuestro concepto de razón. Entiendo a los convencidos de lo primero: millones de humanos —racionales por autodefinición— se resisten a creer en los beneficios de las vacunas, digieren crédulos las mentiras más inverosímiles por las redes, están destruyendo el planeta donde viven y eligen ególatras populistas contra sus propios intereses.

Pero la locura no es nueva ni pasajera. La historia muestra que los animales pensantes somos capaces de las más insensatas decisiones y opiniones colectivas. Más que una contradicción, se trata de una confusión sobre la idea misma de razón.

El equívoco comenzó con Aristóteles. En la Política, nos definió por partida doble como animales racionales y animales políticos, creyendo, como buen griego, que lo uno equivale a lo otro. Los economistas contemporáneos perpetuaron la confusión; en sus modelos y ecuaciones, los humanos son actores racionales que, con la ayuda de la mano invisible del mercado, producen resultados colectivos óptimos.

En buena hora, esa idea está haciendo agua por la fuerza de los hechos y, sobre todo, los avances de la sicología y otras ciencias. El sicólogo Daniel Kahneman ganó el Nobel de Economía por mostrar que los humanos somos menos racionales de lo que creemos, y menos aún de lo que creen los economistas. Junto con Amos Tversky, abrió toda una línea de estudios y experimentos que han inventariado nuestros sesgos y errores cognitivos innatos.

Tendemos a aceptar noticias falsas si confirman las opiniones que ya tenemos, y descreemos de las que nos contradicen aún si son ciertas. Solemos tomar decisiones guiados por estereotipos inconscientes antes que por la evidencia. Somos buenos para calcular riesgos inminentes y concretos, pero malos para estimar riesgos inmensos pero despersonalizados, como el cambio climático. Y así sucesivamente.

Así que el homo no es tan sapiens. Ahora bien, si nuestras inconsistencias nos ponen en peligro, ¿por qué han sobrevivido el largo curso de la selección natural? Sicólogos como Mercier, Sperber y Fernbach están dando una respuesta que ayuda a entender el mundo de la posverdad y el tribalismo nacionalista. Resulta que nuestra irracionalidad tiene la misma raíz que nuestra principal ventaja evolutiva: la notable capacidad de cooperar entre nosotros.

El espíritu de la tribu nos permite organizarnos en hordas, ejércitos y burocracias eficaces, pero también refugiarnos en burbujas de personas que piensan igual y refuerzan sus temores y mentiras. Creemos —queremos creer— la opinión de los líderes de nuestra tribu sobre asuntos complejos como la inmigración o la paz, lo que nos lleva a sobreestimar lo que nosotros mismos sabemos o entendemos sobre ellos. Aún más: los experimentos demuestran que mientras menos nos informamos y pensamos por cuenta propia, más nos aferramos a las opiniones que ya tenemos.

Existen formas de contrarrestar la inconsecuencia humana, como discutiré en la próxima columna. Por ahora, habría que reconocer que ni los ciudadanos ni los políticos perdieron los estribos. Y entender la razón de la sinrazón, como en el título de la novela de Pérez Galdós.

* Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

La Comisión de la Verdad, un tesoro en potencia

Por: Gustavo Gallón*

Son tres retos enormes, pero muy valiosos, los que debe enfrentar la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” prevista en el Acuerdo de Paz. Conocer los daños inferidos durante el conflicto armado y reconocer las responsabilidades, las víctimas y las fragilidades de la sociedad son los dos primeros de ellos. El tercero consiste en promover, a partir de dicho conocimiento y reconocimiento, unas condiciones respetuosas de vida en común basadas en la cooperación y la solidaridad entre los sujetos sociales.

Esos retos son enormes porque implican hurgar heridas y, además, el tercer propósito es muy ambicioso para una sociedad donde el abuso ha sido una exitosa fórmula de progreso. Pero son muy valiosos y necesarios, como en una buena terapia, para sanar tales heridas y para identificar y poner en práctica entendimientos sociales en donde todo el cuerpo social se cure.

Entre muchas condiciones para que ello ocurra, cabe destacar dos: una robusta capacidad de comunicación de la Comisión, y un diálogo franco entre los actores locales. La primera está prevista en las funciones que el Acuerdo asigna a la Comisión. De una parte, deberá “implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación”. En consecuencia, el Gobierno garantizará lo necesario para el efecto, y el Informe Final tendrá la más amplia difusión y será incluido en el pénsum educativo. De otra parte, la Comisión deberá “rendir cuentas a la sociedad (…) al menos semestralmente”.

Eso está bien. Pero es importante que la Comisión no lo asuma como una tarea burocrática, sino como un elemento de singular importancia. Si algo tuvieron de positivo la Comisión de la Verdad de Sudáfrica y la de Perú, según todos los analistas, fue la amplísima difusión de sus actividades por radio, prensa y televisión, empezando por las declaraciones rendidas ante ella. Es necesario que la gente conozca a fondo lo que ha pasado y que ello genere una catarsis en la sociedad, y una apertura mental y vital, para salir totalmente de la guerra y construir la paz.

La otra condición también está prevista en el Acuerdo. La Comisión deberá celebrar audiencias públicas y “promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia” para “asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz”. Un criterio que debe observar la Comisión es el de coordinarse “con los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios”. Es decir, se trata de hacer el mayor esfuerzo posible para lograr concertaciones que, basadas en el conocimiento y reconocimiento de los motivos y los daños del conflicto a nivel local, permitan construir un país que deje atrás los criterios de exclusión que han prevalecido y opte por la convergencia de las variadas energías sociales.

En realidad no son retos exclusivamente de la Comisión de la Verdad. Son retos que tenemos todas las personas que habitamos este país, y la Comisión nos ofrece una oportunidad extraordinaria para asumirlos. Ojalá no la desperdiciemos.

*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)

Polarización y estigmatización

Por: Rodrigo Uprimny*

La creciente polarización sobre la paz está erosionando aún más el debate y la convivencia democrática, debido al recurso a estigmatizaciones contra quienes defienden ciertas posiciones, como me ha sucedido por el debate sobre la llamada “responsabilidad del mando” (RdM).

He apoyado la reforma constitucional que incorpora la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pues es un paso decisivo para la paz, pero he criticado su regulación de la RdM, pues viola el derecho internacional.

Este tema de la RdM tiene complejidades técnicas, que no puedo desarrollar en esta columna con el detalle con que lo hice en las audiencias ante el Congreso (disponibles en la página web de Dejusticia) y en una entrada esta semana en mi blog en la Silla Vacía. Pero el punto central es que esta reforma constitucional restringe indebidamente el alcance de la responsabilidad que frente al derecho internacional tienen los altos mandos cuando no previnieron las atrocidades de sus subalternos, en aquellas situaciones en que podían y debían evitarlas.

Este desconocimiento del derecho internacional es problemático para la justicia y las víctimas pues abre espacios de impunidad. Y también para la seguridad jurídica de los mandos guerrilleros, militares y policiales, pues abre la vía a la intervención de la Corte Penal Internacional o incluso de jueces de otros países, en función de la llamada jurisdicción universal.

Estos jueces o la Corte Penal Internacional podrían considerar que esta regulación restrictiva de la RdM es una forma de proteger de la justicia a los altos mandos de las Farc y de la Fuerza Pública. Y que entonces no tienen por qué respetar las decisiones de la JEP, ni de los jueces colombianos, por lo cual podrían intervenir en Colombia. Y no se lograría el propósito de que el tratamiento penal más benigno de la JEP, condicionado a los aportes en verdad, permita el cierre jurídico del conflicto armado.

Debido a esas críticas, el general Ruiz Barrera, presidente de Acore, ha argumentado que yo hago parte de una suerte de conspiración de personas que recibimos dinero para que los altos mandos militares sean juzgados más severamente que la guerrilla; que incluso sean juzgados “de la manera más violenta”.

Eso no es cierto. No sólo no hago parte de ninguna conspiración sino que, además, no entiendo cómo yo estaría buscando una justicia más severa para los militares si lo que he defendido es que exista una regulación equivalente de la RdM para la guerrilla y la Fuerza Pública. Y por eso solicité que se incluyera explícitamente la RdM aplicable a jefes guerrilleros en esta reforma constitucional.

El propósito de mis críticas es otro y muy simple: lograr que haya una paz con justicia pero también una paz que dé seguridad jurídica a quienes participen en la JEP. Pero eso requiere que la RdM en la JEP sea compatible con el derecho internacional.

He estado siempre dispuesto a reconsiderar mi planteamiento, si me ofrecen argumentos persuasivos, pero creo que las estigmatizaciones, fuera de ser peligrosas, no nos avanzan en esta discusión, ni en ninguna otra.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

De guerrilleros a guardabosques

Por: César Rodríguez Garavito

9 Feb 2017 - 10:20 PM

El fin de la guerra, tanto como la guerra misma, tiene efectos paradójicos sobre la naturaleza. Los impactos más conocidos son los destructivos: el envenenamiento de ríos por la minería ilegal, que ha financiado a guerrillas y paramilitares; la contaminación de suelos por la voladura de oleoductos del Eln; las rentas de las Farc sobre cultivos de coca en parques nacionales; los humedales desecados para siempre por los paramilitares para sembrar palma.

Lo que se sabe menos es que, en algunas zonas, el conflicto terminó siendo un inesperado conservador del ambiente. Tuvo mucho que ver con la preservación de la Amazonía colombiana, inaccesible de este lado por la violencia, pero abierta en Brasil a la deforestación voraz y en Perú a las carreteras y la depredación que acompañan la economía petrolera. Y desde hace tiempo las Farc prohibieron la tala y la caza indiscriminadas en departamentos como Caquetá, a la manera de guardabosques autoritarios en los territorios que controlaban.

Levantadas las fronteras de la guerra, se levantan también las del daño ambiental. Hablando con dirigentes del Guaviare, queda claro que ni bien salieron las Farc, entraron las bacrim tumbando selva y cercando nuevos lotes ganaderos y de engorde. Líderes sociales de Chocó nos cuentan lo mismo, aliviados con el acuerdo de paz pero inquietos con el súbito despliegue de los paramilitares y el Eln hacia las zonas auríferas y madereras.

De modo que hay que actuar rápidamente para hacer coincidir la paz territorial con la paz ambiental. La solución ya fue inventada en países como Mozambique, donde antiguos combatientes y víctimas fueron contratados por el Estado para trabajar juntos en programas de conservación de ecosistemas vulnerables. El acuerdo colombiano contempla algo similar cuando dice que “la participación en programas y proyectos de protección ambiental y desminado humanitario merecerá especial atención” en los procesos de reinserción de antiguos guerrilleros, que comenzará en forma en seis meses, cuando salgan, desarmados, de las zonas veredales.

Seis meses para dictar normas, diseñar programas y conseguir financiación para vincular a exguerrilleros y campesinos como guardianes de zonas de protección ambiental que conocen como nadie, y para capacitar a los interesados en gestión de servicios ambientales como los que prestan los proyectos de reforestación y ecoturismo. Después, en el tribunal especial para la paz, los jueces deberían contemplar la restauración de ecosistemas como forma de reparación debida por los actores del conflicto que los arruinaron.

La naturaleza es la misma para las víctimas y los combatientes de todos los lados. El futuro del ambiente es una preocupación común en medio de las divisiones de la guerra. Como en otros países, la paz ambiental puede ser, en últimas, otra forma de reconciliación.

* Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

El mundo feliz del Código de Policía

Hay varias razones por las que usted debería estar preocupado con los nuevos poderes de la Policía para vigilarlo y castigarlo.

Por: César Rodríguez Garavito*

Con el fin loable de reemplazar una vieja ley autoritaria de 1970 y promover la convivencia ciudadana, el nuevo Código de Policía termina haciendo lo contrario: dándole a la Policía poderes más amplios sin controles claros y estirando la idea de “convivencia ciudadana” hasta el punto de sancionar conductas inofensivas y legítimas, por supuestamente ir contra ella.

Los problemas son muchos. Como han explicado en otras columnas los colegas Sebastián Lalinde, Mauricio Albarracín y Carolina Gutiérrez, van desde el poder discrecional de la Policía para detener a los ciudadanos en la calle y retenerlos hasta por 12 horas por razones gaseosas, hasta sancionarlos por conductas como llevar una cerveza en la mano o realizar actos sexuales “molestos”, pasando por la facultad de expulsar a vendedores ambulantes y artistas de buses sin ofrecer ninguna opción de reubicación como lo ha exigido la Corte Constitucional.

Me detengo en dos riesgos que han sido menos discutidos y llevaron a Dejusticia a demandar artículos del Código por inconstitucionales. Son las dos caras complementarias del tipo de ciudadano, vigilado y conforme, al que parece aspirar el Código. Vigilado, porque la nueva ley le permite a la Policía recoger y circular información personal, como las imágenes y datos que sean captados por todas las cámaras privadas y públicas de la ciudad. El Código reduce inexplicablemente la privacidad y la intimidad a lo que pase de puertas para adentro y, por tanto, vuelve pública toda esa información sin exigir que medien órdenes judiciales o existan procedimientos de manejo de los datos para impedir que las autoridades, o incluso particulares, accedan a ellos. No hace falta haber visto la película Snowden para adivinar los abusos a los que se prestan semejantes poderes de monitoreo continuo de nuestras vidas personales.

Desde Orwell hasta Huxley y Foucault, el otro rasgo del ciudadano vigilado en las sociedades distópicas es su incapacidad para protestar. A eso apunta el Código. Se puede marchar en la calle sólo si se busca un “fin legítimo”, cuya definición queda en manos de las autoridades de policía. Se permite protestar solo con previo aviso de tres días y una petición firmada por tres personas, en un país donde protestar sigue siendo riesgoso. Y la Policía puede disolver cualquier movilización cuando afecte la convivencia. En la práctica quedan proscritas las manifestaciones espontáneas y el factor sorpresa de las protestas, sin las cuales pierden su esencia en una democracia. Serían inviables las movilizaciones relámpago convocadas por redes sociales, o marchas súbitas como las de sectores que salieron a las calles para criticar o apoyar el acuerdo de paz después del plebiscito de octubre.

El rasgo final del Mundo Feliz de Huxley es el contento de sus ciudadanos con todo lo anterior. Si yo fuera usted, no estaría tan feliz.

* Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi

¿Paz sin participación?

Algo paradójico está pasando con la participación ciudadana tras el fin de la guerra con las Farc. Quienes inicialmente se opusieron al plebiscito pero terminaron ganándolo, abrazan de repente la participación para alegar que el acuerdo de paz es ilegítimo. En cambio, quienes apoyaron el plebiscito y promovieron la democracia participativa a lo largo de los años, parecen a la defensiva tras la sorpresa del 2 de octubre.

Por: César Rodríguez Garavito*

Lo que unos y otros pierden de vista es que la participación prometida no era apenas sobre la refrendación del acuerdo, sino también sobre la implementación que ahora comienza. No es solo un debate sobre el pasado, sino también sobre el futuro y la estabilidad de la paz, que dependen de las reformas y las políticas que la deben concretar.

Basta releer el acuerdo: la palabra “participación” aparece 313 veces. “La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final”, dice el preámbulo. “Participación…en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios”. Participación amplia de la ciudadanía, y en especial de las víctimas del conflicto y los colombianos de las regiones y grupos más afectados por la guerra. Participación en los programas de reforma agraria, reforma electoral, justicia transicional, políticas de drogas y demás puntos del pacto.

De modo que los avatares de la refrendación no agotan la democracia participativa; la hacen aún más necesaria en lo que viene, para darle mayor legitimidad y transparencia a la construcción de la paz. Si una de las causas históricas del conflicto fue el estrecho espacio para los movimientos sociales y otras formas de incidencia pacífica de los ciudadanos, uno de los factores que decidirán la paz son las reformas electorales prometidas en el punto 2 del acuerdo, así como la participación amplia en la implementación y la vida pública futura.

El problema es que la participación es lo primero que se sacrifica en medio de la improvisación de las políticas públicas, con frecuencia porque gobiernos y partidos se rehusan a perder el rentable monopolio de lo público. De ahí la flaqueza de consultas populares, cabildos abiertos, consultas previas, presupuestos participativos, consultas ambientales y otros mecanismos que la Constitución del 91 y la ley prevén para que los ciudadanos deliberen y decidan sobre los asuntos locales que los afectan directamente.

Esta vez debe ser distinto. Jurídicamente, el Estado se comprometió a activar mecanismos de participación en la ejecución del acuerdo y presentar un proyecto de ley que haga lo mismo en la política en general (punto 2.2.1. del pacto). Políticamente, el acuerdo es sostenible sólo si echa raíces en la sociedad, sumando apoyos de ciudadanos, organizaciones y movimientos que ayuden a concretarlo. Moralmente, existe una deuda especial con las víctimas y los grupos vulnerables: los desplazados, las mujeres, los grupos étnicos, los habitantes de regiones olvidadas y otros sectores que sufrieron lo peor de la violencia. Su voz no puede faltar en las sesiones del Congreso, la Comisión de la Verdad, la justicia para la paz, los programas de reforma agraria y demás políticas de paz.

* Director de Dejusticia