La creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) es un avance fundamental para un posconflicto estable y duradero. Como ningún sistema en otros países que han salido de sus guerras, el tribunal y las salas de la JEP fueron concebidos para investigar a fondo, durante al menos una década, un número amplio de delitos graves cometidos por todos los actores del conflicto. Se le encargó, además, tener a las víctimas en el centro de sus preocupaciones y lograr un balance adecuado entre justicia, verdad, reparación y no repetición.
Por eso mismo, la JEP debe estar compuesta por magistrados y magistradas seleccionados con criterios y procedimientos que estén libres de sospechas. Aún más en un momento crítico para la justicia, cuando la orden de captura contra el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y las investigaciones contra otros dos expresidentes de ese tribunal (Leonidas Bustos y Camilo Tarquino) y un magistrado (Gustavo Malo) alimentan las sospechas de la ciudadanía sobre corrupción judicial. Sospechas comprobadas por prácticas clientelistas como el “yo te elijo, tu me eliges” por el que se cayeron el propio Ricaurte (cuando pasó al Consejo Superior de la Judicatura) y el exprocurador Ordóñez, ante demandas presentadas por Dejusticia y otras organizaciones.
Aunque los críticos del acuerdo de La Habana han atacado al Comité de Escogencia de la JEP, en la práctica el comité ha funcionado mucho mejor que las cortes al elegir magistrados. En tiempo récord, hicieron una convocatoria más transparente y participativa que las usuales, con criterios de selección públicos y un período para que los ciudadanos hicieran observaciones sobre los cerca de 2.000 candidatos que se presentaron.
Sin embargo, en las últimas semanas, en la etapa definitiva de selección de los futuros magistrados, el comité ha tendido a priorizar la agilidad sobre la transparencia. Para evitar suspicacias, debería haber transmitido en directo las entrevistas a los preseleccionados, como se hace en algunas cortes ejemplares del mundo. No ha explicado qué peso tuvo cada criterio a la hora de hacer la preselección. Tampoco qué peso tendrán en la selección final. Y sus integrantes no han revelado si tienen conflictos de interés por lazos personales, familiares o profesionales con algún candidato.
Aunque las entrevistas públicas ya no son posibles porque el proceso termina hoy, el comité aún puede, y debe, tomar las tres últimas medidas, como lo pidió Dejusticia en un comunicado. Es más: podría, y debería, tomarse un tiempo adicional para publicar la lista de seleccionados, si lo necesita para blindar a la JEP frente a conflictos y suspicacias que afecten su funcionamiento. Mucho más cuando la institución de la que proviene uno los miembros del comité —el magistrado de la Corte Suprema José Francisco Acuña— está en el centro del escándalo por clientelismo judicial. Como se sabe, el propio Ricaurte se había postulado para la JEP.
En el país tendemos a ser expertos en la sabiduría del día después: una vez elegidos los funcionarios, aparecen los cuestionamientos y los impedimentos. La JEP es demasiado importante, hay candidatos muy calificados y el Comité de Escogencia ha avanzado bastante, como para que repitamos la historia.
*Director de Dejusticia.
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