Razón Pública.
(Tiempo estimado: 1 minuto)
Viendo en detalle la reincorporación de guerrilleros desde la firma del acuerdo es obvio que hay una crisis. Por Ariel Ávila de la Fundación Paz & Reconciliación.
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[Colombia] 2 miembros más de FARC asesinados
FARC.
Medellín, 17 de enero de 2018
El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, DENUNCIA Y RECHAZA el homicidio de los
ex combatientes y militantes activos del partido WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL DE
JESÚS MONTOYA IBARRA, en hechos ocurridos el día 16 de enero de la presente
anualidad a las 11:00 PM en el municipio de Peque- Antioquia, hasta el momento
se desconoce los responsables de esta grave vulneración.
ANTECEDENTES
- Los ex combatientes de las FARC-EP y los integrantes de la Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común, han sido objeto de constante
persecución por parte de fuerzas
armadas que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz
y generar temor y zozobra de quienes hoy creemos en el camino de la
reconciliación, pues a la fecha más de 30 excombatientes han sido
asesinados.
- Cumpliendo con lo pactado en los acuerdos
de paz, en varias regiones del país, venimos realizando encuentros y
reuniones con las comunidades, con el objetivo de socializar nuestras
campañas políticas y nuestros enfoques en los distintos espacios de
participación.
HECHOS
- El día 16 de enero de 2018 los militantes WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA, se encontraban en el municipio de Peque
realizando un encuentro con la comunidad de este municipio y preparando
una reunión posterior con el candidato a la Cámara de Representantes por
el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común WILMAN DE
JESÚS CARTAGENA DURANGO.
- Aproximadamente a las 11:00pm se escucharon varios disparos, por
lo que personas de la comunidad e integrantes de la Policía Nacional se
aproximaron al lugar en donde encontraron en las aproximaciones de un
parqueadero los cuerpos sin vida de los camaradas WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA.
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES
- Al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa para que en
cumplimiento de lo pactado, se brinde la seguridad necesaria para la
participación en política de nuestros militantes; de igual forma que se
reconozca la sistematicidad en los crímenes cometidos en contra de
nuestros ex combatientes
- A la Fiscalía General de la Nación para que investigue de manera
diligente la muerte de nuestros ex combatientes y militantes, y de esta
forma terminar con la impunidad que ha imperado en nuestro país.
- A la Procuraduría General de la Nación
para que analice los incumplimientos y la falta de acción de los
funcionarios públicos encargados de la seguridad de esta población.
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-
FARC-
[Colombia] Alexander Padilla, otro líder social asesinado en el “pacificado” país gobernado por Santos
Insurgente.org
Colombia vuelve a teñirse de sangre. Otro líder social ha sido víctima de una bala del Ejército. El movimiento social colombiano Marcha Patriótica denunció ayer que un efectivo militar asesinó a un campesino en la zona rural de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia.
La denuncia la realizó el líder de Derechos Humanos, Andrés Chica. Este detalló que un soldado adscrito a la Brigada Número 16 de la Fuerza Tarea Conjunta Nudo de Paramillo disparó con su arma en contra del campesino Alexander José Padilla Cruz.
Chica informó que “el campesino estaba recogiendo sus hojas de coca en una mula y efectivamente el soldado le ordena que pare y él no lo hace, entonces, el soldado le dispara. Él no para por temor y no estaba haciendo ningún delito”.
El dirigente sostuvo que el campesino había suscrito recientemente el acuerdo colectivo de sustitución de cultivos ilícitos.
Según el acuerdo, detalló el activista social, “ellos pueden seguir manteniendo el cultivo pero no pueden procesar (…). El Ejército no debía estar en esa zona porque ahí hay acuerdo colectivo de sustitución de cultivos ilícitos.
Portando máscaras en sus rostros, el pasado jueves decenas de dirigentes sociales se dirigieron a Bogotá, capital del país, para reclamar atención de las autoridades estatales.
“Nos están matando de a uno por uno. El Gobierno tergiversa la situación, dice que se trata de ajustes de cuentas, ¿pero qué cuentas tenemos nosotros con ellos?”, cuestionó uno de los voceros.
Ellos denuncian que existe una alianza entre el sector empresarial y de ganaderos con grupos armados en los territorios rurales para expulsarlos y no permitirles que reclamen sus tierras.
Información de organizaciones locales asegura que en lo que va de año han sido más de 120 los dirigentes asesinados. Un estudio revela que cada semana muere un colombiano a causa de una bala perdida.
[FARC] Pablo Catatumbo: 30 excombatientes han sido asesinados durante implementación del Acuerdo de Paz
/ Sábado 4 de noviembre de 2017
Pablo Catatumbo afirmó que alrededor de 30 excombatientes han sido asesinados durante el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Esto también fue referenciado por Iván Márquez, quien dijo que por parte de las FARC se ha cumplido con lo acordado mientras que el Gobierno Nacional ha dilatado los procesos.
Mientras que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ingresa en las vías democráticas, sus miembros en los Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización sufren de graves condiciones de seguridad, ejemplo de ello es Tumaco, donde los diferentes grupos armados están en la disputa por el territorio y oponen en riesgo el espacio donde están los excombatientes.
Críticos al Gobierno manifiestan que hay sectores del Estado que han torpeado el tránsito hacia la vida social de los excombatientes desde el ámbito jurídico, social y económico.
De nuevo el Estado argumenta que son hechos aislados, sin ver una sistematicidad que organizaciones sociales y defensoras de DDHH, como Cahucopana, el CPDH y Aheramigua entre otros han denunciado como un programa contra los líderes sociales, la izquierda y los excombatientes, hechos que fueron expuestos en las audiencias púbicas del CIDH en Montevideo que se desarrolló del 23 al 24 octubre.
Las condiciones de protección a líderes sociales y excombatientes están siendo cuestionadas puesto que este año presenta resultados preocupantes con más de un centenar de líderes sociales asesinados.
Por otro lado, la represión estatal contra el movimiento social se ha ido incrementando, por cuenta de las protestas sociales. El incumplimiento de los acuerdos con el movimiento campesino, afro e indígena ha hecho que estos salgan a las carreteras a levantar su voz.
En medio de la contienda electoral se espera que los candidatos a cargos públicos se pronuncien contra estos graves hechos y sienten una posición contra estos asesinatos que están tomando de nuevo el tinte del genocidio de la UP.
El Estado de proporcionar garantías a la protesta social y el pensamiento crítico, sin que de nuevo se vuelvan a vivir los vergonzosos hechos del pasado.
[Colombia] Hasta que se demuestre lo contrario, es el Terrorismo de Estado
Allende La Paz.
Según cuentas mal hechas van 81 líderes populares asesinados
–ejecutados extrajudicialmente- en el 2017.
534
líderes populares asesinados entre 2011 y 2015. Sumando los 150 líderes
asesinados de 216 nos arrojaría un consolidado de 765 líderes asesinados en
pleno proceso de paz y ahora en plena implementación.
765
no es cualquier cifra. Son 765 vidas humanas cegadas por la intolerancia
agenciada desde el Estado. Son víctimas del Terrorismo de Estado hasta que se
demuestre lo contrario.
765
hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la Paz y por sus reivindicaciones
más sentidas.
Ninguno es de la oligarquía. A
esos nunca el Terrorismo de Estado los toca. Jamás! Ellos no son ”enemigo
interno”.
Nos preguntamos si en algún
momento los funcionarios estatales pararán el Terrorismo contra el pueblo?
También si en algún momento los
pobres podrán desarrollar actividad política sin temor de ser asesinados?
Mucho
más si el simple hecho de protestar por alguna reivindicación no signifique una
condena -y ejecución- de muerte?
Hasta
cuándo?
Qué habrían titulado los medios
en poder de la oligarquía si los 765 asesinados pertenecieran a los sectores
oligárquicos?
Ahí sí se hubieran rasgado las
vestiduras y gritarían que se había degradado la lucha política.
Quienes degradaron la guerra –como
expresión de la política por otros medios- fueron los sectores oligárquicos que
piensan que el Estado puede hacer y deshacer porque ess u Estado.
Hoy la FARC y el ELN pretenden ”hacer
política por otros medios”, por medios legales –los cuales les fue impedido por
la fuerza de la exclusión-, y hay un sector oligárquico que pretenden impedírselo
asesinándolos.
Mas
la FARC le ha apostado todo a la Paz. A pesar de las ejecuciones, las
desapariciones, las masacres como la de Tumaco, están –nosotros con ellos- en
preservar el Acuerdo de Paz por encima de las provocaciones.
Mas,
por favor, “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”.
En Colombia continúan los falsos positivos
No te sientas avergonzado de contar mi crimen,
El crimen del amor y la hermandad
Sólo el que calla debería avergonzarse
Ennio Morricone y Joan Báez
Hace 90 años, un 23 de agosto de 1927, fueron ejecutados en la ciudad de Massachusetts (EEUU) los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti tras un largo juicio plagado de irregularidades en el que fueron desconocidas las más elementales garantías al debido proceso. Estos dos hombres de origen italiano, habían llegado a los Estados Unidos en 1908, vinculándose desde entonces a las luchas obreras y de defensa de los trabajadores inmigrantes. Cuando se desencadenó la I Guerra Mundial (1914-1918), se negaron a participar en ella convencidos, no sin razón, de que las guerras estaban hechas “para el beneficio de los grandes millonarios”.
Aunque Sacco y Vanzetti fueron arrestados, juzgados y condenados a muerte por un delito que jamás cometieron; en el proceso judicial prevalecieron los prejuicios raciales y la xenofobia contra dos inmigrantes cuyo único delito fue -como ellos mismos lo expresaron en una carta escrita desde la cárcel de Dedham- ser “italianos y además subversivos”. Medio siglo después de este asesinato “legal”, el gobernador de Massachussets, Michael Dukakis, reconoció en una proclama pública que a los procesados “no se les había dado un trato justo” y que en el juicio había primado un ‘prejuicio contra los extranjeros y hostilidad hacia posiciones políticas no ortodoxas’.
Para ese momento los dos anarquistas italianos se habían convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Hoy, nueve décadas después, su recuerdo pervive en la memoria colectiva, y ha inspirado centenares de publicaciones, representaciones teatrales, películas y hasta canciones que nos recuerdan la historia de un zapatero (Sacco) y un vendedor de pescado (Vanzetti) contra quienes la justicia agitó todo el odio clasista y racista por el simple hecho de ser pobres. Su caso sigue teniendo actualidad, para ilustrar las perversiones de una justicia que, como en el caso colombiano, continua siendo utilizada para reprimir la protesta social y garantizar la impunidad de los agentes estatales.
El juicio a Sacco y Vanzetti: un poco de historia
La historia de esta farsa judicial inició en el jueves 15 de abril de 1920, cuando ocurrió un robo de una nómina de más de 15 mil dólares, en la localidad de Baintree (Massachusetts); acción en la que murieron baleados por los asaltantes el pagador y su escolta. De este doble delito se sindicó a Sacco y Vanzetti, quienes fueron privados de la libertad pocas semanas después de los hechos. El arresto se produjo en el contexto de los allanamientos ordenados por el Fiscal General Mitchell Palmer, quien meses atrás había ordenado una serie de registros y detenciones contra inmigrantes que expresaran su oposición o participaran en protestas contra el gobierno.
Esto sucedía en un clima de segregación racial propiciado por el entonces presidente norteamericano Woodrow Wilson (1913-1921), y en un ambiente de creciente depresión económica, seguida de una fuerte agitación social que sirvió de pretexto para que las élites dirigentes tomaran medidas encaminadas a detener la supuesta “conspiración roja” que proyectaba la triunfante revolución rusa. La arbitrariedad de estas redadas quedó al descubierto cuando en aquel entonces fue lanzado un anarquista desde el piso 14 del edificio del Departamento de Justicia de Nueva York, y su muerte presentada oficialmente como un suicidio (hecho que habría de inmortalizar años después el dramaturgo italiano Darío Fo en su magistral pieza teatral Muerte Accidental de un Anarquista). Sacco y Vanzetti organizaban actos de protesta contra este crimen.
El juicio contra los dos anarquistas italianos estuvo viciado de principio a fin. Para empezar el día que se cometió el crimen los dos inmigrantes no se encontraban en el lugar de los hechos, y numerosos testigos manifestaron haber visto a Vanzetti en su puesto ambulante vendiendo pescado; mientras que el cónsul italiano de Boston declaró que ese día Sacco se hallaba en su despacho solicitando un nuevo pasaporte. Para el fiscal Katzmann se trataba simplemente de una coartada urdida por los acusados para exculpar su actuación en los hechos delictivos imputados; en tanto que para al juez Thayler estos testimonios no le merecían ningún crédito dado que en su mayor parte provenían de italianos.
Las evidencias que demostraban la inocencia de los inculpados en el asesinato fueron descartadas una tras otra por el mencionado juez: la no coincidencia del calibre del arma homicida con la incautada a Sacco y Vanzetti en el momento de su arresto; la confesión de varios testigos que habían sido sobornados o presionados para inculpar a los dos anarquistas; la declaración de ciudadanos que presenciaron el robo y negaron que estos dos hombres pudieran ser los homicidas. Todo ello sin contar, las numerosas trabas que la justicia interpuso para bloquear la defensa, entre muchas otras, el ocultamiento de las minutas policiales del robo.
Pero ni siquiera la misma confesión de los verdaderos asesinos fue admitida como prueba en favor de la defensa de Vanzetti y Saco. Este último, quien se hallaba encarcelado en la prisión de Dedham, entabló relación con Celestino Madeiros, un integrante de la banda delincuencial de Joe Morelli, y quien reconoció no sólo haber participado en el asalto sino de disparar personalmente contra el pagador de nómina y su escolta. Nada de lo cual impidió que los dos anarquistas, junto con Madeiros, fueran llevados a la silla eléctrica luego de seis años de juicio, donde los abogados defensores agotaron todos los recursos judiciales posibles, incluyendo reapertura de la causa y solicitudes de indulto.
De Sacco y Vanzetti a “Simón Trinidad”
Han transcurrido nueve décadas de la ejecución de Sacco y Vanzetti, y aún persiste la atmósfera racista y xenofóbica que rodeó los años de la primera posguerra en los Estados Unidos. Para constatar este hecho, baste señalar medidas discriminatorias como la revocación de visas a inmigrantes, la construcción de un muro en la frontera con México y la restricción de entrada para ciudadanos de varios países con poblaciones mayoritariamente musulmanas, adoptadas por el actual presidente norteamericano Donald Trump. Sin olvidar, que su antecesor el premio nobel de paz Barack Obama, ha sido el presidente que mayor deportaciones ha hecho en los EEUU.
Ni qué decir del abuso que reina cuando se trata de afroamericanos asesinados, como sucedió recientemente en el estado de Wisconsin con la muerte del joven Tony Robison, a manos de un policía. En esa ocasión, el fiscal del Distrito consideró que el joven de apenas 19 años -que no portaba arma alguna- había agredido al oficial blanco, por lo que no existían pruebas suficientes para enviar a este último a la cárcel. En contraste con estos hechos de impunidad, las estadísticas indican un preocupante sesgo en la aplicación de la justicia, ya que el 36% de las personas privadas de la libertad y el 59% de los condenados en los EE UU son afrodescendientes (Cfr. Newsweek, Mother Jones).
Otra expresión de esta cadena de injusticias, es la larga condena que hoy cumple en la prisión de máxima seguridad de Florence-ADX, en el estado de Colorado, Juvenal Ovidio Palmera ex profesor universitario y conocido en las FARC como “Simón Trinidad”, organización guerrillera a la cual se vinculó para resguardar su vida del genocidio desatado por el Estado colombiano contra la Unión Patriótica (UP). Luego de su absurda e ilegal extradición a los EEUU, “Trinidad” enfrentó allí, un juicio por el delito de narcotráfico, y cuando éste no prosperó se le juzgó y condenó por la retención en las selvas colombianas de tres contratistas norteamericanos, bajo la falsa presunción de que “Simón Trinidad” hacía parte del Estado Mayor de las FARC-EP.
Falsos positivos judiciales y “enemigo interno” en Colombia
La farsa judicial que condujo a Sacco y Vanzetti a la silla eléctrica, nada tiene que envidiar a los falsos positivos judiciales que las autoridades colombianas vienen realizando desde hace ya varios lustros con base en capturas irregulares legalizadas por jueces “de garantías”; el desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia; el linchamiento mediático; el uso de pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales y principios constitucionales; la utilización de falsos testigos; y las presiones por parte de la Fiscalía para lograr la autoincriminación del sindicado y la dilación del proceso.
No sorprende que esto sea así: hace más de una década que se implementó en nuestro país el Sistema Penal Acusatorio (ley 906 de 2004), copiando los elementos procedimentales del modelo norteamericano con todas sus perversiones; y aunque a diferencia de los EEUU la Constitución Política Nacional prohíbe explícitamente la aplicación de la pena capital (art. 11), ésta se ha ejecutado sistemáticamente en Colombia, o acaso, ¿Cómo explicar los casi 4000 asesinatos extrajudiciales, que según cifras oficiales, fueron perpetrados por agentes públicos durante los dos períodos del presidente Uribe, cuando el actual mandatario Juan Manuel Santos fungía como Ministro de Defensa? ¿O los centenares de presos que han muerto en las cárceles colombianas por inatención médica?
Pero no nos engañemos. Las fallas no radican en el modelo, sino en la esencia misma de un sistema que ha diseñado el aparato judicial, con un sentido de clase, para atenuar las crisis cíclicas del capitalismo, criminalizando la pobreza, persiguiendo a los inmigrantes y reprimiendo la disidencia política y la protesta social. Es por ello que “la justicia –como nos lo recuerda el historiador estadounidense Howard Zinn- no se imparte igual para el pobre que para el rico, para el oriundo que para el nacido en otros países, para el ortodoxo que para el radical, para el blanco o la persona de color” (A Power Governments Cannot Suppress).
Sin duda, en Colombia la actuación de una justicia parcializada es un rasgo que caracteriza el último siglo de la historia política contemporánea del país; y en los marcos de un prolongado conflicto armado y social, el poder judicial se ha configurado –salvo contadas excepciones- en un verdadero aparato de guerra, dirigido a desarticular las organizaciones sociales, silenciar la protesta social y sembrar el miedo entre los que tienen un pensamiento disidente, a la vez que ha garantizado la impunidad de los agentes estatales que incurren en actos criminales. Esto sigue siendo válido aún después de firmados los Acuerdos de Paz suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno del Presidente Manuel Santos el pasado mes de noviembre de 2016.
Casos recientes como la injusta judicialización del estudiante de sociología Mateo Gutiérrez; la arbitraria detención de la defensora de derechos humanos Milena Quiroz, junto con cinco líderes sociales más, en el sur de Bolívar; así como la aprehensión de varios profesionales y universitarios, sindicados, sin mayores pruebas, del atentado en el Centro Comercial Andino de Bogotá, nos recuerdan dolorosamente las palabras que se le atribuyen al parcializado juez que condenó a Sacco y Vanzetti, a la pena capital “este hombre –exclamó el magistrado a los miembros del jurado- aunque no haya cometido el crimen que se le atribuye, es de todas maneras culpable, porque es un enemigo de nuestras instituciones”.
Y es que en esta concepción de “enemigo” el estado colombiano incluye a los campesinos que defienden su territorio de la voracidad de las multinacionales; a los pueblos indígenas que se oponen a la explotación de las mineras; a los estudiantes y maestros que rechazan la privatización de la educación; a los trabajadores que reivindican sus derechos laborales; a los afrodescendientes que se oponen al monocultivo de la palma y la caña de azúcar; a los ciudadanos que reclaman pacíficamente por el alza en la tarifa de los servicios públicos; a los jóvenes que se movilizan por mejores condiciones de vida; en fin a todo o toda aquel que reclama sus derechos.
La fuerza de la solidaridad
La indignación que despertó la injusta condena de Sacco y Vanzetti, se hizo sentir en todos los rincones del mundo abarcando ciudades tan diversas como Nueva York, Tokio, Londres, París, Estocolmo o Nueva Delhi, y aglutinando un amplio y heterogéneo espectro social y político que se expresó en contra del parcializado juicio del que fueron objeto estos dos anarquistas. A esta campaña internacional por su libertad se sumaron voces de reconocidos escritores e intelectuales, entre otros, Romain Rolland, Bertrand Russell, Albert Einstein, Marie Curie, Anatole France, Bernard Shaw, H. G. Wells, John Dos Passos, este último autor de un lírico y apasionante relato que recoge los pormenores del juicio.
América Latina no fue ajena a esta ola de protestas. Argentina, y particularmente Buenos Aires, vivió aquel 23 de agosto de 1927 con una intensa agitación: “El paro fue general, ordenado por las centrales obreras. Todo el día explotaron petardos como gritos de furiosa protesta, manifestaciones, enfrentamientos con la policía. Como símbolo quedó un tranvía quemado en el centro de Buenos Aires (Osvaldo Bayer. “Dos Héroes del Pueblo”). Meses antes habían detonado bombas en la embajada estadounidense, en el City Bank y en la empresa Ford, mientras que la estatua de George Washington yacía hecha añicos, tras la detonación de un artefacto explosivo en su pedestal.
Es cierto que ante estas protestas nacionales e internacionales, la arrogancia imperial fue inflexible y las autoridades se negaron a conmutar la sentencia de muerte de los dos anarquistas. Sin embargo la campaña de solidaridad en favor de su libertad, logró articular un vasto movimiento de solidaridad por encima de las fronteras geográficas e ideológicas; una lección que sigue teniendo vigencia en un país como el nuestro, donde la solidaridad con los presos políticos parece haberse sectorizado y hasta privatizado, por eso todavía hoy resuenan las palabras de Sacco y Vanzetti a sus compañeros y amigos: “ Si hemos de morir, haced al menos que nuestro sacrificio contribuya a abrir el camino a un mundo en el que no existan más las clases dominantes, sofocando las aspiraciones de la libertad”.
Miguel Ángel Beltrán, Profesor universitario. Ex preso político.
Colombia: La ejecución de líderes populares es sistemática y consuetudinaria
Hernando Vanegas Toloza,
Postales de Estocolmo.
Ya llegamos a 200 líderes populares asesinados –ejecutados
extrajudicialmente- por el Terrorismo de
Estado. Y es Terrorismo de Estado en razón que han sido ejecutados por
bandas narco-paramilitares que actúan de la mano de sectores de las fuerzas
militares estatales, las cuales, a pesar del Acuerdo de Paz con las FARC-EP,
continúan aplicando la receta terrorista de la Doctrina de Seguridad Nacional
(DSN).
Negar la sistematicidad
no hace más que apuntar a los verdaderos responsables. Que funcionarios del
gobierno Santos nieguen enfáticamente la existencia del paramilitarismo solo
tiene un significado, es decir, el Terrorismo adelantado por las bandas
narco-paramilitares es agenciado desde el Estado.
Además, que las bandas
narco-paramilitares actúen en todo el país es muestra de la falsedad del “proceso”
adelantado por el gobierno UribeVélez con los “paramilitares”, el cual solo
sirvió para extraditar los capos narco-paramilitares a los Estados Unidos, a
fin de lograr su silencio como en efecto lo logró en relación con los
personajes politicos y empresariales comprometidos con ellos en el asesinato de
centenares de miles de colombianos.
Que es consuetudinaria
no deja la menor duda. 3 miembros de las FARC-EP asesinados –ejecutados
extrajudicialmente- en 3 días es una dolorosa muestra de ello. Que también viene a confirmar lo que tanto temíamos.
Los militaristas –militares, funcionarios estatales, ganaderos, terratenientes,
empresarios, financieros, etc- están logrando en la implementación de la Paz lo
que no pudieron en la Guerra, vencer a las FARC-EP.
Nos duele sobremanera
que la comunidad internacional no se movilice oportunamente para exigir al
gobierno de Juan Manuel Santos –espurio Nobel de Paz- el cese del Terrorismo de
Estado. No
podemos seguir jugando con la vida de las personas. Y personas somos todos los colombianos, incluídos los
guerrilleros y los líderes sociales.
¿Que matan líderes sociales? ¡Qué importa!
El número 156 equivale, por ejemplo, a 14,1 equipos de fútbol y 31,2 equipos de básquetbol. El número 96 se puede comparar con 6,4 salones de clase con un promedio de 15 alumnos, o con las personas que transporta un Embraer 190.
Piensen ahora que asesinan a los jugadores, a los niños o a todos los pasajeros del avión. ¿Terrible? Esos números son la realidad en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el año 2016 y marzo de este año, y la cifra del Gobierno Nacional, muy similar a la de Naciones Unidas, en el mismo periodo de tiempo, es de 96 homicidios.
Es dramática la diferencia de cifras entre una fuente y otra, lo cual demuestra que el Estado tiene pendientes las tareas de articulación, presencia y metodología, pero están matando a la gente en las regiones y eso no tiene ninguna discusión.
David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, opina para esta columna que “es innegable que hay una sistematicidad y un patrón que permiten determinar que se están ejecutando unos pasos para que ocurran los asesinatos. El patrón está compuesto por una campaña de estigmatización: ser líder social en la ruralidad es ser integrante de la guerrilla”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, responde: “Reconocemos la gravedad del caso, pero frente a la sistematicidad la información de la Fiscalía muestra que no hay un mismo patrón en los homicidios. Sí son líderes pero varios crímenes corresponden a razones distintas al liderazgo. Admito que falta acción y que hay que hacer presencia efectiva en las zonas que dejaron las Farc”.
El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, me cuenta que este año han recibido 83 denuncias de homicidios, 32 sí tenían liderazgo, 24 no lo tenían, 17 están en proceso de verificación y 10 víctimas no eran líderes pero sí miembros de organizaciones como el Partido Comunista y Marcha Patriótica. “La mitad de esos asesinatos fue cometida bajo la modalidad de sicario”, añade Howland.
Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. “El asesinato del 70 % de las víctimas que tenían rol de liderazgo ocurrió en áreas dejadas por las Farc. Son lugares donde todos los indicadores de violencia han aumentado”, y sobre la sistematicidad aclara: “Dentro del Derecho Internacional, sistemático tiene que ver con un plan centralizado y sobre eso no tenemos información suficiente. En razón de los derechos humanos sí hay un patrón que se repite”.
Carlos Negret, defensor del Pueblo, pide a través de esta columna “que no estigmaticen a los líderes sociales y defensores de derechos humanos porque eso los pone en riesgo y por eso los asesinan”. Hace un llamado al Gobierno para que atienda a tiempo las alertas tempranas y brinde la seguridad que está obligado a prestar.
Desde la Fiscalía me mandaron un video que colgaron en Twitter con información insuficiente que no cito porque no me ayudaron a ampliarla y confrontarla. Pero ahí está en la red de la entidad por si les interesa verla.
Mi conclusión es que seguimos naturalizando los homicidios, que desde todas las instancias se oyen discursos retóricos y que, a pesar de los esfuerzos de muchos, la cultura del conflicto armado sigue intacta. Si los asesinados fueran los jugadores, los niños o los pasajeros del avión que mencioné al principio, ¿sí reaccionaríamos? No sé, respondan ustedes.
* Periodista. @ClaMoralesM
COLOMBIA. Asesinan a lideresa social del Cauca, luego de ser torturada y violada
Insurgente.org
Sigue el conteo de líderes sociales asesinados en Colombia. Mientras el presidente Santos parece más preocupado en arremeter contra Venezuela que en solucionar los gravísimos problemas que tienen sus gobernados, el país suramericano contabiliza ya y en lo que va de año la friolera cantidad de 51 líderes y lideresas asesinadas. En esta ocasión se trata de Idaly Castillo Narváez, una líder comunal del municipio de Rosas, Cauca.
La secretaria de la Mujer de la región, Rocío Cuenca, informó que Idaly “fue torturada, abusada sexualmente y, posteriormente, asesinada. Y añadió que “consideramos que, ante este tipo de hecho, es necesario que se adelanten investigaciones muy pertinentes para dar muy rápidamente con quien cometió el hecho”.
Idaly Castillo, que contaba con 34 años de edad, era miembro de la Mesa de Participación de Víctimas y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio. Su cadáver fue hallado cerca de su casa.
Se da la circunstancia de que el pasado domingo se registró otro asesinato. En este caso el fallecido fue Nidio Dávila, un líder social de Nariño, que se negó a pagar un “impuesto” a presuntos miembros de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia —AGC—.
Según la organización Somos Defensores, en lo que va de año los asesinatos a líderes y lideresas sociales ha aumentado en un 30%, respecto a igual período de 2016.
Informe aumento sindicalistas víctimas del Terrorismo de Estado - Agencia de Información Laboral – AIL
Colombia asiste a un momento de grandes retos por la paz, un momento que siembra la esperanza de superar las violaciones a los derechos humanos, de manera particular aquellas cometidas contra quienes se han dedicado a exigir y defender los derechos.
Actualmente, uno de los factores que más preocupación genera es la persecución y la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintas regiones del país, tal como lo consigna el Programa Somos Defensores.[1]
Y entre esos líderes sociales están los sindicalistas, que, como se sabe, históricamente han sido víctimas de la violencia. De acuerdo con el seguimiento realizado por el Sistema de Información de Derechos Humanos de la ENS, desde enero de 1973 hasta julio de 2017 hubo al menos 14.461 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.122 homicidios (2.800 hombres y 322 mujeres), 385 atentados, 236 desapariciones forzadas, 7.054 amenazas de muerte y 1.897 desplazamientos.[2]
Pero la violencia antisindical no es un asunto del pasado, persiste; como también está al orden del día la criminalización de la actividad sindical, esto es, el tratamiento de orden público, judicial y punitivo hacia esta actividad. Una lectura reciente de la situación de derechos humanos del sindicalismo muestra que, si bien en los últimos años ha habido tendencia decreciente de la violencia antisindical, es preocupante que, pese a las medidas implementadas por el gobierno, este fenómeno no cesa.
De acuerdo al análisis sobre la violencia antisindical en este periodo reciente, se identifican algunas hipótesis centrales: 1) La tendencia decreciente en el registro de casos[3]. 2) La violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales. 3) Se acrecienta la violencia dirigida contra organizaciones sindicales en su conjunto. 4) Se presenta un cruce entre la violencia y la criminalización de la acción sindical. 5) La reactivación de la violencia antisindical en el sector rural.[4]
Aunque la violencia antisindical se ha reducido con respecto al pasado, tenemos que en 2016 hubo un incremento del 31,3% de los casos registrados en 2015. Lo que indica la existencia latente del riesgo que podría incidir en el incremento de vulnerabilidad para las y los sindicalistas.
La CSA se pronuncia
Precisamente en respuesta a la situación de violencia contra sindicalistas en Colombia, la Confederación Sindical de las Américas (CSA) remitió hoy miércoles una carta al presidente Santos, en la cual manifiesta su enérgica condena de esta violencia y la falta de garantías de protección a la vida y la integridad física de los sindicalistas para desempeñar su labor.
“Esta gravísima situación de violencia e impunidad contra los sindicalistas, sumado a otros elementos, tales como la demora en la implementación de los acuerdos de La Habana, la presión de empresas multinacionales por ocupar territorios de comunidades indígenas para la industria extractiva, el reagrupamiento del paramilitarismo y su pretensión por ocupar regiones y territorios de los que se ha retirado las FARC en cumplimiento de la aplicación del acuerdo de paz, configuran un cuadro complejo para la continuidad del proceso de paz en Colombia, que el movimiento sindical internacional ha respaldado desde su inicio”, señala la CSA en su carta al presidente colombiano.
Asimismo, exige una investigación inmediata de los crímenes contra las y los sindicalistas, la identificación de los autores materiales e intelectuales, la adopción de todas las medidas de prevención necesarias para protegerlos, así como la reparación individual y colectiva del sindicalismo colombiano por el daño sufrido durante la etapa del conflicto armado.
Violencia antisindical en 1° semestre de 2017[5]
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la ENS, entre el 1° de enero y el 5 de julio de 2017 se registraron 115 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física contra sindicalistas, discriminados así: 10 homicidios, 4 atentados, 77 amenazas, 13 hostigamientos y 9 detenciones arbitrarias. Como se ve, en el primer semestre de 2017 prevaleció la violencia no letal, es decir, la que se expresa mediante la persecución y la amenaza.
Adicionalmente, también se siguen presentando acciones contra organizaciones sindicales como colectivo[6]. El 8 de marzo fue atacada con una granada la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) Seccional Ciénaga, Magdalena. Allí se encontraban reunidos los directivos nacionales y de la seccional. El artefacto explosivo fue dejado debajo del carro del dirigente de Sintrainagro, Medardo Cuesta Quejada.
Violaciones contra la vida, libertad e integridad de sindicalistas en Colombia. 1° semestre 2017.
| Tipo de violación | Mujeres | Hombres | Total |
| Amenazas | 6 | 71 | 77 |
| Hostigamiento | – | 13 | 13 |
| Detención arbitraria | – | 9 | 9 |
| Atentado con o sin lesiones | – | 4 | 4 |
| Homicidios | 2 | 8 | 10 |
| Tortura | – | 1 | 1 |
| Allanamiento ilegal | – | 1 | 1 |
| Total general | 8 | 107 | 115 |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
El cuadro anterior muestra que la amenaza y el hostigamiento son los tipos de violencia que presentan mayor recurrencia: el 78,2% del total de casos registrados. Lo que indica que la persecución y la intimidación continúan siendo dispositivos centrales y no efectos colaterales de la violencia antisindical, a menudo ligados a escenarios donde se destaca el activismo sindical. Muchos de los mensajes amenazantes aludían la posición política y acentuaban la estigmatización de la acción sindical.
Gran parte de los sindicalistas y sindicatos que fueron víctimas de amenazas estaban llevando a cabo procesos de defensa de derechos y defensa de la paz. Por ejemplo, el 6 de enero de 2017 varias organizaciones defensoras de derechos humanos en el Tolima fueron amenazadas por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar que opera en la zona. Varios dirigentes y activistas de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol), así como Nelson Moreno, dirigente de la CUT Subdirectiva Tolima, fueron señalados de “comunistas que le hacen daño al Tolima y al país con el cuento de la paz”.
El 17 de abril fueron amenazados algunos profesores que adelantaban en el colegio cátedras e investigaciones de los acuerdos de paz con los estudiantes.
Por otra parte, en lo corrido del 2017 se han registrado 8 hechos de violencia contra mujeres sindicalistas, 7 de ellas dirigentes y activistas en el ámbito rural. La otra víctima corresponde a una afiliada al sindicato de docentes del Valle (Sutev), asesinada el 7 de junio. Asimismo, mujeres familiares de dirigentes sindicales han sido víctimas de la violencia, como es el caso de la esposa y la hija de Huber de Jesús Ballesteros, dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
Violaciones a la vida, libertad e integridad según tipo de sindicalista. 1° semestre 2017.
| Tipo de sindicalista | N° Casos |
| Dirigente sindical | 97 |
| Trabajador de base | 17 |
| Asesor sindical | 1 |
| Total general | 115 |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
Otra circunstancia preocupante, es que la violencia se concentra en la dirigencia y el activismo sindical. Mientras que en 2016 este tipo de casos alcanzaron el 78,4%, en el 1° semestre de 2017 superan el 84,35% del registro total. Es decir, cada vez se evidencia una relación más estrecha entre la actividad sindical, en sus diversas expresiones reivindicativas y organizativas, y la violencia contra los sindicalistas y los sindicatos que lideran estos procesos. Veamos algunos casos:
El 3 de febrero de 2017 fueron amenazados 9 dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Vigilancia, Escoltas y Similares (Sintraviescols) en el Valle del Cauca. La amenaza la recibieron cuando negociaban la convención colectiva y adelantaban una querella contra una de las empresas empleadoras, evento en el que también fue amenazado un dirigente de la CUT subdirectiva Valle.
El 27 de febrero, por participar en una protesta fueron detenidos por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) los trabajadores Juan Méndez Gutiérrez, Melvin Dávila Rincón, Manuel Vergara Pérez, Gilberto Julio Velásquez y Andrus Julio Díaz, afiliados a la USO y al Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg). Y al día siguiente los dirigentes de la USO Wilmer Hernández, Alexander Escobar y Rodolfo Vecino fueron agredidos por el ESMAD.
Asimismo, dos directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Colombia (Sintrasaludcol) que presentaron denuncias contra Saludcoop/Cafesalud, recibieron amenazas. Se trata de Eric Amador Toro, directivo de la Seccional Barranquilla, amenazado el 16 de marzo presuntamente por el ELN; y Rodrigo Medina, directivo de la Subdirectiva Cali, amenazado el 25 de abril. A éste le dijeron que moriría por ser sindicalista.
El 21 de abril, mientras se encontraban en una huelga de más de 50 días, fueron amenazados 12 trabajadores de Manaure afiliados al sindicato de la empresa Big Group Salinas Colombia (Sintrasles) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de Big Group Salinas de Manaure (Sintrabgsalinas). Y el 22 de mayo fue víctima de un atentado el presidente de este sindicato, Carlos A. Gómez Galván.
Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas según departamento. 1° semestre 2017.
| Departamento | N° Casos | % | |
| Cauca | 27 | 23,48% | |
| Valle | 17 | 14,78% | |
| Tolima | 14 | 12,17% | |
| Guajira | 13 | 11,30% | |
| Santander | 11 | 9,57% | |
| Bolívar | 9 | 7,83% | |
| Boyacá | 4 | 3,48% | |
| Cesar | 4 | 3,48% | |
| Huila | 4 | 3,48% | |
| Atlántico | 3 | 2,61% | |
| Magdalena | 3 | 2,61% | |
| Meta | 2 | 1,74% | |
| Bogotá D.E. | 1 | 0,87% | |
| Antioquia | 1 | 0,87% | |
| Córdoba | 1 | 0,87% | |
| Risaralda | 1 | 0,87% | |
| Total general | 115 | 100,00% |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
Según el cuadro anterior, en el periodo considerado la violencia contra sindicalistas y sindicatos se presentó en 16 departamentos. El que mayor número de caso registró fue el Cauca, con el 23,48% del total. Valle le siguió con 14,78%, Tolima 12,17%, Guajira 11,30% y Santander 9,57%. Indica que la violencia antisindical se intensificó en tres regiones: Caribe, Pacífico y Oriente colombiano.[7] Si bien Antioquia no cuenta con casos documentados en 2017, es de aclarar que existe un subregistro debido a dificultades en el acceso a la información, principalmente con relación a casos de docentes sindicalizados.
Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas según sector económico. 1° semestre 2017
| Sector económico | N° Casos | % |
| Agricultura, caza y pesca | 44 | 38,26% |
| Minas y canteras | 42 | 36,52% |
| Otros servicios comunales y personales | 15 | 13,04% |
| Educación | 8 | 6,96% |
| Industria manufacturera | 3 | 2,61% |
| Salud | 3 | 2,61% |
| Judicial | 2 | 1,74% |
| Total general | 115 | 100,00% |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
En lo relacionado con la dinámica sectorial de la violencia antisindical, en el periodo reciente los sectores de la agricultura, caza, pesca, minas y canteras concentraron el 74,78% de los casos documentados, lo que indica una reactivación de la violencia en zonas rurales. Veamos algunos ejemplos:
Cristóbal Guamanga, líder social y campesino, directivo del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca (Sinpeagric), filial de Fensuagro, ha sido víctima de seguimientos y amenazas. Una de ellas el 3 de marzo, contra él y otras organizaciones sociales y políticas. Recibió un mensaje que decía: “Sentencia de muerte a guerrilleros farucos. Tienen el tiempo contado se van o se mueren…”.
Igual ocurrió el 9 de febrero con Alfonso Mendoza Álvarez y José Borja Escalante, dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) Subdirectiva Ciénaga. Por medio de un texto escrito ambos fueron amenazados por el grupo paramilitar Comando Urbano Los Rastrojos, que les exigió que se fueran de la zona.
Otro caso que ilustra la violencia contra un dirigente sindical del sector rural, es el de Huber de Jesús Ballesteros, dirigente de Fensuagro e integrante de Marcha Patriótica. Fue detenido en agosto de 2013 y dejado en libertad el 13 de enero de 2017 por vencimiento de términos. Posteriormente, en abril, mayo y junio de este año fue víctima de amenazas y seguimientos por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. También su esposa y su hija recibieron mensajes amenazantes que los declaran objetivo militar y manifiestan oposición a la implementación de los acuerdos de paz.
Violaciones a vida, libertad e integridad contra sindicalistas según presunto responsable. 1° semestre 2017.
| Presuntos responsables | N° Casos | % |
| Paramilitares | 59 | 51,30% |
| No identificado | 39 | 33,91% |
| Organismo estatal | 15 | 13,04% |
| Guerrilla | 2 | 1,74% |
| Total general | 115 | 100,00% |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
Finalmente, con respecto a los responsables de la violencia contra sindicalistas en este 2017, se tiene que los principales presuntos victimarios han sido los paramilitares en más de la mitad de los casos registrados, lo cual resulta muy preocupante por el obstáculo que representa para la construcción de la paz, y por la falta de reconocimiento por parte de la institucionalidad sobre la pervivencia de este grupo armado ilegal. El segundo lugar lo ocuparon los organismos estatales, lo cual también resulta muy preocupante.
[1] Según el Programa Somos Defensores, entre enero y marzo de 2016 se registraron 113 defensores y defensoras de derechos humanos víctimas de algún tipo de agresión. En el mismo periodo en el año 2017 este tipo de agresiones alcanzó la cifra de 193 casos. Véase:
https://www.somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh [Consultado Junio 2 de 2017]
[2] Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, Escuela Nacional Sindical.
[3] Nota metodológica: es necesario precisar que existe sub registro, principalmente, en la violencia antisindical cometida contra docentes, ya que en los últimos años se han encontrado dificultades para acceder a esta información.
[4] Cuaderno de Derechos Humanos N° 24. “Voces que no callan” (2016). Escuela Nacional Sindical.
[5] Nota metodológica: Las cifras correspondientes al periodo comprendido entre enero y junio de 2017 son provisionales, ya que se encuentran en proceso de recolección, contrastación y validación.
[6] Este tipo de violaciones se dirigen contra la organización sindical en su conjunto.
[7] Cuaderno de Derechos Humanos N° 24. “Voces que no callan” (2016). Escuela Nacional Sindical.
[7] Cuaderno de Derechos Humanos N° 24. “Voces que no callan” (2016). Escuela Nacional Sindical
