La creciente polarización sobre la paz está erosionando aún más el debate y la convivencia democrática, debido al recurso a estigmatizaciones contra quienes defienden ciertas posiciones, como me ha sucedido por el debate sobre la llamada “responsabilidad del mando” (RdM).
He apoyado la reforma constitucional que incorpora la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pues es un paso decisivo para la paz, pero he criticado su regulación de la RdM, pues viola el derecho internacional.
Este tema de la RdM tiene complejidades técnicas, que no puedo desarrollar en esta columna con el detalle con que lo hice en las audiencias ante el Congreso (disponibles en la página web de Dejusticia) y en una entrada esta semana en mi blog en la Silla Vacía. Pero el punto central es que esta reforma constitucional restringe indebidamente el alcance de la responsabilidad que frente al derecho internacional tienen los altos mandos cuando no previnieron las atrocidades de sus subalternos, en aquellas situaciones en que podían y debían evitarlas.
Este desconocimiento del derecho internacional es problemático para la justicia y las víctimas pues abre espacios de impunidad. Y también para la seguridad jurídica de los mandos guerrilleros, militares y policiales, pues abre la vía a la intervención de la Corte Penal Internacional o incluso de jueces de otros países, en función de la llamada jurisdicción universal.
Estos jueces o la Corte Penal Internacional podrían considerar que esta regulación restrictiva de la RdM es una forma de proteger de la justicia a los altos mandos de las Farc y de la Fuerza Pública. Y que entonces no tienen por qué respetar las decisiones de la JEP, ni de los jueces colombianos, por lo cual podrían intervenir en Colombia. Y no se lograría el propósito de que el tratamiento penal más benigno de la JEP, condicionado a los aportes en verdad, permita el cierre jurídico del conflicto armado.
Debido a esas críticas, el general Ruiz Barrera, presidente de Acore, ha argumentado que yo hago parte de una suerte de conspiración de personas que recibimos dinero para que los altos mandos militares sean juzgados más severamente que la guerrilla; que incluso sean juzgados “de la manera más violenta”.
Eso no es cierto. No sólo no hago parte de ninguna conspiración sino que, además, no entiendo cómo yo estaría buscando una justicia más severa para los militares si lo que he defendido es que exista una regulación equivalente de la RdM para la guerrilla y la Fuerza Pública. Y por eso solicité que se incluyera explícitamente la RdM aplicable a jefes guerrilleros en esta reforma constitucional.
El propósito de mis críticas es otro y muy simple: lograr que haya una paz con justicia pero también una paz que dé seguridad jurídica a quienes participen en la JEP. Pero eso requiere que la RdM en la JEP sea compatible con el derecho internacional.
He estado siempre dispuesto a reconsiderar mi planteamiento, si me ofrecen argumentos persuasivos, pero creo que las estigmatizaciones, fuera de ser peligrosas, no nos avanzan en esta discusión, ni en ninguna otra.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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