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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

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Cómo andamos en Colombia?

Allende La Paz.

Colombia está en crisis desde hace muchos años. Crisis económica, crisis política, crisis social. O sea, en crisis permanente que no “había sido vista” porque el bloque dominante en el poder –los Santos, Uribes, Vargas-Lleras, Sarmiento Angulo, Santodomingo, Ardilla Lulle, etc- no dejaba ver por el énfasis puesto en la guerra interna, o como se dice en el Conflicto Interno.

Cómo hemos estado diciendo, el ruido de la guerra impedía sentir el silencio del bosque. Así fue el gasto. Énfasis en la guerra, compra de armamentos, menajes, etc, en la cual se malgastaban más de 25 millones de dólares diarios. Dinero suficiente para solucionar todos los problemas del pueblo colombiano.

La crisis económica está a ojos vistas. Ya Colombia está ad portas de dejar ser un país exportador de petróleo para ser uno importador (En Colombia se vende la gasolina más cara de Suramérica). El boom de la minería pasó, como pasaron los 8 años del narco-paramilitar expresidente No 82. La industria está en crisis hace muchos años. Y la tierra está concentrada en el 1% de los propietarios que acaparan 80% de ellas.

La Crisis política sigue su curso. Ella está dada por la practica consuetudinaria de asesinar al contradictor a fin de no perder el poder. Por ello el genocidio de la U.P. Por ello, las ejecuciones extrajudiciales de los líderes populares (práctica del Terrorismo de Estado), que pretende sumir en el terror a los campesinos e indígenas, al igual que los obreros, estudiantes, mujeres, etc.

Es diciente que la clase politiquera lleve años “discutiendo” un Estatuto de Opisición sin llegar a aprobarlo, mientras en la práctica la oposición –la verdadera, no la “oposición” del Ca-D- es víctima de persecuciones, chuzadas, terrorismo de estado, etc.

En esa crisis política sobresale un elemento cardinal. La Corrupción. Mal endémico de los países capitalistas, en Colombia es más que eso. Cada día explota un escándalo de corrupción. Reficar, Odebrecht, Baldíos, etc, etc.
 Los dos últimos han corrido por cuenta de la Fiscalía General de Néstor Martínez al ser capturado por la DEA el fiscal anti-corrupción -programa bandera de NHM-, el cual dizque fue nombrado sin recomendación política, como si nos tragáramos ese cuento chimbo, extendiendo un manto de impunidad –al igual de los escándalos de Odebrecht, Baldíos- encubriendo a los responsables verdaderos (el propio fiscal general, los del Ca-D y el partido Cambio Radical).

El otro escándalo corre por cuenta del alcalde de Medellín, al ser encartado su Secretario de Seguridad, el cual mantenía una fluída y secreta comunicación con la Oficina de Envigado (mafia) y con elementos de las bandas narco-paramilitares. Es de señalar la posición anti Acuerdo de Paz del alcalde de Medellín, al igual que el gobernador de Antioquia.

La Crisis social es suficientemente conocida. Los índices sociales no podían ser peores. La mortalidad infantil de niños menores de 5 años aumenta galopantemente. Cada día mueren niños en la Guajira, Chocó, Vaupés, Guainía, hasta en la capital Bogotá. La salud está en caos total tras la puesta en práctica de la Ley 100 de 1993, ley propuesta durante el gobierno César Gaviria Trujillo por el senador Álvaro Uribe Vélez.
En cuestiones de vivienda muestran la construcción de 300.000 vivienda de interés social, mientras la Venezuela que ellos macartizan ha construído más de 1´600.000 durante la revolución bolivariana, pagando de esa manera la deuda social que dejaron los gobiernos oligárquicos venezolanos.

En quizás lo único que tiene para mostrar el gobierno de JM Santos es en el Acuerdo de Paz. Y eso. Aquí también tiene sus inconsecuencias y sus ineficiencias. El mismo Santos dice que si fuera solamente por el Acuerdo de Paz habría valido la pena ser presidente de Colombia.

Los incumplimientos del estado son palpables. La aplicación de la Ley  de Amnistía hace seis meses aprobada es torpedeada por los propios jueces y fiscales encargados de llevarla a cabo, lo cual derivó en una huelga de hambre de los prisioneros. Los campamentos de las Zonas Veredales aún hoy no han sido terminados, máxime si como muestra la investigación de la Universidad Nacional, el 70% de los guerrilleros no tienen casa en donde vivir todavía. Las tierras no han sido adjudicadas para adelantar los proyectos productivos que permitan una clara y rápida re-inserción de los guerrillleros a la producción.

En conclusión, Colombia vive un desgreño producto de los años de años de manejo politiquero, poniendo énfasis en el favorecimiento de los sectores pudientes económicamente, y dejando de lado las necesidades básicas insatisfechas del pueblo, amén de la creciente corrupción.


Por tales razones, la necesidad de construir un Gobierno de Transición que no solo defienda el Acuerdo de Paz, sino que adelante la satisfaccción de las necesidades básicas insatisfechas de la población, al igual que la lucha contra el más peligroso flagelo que carcome las arcas estatales, la corrupción.

Colombia. Un 1 % de propietarios ocupa el 80 % de las tierras del país

Por Contagio Radio.
La organización internacional OXFAM reveló un dramático informe denominado “Radiografía de la Desigualdad: lo que dice el último censo agropecuario sobre la distribución de tierra en Colombia”, en que se confirma que el 1% de las explotaciones más grandes acaparan más del 80% de las tierras rurales, mientras que el 99% restante de los cultivos […]
La organización internacional OXFAM reveló un dramático informe denominado “Radiografía de la Desigualdad: lo que dice el último censo agropecuario sobre la distribución de tierra en Colombia”, en que se confirma que el 1% de las explotaciones más grandes acaparan más del 80% de las tierras rurales, mientras que el 99% restante de los cultivos que hay tan solo ocupan el 19%.
Otro de los datos que arrojó este estudio es que los predios de más de 500 hectáreas ocupaban en 1970 solo 5 millones de hectáreas mientras que en el año 2014 pasaron a ocupar 47 millones. Es decir que su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. Hecho que para OXFAM demuestra cómo los intentos pasados en Colombia por generar una reforma agraria, solo terminaron provocando que aumentara la concentración.
Otra de las preocupaciones que evidencia esta radiografía es que “las grandes fincas contienen extensos territorios improductivos u ocupados por la ganadería extensiva, con un área insignificante dedicada a cultivos agrícolas y casi siempre dedicadas a la agroexportación”.
De igual forma el informe señala que estas grandes concentraciones de tierra son el resultado de décadas de violencia y políticas públicas sesgadas que “han favorecido a latifundio especulador y rentista”.
En cuanto a cuál ha sido la población que menos acceso ha tenido a la tierra, el estudio sice que son las mujeres en donde tan solo 26% de las unidades productivas están a cargo de ellas y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las menores a 5 hectáreas, con más dificultades para acceder a maquinaria, crédito y asistencia técnica.
Frente a la titulación de la tierra, las cifras también son alarmantes. De acuerdo con el último censo agropecuario realizado, en el 43% de las unidades productivas de más de 2.000 hectáreas no se conoce cuál es la forma de tenencia, razón por la cual se recomienda realizar un censo con un catastro completo y actualizado que ayude a proteger los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

www.contagioradio.com/el-1-de-propietarios-ocupa-mas-del-80-de-tierras-en-colombia-articulo-43189/

[Colombia] No sabe o no responde

Por: Mauricio García Villegas
Llevo varios años dirigiendo un proyecto de investigación sobre abogados en Colombia. Una de las muchas preguntas que nos hacemos en este proyecto es la siguiente: ¿dónde estudiaron los magistrados de las altas cortes y los abogados de las altas entidades del Estado? No parece una pregunta difícil, ¿verdad? Pues bien, no se imaginan las dificultades que hemos encontrado para obtener esa información.
Muchas entidades desconocen la respuesta a esa pregunta. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, respondió que, si queríamos conocer eso, les preguntáramos a los magistrados. Además, nos mandaron extractos de una tesis doctoral sobre los magistrados de las altas Cortes. No sé si se habrán dado cuenta, pero yo fui el director de esa tesis, que se presentó en Grenoble (Francia) y que desafortunadamente sólo tiene datos parciales y ello debido a que durante años tratamos de conseguir esa información en la misma Corte (con derechos de petición) y nunca nos la dieron. Es algo tan kafkiano y ridículo como esto: pido información, me dan solo una parte, digo que solo me dieron esa parte, vuelvo y pido la misma información y me responden con lo que ya dije.
En otras entidades nos respondieron que simplemente no tenían esos datos. Eso ocurrió en la Fiscalía, en la Superintendencia de Notariado, en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. En esta última entidad nos dijeron que no tenían conocimiento de eso porque el secretario anterior no había entregado las hojas de vida.
Ante esa dificultad quisimos construir nosotros mismos la información, cruzando bases de datos. El CSJ es la entidad que le otorga la tarjeta profesional a los abogados y, para cumplir con esa función, debe conocer el nombre de los abogados, su cédula y la facultad de derecho donde estudiaron. Siendo así, nos dijimos, basta con la cédula de cada abogado del Estado para saber, con la lista del CSJ, dónde estudió, qué cargo tiene y a qué escala salarial pertenece. Fácil, ¿no? Pues tampoco pudimos. Hay 60.000 abogados en esa lista que no tienen ningún dato sobre el origen de su diploma.
Hay entidades que tienen información sobre cédulas o salarios, pero que no la entregan. De la Procuraduría (entidad garante de la Ley de Transparencia) nos respondieron la siguiente perla: “no es viable informarle el ingreso salarial de cada funcionario, teniendo en cuenta que dicha información tiene el carácter de reservada”. Y cuando preguntamos en la Corte Constitucional por la cédula de los magistrados auxiliares, nos dijeron que ese dato era de “carácter confidencial”, lo cual es absurdo.
No haber podido encontrar los datos básicos que estábamos buscando es ya un dato interesante (lamentablemente interesante) que muestra dos cosas: primero, que la ausencia de información confiable es el primer indicio de debilidad de nuestras instituciones. La fortaleza de una institución empieza por la calidad de la información que tiene, que construye y que utiliza para formular políticas públicas. Y segundo, que el hecho de negarse a entregar esa información es la expresión de una cultura institucional poco transparente. Los datos que recolecta una institución, empezando por los relativos a las personas que allí laboran, son públicos.
No tener información sobre la hoja de vida de un magistrado, o de un senador, es tan impropio como no saber qué funciones cumple. Tener esa información y negarse a publicarla es una falta de trasparencia. Ambos casos, no saber o no responder, como suele ocurrir en las encuestas, hablan mal de quien está llamado a responder.

Catastro está desactualizado en el 67 % del país

Entre los inconvenientes para que se efectúe el proceso -que debe hacerse cada cinco años- figuran la insuficiencia de personal capacitado, la demora en los trámites y la revisión de avalúos.

BOGOTÁ D. C., 11 de mayo de 2017 — Agencia de Noticias UN-
El 37 % de los predios están desactualizados, y del 26,6 % no se tiene información, señaló Gustavo Marulanda, exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y consultor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), durante el Simposio Internacional “Gobierno urbano y perspectivas de las áreas urbanas”, organizado por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
En el área urbana, que cuenta con más de 12 millones de predios, solo el 26 % está actualizado, mientras que 829 municipios –el 72 %- están desactualizados y otros 24 están sin informar. En el área rural, 756 municipios están desactualizados y 80 sin informar.
El catastro, conocido como el censo estadístico de los bienes inmuebles de una determinada población, incluye la descripción física, económica y jurídica de las propiedades.
Su desactualización ocurre porque la institucionalidad catastral adolece de problemas técnicos y financieros, lo que se refleja de forma negativa en las finanzas de los municipios, debido a que no permite el recaudo total para que los territorios avancen hacia el desarrollo.
El reto es lograr que Colombia alcance la actualización catastral de la mayor parte del país para lograr una mejor gestión del territorio, fortalecer las finanzas, mantener una correcta estratificación socioeconómica, avanzar en el ordenamiento territorial y formalizar las propiedades rurales.
Según el doctor Marulanda, una de las opciones es crear grandes firmas que ofrezcan servicios catastrales para que el proceso tenga una respuesta más efectiva y así tener incidencia sobre la tierra y formalizar los diferentes tipos de tenencia. Se trata de identificar a los arrendatarios, a quienes ocupan los terrenos del estado y las propiedades que no corresponden a los títulos que existen.
Otra de las problemáticas de no mantener el catastro actualizado es que, al momento de realizar este proceso, se aumenta de forma significativa el cobro del impuesto predial por la valorización, afectando así el bolsillo de los habitantes. Por el contrario, si se da un proceso de actualización progresivo, el valor del predial no se elevaría de forma dramática.
En el caso de Bogotá el tema es evidente: cuando se inició la actualización catastral en 2008, la base del impuesto predial era cercana a los 121 billones de pesos y para 2016 la cifra alcanzó los 476 billones de pesos.
Al respecto, Fernando Medina, exdirector de Impuestos Distritales y subdirector de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), señaló que los impuestos sobre el suelo son muy importantes en la relación entre habitantes y gobiernos.
Asimismo, llamó la atención sobre la desproporcionada densificación de Bogotá. Mientras en el centro de la ciudad solo viven alrededor del 17 % de los habitantes, localidades como Suba albergan el 18,3 %, mientras que Kennedy alcanza el 11 %.
Según el doctor Medina, en el centro hay menos habitantes y la mayoría está en las zonas periféricas. En un lado hay colegios pero no hay niños, y en el otro hay más niños que colegios. Esto también genera una distorsión en términos de medios de transporte y costos, porque la infraestructura existe pero no es aprovechada.
Por último, Carolina Méndez, exsecretaria de Hacienda de Tocancipá, habló sobre su experiencia para el recaudo de impuesto predial en ese municipio. En 2012, la cifra era de 3.200 millones de pesos al año y para 2017 se alcanzaron los 15.000 millones de pesos.
Según la ponente, esto se logró gracias a las estrategias de recaudo que consistieron en un aumento gradual, alivios tributarios y una gran socialización a través de los medios de comunicación, para que los habitantes se enteraran de los beneficios que obtendrían con unas buenas prácticas de pago y cómo el municipio avanzaría en infraestructura y programas sociales.
“Existen estrategias para que el cobro de los impuestos tributarios se realice de forma efectiva y que las personas entiendan cómo resultará de gran ayuda para ellos y para el territorio que habitan”, concluyó la doctora Méndez.
(Por: Fin/VC/MLA/MAFB)N.° 741

Rankings Mundiales: Dónde está Colombia y sus Problemas

 - Revista semana | 2017/05/10 

Población urbana y católica. Mayor número de ecosistemas. Alta concentración de riqueza. Alta tasa de homicidios. Democracia imperfecta. Corrupción. Diversos dilemas de nuestro país.
A nivel mundial, somos el 0,65% de la población global. Producimos el 0,51% del PIB mundial. Tenemos 0,22% de la superficie de la tierra, el mayor número de ecosistemas, la mayor cantidad de especies de aves. En América, somos el cuarto país en población y el séptimo en tamaño.
Somos el tercer país en cantidad de agua dulce; 26 en tamaño; 28 en población; 30 en PIB; 32 en reservas petroleras; 57 en el índice de democracia; 61 en competitividad; 90 en lucha contra corrupción; 95 en el índice de desarrollo humano. Además, estamos entre los 21 países con más altas tasas de homicidio y entre los quince últimos en distribución de la riqueza. Así las cosas, se diría que nos matamos por diferencias económicas, pocos tienen mucho y muchos tienen poco o nada, entonces la vida digna se trunca para grandes sectores. La situación empeora cuando la democracia es limitada y la corrupción corroe el Estado.
Somos una población mayoritariamente urbana, católica, que envejece paulatinamente, con una minoría negra y una exigua indígena. Más de 49 millones de personas. 4,9 millones de negros y 1,4 millones de indígenas. El 76% vivimos en centros urbanos; el 74% son católicos; el 50,8% son mujeres; el 6,31% son mayores de 65 años.
Estamos en un territorio especialmente biodiverso, 1’141.748 km2 de área continental, 928.660 km2 de área marina. El territorio tiene el mayor número de ecosistemas del mundo: selvas, sabanas, bosques, páramos, ríos, costas, arrecifes, ciénagas y manglares. También, tiene el mayor número de especies de mariposas diurnas (3.500). Es el país más rico en aves, 1.870 especies, y tiene el mayor número de especies en colibríes. Reservas probadas de petróleo de 2.445 millones de barriles, con tendencia a aumentar. Se trata de inmensas riquezas naturales, pero nos concentramos en ciudades, ajenos e ignorantes de la diversidad del territorio, como si las colonizaciones anteriores hubieran sido parciales e insuficientes.
Tenemos problemas de pobreza, baja calidad de vida y concentración de riqueza. El PIB de 2016 ascendería a USD $381.822 millones, el cuarto en América Latina. Pero, la distribución de la riqueza (Gini 0,53) indica que el 1% posee el 40%. Si bien, siempre han existido diferencias, a medida que la sociedad se educa está menos dispuesta a tolerar las grandes concentraciones de riqueza, más cuando provienen de privilegios estatales y favores oficiales, que no exigen trabajo arduo ni inventiva.
Hay violencia. Es cierto que para 2016 la tasa descendió a 24,4 por cada cien mil habitantes, un logro si se tiene en cuenta que América Latina es el continente más violento del planeta, pero muy lejos de la tasa media de los países de OCDE de 8 por cada cien mil.
La democracia es limitada. Han sido muchos e infructuosos los intentos por mejorar la democracia, reformas jurídicas, electorales, financiaciones, etc. Ante un sistema presidencial acentuado, convendría volver a considerar la fórmula federal y el sistema parlamentario.
Dentro de las 500 mejores universidades del mundo del Academic Ranking of World Universities, no aparece ninguna de Colombia. Y la tasa neta de migración es negativa superior a diez mil personas al año. No se trata de la profesionalización de la mano de obra, sino también de la investigación y la invención, de forma que la educación sea competitiva a nivel global y no obligue a las personas a migrar en busca de mejores oportunidades.
Las soluciones y prioridades parecen claras: Primero, mejorar la distribución de la riqueza y lograr una democracia más inclusiva, con ello se reduciría la violencia, se mejoraría el desarrollo humano y la competitividad. Segundo, apropiarnos de territorio, conservar la biodiversidad, incentivar las actividades agrícolas y explotar el área marina, pues estamos concentrados en las urbes, de espaldas a los mares, ignorando un territorio rico y variado. Tercero, mejorar la educación y luchar efectivamente contra la corrupción, de suerte que aprendamos a manejar el territorio con un Estado eficiente.

OMS: la “contaminación” mata anualmente a 1,7 millones de niños

Insurgente.org. 

Insurgente: No es la contaminación ni el ambiente insalubre, ni la falta de higiene ni la falta de saneamiento o falta de alimentos lo que mata a los niños. ES LA POBREZA Y EL CAPITALISMO !!
Un entorno contaminado o poco saludable provoca cada año la muerte de 1,7 millones de niños menores de cinco años.
“Cada año, los riesgos ambientales como la contaminación del aire interior y exterior, el humo de segunda mano, el agua insalubre, la falta de saneamiento y la higiene inadecuada causan la muerte de 1,7 millones de niños menores de 5 años”, ha informado este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el informe publicado en el sitio web del ente, más del 25 por ciento de las muertes entre los niños menores de cinco años son atribuibles a ambientes insalubres.
“Un ambiente contaminado es mortífero, ante todo para los niños pequeños cuyos órganos y sistemas inmunitarios en desarrollo, así como vías respiratorias y cuerpos más pequeños, los hacen especialmente vulnerables al aire y al agua sucia”, cita el comunicado a la directora general de la OMS, Margaret Chan.
Así, las infecciones respiratorias como la neumonía, atribuible a la contaminación del aire y el humo de segunda mano, matan anualmente a 570 000 niños menores de cinco años, y la diarrea resultante de la falta de acceso al agua potable, saneamiento e higiene se lleva la vida de otros 361 000.

Un nuevo informe revela que han sido asesinados 114 líderes sociales en 2016

Un nuevo informe revela que han sido asesinados 114 líderes sociales en 2016
Uno de los datos más preocupantes es que 40 se han presentado en el Cauca. Le sigue Antioquia, con 15 casos.
Por: Redacción Nacional - El Espectador

Un nuevo listado que consolida la totalidad de los asesinatos a líderes sociales en 2016 señala que en lo corrido de este año les han quitado la vida a 114 personas que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos en diferentes regiones del país. (Lea: Naciones Unidas da detalles sobre violencia contra líderes sociales en el país)
De la totalidad de los asesinatos registrados, hay un dato que preocupa de sobremanera: 40 han sido en el Cauca, un alto índice si se tiene en cuenta que la que le sigue es Antioquia, en donde se han presentado 15.
A esto dos departamentos le sigue Nariño, con ocho casos; Valle del Cauca y Córdoba, con cinco; y Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander y Bolívar, con cuatro casos de homicidios de líderes sociales. En general, en 24 de 32 departamentos se han presentado este tipo de acciones, en su mayoría, cometidas por paramilitarismo. Sin embargo, también se acusa a miembros de la Fuerza Pública.
Anteriores informes había señalado que este número de casos ascendía a los 70, pero luego de que estas organizaciones cruzaran los datos que habían recolectado de manera independiente, se encontró un número mayor de asesinatos.
Sobre este inquietante asunto, la Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había mostrado su preocupación y dio detalles, luego de haber registrado 52 asesinatos hasta el 30 de noviembre pasado.
Según el organismo, las zonas rurales en las que se han cometido los homicidios de los líderes sociales han sido territorios en los que las Farc habían tenido presencia histórica, pero que luego de la firma y con la movilización de milicianos hacia las zonas de preagrupamiento ha quedado un vacío que se ha profundizado ante la ausencia del Estado.
Asimismo, se advirtió que la falta de oportunidades económicas y sociales para la supervivencia, se ha favorecido la existencia de las economías ilegales, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

Las desapariciones forzadas superan los 60.000 casos en Colombia

LaRepública.es.
Más de 60 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada en Colombia de 1970 a 2015, aseguró el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en un informe difundido hoy por noticiarios locales.
Según el CNMH, una de las dificultades para determinar la magnitud de ese crimen es el subregistro existente pues muchos de los ciudadanos que fueron blancos de ese flagelo son incluidos en la contabilidad oficial de secuestro o asesinato; además los perpetradores intentan borrar todo rastro en busca de impunidad, reseñó el portal digital El Espectador
Los victimarios se encargaron de eliminar las huellas (…), convirtieron los ríos y mares en cementerios y llenaron el país de fosas clandestinas con cuerpos sin identificar, precisó la investigación.
Dentro de los sectores más perjudicados por ese delito el dictamen menciona a la población campesina y obrera, sindicalistas y su familia, estudiantes, así como militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
De 1970 a 1981 -reveló el texto- los agentes de seguridad del Estado y los nacientes grupos paramilitares usaron la desaparición forzada como herramienta de contraofensiva frente al surgimiento de agrupaciones insurgentes; posteriormente hasta 2005 ese crimen creció con la consolidación del paramilitarismo.
Entre 2006 y 2015 las llamadas bandas criminales fueron las principales culpables de tales hechos, agregó el CNMH que responsabiliza también a otros actores armados como las guerrillas con esas acciones, añadió el estudio publicado por El Espectador.
La invisibilidad de ese crimen en Colombia llegó a tal punto que se ha vuelto una conducta natural, junto con la soledad con que los familiares encaran el proceso de búsqueda de un ser querido, amplió el reporte dado a conocer por el sitio web.
Única en el continente, la guerra interna ha dejado unos 300 mil muertos y casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen, cifras a las que se suman los millares de ciudadanos cuyo paradero es desconocido hasta hoy.
PL

Sistema de salud de Bogotá requiere superar desigualdades

La mala distribución de los servicios de salud en la ciudad ha castigado a las comunidades de zonas periféricas, y las medidas que se vienen implementando en la administración actual no están respondiendo a sus necesidades.

Agencia de Noticias UN - BOGOTÁ D. C., 04 de noviembre de 2016  
Aunque Bogotá es una de las ciudades del país que más ha avanzado en la implementación del Sistema General de Seguridad Social, también presenta enormes diferencias entre localidades, que son evidentes en las cifras de mortalidad materna-infantil y desnutrición, las cuales son más elevadas en los sectores del sur de la ciudad.
Según explica el profesor Mario Hernández, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el sistema de salud ha contribuido en cierta medida a la generación de estas inequidades.
“Por ejemplo, a una señora que está embarazada y vive en la localidad de Ciudad Bolívar le asignan el primer punto de atención de régimen contributivo en el norte, y eso significa para ella mucho tiempo para desplazarse, costos, transporte y perder todo un día de trabajo, por lo que es muy posible que no asista a las consultas de atención prenatal”, explica el docente Hernández.
En los últimos 15 años la oferta de prestación de servicios de salud, especialmente privados, se ha concentrado en el norte de la capital; los demás sectores se limitan a la red pública, la cual solo contrata con el régimen subsidiado y no con el régimen contributivo al que pertenece el mayor porcentaje de los capitalinos.
El actual gobierno del alcalde Enrique Peñalosa –cuyo secretario de Salud es Luis Gonzalo Morales– quiere centrarse en los servicios de atención, superar la congestión de urgencias con centros de atención prioritaria y generar una forma de organización que agilice la relación entre las EPS y las IPS, en particular entre el régimen subsidiado y la red pública.
Para esto, han fusionado los hospitales en cuatro subredes, de manera que quede un solo gerente y un solo cuerpo administrativo a cargo de una gran cantidad de puntos de atención, y así disminuir las autorizaciones y el papeleo que actualmente requieren los procesos de los pacientes.
Sin embargo durante esta fusión ha habido grandes problemas organizativos y el retiro de más de 7.000 contratistas para disminuir los costos.
El personal de salud que estaba vinculado al programa Territorios Saludables y cumplía un papel de atención y prevención en los hogares y comunidades ha sido unos de los más afectados por el despido masivo.
Este retiro está produciendo efectos preocupantes, como por ejemplo el aumento de la mortalidad por neumonía de niños menores de cinco años, que pasó de siete entre enero y abril de 2015 a 19 para el mismo periodo en 2016. La mortalidad perinatal aumentó de 451 a 478 casos y la mortalidad por infección respiratoria aguda reportó un incremento de siete a nueve niños.
“Vemos que esta respuesta de la administración tiende a consolidar el sistema de aseguramiento, quitando responsabilidades directas del distrito e impulsando las alianzas público-privadas para que el sector privado tome decisiones en aspectos clave como la compra de insumos, los trasplantes y la contratación de ambulancias, lo que ha reducido la prestación de este servicio”, puntualizó el docente.
Agrega que esta separación entre lo individual y lo colectivo no es conveniente porque es necesario acercarse a las condiciones de vida en los territorios más vulnerables y darles una atención cercana con una perspectiva prevención y promoción en salud, y no atenderlos solamente cuando se presenten enfermedades.
Para tratar esta situación, el próximo miércoles 9 de noviembre se llevará a cabo el debate “Modelo de salud de Peñalosa: ¿una salida a la crisis?” que contará con la presencia de Luis Jorge Hernández, docente de la Universidad de los Andes; Mario Hernández y Saúl Franco, docentes de la U.N.; Luis Gonzalo Morales, Secretario de Salud de Bogotá, y la concejal Gloria Stella Díaz.
El evento, que se celebrará en el Auditorio Principal del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la U.N. Sede Bogotá desde las 9:00 a.m., es organizado por el Doctorado Interfacultades de Salud Pública y la Unidad de Medios de Comunicación (Unimedios) con el apoyo del diario El Espectador,
(Por: Fin/VC/dmh/LOF)N.° 839

Se completan 65 muertes de niños Wayuú por desnutrición éste año 2016

Cambio Total.
Continúa la tragedia de los niños indígenas de la Guajira. Otro menor indígena wayú, de 13 meses de nacido, murió en la tarde de este jueves en ese departamento, al parecer por problemas de desnutrición, dice el diario El Tiempo.
El recién nacido residía en la ranchería Chemerain, en zona rural de Manaure, ubicada a 25 kilómetros de la vía que comunica a Riohacha con Maicao, dice el líder indígena Alexander Fonseca, quién además aseguró que el menor presentaba un cuadro de varios días con vómito, fiebre y diarrea. También señala Fonseca señala que otro menor de seis meses, de esa misma comunidad, se encuentra en grave estado de salud.
Con este fallecimiento se eleva a 5 el número de menores muertos en menos de una semana por esta causa en La Guajira.
En lo que va corrido del año se han registrado 65 muertes de menores wayú por desnutrición o causas asociadas.

Los niños wayuus siguen muriendo de hambre

Concentración de Tierras en Colombia

Cambio Total.
Colombia es uno de los países con mayor índice de concentración de tierra en el mundo, y ese es uno de las causas del Conflicto Interno sin resolver en el país por todos los sucesivos gobiernos oligárquicos.
Históricamente han fracasado todos los intentos de Reforma Agraria.
En 1936 fracasó la ley de tierras en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
 También naufragó la ley 1 de 1961 en la que solo se alcanzaron a entregar 123 mil títulos, cuando el potencial calculado fue de 935 mil familias.
En 1972, en el gobierno de Misael Pastrana y con el pacto de Chicoral, se sepultó el intento de Reforma Agraria de Lleras y se originó una contrareforma que impulsó más la concentración de la tierra.
La concentración de la tierra en Colombia es tan protuberante que las estadísticas hablan por sí solas:
el 77% de esta está en manos de un 13% de propietarios, donde el 1.5% de ellos tiene más del 52% de la tierra.
Esta minoría controla más del 60% de las tierras productivas.
De las 114 millones de hectáreas de tierras que tiene el país, 40 millones están concentradas en ganadería extensiva y solo siete millones, el 6,3%, se dedican a cultivos agrícolas.
Esa concentración de tierras se ha producido con el accionar de las fuerzas narco-paramilitares, las cuales con la ayuda de los militares y fuerzas políticas regionales, desplazan a los campesinos e indígenas y les roban sus tierras.
7,5 millones de desplazados forzados y 8,5 millones de hectáreas robadas a esos desplazados habla por sí sola de la Contra Reforma Agraria adelantada desde el Estado de manera silenciosa sobre los cadáveres de los propietarios de esas tierras.
Con el Acuerdo General del Proceso de Paz se producirá realmente una Reforma Agraria en Colombia?

Los detentadores de la tierra despojada a los campesinos se niegan rotundamente a entregarla y por ello han recurrido a la conformación de un Ejército Anti-restitución integrado por Fedegan, los terratenientes, algunos militares y los narco-paramilitares.

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En 2016 han muerto 51 niños en Chocó por desnutrición y tampoco son culpa de las FARC

La deuda pública de Colombia

La deuda pública en pesos aumentó en el mismo período de $154 billones (23 % del PIB) a $215 billones (27 % del mismo). Pregúntese el lector por qué el endeudamiento pasó de 43 % de la riqueza producida anualmente en 2012 al 70 % en 2016, un nivel que comienza a ser preocupante, y la respuesta más obvia es que la deuda sustituye los impuestos que las administraciones de Uribe y Santos no quisieron cobrar a los que pueden pagarlos. Tan preocupantes son los desequilibrios macroeconómicos del país que la calificadora de riesgo Fitch redujo la perspectiva de la economía colombiana de estable a negativa, nos dice Salomón Kalmanovitz en su columna de El Espectador.

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Informe PNUD 2015: Vulnerabilidad de los ingresos de los colombianos

Allende La Paz, Cambio Total.

Los reaccionarios medios de comunicación en poder del círculo en el poder –oligarquía, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes- se muestran tan preocupados por la situación en Venezuela, mientras esconden la verdadera situación que viven los colombianos.

Así ha sucedido con el ”Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso” del PNUD. Los medios burgueses solo ”informaban” ”su preocupación por la"vulnerabilidad" de la incipiente clase media en América Latina y el temor de que ésta "regrese a la pobreza".

En ningún momento esos medios se dieron a la tarea de publicar las elocuentes cifras que el mencionado Informe muestra, así se base en las maquilladas cifras de los informes oficiales del gobierno colombiano. Sólo pretendieron esconder, escamotear, las verdaderas cifras que patentizan la caótica vida de los colombianos.

Lo primero que muestra el Informe –de ahora en adelante el Informe- es que la población colombiana ha pasado de 37,2 miillones en 1996 a 41,9 millones en 2003 y a 47,3 millones en 2013.

La estratificación de la población de colombianos que recibían más de 50 dólares diarios (ingresos) ha pasado de 3,6%, a 1,6% en 2003 y a 2,3% en 2013. Eso sin contar a los cocotudos como los grupos Sarmiento Angulo, SantoDomingo, Ardilla Lulle, Sindicato Antioqueño, cuyas fortunas se miden en miles de millones de dólares. O sea, a la luz del Informe, se ha contraído esa franja de colombianos.

Los colombianos que recibían entre 10 y máximo 50 dólares se situaban en el 23,8% en 1996, descendió a 17,2 en 2003 y subió a 29,3% en 2013. Estos equivalen a la Clase Media. Cifras que no nos creemos mucho, pero dejémoslo así por ahora.

Entre los colombianos que recibían un ingreso entre 4 y 10 dólares estaban 37,8% en 1996, descendió a 36,1% en 1996, y tuvo 37,7% en 2013. Ésta es la población que según el PNUD está en peligro de caer en la pobreza nuevamente –vulnerabilidad llaman ellos- de continuar las políticas de depauperización de las clases medias y afecta a 17,8 millones de colombianos.

Menos de 4 dólares diarios –pobreza “moderada” (2,5 hasta 4 dólares diarios), pobreza extrema (1,25 a 2,5 dólares diarios) y pobreza ultraextrema (menos de 1,25 dólares diarios) recibían en 1996 el 15,6%, el 7,1% y el 12%, respectivamente; en 2003 se situaban en un 19,1%, un 15,7% y 10,3% respectivamente; y en 2013 se situaban en 15,6%, un 10,4% y 4,8% (pobreza ultraextrema).

Estas cifras ponen de presente la situación de pobreza a que fue sometido durante el cuatrienio de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), en el cual ”coincidencialmente” también fue puesto en práctica el Plan Colombia. Esa situación calamitosa ha sido más o menos constante en los diferentes gobiernos que regentan el Estado colombiano, como bien lo muestra el Informe con sus cifras de 1996, 2003 y 2013.

Resaltamos que la situación según los ingresos se ha mantenido relativamente constante para los sectores que recibían más de 50 dólares diarios y hay una leve baja en 2013. Del 3,6% en 1996, descendió al 1,6% en 2002 y tuvo un leve repunte 2,3% en 2013.

En el  sector vulnerable –enfatizado por el Informe-, es decir, aquel que recibía de 4 a 10 dólares diarios la situación se mantiene en  ese estado de vulnerabilidad desde 1996 (37,8% en 1996), pasó a 36,1% en 2003 y en 2013 fue de 37,7%, cifra casi igual a la de 1996. Lo cual nos muestra que ninguna política estatal ha logrado hacer desaparecer ese estado de vulnerabilidad en ese sector poblacional.

Si realizaramos la simple sumatoria del sector vulnerable más la pobreza en todas sus dimensiones (moderada, extrema y ultraextrema) tendríamos que el 67% de los colombianos vivían en 1996 en situación de vulnerabilidad/pobreza más catastrófica, aumentó en el 2003 al 81% (presidencia Álvaro Uribe Vélez) y en 2013 se ubicaba en 68,5%. O sea, 68,5% de los colombianos viven una situación de pobreza inminente o en la pobreza franca y no saben que van a llevar de comer a sus familias o en dónde van a vivir.

Además, sabemos que todas esas cifras presentadas por el gobierno colombiano son maquilladas para no mostrar la realidad tal cual es y dejar “tranquilos” a los organismos internacionales.



De acuerdo con las características de la población en situación de vulnerabilidad podemos reseñar que el total es de 17,8 millones, es decir, el 37,7% de la población colombiana está en situación de vulnerabilidad precisamente por lo precario de su ingreso que arrastra las otras tasas: desnutrición infantil en menores de 5 años, carencia de viviendas, carencia de educación, carencia de salud, etc.

Sobresale en esa población vulnerable que el 32,4% son mujeres jefas de hogar, mujeres que llevan la carga de conseguir el sustento a sus hijos ya sea por la falta del hombre producto de asesinatos o desapariciones por el desplazamiento forzoso o producto del abandono del hogar por parte de los varones.

Respecto de la Educación –como una variable que vuelve más vulnerable a los ya de por sí vulnerables-, tenemos que las mujeres adultas están adelante de los hombres (7,5% Vs 6,5%), en tanto apenas el 61,9% de la población de 3 a 5 años asiste a la escuela. Es evidente que sin educación se repite el círculo vicioso de “hijo de pobre siempre pobre”.

Si visualizamos el acceso al Mercado Laboral, el Informe nos muestra la desigualdad existente entre hombres y mujeres en 2013. Mientras los hombres adultos en situación de vulnerabilidad estaban empleados el 91,7%, las mujeres adultas llegaban al 66%. El Informe señala las cifras que siempre hemos sostenido en relación con la Informalidad. El 67,1% de la población vulnerable está ocupada en la informalidad productiva, es decir, vive en la ”economía del rebusque”. Esta cifra vale para todo el conjunto de la población trabajadora.

Conclusión

El Informe del PNUD apenas es un botón de muestra de la verdadera situación que soporta el pueblo colombiano. Es evidente que la situación de vulnerabilidad no la sufren los ricos oligarcas-terratenientes-ganaderos-narcotraficantes. Es el pueblo colombiano el que la sufre, al igual que la guerra que ha padecido por más de 50 años por el querer de la oligarquía colombiana y el imperio estadounidense. Llama la atención en el Informe que se tomen apenas 3 años: 1996, 2003 y 2013. Por qué se dió un salto y se excluyeron los 8 años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006-2010)?
 

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