[Colombia] Justicia electoral: yo con yo

Por: Cecilia Orozco Tascón.

Mientras los uribistas y otras hierbas del mismo pantano vociferan sus protestas contra la supuesta “violación” a la democracia por parte de los defensores de las 16 curules especiales para las víctimas en el próximo Congreso de la República porque interpretan lo que pasó, la múltiple moral que caracteriza a ese sector derechista le permite, ya no solo interpretar sino actuar como su gana le indica y sin que nadie tenga derecho a revirar: pues sí, sin vergüenza con el sistema democrático que dice respetar, el partido del expresidente senador se tomó por asalto una silla de las nueve que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), ¡el organismo que revisa los resultados de las votaciones! La exprocuradora Gloria Inés Gómez Ramírez, de Caldas ella, incluida por el Centro Democrático en la misma plancha al CNE en que fue elegido el renunciado Carlos Camargo en 2014, entró a reemplazarlo, repito, por asalto. Esta es la historia del clientelismo politiquero de quienes ven la paja en el ojo ajeno y esconden la viga en el propio, en el episodio en que logran introducir a uno de sus cuadros en el tribunal que decidirá quién ganó o quién perdió las elecciones del año que se inicia dentro de 18 días.

Primer capítulo: el conservador Carlos Camargo, yerno de la congresista conservadora Nora García Burgos (primer grado de parentesco) y primo del congresista conservador David Barguil (segundo grado de parentesco) fue elegido como miembro y después posesionado como presidente del Consejo Electoral a pesar del artículo 26 de la Constitución según el cual “los servidores públicos… no podrán designar (elegir) a personas… con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”. El señor Camargo hizo y deshizo lo que se le ocurrió en el CNE y luego renunció, pero no sin antes “investigar” y cerrar, a favor de Óscar Iván Zuluaga, el proceso que se le inició a este por el regalo de US$1,6 millones que Odebrecht le dio al publicista de su campaña. Zuluaga, como sabemos, fue el candidato presidencial del uribismo que hizo coalición con el conservador que llevó a Camargo al Consejo Electoral: favor de ida, favor de vuelta.

Segundo capítulo: la compañera de lista de Camargo por el uribismo, Gloria Inés Gómez Ramírez, caldense ella, alegó su presunto derecho a ocupar la silla del conservador. Pero habiendo sido inscrita por un partido diferente al de Camargo, surgió un problema legal: si el CNE es el organismo en que se reflejan las fuerzas partidistas de manera proporcional, ¿un miembro de otra colectividad puede ocupar el puesto del renunciante o el equilibrio político se rompe? Pero antes de que se conociera la respuesta a una consulta al Consejo de Estado que el ministro del Interior le formuló, la señora Gómez Ramírez quien, por cierto, está acosada por la urgencia personal de acreditar unos meses más de oficio público para poderse pensionar, se brincó el procedimiento (elección en el Congreso y posesión del cargo ante el presidente de la República), y se fue a una notaría a estampar su firma como consejera. Y hoy funge de juez electoral. Detalle pequeño: además del notario, ¿ante quién se “posesionó” la señora? A su lado, orondo, estaba Óscar Jiménez Leal, expresidente… del Consejo Electoral y abogado de Óscar Iván Zuluaga en el proceso que el renunciado Camargo le cerró.

Tercer capítulo: Zuluaga “oficializó” la presencia de su copartidaria, paisana, amiga de su abogado y tal vez suya, mediante un trino en que pone la foto de la referencia.

"Posesión" ante el notario 27 de Bogotá, de Gloria Inés Gómez Ramírez como consejera electoral. A la derecha y a su lado, Óscar Jiménez Leal, apoderado del Dr. Óscar Iván Zuluaga en el proceso contra este, en el Consejo Nacional Electoral.

https://www.elespectador.com/opinion/justicia-electoral-yo-con-yo-columna-728037 

Cuarto capítulo que está por desarrollarse: la “magistrada” avoca conocimiento del recurso de reposición que interpuso el procurador general contra la decisión de su reemplazo de archivarle el caso a Zuluaga ¿Qué decidirá? Me lo imagino desde ya.

Colombia: Bustos, el apoderado

MARÍA JIMENA DUZÁN revista semana | 2017/09/09 

Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

El caso del exgobernador del Cauca Temístocles Ortega y del actual gobernador, Óscar Campo, quienes tienen una investigación dormida en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema desde 2016, es un ejemplo del poder omnímodo que todavía sigue teniendo el exmagistrado Leonidas Bustos y su combo, desde su oficina de abogado.

La historia de este proceso comenzó en junio de 2016, con la denuncia de Camilo Enciso, el zar anticorrupción de la época, quien señaló a Temístocles Ortega y al actual gobernador, Óscar Campo, de haber presuntamente participado en el desvío de dineros de la Gobernación en las elecciones de 2015. En esos comicios, el entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, demostró su poderío político: su candidato Óscar Campo, actual gobernador de ese departamento, ganó esa elección por más de 200.000 votos.

La denuncia del zar era tan precisa y concreta que dejó muy mal parado a Temístocles Ortega, así la suma del presunto peculado fuera de solo 480 millones de pesos. Enciso dijo tener pruebas de que esos dineros habrían salido de Indeportes, Cauca, y de que esos giros se habrían hecho por instrucción expresa del entonces gobernador del Cauca, Temístocles Ortega.

A tan solo dos meses de haber salido de la CSJ, el exmagistrado Leonidas Bustos asumió la defensa de Temístocles Ortega y de Óscar Campo, y desde entonces a ambos políticos caucanos les empezó a sonreír la suerte: tuvieron la fortuna de que su proceso le correspondiera precisamente a Alfredo Betín, fiscal delegado ante la corte, nombrado por el entonces fiscal Montealegre por recomendación del exmagistrado Francisco Ricaurte, quien es socio y compinche de Leonidas Bustos, el abogado de los dos políticos caucanos. (Tanta coincidencia asusta).

Ni una de las innumerables pruebas y documentos que hay en contra de Temístocles Ortega y de Óscar Campo han sido valorados por el fiscal Betín. Las pruebas aportadas por la gerente de Indeportes Ana Bolena García -capturada en junio de 2016, pero liberada por vencimiento de términos un año después-, según las cuales su secretaria privada, el almacenista y ella habrían actuado bajo órdenes de Temístocles Ortega, cuando se hizo el desvío de los dineros, han caído en saco roto. (Ver pruebas aportadas por Ana Bolena: Entrevista Eugenio Sanchez y entrevista Cristina Rebellón)

Temístocles ni siquiera ha tenido que explicar ante la Fiscalía su presunta relación con María del Carmen Flórez, alias la Gata del Sur. Según las denuncias de varios funcionarios ella habría tenido un papel clave en la campaña de Óscar Campo, no solo como financiadora, sino como pieza clave en el presunto desvío de dineros.

María del Carmen Flórez es una reconocida y temida empresaria del gremio de transportadores y exgerente de la Cooperativa de Motoristas del Cauca, de la que actualmente el gerente es su esposo. Ella aparece mencionada por HH, en un proceso de Justicia y Paz en el que Veloza manifiesta que la señora en mención habría ordenado el asesinato de Jacobo Sadovnik, quien la denunció por extorsión. Aunque los familiares entablaron una acción penal contra ella, la empresaria nunca ha sido requerida por la justicia. Su blindaje parece haberle servido hasta ahora porque ni los testimonios ni los chats presentados por Ana Bolena García, en los que aparece como una pieza clave de la campaña de Óscar Campo, han sido suficientes para que el fiscal a cargo del proceso investigue la relación entre Temístocles Ortega, el actual gobernador y esta empresaria del transporte. (Ver pruebas).

En cambio, lo que sí ha impulsado el fiscal Alfredo Betín es la firma de preacuerdos para darles beneficios a los demás funcionarios que no han dicho ni mu y que fueron capturados con Ana Bolena bajo la hipótesis de que los 480 millones de pesos no se habrían desviado a la campaña de Campo, sino que se habrían quedado en el bolsillo de Ana Bolena.

Si el escándalo de Bustos y compañía no hubiera reventado, lo más probable es que la investigación contra Temístocles Ortega habría sido archivada, lo que le habría permitido encabezar la lista al Senado por Cambio Radical, noticia que ya es un secreto a voces en el Cauca.

Hoy que ha quedado expuesto el accionar de esa mafia que se tomó a la Justicia, liderada por Bustos, la Fiscalía está en la obligación de investigar las denuncias del periodista Carlos Pito, esposo de Ana Bolena, la gerente de Indeportes que ha denunciado a los dos políticos caucanos. Él sostiene que cada vez que su mujer declaraba algo o aportaba alguna prueba al proceso, estas le eran filtradas al apoderado de Temístocles Ortega. En un trino premonitorio publicado seis meses antes de que se descubriera quiénes eran Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, Pito había preguntado si era cierto que “el esposo de la ex primera dama de la Justicia ya tenía cuadrado todo lo necesario para que la responsabilidad del exgobernador del Cauca y del actual gobernador por el caso de Indeportes quede en la absoluta impunidad”.

La única forma de saber si Leonidas Bustos como apoderado cuadró o no el proceso a favor de Temístocles Ortega y del actual gobernador, y de si hubo o no extorsión de por medio, es investigando a fondo las pruebas que hoy siguen sin ser valoradas por el fiscal Alfredo Betín, la ficha de Francisco Ricaurte y de Leonidas Bustos.

[Colombia] No sabe o no responde

Por: Mauricio García Villegas

Llevo varios años dirigiendo un proyecto de investigación sobre abogados en Colombia. Una de las muchas preguntas que nos hacemos en este proyecto es la siguiente: ¿dónde estudiaron los magistrados de las altas cortes y los abogados de las altas entidades del Estado? No parece una pregunta difícil, ¿verdad? Pues bien, no se imaginan las dificultades que hemos encontrado para obtener esa información.

Muchas entidades desconocen la respuesta a esa pregunta. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, respondió que, si queríamos conocer eso, les preguntáramos a los magistrados. Además, nos mandaron extractos de una tesis doctoral sobre los magistrados de las altas Cortes. No sé si se habrán dado cuenta, pero yo fui el director de esa tesis, que se presentó en Grenoble (Francia) y que desafortunadamente sólo tiene datos parciales y ello debido a que durante años tratamos de conseguir esa información en la misma Corte (con derechos de petición) y nunca nos la dieron. Es algo tan kafkiano y ridículo como esto: pido información, me dan solo una parte, digo que solo me dieron esa parte, vuelvo y pido la misma información y me responden con lo que ya dije.

En otras entidades nos respondieron que simplemente no tenían esos datos. Eso ocurrió en la Fiscalía, en la Superintendencia de Notariado, en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. En esta última entidad nos dijeron que no tenían conocimiento de eso porque el secretario anterior no había entregado las hojas de vida.

Ante esa dificultad quisimos construir nosotros mismos la información, cruzando bases de datos. El CSJ es la entidad que le otorga la tarjeta profesional a los abogados y, para cumplir con esa función, debe conocer el nombre de los abogados, su cédula y la facultad de derecho donde estudiaron. Siendo así, nos dijimos, basta con la cédula de cada abogado del Estado para saber, con la lista del CSJ, dónde estudió, qué cargo tiene y a qué escala salarial pertenece. Fácil, ¿no? Pues tampoco pudimos. Hay 60.000 abogados en esa lista que no tienen ningún dato sobre el origen de su diploma.

Hay entidades que tienen información sobre cédulas o salarios, pero que no la entregan. De la Procuraduría (entidad garante de la Ley de Transparencia) nos respondieron la siguiente perla: “no es viable informarle el ingreso salarial de cada funcionario, teniendo en cuenta que dicha información tiene el carácter de reservada”. Y cuando preguntamos en la Corte Constitucional por la cédula de los magistrados auxiliares, nos dijeron que ese dato era de “carácter confidencial”, lo cual es absurdo.

No haber podido encontrar los datos básicos que estábamos buscando es ya un dato interesante (lamentablemente interesante) que muestra dos cosas: primero, que la ausencia de información confiable es el primer indicio de debilidad de nuestras instituciones. La fortaleza de una institución empieza por la calidad de la información que tiene, que construye y que utiliza para formular políticas públicas. Y segundo, que el hecho de negarse a entregar esa información es la expresión de una cultura institucional poco transparente. Los datos que recolecta una institución, empezando por los relativos a las personas que allí laboran, son públicos.

No tener información sobre la hoja de vida de un magistrado, o de un senador, es tan impropio como no saber qué funciones cumple. Tener esa información y negarse a publicarla es una falta de trasparencia. Ambos casos, no saber o no responder, como suele ocurrir en las encuestas, hablan mal de quien está llamado a responder.

La paz, el compromiso ético fundamental de los colombianos hoy

Por Adelaida Nikolayeva

Rebelión

La sensación de frustración e incertidumbre generada por la reciente decisión de la Corte Constitucional de revisar los apartes H y J de la vía rápida legislativa o fast track, ha incidido notoriamente en el debate sobre para dónde va el proceso de paz y lo que pueda pasar con la implementación del mismo. Dentro de este contexto, el lunes 22 de mayo estuvo en la Universidad de Antioquia Humberto de La Calle Lombana, ex-Jefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC de La Habana, invitado a la celebración de los 25 años de la revista de estudios políticos de la Universidad.

El anuncio del fallo de la Corte Constitucional el miércoles pasado, ha abierto muchos interrogantes respecto al rumbo y el tiempo que pueda tomar en adelante el procedimiento legislativo para la tramitación de la normatividad de los acuerdos en el Congreso. Y es que la misma información y los análisis hechos por distintas fuentes de opinión, no han sido, a mi parecer, lo suficientemente claros y han ayudado a aumentar las dudas. Las distintas interpretaciones que se han hecho dejan un sinsabor preocupante y de nuevo cierta sensación de vacío y frustración, como cuando se perdió el plebiscito.

El miércoles 17 de mayo se escuchó en la radio una declaración de Francisco González, “Pacho Chino”, uno de los negociadores de la guerrilla, acerca del congelamiento de la entrega de los 1200 fusiles de miembros de las FARC que iban a hacer parte de la UNP, ya que la decisión de la Corte declaró inexequible el decreto 298 del 2017 que permitía la incorporación de integrantes de esa guerrilla a la UNP, de acuerdo a lo pactado en los acuerdos.¹

Hay un conjunto de hechos que generan una situación alarmante respecto a los acuerdos de la La Habana, particularmente lo referido a los numerales H y J del fast track que fueron tumbados, y que consistían básicamente en la posibilidad de votar en bloque los proyectos de ley para la implementación, tal y como se hace con los tratados comerciales (TLCs)²; y, en que las modificaciones que se hicieran a los proyectos tendrían que tener el aval del Gobierno. Esta última modificación que permite hacer cambios sin el aval, está supeditada a que los cambios no pueden ir en contravía del espíritu de los acuerdos. La tesis de la Corte es que hay una violación a la independencia y autonomía de los poderes, y de otro lado, que así como estaban los apartes del fast track, se estaba sustituyendo con ellos la Constitución.

Humberto de La Calle expresó categóricamente su compromiso para defender lo que fue el fruto del equipo de gobierno que él encabezó, un esfuerzo muy grande de más de 6 años de discusiones y negociaciones muy delicadas en La Habana. Fue enfático en la necesidad de asumirnos como un país que debe pasar ya esta página de la violencia que tanto daño ha hecho a los colombianos. Aceptar por fin nuestro compromiso real con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que trabaje decididamente por disminuir los niveles de inequidad social y saldar por fin la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto, millones de compatriotas, que también han sido de la negligencia del Estado.

Ante la el reversazo que metió la Corte a los acuerdos, De la Calle hizo un llamado urgente a que nos apropiemos de los acuerdos y asumamos nuestro compromiso ético con el cumplimiento de “la palabra empeñada” en la construcción y la firma del Acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera con las FARC-EP. LLamó a construir una gran coalición, a lo largo del país, en defensa de lo acordado y exigirle al Congreso que no puede seguir dilatando ni poniéndole freno a la implementación.

Ante las elecciones presidenciales que se avecinan, caldo de cultivo para el oportunismo que caracteriza a la mayoría de los políticos colombianos, se hace necesario que los colombianos dejemos de ser víctimas de la desinformación que generan cada día las fuerzas políticas contrarias a los acuerdos, que buscan hacerlos “trizas” y de paso destruir la vida de miles de jóvenes, porque nadie pone en duda que hacerlos trizas, no se puede traducir a otra cosa que volver a la guerra.

El compromiso y el imperativo poliético (político y ético) que tenemos es hacer respetar nuestro derecho a la paz, consagrado como un derecho fundamental en nuestra Carta magna, y nuestro derecho a cambiar el destino de nuestro país. Finalmente, en este complejo, incierto y difícil momento para el país hay que asumir posiciones en defensa de la vida, impedir que suenen tambores de guerra con cantos de alegría, y hacer trizas sus discursos de muerte.

Notas
1  https://goo.gl/AuPDsm
2  https://goo.gl/MSR5nv

COLOMBIA Más “vacas muertas” en el camino hacia la Paz

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

La Corte Constitucional se erige como la nueva “vaca muerta” en el camino hacia una Paz estable y duradera en Colombia.

Acojen el planteamiento de un jurado “enemigo de la paz” contra la aprobación mediante el fast track para aprobar el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y contra el sagrado derecho de alzarse en armas cuando un régimen como el colombiano ataca un grupo de campesinos que no tuvieron otro camino que tomar las armas para defenderse de la agresión. Agresión que cada 4 años era reiterada por parte del presidente de turno.

Evidentemente que en un proceso de Paz no se pueden juzgar igualmente los delitos políticos de los insurgentes con los delitos comunes cometidos por los miembros, por ejemplo, del CD o del establecimiento en todo lo relacionado con corrupción común (Reficar, Oderbrecht, Cafesalud, corrupción en justicia, etc, etc), con corrupción electoral (compra de votos, compra de jurados de votación, cambio de papeletas, compra de registradores, retención de cédulas, etc) que ha convertido el congreso, las asambleas, los concejos, las alcadías, las gobernaciones, y la justicia, también, en un inmenso estercolero de corrupción.

Las FARC-EP negociaron con el gobierno nacional durante 6 años el Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera y ahora de un plumazo se reversará todo lo alcanzado en esa negociación (pareciera que la CC quiere que los salones del hospital militar y los otros hospitales regionales estatales militares se llenen nuevamente heridos y muertos por cuenta del conflicto armado). Es de resaltar que esa negociación se presenta, después de los miles de millones mal gastados en la guerra, por la incapacidad manifiesta de las fuerzas estatales (justicia, legislativo, ejecutivo, militar) de vencer a la insurgencia, y a la vez de no poder vencer la insurgencia a las fuerzas estatales, y después de los miles de miles de colombianos muertos en la confrontación (44.000 militares y polcías según el último reporte) y de los miles de miles de civiles, desarmados, inermos, ejecutados bajo la política del Terrorismo de Estado que han adelantado éstos gobiernos que nos sumieron en una guerra fratricida entre colombianos y que solamente el gobierno de JM Santos tuvo la valentía de decir ”no más! paremos la guerra”.

También llama la atención que los medios de comunicación en poder de la élite por fuera y dentro del gobierno celebren alborozados ésta postura de la Corte Constitucional. No debemos olvidar que todo el estado, absolutamente todo, adelantó con todas sus fuerzas la pretensión de derrotar al los “desharrapados” campesinos que se atrevieron a enfrentárseles a la maquinaria de guerra estatal (militar-narcoparamilitar). Y ese estado lo conforma en parte la Corte Constitucional. Y lo ratifican los medios mediáticos al servicio del gran capital.

Queda demostrado que la guerra en Colombia fue adelantada por todo el estado en su conjunto y no parecen estar contentos con no haber podido vencer a las FARC-EP en la cambo de batalla y ahora pretenden vencerla en los estados judiciales y en el congreso, ese antro de atrocidades y corrupción.

Esperamos no se equivoquen en sus cálculos. El pueblo colombiano tiene la incommensurable capacidad de resisitir si es necesario 50 años hasta alcanzar el sagrado derecho humano a la Paz. La Paz es un bien que va de la mano del derecho a la vida, y sin derecho a la vida no hay posibilidad de ejercer los otros derechos. Por eso es nuestra lucha.

Tenemos confianza en que la CC estudiará conciencienzudamente su posición. Si no, diremos con Iván Cepeda, del Polo Democrático, qien considera que esta decisión "puede ser terriblemente contraproducente en relación con la implementación legislativa de los Acuerdos. Yo espero que la Corte Constitucional esté midiendo las consecuencias de sus decisiones, porque el hecho de abrir una discusión sobre las leyes para implementar el acuerdo en el Congreso significa anular lo que se ha negociado durante años en La Habana y darle un golpe al espíritu del acuerdo de paz”.

Se está cumpliendo la amenaza del pre-candidato del CD, Fernando Londoño, de “volver trizas el papeluco del Acuerdo con las FARC”?

¿Quién le pone el cascabel al coronel Aguilar?

Por: Jorge Gómez Pinilla - El Espectador

¿Qué pasaba por la cabeza del coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo cuando en 2002 le confesó a una productora del Grupo Prisa de España que estando frente al cadáver de Pablo Escobar robó su pistola, según reveló Daniel Coronell en su columna del domingo pasado? Sin ánimo de ofender, solo encuentro una explicación posible: se requiere tener mentalidad de ‘traqueto’ para alardear ante una mujer de haber cometido un delito.

Esa misma mentalidad de traqueto habría sido la que utilizó para conquistar en 2004 la Gobernación de Santander en estrecha alianza con el Bloque Central Bolívar de las Auc, si hemos de creerle a la condena a nueve años de prisión que le impuso la Corte Suprema, y a las cosas que contó el coronel Juan Carlos Prieto en Los Informantes de Caracol (“los paramilitares presionaban a la población para que votaran por él”), con el saldo ya conocido: se le acabó la carrera militar a Prieto, mientras a Aguilar se le abrieron las compuertas de la política y la riqueza material, y hoy se expresa como si fuera un prócer de la patria, al mejor estilo ‘Popeye’.

Es pertinente preguntarse por qué en la campaña electoral anterior Hugo Aguilar lanzó candidato propio a la Gobernación (Carlos Fernando Sánchez) y se desplazaba por todo Santander con nutrida escolta de la Policía Nacional, siendo que no había acabado de pagar la totalidad de la pena pues se hallaba en libertad condicional, o sea que seguía en calidad de interdicto y en tal medida estaba inhabilitado para el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Ahora no solo tiene que dar más de una explicación, sino acabar de rendir sus cuentas ante la Justicia, en consideración a que la Procuraduría General de la Nación —a raíz de una primera publicación hecha por la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo—  pidió revocar la libertad condicional del reo al considerar que violó el deber de buena conducta cuando mintió al decir que carecía de capacidad económica para pagar una multa. (Ver noticia).

Alguna forzada explicación intentó dar el coronel en entrevista al periódico conservador El Frente, donde afirmó que manejaba un lujoso Porsche de 300 millones porque se lo llevaba al tipo que se lo compró el año anterior, pero no había acabado de secarse la tinta de ese diario cuando Leszli Kálli mostró fotos de una casa de 4.500 millones de pesos que su cónyuge, Mónica María Barrera Carreño, construye en Ruitoque sobre un lote de 1.084 metros cuadrados, cuyo avalúo está en 1.600 millones. No sobra aclarar que es su tercera esposa, quien nunca ha trabajado o adelantado una actividad económica que le permita justificar semejante capital.

Esto demuestra a las claras que el coronel Aguilar sí dispone de bienes para pagar la multa de 6.400 millones que la Justicia le impuso. Como se sabe, él hizo un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para abonar 500.000 pesos mensuales, lo cual se traduce en que solo le faltan 1.056 años para acabar de cubrir la deuda. Se trata de una burla descarada, tanto a la Justicia como a las víctimas, y es cuando el espectador desprevenido se pregunta cómo hizo una persona condenada por paramilitarismo para acumular tanto poder político y tan cuantiosa fortuna económica, primero con su sueldo como oficial de policía y luego como gobernador de Santander.

Con motivo de la publicación arriba aludida le envié por Twitter un DM a Diana Giraldo, donde la felicité por las fotos que encarrilaron tan contundente investigación y le pregunté si creía que eso tendría algún efecto jurídico, en cuanto a lograr que el hombre pagara al menos parte de la multa y así contribuyera a indemnizar a las víctimas. La respuesta de Diana fue escueta y demoledora: “¡Gracias Jorge! Ojalá pase algo. Pero lo dudo”.

Ese “lo dudo” es fiel reflejo del pesimismo que cunde frente a una Justicia que no tiene manos —y menos garras— sino guantes de seda para juzgar a tanto malhechor que por el simple hecho de haber conquistado determinada cantidad de votos (sin importar el método que hubiere empleado…) adquiere un prestigio que le sirve en parte para forjar alianzas con grupos criminales y en parte para tomarse fotos como esta (ver foto), de la que según fuentes bien enteradas Germán Vargas Lleras dijo que “es para que se la envíen a Serpa y vea el nuevo equipo de Santander”. Para entender el contexto de esa noticia, está este artículo de La Silla Santandereana.

Al día presente no sabemos si Vargas Lleras persistirá en mantener dicha alianza con el clan Aguilar, en función del mismo único objetivo por el que se alió con Kiko Gómez en La Guajira: votos.

Sea como fuere, en este escenario de arenas movedizas adquiere carácter de urgencia hacer un llamado a la sociedad santandereana y a su dirigencia política, para alertar sobre la prestancia o el buen nombre adquiridos a punta de ‘pistola’. Venimos nadando en un mar contaminado por la presencia de mucho charlatán, delincuente o estafador con pose de caudillo. Es por eso que desde los linderos de la decencia ya es hora de asumir fortaleza jurídica y conciencia ética, hacia el noble propósito de sanear el ejercicio de la actividad política.

Para el caso que nos ocupa, se mantiene entonces el interrogante planteado desde el titular de esta columna: ¿quién le pone el cascabel al susodicho coronel?

DE REMATE: El senador Álvaro Uribe es tan de buenas que con motivo de la convención de su Centro Democrático —donde Fernando Londoño aclaró que no son centro sino histérica derecha— nadie le recordó que tiene un hermano preso por múltiples homicidios, paramilitarismo y concierto para delinquir. Por cierto: ¿resulta atrevido pensar que el apóstol Santiago estuviera también pensando en acogerse a la JEP…?

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co

Tiene ”justicia” Colombia?

Domínico Nadal, El Cuento de la Semana.

Érase un país llamado Colombia que… no tenía justicia. Ese país –con un estado fallido- no tiene la capacidad para juzgar a sus connacionales y cuando los juzga son ciudadanos del común, “pobres”.

Dicen los funcionarios estatales (gobierno, militares, policías, Cortes, jueces, etc) que Colombia no tiene defensa ante el poder corruptor de los delincuentes, más si son de “cuello blanco” o narcotraficantes.

A los capos del narcotráfico cuando los Carteles de Medellín y Cali, los amenazaban con extraditarlos a los Estados Unidos ya que ellos “si tienen justicia” y allá no corrompen a sus carceleros y jueces y funcionarios del gobierno y a los congresistas socios de ellos. En esa época extraditaron a algunos –Carlos Lehder entre ellos- y todavía –parece- lo tienen en la guandoca (cárcel).

No hay justicia cuando asesinan a un muchacho proveniente de familia guajira –Oh, mi Guajira linda- y juzgan a las que saben quién es el autor, pero la justicia no sabe quién es el autor; las muchachas encubren al autor del crímen y, Oh, justicia colombiana!, son exoneradas de cualquier culpa porque la “justicia es pa´los de ruana” y ellas pertenecen a una familia poderosa (dicen que de la Federación de Cafeteros).

No hay justicia cuando a los corruptos se les coloca en la picota pública, los detienen uno o dos años y los “sueltan” por “vencimiento de términos” para que vayan a disfrutar los dineros conseguidos con la corrupción en el extranjeros o, para mayor escarnio del pueblo de a pie, en Colombia.

Los escándalos sobre corrupción son diarios. Ésta se roba más de 50 billones de pesos anuales, es decir, esquilma las arcas estatales y por consiguiente al pueblo. Escándalos mas recientes, como los de Reficar, SaludCoop, etc, no tienen ningún preso y la Fiscalía no tiene explicaciones del porqué ninguno está en el “pote” (cárcel). 

El escándalo de la semana ha sido el de Odebrecht que repartió 11 millones de dólares entre funcionarios estatales y congresistas, el cual compromete al ”cocotudo” Luis Carlos Sarmiento Angulo –que triplicó su fortuna durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2 períodos)- y el Fiscal General Nestor Humberto Martínez, asesor legal del señor Sarmiento Angulo, no se declara impedido y extiende un manto de complicidad hacia sus jefes, mas sin embargo es rapidísimo cuando de juzgar hijos del pueblo se trata.

No hay justicia en Colombia cuando a un guerrillero que padece de Hepatitis B lo “capturan” én el departamento de Córdoba cuando iba hacia Medellín (departamento de Antioquia) a realizarse un tratamiento habida cuenta que el Gobierno de JM Santos no garantiza el tratamiento de los casos de salud de los guerrilleros que están en la Implementación del Acuerdo Final pra una Paz estable y duradera, a tiempo son múltiples los incumplimientos gubernamentales como la No construcción de los Campamentos de las Zonas Veredales (ZVTN), alimentos en mal estado, alimentos envenenados con animales que podrían causar intoxicación mortal de quien coma esos alimentos, o la no liberación de los guerrilleros presos a pesar de estar contemplado en el Acuerdo Final para una Paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP.

Como si fuera poco, el comandante militar responsable muy orondo y muy majo amenaza al guerrillero con EXTRADITARLO a los Estados Unidos, convirtiéndose en Juez!!!

Tremendo cuento…   

Exoneración agridulce

El sorpresivo archivo de la investigación que se adelantaba en contra del excandidato del Centro Democrático(CD), Óscar Iván Zuluaga (OIZ), por su supuesta vinculación al espionaje ejecutado por un hacker contratado por su campaña para obtener información reservada de inteligencia y desprestigiar el proceso de paz, no fue buena noticia para nadie, ni siquiera para el exonerado.

Por: Ramiro Bejarano Guzmán*

OIZ, que se tiene confianza para desinformar, convocó una rueda de prensa en la que, como es habitual, se hizo el de la vista gorda con una decisión que, aunque lo favoreció, no lo exonera del todo, ni judicial ni políticamente. El excandidato muy horondo salió a reclamar que su exoneración probaba que su campaña política había sido infiltrada por el Gobierno para impedir su llegada a la Presidencia. Eso no es cierto, pues el escándalo del hacker y de su vinculación con la campaña presidencial de OIZ reventó el 7 de mayo/14, es decir antes de la primera vuelta presidencial realizada el 25 de mayo/14, la cual fue ganada por el candidato uribista. Si a pesar del ruido que se creó con este suceso impresentable, OIZ ganó en la primera vuelta, ello significa que no le hizo daño alguno.

No le queda bien a OIZ sostener la inexactitud de que su exoneración es prueba de los delitos en los que habrían incurrido miembros del gobierno de Santos. En efecto, la Fiscalía archivó la investigación porque consideró que “hasta la fecha” no hay evidencias de que hubiese sido OIZ la persona responsable ni de contratar al hacker Sepúlveda, ni del diseño de la sucia estrategia de espiar información de inteligencia reservada con el innoble propósito de desprestigiar el proceso de paz. En otras palabras a Zuluaga le han decretado un archivo de una investigación al estilo de la cuestionada absolución de O.J Simpson, que primero fue declarado no culpable desde el punto de vista penal, y unos años después fue condenado civilmente.

Lo que calló OIZ en la rueda de prensa fue que esa decisión de la Fiscalía en todo caso le censuró que su campaña hubiese contratado al hackerSepúlveda, y que miembros de la misma, entre los cuales están el vástago del excandidato y su cercano amigo Luis Alfonso Hoyos, hubiesen tenido los tratos que sostuvieron con quien hoy está condenado a diez años de cárcel por estos hechos al igual que otros más que confesaron sus delitos. Lo que no se entiende es que OIZ no tenga nada que ver con los delitos por los que condenaron al hacker, cuando el video que vimos los colombianos lo mostró recibiendo de Sepúlveda, sin inmutarse, información reservada. Video que para la Fiscalía no resultó falso ni editado, como lo aseguraba OIZ. Raro que mientras el hacker delinquía divulgando información de seguridad nacional, quienes la recibían sin sorprenderse resulten ajenos a esa maniobra delictiva, a pesar de que contrataron y remuneraron a ese espía.

Lo cierto es que la Fiscalía le censuró a Zuluaga sus actuaciones con el hacker, porque si bien lo exoneró, dejó en claro que sí se benefició de ese espionaje, pues su campaña manejó públicamente información reservada de inteligencia militar.

Y como para que no quede duda de que la exoneración por lo menos es históricamente precaria, el hecho de que la Fiscalía siga manteniendo vinculados a la investigación al hijo y al amigote de OIZ, es no solo muy diciente, sino preocupante para ellos, pues lo que está claro es que hubo delitos y que de ellos se sirvieron en la campaña presidencial del CD.

El asunto es tan sencillo que ni aun en el supuesto de que la Agencia Nacional de Inteligencia hubiese infiltrado la campaña del CD —lo que de probarse sería tan grave como las chuzadas ocurridas durante el régimen de Uribe—, tampoco en ese escenario OIZ saldría indemne, porque en ese evento, si bien habría delinquido el Gobierno, igual camino habrían recorrido en la campaña presidencial del CD.

Mejor dicho, nada que celebrar.

Adenda. Increíble e indignante que los acusados por el descalabro y fraude de Interbolsa, el más grande de la historia, estén quedando libres por vencimiento de términos. Este país no tiene salida mientras esa siga siendo la justicia que padecemos.

notasdebuhardilla@hotmail.com

Del vencimiento de términos (Víctor Maldonado) a la revocatoria de medida de aseguramiento (Húber Ballesteros), una justicia clasista

Por: José María Carbonell, Cambio Total.

La ”justicia” colombiana muestra, con dos casos emblemáticos, como actúa. Víctor Maldonado, oligarca, implicado en el robo de los dineros de InterBolsa, es liberado por “vencimiento de términos”, es decir, la ”justicia” no hizo nada para mantener preso al ”ladrón de cuello blanco”, y Húber Maldonado, luchador popular, encarcelado durante 3 años y algo más por el “delito” de ser dirigente del Paro Agrario y militante de la Marcha Patriótica.

Al “ladrón de cuello” blanco, acusado de cometer los “delitos de estafa agravada, captación masiva de dineros, no reintegro de dinero y concierto para delinquir”,  lo liberan para que vaya a disfrutar los millones robados al pueblo colombiano, en tanto al dirigente popular lo condenaron a pagar una condena de 3 años sin fallo condenatorio probado.

El “ladrón de cuello blanco” muy seguramente demandará a la Nación –y ganará el pleito- por otros miles de millones de pesos, en muestra de que le debemos agradecer por robarse nuestros dineros, tenemos que pagarle indemnización por la “injusta” detención por sus delitos; y a Húber Ballesteros no le pagarán indemnización por su injusta detención y solo le dirán, si acaso, “perdón, no le hemos podido probar que es guerrillero, pero que lo es lo es”.

Ya hemos visto cómo la “justicia” mantiene entre rejas a miles de luchadores populares acusados de ser “guerrilleros” o “auxiliadores de la guerrilla” durante 3-4-5-n años y después lo liberan sin complejo de culpa por parte de los funcionarios estatales.

En Colombia hay 10.000 presos políticos y a ellos si les cae “el peso de la ley”, al grado que algunos de ellos mueren en la cárcel por falta de atención médica. En los actuales momentos, a pesar de haber firmado el “Acuerdo Final por una Paz estable y duradera” el gobierno de JM Santos se hace el remolón para cumplirlo y liberar a todos los guerrilleros y presos politicos.

Después de 6 años de conversaciones el Estado y su gobierno todavía –todavía- no ha sido capaz de elaborar una lista de a quienes favorecería lo contemplado en el Acuerdo Final, así como tampoco ha sido capaz de construer los campamentos para alojar la guerrilla de las FARC-EP en las ZVTN. Es la ley del embudo, “lo ancho pa´ellos, lo angosto pa´uno”…

Es la justicia colombiana independiente?

Allende La Paz, Cambio Total. 

Otra de las especies que nos venden los medios mediáticos en poder de la oligarquía es el de una justicia "independiente". Nada más ajeno de la realidad.

La justicia es una de las tres ramas de poder del Estado colombiano. Como tal su justicia ni es imparcial ni independiente. Ella responde al ordenamiento jurídico existente y éste a su vez responde al sistema y al  modelo imperante.

El capitalismo es el sistema y el modelo es el neoliberalismo. Por tanto no podemos esperar independencia de una justicia que aplica con rigor las leyes que expide el Parlamento, el cual responde a las orientaciones del gobierno de turno, todos los cuales han aplicado el neoliberalismo en las últimas décadas.

Teniendo en cuenta que ese Estado neoliberal desarrolla una guerra contra un "enemigo interno", la legislación vigente es una legislación de guerra. Basta decir que Colombia vivió en Estado de Sitio -Estado de excepción con coartación de las libertades ciudadanas- durante casi 50 años y toda la legislación expedida por el gobierno y el parlamento fue incorporada a la Constitución de manera permanente.

La Constitución del 91 se esperaba fuera el quiebre de ésta situación, mas todo quedó en buenas intenciones. Lo positivo fue retrotraído a las viejas épocas por el temor irracional a las guerrillas y la legislación de guerra sigue predominando en el escenario de la vida colombiana, legislación que tenía -y tiene- por objetivo reprimir al pueblo para impedir su protesta contra las nefastas políticas neoliberales, las cuales favorecían a los sectores empresariales y a las multinacionales. 

En ese propósito aúnan fuerzas los medios en poder de la oligarquía-El Tiempo, El Espectador, Semana, RCN, Caracol, etc- y todos los pretenden convencernos de la independencia de la justicia colombiana -burguesa- y ocultan que ella defiende los intereses de una minoría que -egoístamente- pretende acumular capital y tierras, las cuales nunca podrán disfrutar plenamente.

La lucha del pueblo colombiano ha enfrentado la represión física -militar, policial, narcoparamilitar- y la estructural -coartación de libertades y derechos humanos, ausencia de políticas que lo favorezcan, etc- y ha desarrollado creativamente sus organizaciones de resistencia a las políticas adelantadas desde el estado.

Es imprescindible develar todos los intentos de la élite en el poder de mantenernos sumidos a su poder. La lucha es el único camino que tenemos y debemos combinar creadoramente todas las formas de lucha legales contra los enemigos del pueblo.

Extra! Extra! Tribunal de Medellín solicita nuevamente investigar a Uribe Vélez por masacres en Antioquia

Noticias RCN

Justicia - Octubre 15 de 2015, 11:10 pm

En 2013, el mismo Tribunal ya había solicitado investigar al expresidente Álvaro Uribe. Foto: AFP.

El Tribunal de Justicia y Paz pidió investigar la presunta relación del exmandatario con la operación ‘Orión’ en 2012.

En una sentencia de 786 páginas, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín hace un análisis del surgimiento del paramilitarismo en Colombia y reitera la solicitud para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en hechos relacionados a graves violaciones de derechos humanos en su condición de exgobernador de Antioquia y expresidente de la República.

En el fallo se advierten los nexos existentes entre el Gobierno, los paramilitares y las fuerzas militares para desarrollar masacres como la de El Aro en el municipio de Ituango o la operación Orión desarrollada por el Ejército en el año 2002 en la comuna 13 de Medellín.

“La operación Orión es otra clara muestra de este entramado de relaciones, pues constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional al mando del general Mario Montoya Uribe, la Policía Nacional al mando del general Leonardo Gallego Castrillón y el bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano”, dice la sentencia. 

Esta compulsa de copias no es nueva, ya que en septiembre de 2013 el mismo Tribunal había solicitado investigar al expresidente Uribe por su presunto vínculo con la operación ‘Orión’. 

NoticiasRCN.com