Cambio Total.
A un año de la firma del Acuerdo la Corporación Solidaria Jurídica nos presente su Informe "Dilaciones, fisuras y omisiones"
Corporacación Solidaria Jurídica.
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Cómo andamos en Colombia?
Allende La Paz.
Colombia está en crisis desde
hace muchos años. Crisis económica, crisis política, crisis social. O sea, en
crisis permanente que no “había sido vista” porque el bloque dominante en el
poder –los Santos, Uribes, Vargas-Lleras, Sarmiento Angulo, Santodomingo,
Ardilla Lulle, etc- no dejaba ver por el énfasis puesto en la guerra interna, o
como se dice en el Conflicto Interno.
Cómo hemos estado
diciendo, el ruido de la guerra impedía sentir el silencio del bosque. Así fue
el gasto. Énfasis en la guerra, compra de armamentos, menajes, etc, en la cual
se malgastaban más de 25 millones de dólares diarios. Dinero suficiente para
solucionar todos los problemas del pueblo colombiano.
La crisis económica está a ojos vistas. Ya Colombia está ad
portas de dejar ser un país exportador de petróleo para ser uno importador (En
Colombia se vende la gasolina más cara de Suramérica). El boom de la minería pasó, como pasaron los 8 años
del narco-paramilitar expresidente No 82. La industria está en crisis hace
muchos años. Y la tierra está concentrada en el 1% de los propietarios
que acaparan 80% de ellas.
La Crisis política sigue
su curso. Ella está dada por la practica consuetudinaria de asesinar al
contradictor a fin de no perder el poder. Por ello el genocidio de la U.P. Por
ello, las ejecuciones extrajudiciales de los líderes populares (práctica del
Terrorismo de Estado), que pretende sumir en el terror a los campesinos e
indígenas, al igual que los obreros, estudiantes, mujeres, etc.
Es diciente que la clase
politiquera lleve años “discutiendo” un Estatuto de Opisición sin llegar a
aprobarlo, mientras en la práctica la oposición –la verdadera, no la “oposición”
del Ca-D- es víctima de persecuciones, chuzadas, terrorismo de estado, etc.
En esa crisis política
sobresale un elemento cardinal. La Corrupción. Mal endémico de los países
capitalistas, en Colombia es más que eso. Cada día explota un escándalo de
corrupción. Reficar, Odebrecht, Baldíos, etc, etc.
Los dos últimos han corrido
por cuenta de la Fiscalía General de Néstor Martínez al ser capturado por la DEA
el fiscal anti-corrupción -programa bandera de NHM-, el cual dizque fue
nombrado sin recomendación política, como si nos tragáramos ese cuento chimbo,
extendiendo un manto de impunidad –al igual de los escándalos de Odebrecht,
Baldíos- encubriendo a los responsables verdaderos (el propio fiscal general,
los del Ca-D y el partido Cambio Radical).
El otro escándalo corre
por cuenta del alcalde de Medellín, al ser encartado su Secretario de
Seguridad, el cual mantenía una fluída y secreta comunicación con la Oficina de
Envigado (mafia) y con elementos de las bandas narco-paramilitares. Es de
señalar la posición anti Acuerdo de Paz del alcalde de Medellín, al igual que
el gobernador de Antioquia.
La Crisis social es
suficientemente conocida. Los índices sociales no podían ser peores. La
mortalidad infantil de niños menores de 5 años aumenta galopantemente. Cada día
mueren niños en la Guajira, Chocó, Vaupés, Guainía, hasta en la capital Bogotá.
La salud está en caos total tras la puesta en práctica de la Ley 100 de 1993,
ley propuesta durante el gobierno César Gaviria Trujillo por el senador Álvaro
Uribe Vélez.
En cuestiones de vivienda muestran la construcción de
300.000 vivienda de interés social, mientras la Venezuela que ellos macartizan
ha construído más de 1´600.000 durante la revolución bolivariana, pagando de
esa manera la deuda social que dejaron los gobiernos oligárquicos venezolanos.
En quizás lo único que tiene para mostrar el gobierno de JM
Santos es en el Acuerdo de Paz. Y eso.
Aquí también tiene sus inconsecuencias y sus ineficiencias. El
mismo Santos dice que si fuera solamente por el Acuerdo de Paz habría valido la
pena ser presidente de Colombia.
Los incumplimientos del
estado son palpables. La aplicación de la Ley
de Amnistía hace seis meses aprobada es torpedeada por los propios
jueces y fiscales encargados de llevarla a cabo, lo cual derivó en una huelga
de hambre de los prisioneros. Los campamentos de las Zonas Veredales aún hoy no
han sido terminados, máxime si como muestra la investigación de la Universidad
Nacional, el 70% de los guerrilleros no tienen casa en donde vivir todavía. Las
tierras no han sido adjudicadas para adelantar los proyectos productivos que
permitan una clara y rápida re-inserción de los guerrillleros a la producción.
En conclusión, Colombia
vive un desgreño producto de los años de años de manejo politiquero, poniendo
énfasis en el favorecimiento de los sectores pudientes económicamente, y
dejando de lado las necesidades básicas insatisfechas del pueblo, amén de la creciente corrupción.
Por tales razones, la
necesidad de construir un Gobierno de Transición que no solo defienda el
Acuerdo de Paz, sino que adelante la satisfaccción de las necesidades básicas
insatisfechas de la población, al igual que la lucha contra el más peligroso
flagelo que carcome las arcas estatales, la corrupción.
Colombia. Santrich: No hay errores en la ley de amnistía, lo que hay es negligencia del Estado
Kaos en la Red.
De acuerdo con Jesús Santrich, integrante del secretariado de las FARC, desde que se inició la huelga de hambre de los más de 1.500 prisioneros políticos que hay, tan solo se han liberado 22 que ya fueron trasladados a la zona veredal de Icononzo, y tampoco hay algún tipo de respuesta de parte del Estado. […]De acuerdo con Jesús Santrich, integrante del secretariado de las FARC, desde que se inició la huelga de hambre de los más de 1.500 prisioneros políticos que hay, tan solo se han liberado 22 que ya fueron trasladados a la zona veredal de Icononzo, y tampoco hay algún tipo de respuesta de parte del Estado.
Santrich aseguró que la toma de esta decisión para ejercer presión no debe ser entendida como un favor que se le está pidiendo al Gobierno, sino como exigencia al cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana. Además reafirmó que no es cierto que las amnistías sean negadas por fallas en el mecanismo jurídico.
“En el caso de la Ley de Amnistía yo creo que la falla protuberante que tiene de fondo, es haber tenido la buena fe en que los jueces de ejecución de pena iban a querer cumplir con esa ley y en la confianza que se tuvo de buena fe con el Estado” señaló Santrich.
Frente a los rumores sobre su estado de salud, el integrante del secretariado expresó que se encuentra bien y con voluntad de seguir adelante en la huelga, sin embargo, manifestó que pese a que no se tiene aún la cifra de los prisioneros políticos en las cárceles que afrontan situaciones difíciles de salud, crece la preocupación por sus condiciones.
De igual forma reiteró que la huelga de hambre se levantará el día en que estén en libertad todos los presos políticos que son beneficiarios de la ley de Amnistía y manifestó que estos incumplimientos del gobierno, que se suman a otros como la falta de construcción de las zonas veredales, debe ser un llamado a la sociedad para que se volqué en la defensa de los acuerdos y se evite que se conviertan en el mayor “falso positivo” contra la paz.
www.contagioradio.com/no-hay-errores-en-la-ley-de-amnistia-lo-que-hay-es-negligencia-del-estado-santrich-articulo-43206/
Así vive en huelga de hambre Jesús Santrich
SEMANA: ¿Desde cuándo y por qué está en huelga de hambre?
Jesús Santrich: Desde el día 26 de junio hay una protesta nacional. Iniciaron 1.200 y en este momento hay 1.486 guerrilleros de las Farc en huelga y alrededor de 1.700 en desobediencia. Yo me vinculé el pasado lunes y lo que se busca es que se cumpla el acuerdo de La Habana que tiene que ver con la liberación de nuestra gente.
SEMANA: Pero, ¿ese trámite no viene caminando ya?
J. S.: Han salido de las cárceles, hasta ahora, 843 personas. Debido a esas bajas cifras, comenzó la protesta de la que participan 47 mujeres, una de ellas lactante. A eso se suman, 35 compañeros que tomaron la determinación coserse la boca. Este jueves, hubo un plantón en las principales ciudades del país: Medellín, Pereira, Popayán, Valledupar, Cúcuta y Bogotá.
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SEMANA: ¿Quién es la madre lactante?
J. S.: Mayerli Becerra Muñoz y tiene un bebé de cuatro meses de edad. Ella está en la cárcel de Cúcuta y su caso está en manos del juez quinto de ejecución de penas.
SEMANA: ¿Qué ha entorpecido la aplicación de la Ley de Amnistía?
J. S.: Aquí no hay fallas normativas porque el acuerdo tiene el mayor detalle que pueda tener una Ley de Amnistía en el mundo. Eso se lo pueden preguntar a especialistas y juristas. Además de tener un acuerdo depositado en el Consejo Federal Suizo en Berna, existe una declaración unilateral del Estado ante Naciones Unidas, un acto legislativo que lo coloca en marco de interpretación y un decreto presidencial que la regula. Incluso, hay una resolución de reforzamiento del Hábeas Corpus, que no debió salir, pero ahí está. Lo que hay es un problema de voluntad política y demoras, por ejemplo, en la entrega de las certificaciones.
SEMANA: ¿A qué se refiere? ¿No todos los guerrilleros tienen el boleto que acredita su tránsito a la vida civil?
J. S.: En este momento están colgados con la entrega de alrededor de 930. Además, hacen falta actas de compromiso que el secretario de la Jurisdicción Especial de Paz -no sé si por falta de personal, falta de tiempo o voluntad- no se han gestionado. Me atrevería a pensar que es más por lo primero, que por lo último. Hay una actitud negligente, mezquina y antijurídica de los jueces de ejecución de penas porque están haciendo negación de justicia, están prevaricando y no hay instancia del Estado que le ponga freno a eso.
SEMANA: ¿Hasta cuándo va con la huelga de hambre?
J. S.: El día 26 de junio yo dije que en el caso mío, porque no quiero someter a los compañeros que están en las cárceles, es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el último hombre de prisión.
"Es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el último hombre de prisión".
SEMANA: ¿Cómo le ha ido en estos cinco días?
J. S.: He estado tomando agua e hidratándome con suero. La idea es que se aguante lo que más se pueda para que alcancen a salir todos. Ojalá haya una actitud de sensatez porque en La Habana nosotros dialogamos fue con el Gobierno, representando al Estado colombiano. No puede ser que la implementación se convierta en una renegociación con cada una de las instancias y ramas del poder público. Esto, incluyendo a la Fiscalía que se ha convertido en otro palo en la rueda de la paz.
SEMANA: ¿Es decir, el tránsito de la guerrilla a la vida civil no se ha completado?
J. S.: Las Farc ha cumplido a cabalidad con sus compromisos. Cuando se han presentado demoras no ha dependido de nosotros, sino del Gobierno con su parte. Este es un acuerdo que tiene un principio de igualdad, buena fe, de Pacta sunt servanda para cada una de las partes. Es decir, que lo que se acordó hay que cumplirlo. Se habló desde un principio de simultaneidad e integridad. En la medida que las Farc cumplía, el Gobierno también. Sin embargo, nosotros entramos a las zonas veredales sin que la construcción de los campamentos hubiera terminado. La idea era que esos lugares la guerrilla iba a llegar a vivir de manera digna, el problema es que el tiempo pasó y todavía no se han terminado de construir.
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SEMANA: Y... ¿Por el lado de la reincorporación de los excombatientes cómo van?
J. S.: Hay algunas acciones asistencialistas que -de su propia inspiración- han hecho entidades del Estado como el SENA. Sin embargo, acciones derivadas del acuerdo de paz como tal, en el capítulo de Reincorporación, no hay ninguna. Hay un decreto que crea las instancias que manejarán la reincorporación pero no han derivado en acciones prácticas. Aquí lo que hay son puras promesas en materia social, salud y generación de proyectos productivos. Yo siempre he dicho que seguimos con el proyecto Escalona. Es decir, con la casa en el aire.
SEMANA: Explíquese...
J. S.: No hay certeza para los excombatientes de dónde van a ir el día 240 porque los sitios que ocupan ahora son terrenos alquilados. Se ha dicho, después de tanta presión nuestra, que esos espacios se van a convertir en escenarios de formación y reincorporación, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No queremos que por cuenta de este incumplimiento en las liberaciones y en la implementación, el pacto de La Habana se convierta en un falso positivo contra las esperanzas de reconciliación de los colombianos.
SEMANA: Entonces, ¿ve cruda la arquitectura de la reincorporación de los excombatientes?
J. S.: Sí, totalmente. Hay unos planteamientos normativos que -por más sea decirlo- están en manos de una Corte Constitucional que se ha mostrado inclinada hacia la derecha que ha dicho hará trizas el acuerdo. Una posición que también ha mostrado el Procurador. En vez de velar por la administración pública, él ahora está es viendo cómo quita la posibilidad de que los extranjeros que están en las Farc tengan vías de reincorporación. Por eso digo, que aquí debe haber un compromiso de Estado. No podemos seguir con esa farsa de que como no hay división del poder en ramas y de que así es la democracia, toca ver qué se le ocurre a cada funcionario.
SEMANA: En La Habana se acordó la creación de unas comisiones que ayudarían a sacar adelante la implementación, ¿están funcionando?
J. S.: Si están en acción. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) que tiene un componente de Gobierno y otro de Farc está funcionando. Precisamente a esa pertenezco yo, al lado de Iván Márquez, Victoria Sandino y tres ministros. Ahí hemos podido adelantar los debates de la implementación normativa, pese a que muchas veces el Gobierno ha pasado proyectos sin tener el visto bueno de la comisión, que es el procedimiento correcto.
Sin embargo, aunque estamos ahí tratando que esos desarrollos normativos se den. Luego vienen otros debates como los del Congreso de la República donde da la impresión de que hay que negociar con cada congresista para que no le pongan 20.000 proposiciones al acuerdo que van en contra vía de ellos. Luego la corte, le colocó cortapisas, casi una puñalada al fast track. Lo que uno puede prever es que la corte más adelante -si le da la gana- puede actuar contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) o la misma Ley de Amnistía.
SEMANA: En resumen, ¿qué está fallando?
J. S.: Inseguridad jurídica, inseguridad personal por la expansión del paramilitarismo e inseguridad socioeconómica porque no hay claridad sobre qué proyectos productivos van a desarrollar los excombatientes. Los otros dos puntos son la renegociación en la que se ha convertido esto y la desfinanciación. El Gobierno apenas promete comprometer 0.6 puntos del PIB. Eso no es nada con la deuda social inmensa que tiene el Estado con su pueblo.
SEMANA: ¿En qué va la Comisión de Garantías?
J. S.: Sólo hay denuncias y promesas. Hay más de 15.000 compulsas de copias que están en ese escenario de lucha contra el paramilitarismo y la Fiscalía nunca ha actuado. Del acuerdo se debió derivar una Unidad Especial de Investigación para la desarticulación de ese fenómeno, pero lo único que ha encontrado son obstrucciones por parte del fiscal. Aquí hay una especie de protección a los financiadores del paramilitarismo y señalo de manera directa al fiscal en ese papel. Hasta cuándo va a obstruir el proceso de paz.
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SEMANA: ¿Se siente en riesgo?
J. S.: Aquí lo que tenemos garantizado es un par de tiros en a cabeza. No hay garantías para la acción política no sólo para las Farc, sino para el movimiento popular y social. Yo me aventuraría a decir que lo que se está configurando es una reedición de la Unión Patriótica, del exterminio de la UP.
SEMANA: ¿Qué va a pasar cuando desaparezca la figura de las zonas veredales?
J. S.: El plan nuestro es el acuerdo. La insistencia desde la Csivi y el CNR es que se cumpla todo lo que está allí. Eso implicaría actuar contra el paramilitarismo, generar medidas de seguridad para las comunidades y la organización que salta a la legalidad. No hablo con desazón sino con realismo. Hay un estado de incertidumbre porque no se ven garantías para que después del día 240 haya tierra para los guerrilleros, dudo mucho eso.
SEMANA: A propósito del artículo de Iván Gallo, algunos sienten un distanciamiento suyo de las posiciones del Secretariado...
J. S.: Si vi el artículo con la supuesta solidaridad hacia mí y atacando a la dirección de las Farc. Yo estoy en absoluta coincidencia con la dirección de las Farc. Nunca he hecho acciones ni imposiciones de disidencia. Pero también estoy sentando posiciones realistas frente a lo que se viene porque ha habido una actitud sistemática de incumplimientos por parte del Estado.
SEMANA: ¿Cree que ese estado de incertidumbre más el efecto de la campaña electoral aumentará las disidencias?
J. S.: No pienso más en desertores porque las Farc son una organización política que ya dejó las armas. Sin embargo, sí puede haber desaliento y desazón. Por eso el Estado tiene el compromiso de generar alternativas para la construcción del buen vivir. No sólo a las Farc sino a las comunidades. Aquí no se trata sólo del asunto de las armas. La paz no sólo es el silenciamiento de los fusiles, la paz es darle vivienda, salud y resolver las necesidades básicas que tienen los colombianos.
En el país hay más 12 millones de pobres. No se trata de que los que pertenecieron a las Farc se alzan o no en armas, aquí va continuar el alzamiento armado de parte de la gente oprimida, segregada y excluida si no se solucionan esos problemas que pretenden palear -de alguna forma- el acuerdo de La Habana.
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SEMANA: ¿Cómo va el engranaje de las ECOMUN, el modelo asociativo con el que aterrizarán en la economía legal?
J. S.: Queremos entrar a todos los sectores de la economía y la acción social que hay en Colombia. La reincorporación tiene dos capítulos: uno es el político que abre las puertas para tener la personería jurídica que permite establecer el partido, eso se dará después de la primera semana de agosto. El otro es el económico, no se trata de crear guetos sino de vincularlos con todas las comunidades que han estado apartadas, aisladas del conjunto de desarrollo nacional. Eso es lo que deseamos. Estar en todos los sectores de la producción, de las políticas y las artes. La terminación de la guerra implica eso, una transformación económica, política pero también social y cultural.
Comandante Timoleón Jiménez valora altamente aprobación de Amnistía
El comandnate de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, valoró altamente la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso colombiano, primera ley aprobada mediante el mecanismo del Fast track.
Igualmente señala las dificultades por las cuales atravesará el proceso de Implementación al señalar "el largo camino que tenemos que transitar los Colombianos hacia La Paz".
Es de señalar el papel jugado por los delegados ciudadanos -dsignados por las FARC- en el Congreso a fin de cuidar que durante el proceso de aprobación no se altere el espíritu del Acuerdo Definitivo. Igualmente muchos jóvenes se manifestaban en las barras y en las afueras del capitolio con la consigna: "Ojo a la Paz".
