por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/11/01
A diferencias del cuento de Rulfo, en Colombia sigue el despojo de tierras y con este el asesinato de sus reclamantes. El Gobierno afirma que no hay nada sistemático. Los hechos, no obstante, dicen lo contrario.
Agua y tierra han sido siempre sinónimos de comida. Si partimos del hecho de que un agricultor necesita 2.000 litros de agua para cultivar un kilo de arroz y un poco más de 300 hectáreas para producir 8 toneladas, entenderíamos por qué la tenencia de tierras ha sido el centro de una larga y sangrienta guerra en Colombia. En la Edad Media el poder estaba representado en la posesión de extensos baldíos. Cuanto más se tuvieran, más rico era el poseedor y mucha más gente tendría rendidas a sus pies. Las conquistas llevadas a cabo por los antiguos imperios europeos, y reseñadas en los libros escolares de historia, siempre tuvieron como meta el despojo. Eso lo tenía bien claro el Gran Alejandro, tres siglos antes de nuestra era, y lo reivindicaron los pueblos del Antiguo Continente cuando llegaron al nuevo.
La enorme concentración de tierras en manos europeas es inexplicable sin el uso sistemático de la fuerza. Los violentos procesos de colonización extinguieron a la gran mayoría de los pueblos originarios y los que lograron sobrevivir se encuentran reunidos en pequeñas y reducidas zonas que el Estado ha denominado resguardos, un término que tuvo su origen en la Colonia y que hoy es respaldado por la Constitución Política del país.
Nada en los mecanismos utilizados para el despojo de tierras en Colombia ha sido legal. La Ley 89 de 1890, expedida por el Congreso, garantizó el carácter “no enajenable” de las tierras de los resguardos, “la cual determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Esta ley dejó en manos de los alcaldes la potestad de dirimir los conflictos entre los indígenas (léase salvajes, propietarios de las tierras) y los blancos (léase civilizados o expropiadores) en los territorios bajo su influencia.
Lo anterior se podría entender como la legalización de la violencia, pues los indígenas jamás dejarían de ser indígenas, es decir, “salvajes”, por lo que la proliferación de títulos de propiedad de los extensos valles como el del Cauca quedó en manos de los “civilizados”, lo que permitió la gran acumulación de tierras en un número muy reducido de familias. Los indígenas que se sublevaron, que levantaron sus azadones en señal de protesta, fueron asesinados, extinguiendo de esta manera la posible llama de insurrección a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Solo así podría entenderse por qué las tierras más fértiles del país, como las del Valle del Cauca, están siendo explotadas desde la Colonia por las mismas tres familias. Por qué la Ley 89 de 1890 era de carácter “no enajenable”, lo que les prohibía a los verdaderos propietarios tener derechos sobre sus tierras.
La guerra que ha padecido Colombia a lo largo de su historia no podría entenderse sin lo anterior. La concentración de grandes extensiones de suelo cultivable sigue siendo la base sobre la cual descansa la dominación de las etnias indígenas y afro por parte de las “civilizadas”. Para ser claro, hay que recordar que la esclavitud no terminó en mayo de 1851, cuando se firmó oficialmente su abolición. Hay que recordar también que los terratenientes, amos y dueños del país, se opusieron a esa ley por la inevitable pérdida de la fuerza laboral, representada en un alto número de indígenas y negros esclavizados. Esta oposición dio origen al terraje, una forma de explotación que obligaba a las “etnias inferiores” a pagarles a los explotadores el uso del suelo. Es decir, si querían cultivar o criar ganado o aves de corral debían pagar por el uso de las tierras. En el fondo, era una vuelta feliz a un feudalismo ramplón, establecido a partir del poder que ejercían las grandes haciendas sobre la administración del Estado.
Lo anterior se hizo posible gracias a que, como hoy, los miembros del legislativo eran en su mayoría finqueros que se habían adjudicado la propiedad del suelo, lo que explica a su vez por qué el 85 por ciento de las tierras cultivables y no cultivables del país están en este momento en manos del 15 por ciento de los colombianos.
Quizá esto también pueda explicar las razones de los rotundos fracasos en los intentos por realizar una reforma agraria. Y por qué la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso en una oportunidad una consulta con tufo racista que tuviera como objetivo dividir las tierras del Cauca entre indígenas y mestizos, pero que ella disfrazó “lucidamente” con el rótulo de autonomía sin hacer mención a los terratenientes que ella representa.
Hoy, a pesar de los avances significativos en la lucha por la restitución de tierras a campesinos e indígenas, las “fuerzas ocultas” y la “mano negra” que tienen como propósito “hacer trizas ese papel mal llamado acuerdo de paz” han desatado su furia ciega sobre los reclamantes de tierras. La muerte ha avanzado en el último año como un caballo desbocado y el resultado está ahí a la vista de todos: un defensor de los derechos humanos asesinado a bala cada 48 horas y un excombatiente de las Farc cada vez que pueden. Pero aun así, para algunos funcionarios del Gobierno central, nada en este nuevo río de sangre es sistemático.
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