Kaos en la Red.
Cualquier intento de revocatoria se convierte en tarea imposible, se topa con un muro infranqueable, por cuanto las reglas de juego están basadas en la habilidad para simular, el ardid, la componenda, y en la postración ciudadana frente a la clase política corrupta.
El sistema político se configura de tal forma que el ejecutivo municipal puede llegar a sostenerse en Colombia con un precario doce por ciento del electorado. Esta patología resulta de una abstención superior a la mitad del electorado, la otra mitad se fracciona entre diversos aspirantes (cinco es lo típico) que se somete a un mercado político en el que mediante la compraventa de votos a cambio de favores (como puestos y contratos), así una minoría controla el aparato administrativo municipal a su propio servicio. En Colombia estamos lejos de una administración pública que sea realmente pública y de la prevalencia de lo público sobre lo privado. El manejo político se complica cuando el segundo pierde por poca diferencia y la composición del Concejo -como corporación de elección popular- se reparte entre ediles electos con avales simultáneos que se otorgan a aspirantes tanto a alcalde como concejales. La democracia representativa no puede operar de distinta manera.
Un segundo aspecto es que las campañas son financiadas por el sector privado a través de aportes de personas adineradas que cada cuatro años dan puntada con dedal: “hacen una inversión”. Así se distribuye el presupuesto de funcionamiento para pagar con puestos a jefes electorales que manejan paquetes de votos, para negociar avales con los directorios de los partidos y movimientos con registro electoral. Son empresas políticas con fines electorales de carácter lucrativo. Todo dentro del estricto marco de la ley colombiana, valga la aclaración.
Cualquier intento de revocatoria se convierte en tarea imposible, se topa con un muro infranqueable, por cuanto las reglas de juego están basadas en la habilidad para simular, el ardid, la componenda, y en la postración ciudadana frente a la clase política corrupta. De oficio, esto es, como modus vivendi, los presidentes de las juntas de acción comunal y otras organizaciones de base en barrios y veredas, convierten su cotidianidad en un amancebamiento con los “líderes políticos” perdiendo su autonomía como parte de la sociedad frente al Estado; a lo anterior se suma el soterrado activismo de los funcionarios, curas y pastores de las iglesias, también de los policías y militares a los que se les prohíbe formalmente “participar en política”, cuando en realidad son sumamente efectivos en estas lides en su calidad de “correas de transmisión”.
Desde 1991 se promovieron 269 iniciativas revocatorias, de las cuales 49 han llegado a las urnas y todas fracasaron. Cumplido el primer año del cuatrienio de los actuales alcaldes se dio curso a 103 procesos de revocatoria, de los cuales 93 se encuentran en proceso de recolección de firmas. Las realizadas en Ocaña y El Copey el pasado domingo 21 de mayo también fracasaron por no alcanzar el umbral que establece la Ley 1757 del 2015, esto es, el 40 por ciento “de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”. Es obvio, pues poner a funcionar al revés la maquinaria −tal como funcionó en las elecciones de octubre de 2015− es tarea de Sísifo pues el alcalde lleva un año atornillándose al “ejercicio del poder”.
En Colombia los municipios no son unidades para la prestación de servicios públicos, sociales y administrativos dado que el sistema político-administrativo fracciona el territorio en circunscripciones para viabilizar la partija presupuestal y burocrática por parte de la clase política. Son los miembros de las estructuras orgánicas con registro ante el Consejo Nacional Electoral a quienes faculta para otorgar avales y conseguir el reembolso de recursos. Este requisito para tener la condición de candidato, produce una desestructuración del derecho a elegir y ser elegido, es una contradicción esencial del sistema para garantizar el monopolio del poder y la reproducción en el mercado de votos. Es un sistema −no sobra anotarlo− viciado en su médula. Es un sistema montado con base en la infalible “ley del embudo”: nunca pierdes y si pierdes ganas.
La revocatoria no opera pues son los grupos políticos perdedores los que la promueven a no ser que se unan, lo que es casi imposible suceda pues estos grupos en disputa no representan los intereses de la ciudadanía sino sus propios intereses, muchos de ellos de carácter corporativo o gremial que se encubren como de interés general. Este es precisamente el punto crucial: si el motivo de la revocatoria son las disputas entre grupos o si se trata de una reivindicación de la mayoría ciudadana que participa en elecciones, −otra vez aparece la discriminación frente a los que no participan−, para hacer valer el voto programático, que es otra incongruencia pues solo se incumple a propios electores, a quienes hicieron efectivo su voto por ese candidato ahora alcalde.
En el caso de la revocatoria a Peñalosa de cuatro iniciativas dos naufragaron, quedan: “Unidos revoquemos a Peñalosa” ya radicó más de 700 mil firmas y recolectará hasta el 12 de junio. Se trata de una plataforma política y social que se concentra en torno al sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones (Sintrateléfonos) cuyo éxito se explica en su método de trabajo de carácter asambleario popular como lo hicieron desde cuándo radicaron su comité promotor el primer día hábil del año. La otra denominada “Revoquemos a Peñalosa” no ha logrado recaudar el número necesario. Peñalosa ganó con 906.058 votos, y el 30% de firmas para convocar la revocatoria son 271.818. En Bogotá, para que gane la revocatoria debe participar el 40% de quienes participaron en esas elecciones (2’730.572 votos válidos). En consecuencia, se necesita un umbral de 1’1 millones de electores y que la mitad más uno revoque al alcalde.
La coyuntura electoral alimenta el uso del mecanismo de revocatoria de alcaldes. El constitucionalista liberal Juan Manuel Charry considera que “muchos movimientos políticos acuden a ese mecanismo para posicionarse de cara a las elecciones de 2018. Ese sería el caso de algunos partidos de izquierda, pues saben que el partido de las Farc estará en el escenario”. Para el mundillo electoral se trata más de una herramienta de confrontación política que un mecanismo de control ciudadano de las administraciones subnacionales. Esta mirada la corrobora la Misión de Observación Electoral, organización que asevera que el mecanismo se convirtió en una “catapulta para otros políticos”: “Si quiero tumbar a mi opositor, quiero hacerme contar, quiero reemplazar al alcalde comienzo por liderar un grupo de revocatoria. Hay una mala utilización del mecanismo y el nivel de descrédito agrava la situación porque afecta la participación ciudadana”.
Peñalosa es un hombre clave en la estrategia electoral de Germán Vargas Lleras para sacar avante su aspiración de ganar la presidencia en 2018, lo necesita en el cargo en la actual coyuntura y quiere garantizar su permanencia en el cargo por tres años más en cumplimiento de una gestión orientada a: “transformar la ciudad, descontaminar y hacer navegable el río Bogotá, inundar el espacio urbano de parques y alamedas”. Peñalosa como candidato de la coalición entre Vargas Lleras y Uribe Vélez derrotó a Santos y a Petro su antecesor en el cargo. Según Peñalosa su primer año de gobierno lo dedicó a “poner en orden la casa…el caos administrativo era total”.
En esa línea el primer salvavidas se lo lanzó la Federación Colombiana de Municipios cuando en febrero pasado cuestionó ante el Consejo Nacional Electoral los procesos revocatorios por considerar un año de mandato insuficiente para que un alcalde cumpla los compromisos de campaña: “La FCM en su calidad de vocera de los intereses colectivos de los gobiernos locales se permite manifestar varias inquietudes respecto al mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de mandato (…). La vida municipal ha sido objeto en varias ocasiones de la creación de cargas y nuevas obligaciones sin tener igualmente fuentes de recursos muy limitadas frente a sus necesidades de desarrollo. Lastimosamente, la vida municipal ha sido objeto en varias ocasiones de la creación de cargas y nuevas obligaciones sin tener nuevas fuentes de recursos”.
El argumento central de la Federación Nacional de Municipios para frenar las revocatorias es que, en vista de los múltiples compromisos y jugarretas contractuales que existen para la ejecución de los contratos, un gobernante apenas tiene, en la práctica, dos años para adelantar su plan de gobierno, un año no puede ser criterio para evaluar la gestión de un gobernante. Pero además, la FCM arguye que también habría intereses de “enemigos políticos”, por lo que la revocatoria sería una “revancha” de quienes perdieron las elecciones.
El CNE asumió esa petición y con diligencia a comienzos de marzo pidió a la Registraduría un informe con los motivos por los cuales se pide revocar un centenar de mandatarios locales. El CNE fungiendo como tribunal pidió “pruebas” sobre la naturaleza, conformación y estructura de los comités y “las motivaciones que se presentaron para hacer cada una de las solicitudes”. Para el CNE, se trata de sentenciar sobre la posible configuración de un “abuso de derecho” de la figura de la revocatoria.
En este contexto a fines de marzo el mandatario capitalino a través del exmagistrado Humberto Sierra Porto, profundiza su estrategia jurídica para convertir a las autoridades electorales en jurisdicción electoral −competencia del Consejo de Estado−, con el argumento que el proceso de su revocatoria viola al debido proceso y sus derechos políticos. Según Sierra Porto el proceso no está motivado, como ordena la ley, en el incumplimiento del programa de gobierno que el mandatario propuso durante su campaña. Un segundo argumento se refiere a la información con la que los comités han usado para recoger las firmas que se presentarán ante la Registraduría, basada “en declaraciones de prensa aisladas y descontextualizadas de secretarios de despacho”.
Vargas Lleras y Peñalosa movilizan su estructura política −con el apoyo de Uribe Vélez− para evitar ir a elecciones pues los sondeos del programa “Bogotá Cómo Vamos”, marcan un 78% de bogotanos no satisfechos con su gestión. La estrategia también comprende la creación en marzo pasado de una plataforma denominada “Azul Bogotá”, una fundación que enfrenta a los comités revocatorios y hace propaganda a Peñalosa para persuadir a la opinión de la conveniencia de dar continuidad a los dos años y medio faltantes de su mandato.
Ese debate trasciende la coyuntura y su esencia es la política legislativa en materia electoral y de participación ciudadana. Según el CNE las normas de los procesos de revocatoria “tienen vacíos”, y se requiere resolver el asunto para lo cual designó una comisión de magistrados encargada de elaborar un reglamento que se convertirá en una resolución de la CNE que permita un “piso jurídico” para que algunas de las solicitudes de revocatoria se consideren no procedentes. “Ya hay un consenso en que la revocatoria como está diseñada actualmente no funciona”, afirmó Sierra Porto poniendo en evidencia la componenda. La intención velada es que la recolección de firmas contra el alcalde de Bogotá no tenga validez.
Es tan escandalosa la situación que el 16 de mayo pasado el magistrado del CNE Armando Novoa −quien representa al Polo Democrático Alternativo− emitió una declaración por medio de la cual advirtiese que “las restricciones a la revocatoria del mandato desconocen la Constitución del 91” cuya médula es la participación ciudadana, señala que este estatuto en su artículo 40 reconoce el derecho a controlar el poder político, cuya reglamentación solo puede hacerse por leyes estatutarias. Considera que “el CNE no tiene facultad para reglamentar por vía general el ejercicio de esos derechos, ni menos de hacerlo en forma retroactiva”, y en tono de alarma asevera que “esta decisión ESTÁ ADOPTADA, y afectará la columna vertebral de la Constitución y el desarrollo de los acuerdos de paz que promueven una mayor participación ciudadana”, y por ello se hace “URGENTE en la reforma electoral, modificar el origen partidista de los Miembros del CNE”.
Por su parte Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral declaró en una audiencia ex professo realizada el 12 de mayo para que Peñalosa aportase sus pruebas: “las reglas que se establezcan no podrán afectar los procesos de revocatoria de mandato que están en curso; el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a sus competencias solo está facultado para reglamentar aspectos técnicos y procedimentales en los mecanismos de participación ciudadana; la autoridad electoral podría rebasar sus competencias al evaluar si un mandatario da o no cumplimiento a los planes de gobierno”.
Para la Misión de Observación Electoral, el CNE no tiene facultades ilimitadas para reglamentar la revocatoria de mandato. Por el contrario, la autoridad electoral sólo puede regular asuntos técnicos y de procedimiento que no afecten el derecho a la participación ciudadana. De esta manera, establecer requisitos como el de entrega de pruebas para verificar el cumplimiento de un programa de gobierno se podría traducir en una extralimitación de las funciones del CNE.
Dada la hirsuta corrupción en Colombia la revocatoria del mandato es tarea imposible. Los mandatarios que soportan procesos penales por delitos contra la administración pública saben que la revocatoria no prospera −como lamentablemente se constató en Ocaña el domingo pasado−. El avis raris de la moralidad pública conlleva el despliegue de la costosa propaganda oficial para engañar al ciudadano con que se está cumpliendo el programa; en otro ambiente −ajeno a Colombia− un comportamiento digno y decoroso los llevaría a renunciar.
El aire enrarecido que inhalan los rábulas y politicastros los compele a aferrarse al manejo del poder durante los próximos tres años. Para tal efecto, recompondrán alianzas para garantizar la continuidad del sistema que en la vida real no responde a las necesidades sociales de la población tal como sucede en Mocoa, monumento a la desidia del Estado que ha corrido a tapar entuertos, el Pacífico con el patético caso de Tumaco, Buenaventura y el Chocó, sin dejar de relacionar el desmadre de la Guajira, Cartagena, en general el Caribe región en la que el servicio de agua y energía no se ha podio organizar, la crisis a lo largo de la frontera con Venezuela desde Maicao hasta Mitú.
La ineptitud administrativa de los alcaldes en su primer año ha comprobado que solo dejando actuar a los dueños de los votos logran mantener acuerdos políticos con coaliciones, mientras que las oficinas de obras públicas y planeación son manejadas por fichas al servicio de las firmas de ingenieros y constructores cuyos réditos producto del expansionismo urbano, las obras civiles, la pavimentación de calles, la extensión de redes de servicios públicos, etcétera, permiten una ejecución presupuestal basada en la sagrada norma del 20%. Los organismos de control no operan y los exalcaldes enriquecidos en medio de la impunidad preparan su reelección o dar el salto al Congreso de la República.
En suma: si se revoca un alcalde y se designa su sucesor la máquina sigue funcionando bajo la lógica de la habilidosa e irrefrenable clase política, de tal forma que de lo que se trata no es de revocar un mandato sino de revocar a la clase política cuya labor es funcional a la élite empotrada en el poder económico.
Fuentes de consulta:
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