[Colombia] Las élites colombianas están convencidas de que ganaron la guerra

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Rebelión

La economía de mercado y el ejercicio político ya no se definen ni en la política económica la una, ni en la legitimidad de los propósitos de gobierno, la otra. Las dos están mezcladas, sacaron del lenguaje la existencia de lo publico y la democracia participativa y funcionan conforme al marco de relaciones de poder local, sin salirse del orden global impuesto por el capital, creador de realidades formales sin sustento material. Las relaciones de poder político-económico-militar, las manejan a su antojo empresarios y financistas globales que definen el funcionamiento del universo sin preocuparse por la destrucción, el dolor y el caos que producen sus ansias de poder desenfrenado. A cada estado le queda un pequeño porcentaje de flexibilidad para organizar las actividades del gobierno guiadas por un apetito de poder insaciable y un afán de acumulación sin limite.

En el ámbito local las instituciones del estado y sus gobernantes y directivos parecen desconectados, desactivados respecto al imperativo constitucional de promover la nueva realidad que debe forjarse a partir del acuerdo de paz. No tienen preocupaciones de fondo por producir cambio alguno, las estructuras del poder político, económico y social y sus instituciones siguen iguales al momento en que por todos los flancos se oían bombardeos, balas y soldados presurosos hacia la emboscada. El exterminio de lideres sigue el orden de la lista diseñada y a la muerte de adversarios responden los funcionarios como autómatas leyendo el mismo discurso enajenado. El miedo y el odio continúan siendo inoculados con posverdades carentes de sentido y las ganancias de pocos contadas en billones muestran el empobrecimiento de los millones de victimas sin oportunidades. Las Instituciones actúan de la misma manera que antes del acuerdo de paz, se organizan igual, cumplen tareas, trabajan por metas fijadas por expertos autistas y plagiadores de informes y planes sin contexto, en sus acciones prevalece el espíritu de guerra y de seguridad nacional. Siguen poseídas por clientelas de corrupción que ejercen el dominio y reclaman votos. La clase política local controla como antes del acuerdo de paz los cargos y los contratos, manipula presupuestos, decide por los mas débiles, los usa, los pone a depender de su voluntad a cambio de un salario o una promesa vacía de mejor futuro, penetra y absorbe el grueso de sectores medios atemorizados y atiborrados de reglas policivas que castigan sus bolsillos y mantienen bajo amenaza su estabilidad y tranquilidad impidiéndoles adelantar juntos un proyecto político común sobre programas de igualdad.

En condiciones de inercia material, aunque haya una relativa efervescencia discursiva, los acuerdos están siendo paulatinamente relevados de las agendas del estado, para que todo siga igual y los antiguos combatientes se diluyan o se esfumen entre la precariedad y la desesperanza, mientras las elites acomodan lo que les falta para declararse definitivamente ganadoras de la guerra. Llega el primer momento decisivo de la deficitaria democracia con el proceso electoral de la posguerra con las FARC y los militantes del partido político, son negados todo el tiempo, invisibilidades, ofendidos, agredidos y rechazados por funcionarios, mientras los empresarios en su papel de dueños de las cosas, los bienes, los billetes de banco, las acciones, las hipotecas, los muebles y los inmuebles, los cargos y las decisiones parecen no estar enterados de que cuando una guerra se acaba otra realidad debe emerger para cambiar la historia y rediseñar el presente, con otras reglas, con otras maneras de vivir y de desear, no para facilitar que ellos legalicen el despojo y hagan de su voluntad la voluntad popular.

Bastaría tan solo con que las elites reconocieran, respetarán y acatarán el cumplimiento de lo acordado para creer que de verdad la paz estable y duradera está en curso con garantías materiales para satisfacer los derechos negados y violentados en nombre de la guerra. Las elites siguen pensando, creyendo y considerando que con la firma del acuerdo de paz ellos ganaron una guerra justa que habían librado contra los insurrectos y que eso los faculta para fijarle precio a lo que conquistaron en esa guerra. Eso creen los partidos y partidarios de la derecha y la ultraderecha, que se ofrecen a reconstruir el país derrotado por ellos mismos, la una defendiendo la explotación y su statu quo y la otra defendiendo la tierra usurpada y las mas aberrantes tradiciones de discriminación que anulan libertades.

Las elites se niegan a aceptar -siquiera por diplomacia- que también fueron agresores y sobre todo victimarios que deben aportar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y estar dispuestos a recibir la condena que merecen por parte de la justicia especial. Creen al contrario que ganaron la guerra, así lo anuncian, defienden y sostienen por todos los medios empresarios, militares y gobernantes. Hacen creer que la guerra fue entre insurgentes y extraterrestres y que ellos fueron árbitros imparciales que nunca alentaron, decidieron, diseñaron o empujaron hacia la barbarie y la catástrofe y que por tanto han de ser compensados por la sociedad y recibir en beneficio los bienes que nunca ocuparon como selvas, ríos, minas y subsuelo, sea apelando al sistema de justicia (su justicia) como se percibe a través del fiscal (antes encargado de negocios del mayor potentado) o magistrados que entran del derecho a la política o los negocios o viceversa y venden fallos a favor de multinacionales en contra de la nación o simplemente alientan la fuerza criminal de sus factores armados.

Las elites se portan como conquistadores de nuevo tipo, no actúan con la soberbia del antiguo villano, ni con despotismo, seducen, promueven la creatividad, la inventiva y la innovación, premian a sus mas abnegados súbditos y castigan con fiereza a sus contradictores, actúan convencidos que vencieron a sus enemigos por medio del acuerdo de paz y esto les da poder sobre sus vidas, pretenden controlarles sus conductas, sus pasos, sus palabras, sus maneras de ser y de vivir, pero además asumen que deben adueñarse de los territorios ya libres de insurgentes y tomar posesión de las extensas zonas selváticas y campos de producción minera y energética. De esta manera se mantienen situados como perpetuadores del mismo poder despótico y permanecen en estado de guerra, de cuya injusticia pueden brotar otras rebeliones que no serían una ofensa si no una admisible manera para reclamar la justicia social que sigue aplazada y con inmensas barreras por derribar. O también puede ocurrir que la gente ocupe las calles y haga temblar los cimientos del poder autoritario que lo controla todo y también la conducta de su pobladores, lo que crea puede agrupar el descontento y provocar grandes convulsiones o mas sencillo si la conciencia colectiva despierta en esta coyuntura y con eficacia política electoral logra derribar el sistema para empezar de nuevo y de otra manera. 

[Colombia] Tres pasajes sangrientos de actualidad historica

Carlos Meneses Reyes

Rebelión

La masacre de las bananeras

El pasaje más impactante, que recibí y asimilé, como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, fue el de la masacre de las bananeras, ocurrida en Fundación, Magdalena, el 6 de diciembre de 1928. Dedicado al énfasis del Derecho laboral desde los primeros años de aula universitaria; ante un derecho laboral de conquistas concretas hacia los años de 1970, comprender la lucha de las conquistas obreras, colocó como referencia que los logros y alcances de las reivindicaciones laborales obedecían al sacrificio y tenacidad de la clase obrera colombiana. Comprendí que la asimilación del espíritu de la ley laboral iba pareja con el análisis comparativo del desempeño de las luchas reivindicativa y políticas de la clase obrera colombiana. No existe materialización de ley laboral alguna divorciada del sacrifico y la capacidad de lucha de los trabajadores. De igual manera, la historia de las ideas políticas y reivindicativas de los trabajadores sentaba en la comprensión de la historia de sus organizaciones sociales; de sus expresiones y manifestaciones políticas; asimilando que la historia de las ideas políticas de los trabajadores era la historia de sus organizaciones sindicales y el salto en la asimilación y construcción del partido político de los trabajadores.

El entorno de la lucha de los bananeros

Por su origen de clase proletaria y la concentración de fuerza laboral, la zona bananera del Magdalena se constituyó en el bastión de la lucha obrera en la segunda década del Siglo XX. Los ideólogos del Partido Socialista Revolucionario (PSR): Raúl Eduardo Mahecha, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, centraron la actividad política y organizativa en la zona de explotación bananera. De diez mil trabajadores, en el año de 1910, pasaron a 25.000 obreros del banano en 1928. Se daban las condiciones subjetivas y objetivas para el desempeño de los trabajadores en sus luchas reivindicativas y también políticas. No existía un Código Laboral y por ende la relación de trabajo era una relación meramente mercantilista. La multinacional norteamericana United Fruit Company era amo y señor de vidas y propiedades. Para la década de 1920, los dineros provenientes de la indemnización recibida por el estado colombiano por la desmembración de Panamá; retribuyeron en beneficio de la multinacional gringa en la creación e infraestructura del emporio bananero. En 1911 llegó el tren a Aracataca y en 1920, a Fundación. La compañía manifestaba que no tenia trabajadores, negaban el contrato de trabajo, y que en sus nóminas todos eran contratistas.
 Ante cualquier reclamo de un trabajador, el capataz simplemente le volaba la cabeza. Las condiciones de salubridad y de ambiente de trabajo eran inhumanas. El paludismo, la anemia y la tuberculosis representaba el cuadro famélico de los trabajadores. El pago se les hacía por bonos, que eran títulos que solo se podían cambiar en los comisariatos de la compañía. No contaban con seguridad industrial alguna, ni protección de seguros para accidentes laborales. Las jornadas de trabajo eran extenuantes y no existían horas extras, cesantías, ni prestaciones sociales. Ante ese panorama, se conformaron Comités de Trabajadores Bananeros. La alta concentración de trabajadores y su extensión geográfica conllevó a la creación de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. En una palabra, estaban organizados.

Para el año de 1928, la agitación era generalizada. El 6 de octubre de ese año, se dio masiva asamblea de reunión de trabajadores. Allí se redactaron nueve puntos de un pliego reivindicativo, que fue presentado a la empresa. La empresa se negaba a aceptar el pliego y por ende a negociar; pero los trabajadores en folclóricas y bulliciosas reuniones mantenían el animo en las reclamaciones. La compañía bananera estimo seriamente afectados sus intereses económicos y desde el principio dispuso no reunirse con los trabajadores. Para los primeros días de diciembre de 1928, corrió la voz que el gobernador del Magdalena y el representante de la United Fruit Company llegarían a Ciénaga a negociar el pliego. La orden de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena fue la de concentrase para el día 5 de diciembre de 1928, en Ciénaga. Pero fueron engañados, ese día no llegó ni el gobernador ni se hicieron presentes los directivos de la compañía. Se había generado un hecho de concentración de masas. Ante esa situación la gobernación del Magdalena declaró la ley marcial y declaró como autoridad militar, por decreto de estado de sitio al general Carlos Cortes Vargas. Para la una de la madrugada, del fatídico 6 de diciembre de 1928, el general Cortes Vargas disponía de tres batallones. Desplazó dos nidos de ametralladoras hacia el parque y lugar de concentración. Por la retaguardia dispuso de 150 fusileros. Registran los hechos que comenzó a solicitar a los trabajadores, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, que evacuaran la plaza pública y que perentoriamente iba a contar hasta tres. Se sucedieron dos descargas de ametralladoras y al minuto dos descargas de fusilería. La población inerme caía. Jamás pensaron que pudiere haber una orden de asesinar a mansalva. Comenzó la danza de la muerte y muchos salieron despavoridos. Se repetían los disparos y en la plaza quedaron esparcidos el reguero de cadáveres mutilados. Cumplida la masacre, la orden militar fue la de recoger los cadáveres. Amontonados en los vagones del tren su destino fue la playa y en un barco de la armada, más de mil quinientas víctimas fueron arrojadas a los tiburones. A la claridad de la mañana en la plaza de Fundación se encontraban nueve cadáveres. El sargento del ejército, Oscar Pérez, apodado mordisco, cual fiera jadeante, los señalaba repitiendo: “ahí están los nueve puntos del pliego”.

Tan lamentable suceso mancha históricamente la institucionalidad militar. El general Carlos Cortes Vargas se alió a los intereses de la United Fruit Company y en contra de los trabajadores colombianos. Un pasaje impune sobre la carga histórica de la institucionalidad militar colombiana. Desde entonces han mantenido la constante de comportamiento de un ejército de invasión contra el propio pueblo colombiano.

El paro civico nacional del 14 de septiembre de 1977

Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se daba una constante: la negativa a discutir los pliegos de peticiones que presentaban las centrales sindicales del país, lo cual fue acumulando una fuente de energía y de rechazo en las masas populares, que en forma explosiva se manifestó, en todo el país, con la declaratoria, por parte de las centrales obreras CTC, UTC, CSTC y la CGT y de sectores políticos, de un Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1977. La ira represada de las masas se hizo notaria en las principales ciudades del país. La intensidad de ese Paro Cívico y la respuesta contundente y organizada de los sectores populares lo erigen como un punto de referencia en la cualificación del movimiento popular y de masas. Cúcuta, no fue la excepción. La declaratoria de Asambleas Populares en la ciudadela Juan Atalaya y barrios circunvecinos paralizaron totalmente la ciudad. Las marchas y movilizaciones se sucedieron durante dos días con sus noches. En Bogotá, las manifestaciones violentas fueron particularmente intensas en diferentes puntos de la ciudad. En ciudad Kennedy; en el sur, calle 40 y Barrio Santa Lucia; en la Avenida 1º de mayo con carrera 68, fueron particularmente violentos los enfrentamientos y los saqueos a los supermercados y entidades públicas. Se habla de mas de treinta muertos en Bogotá y de miles de detenidos en la Plaza de Toros.

En la mañana del 15 de septiembre de 1977 recibí una llamada de la Dra. Paulina Ruiz Borras de la Asociación de Abogados laboralistas al Servicio de los Trabajadores, quien en forma compungida me expresaba que existían testimonios de masacre, por parte de la Fuerza Pública en la ciudad de Bogotá, y que los cadáveres estaban siendo transportados, en la noche del 14 de septiembre, en volquetas del Distrito. Ese mismo día viajé a Bogotá, como miembro del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos, en el Norte de Santander. Cuadramos una solicitud de Inspección Judicial a los patios del Distrito. El día 16 de septiembre de 1977, con la presencia de un Inspector de Policía, colaborador, antes de las 7 de la mañana; para lo cual se habilitó la hora judicial, inspeccionamos las bitácoras y registros de entrada y salida de volquetas del Distrito del parque Automotor. Faltaban en el inventario ocho volquetas. Los funcionarios manifestaron que era normal que algunas volquetas se vararan o quedaran, por cualquier motivo, en las instalaciones del basurero o relleno sanitario. Fue un intento fallido y en el ambiente quedó flotando, si en realidad de verdad, esas ocho volquetas pudieren haber sido utilizadas en el transporte de cadáveres. Toda una situación de impunidad constante y propio para el esclarecimiento de la Verdad, de esos sucesos; sobre la que no se conoce comparendo a autoridad alguna para responder.

La masacre de Llana Caliente

La década de mil novecientos ochenta fue particularmente convulsiva en el Magdalena Medio. Escenario del auge del paramilitarismo, apoyados por el ejército nacional, fue precisamente en la jurisdicción de San Vicente de Chucurí, cercado por la Serranía de los Cobardes. En la planicie conocida como La Llana, que es cruce entre la carretera de San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, fue donde se desarrollan los luctuosos acontecimientos que paso a relatar.

En los primeros meses del año 1988 se dieron las movilizaciones campesinas conocidas como el Paro del Nororiente, que abarcó los departamentos del Cesar, Sur de los Departamento de Magdalena, Bolívar, la Guajira y el Magdalena Medio. Los campesinos y colonos se movilizaron por millares para reclamar directamente al gobierno central por los estados de postración y abandono.

El 16 de agosto de 1987, en horas de la madrugada, el abogado y alcalde de Sabana de Torres, por la Unión Patriótica, Álvaro Garcés Parra, el agente de policía John Jairo Loaiza P, quien le servía de escolta al alcalde; el militante de la Unión Patriótica, Garlos Gamboa Rodríguez, escolta del concejal de Lebrija por la Unión Patriótica, Jaime Castrillón y la señora Elida Ricio Anaya Duarte, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del ejército, la policía y paramilitares en Sabana de Torres.

En Santander del sur se consolidó el grupo paramilitar de Isidro Carreño, en la zona chucureña y regiones aledañas. Se hacían nombrar los tiznados, los masetos, los cara pintadas y se dedicaron al asesinato selectivo de líderes populares y de la Unión Patriótica.
Hacia 1986, Rogelio Correa Campos, con el grado de teniente coronel asumió el mando del Batallón de Infantería Nro. 40 “Coronel Luciano D’Elhuyar”, con sede en San Vicente de Chucurí. El oficial fue sostén importante en el fortalecimiento del paramilitarismo, que incluía patrullaje y operativos conjuntos en la región entre las fuerzas del ejército y sus aliados de extrema derecha militarista. Dio refugio en el batallón al sicario Amado Ruíz, quien dio muerte al alcalde Álvaro Garcés Parra.

Su formación militar e ideológica, bajo la filosofía del enemigo, le hacia ver subversión en cuanta reclamación política y reivindicativa, se expresaba en la región. Era obsesionado. Los soldados del Batallón D´Elhuyar, seguían al pie de la letra las ordenes de decomisos de alimentos; parar las marchas campesinas y detener brutalmente a sus dirigentes.

Tenía información que en la región de Llana Caliente se concentrarían los campesinos, aupados por el Paro del Nororiente. Manifestaba que logró frenar y dispersar a más de veinte mil campesinos que tenían como meta concentrase en la capital, Bucaramanga. Dispersos, pero están por miles en todas partes y afirmaba que eso no lo podía tolerar. Había logrado tejer una red de colaboradores a los que llamaba “los necesito, son mis ojos y oídos”. El mismo los reclutó: “el canoso” recomendado directamente por Isidro Carreño. “El cara pintada” de temible referencia entre las masas por lo salvaje de sus tropelías contra la población y el asesinato. Se vanagloriaba de tener a un desertor de la guerrilla, conocido por la población como “Camilo”, quien le funcionaba eficazmente por el chantaje en que mantenía a su familia y le suministraba datos claves para echarle mano a mucha gente de la población y el incondicional soldado Suarez, experto francotirador. Pese a las recomendaciones de oficiales de su comando que no se presentara con ellos públicamente, pues podría generar reacciones encontradas, insistió porque ellos no le fallaban y los marchistas tendrían que comprender que tarde o temprano todos terminarían colaborando con el ejército.

Era un sábado y comenzaron a llegar por millares los campesinos que bajaban de buses, camiones y vehículos de transporte improvisados. El teniente coronel Rogelio Correa Campos se encontraba motivado y preparándose para asistir a la cena que el Alcalde de San Vicente le había preparado, para homenajearlo con ocasión de su cumpleaños 45, el día siguiente domingo, del 29 de mayo de 1988. Esa noche del sábado, con altoparlantes ensordeció a los campesinos concentrados con arengas militares, cual disco rayado y la permanencia de las notas del himno nacional. Los campesinos respondían:” bailamos al son que nos toquen”.

El oficial Correa Campos veía crecer el número de marchantes concentrados. Hizo saber a la multitud que llegaría a resolver el asunto personalmente. Los dirigentes campesinos de la marcha: Arnulfo Ramírez Izaquita, Nelson Otero Martínez, Alfredo Ríos Barrios, Luís Enrique Sánchez Millán, Luís José Archila Plata, José Joaquín Zambrano Molina, Pablo Manuel Hernández Rodríguez, Esperanza Herrera Villa, José Natividad Velandia Prada, Raúl Antonio Gómez Chaparro, José Méndez, Wilson Botero y Clemente Quiroga, comprendieron la gravedad de la situación y dispusieron que los menores de edad y las mujeres se desplazaran del grueso de la concentración. El teniente coronel Rogelio Correa Campos, se hizo presente con su parafernalia. Lo acompañaban cerca de trescientos soldados, es decir, toda la plana de hombres del batallón. Con pompa y lujo de tropero, usando gafas oscuras que ocultaban su rostro, llegó con paso fuerte, rodeado de sus incondicionales sicarios “ojos y oídos” de su sequito ejecutor. La reacción de la masa popular concentrada no se hizo esperar. Como al desertor “Camilo” lo conocía la gente, comenzaron la rechifla ensordecedora, gritándole “sapo Camilo”, “Camilo sapo”. El sujeto sudaba observándosele muy nervioso. El oficial no esperaba una reacción tan contundente. Como oleaje de rechazo, al unísono los gritos de asesinos y solución a los problemas agrarios destacaban entre las consignas que se podían escuchar, siempre bajo el estribillo de “sapo Camilo”. Visiblemente alterado, el teniente coronel Rogelio Correa Campos ordenó al francotirador soldado Suarez: “Basta ya. ¡Dispare!” El temible asesino- preparado para matar- vaciló. Posiblemente vio en la población inerme su entorno familiar. Esto desencajó al oficial militar insultándolo de cobarde, desenfundo su pistola de dotación descargándola sobre la humanidad del soldado. Ante esta situación, la reacción de “Camilo” fue de indignación, procediendo a descargar su fusil en la humanidad del teniente coronel Rogelio Campos, quien falleció instantáneamente. El ruido de fusilería y tiros resultaba ensordecedor. La muchedumbre corría despavorida y el grueso de soldados disparaba a diestra y siniestra sobre la población campesina. Todos los mencionados dirigentes del Paro pagaron con el sacrifico de sus vidas. Muchos eran perseguidos por la soldadesca y asesinados al intentar abordar los autobuses. Ese día la planicie de La Llana quedo tapizada de cadáveres. Afirman que al desertor Camilo le dieron muerte los soldados, aunque no se encontró su cadáver. Tampoco aparecieron los cuerpos de Carapintada y el Canoso. Los registros de campesinos asesinados -además de los dirigentes- ascendió a treinta y ocho y sus cuerpos desaparecidos. Los auxilios de socorro popular registraron más de cincuenta heridos.

Este doloroso relato histórico no tiene epilogo. El gobierno nacional declara resuelto el asunto de la marcha y la masacre, ascendiendo póstumamente al coronel y al campo de paradas del batallón que dirigió, le dio su nombre. Uno de los grupos paramilitares de la zona pasó a llamarse “Comando Coronel Rogelio Correa Campos”, caracterizado por el grado de terror y desolación contra los campesinos de la región y la muerte selectiva, genocidio, contra los campesinos que se sabía, habían participado en esas jornadas de protesta.

Personalmente, ocho días después de la masacre, en compañía de un dirigente de base de la Unión Sindical Obrera- USO me acerqué a La Llana, escenario de los luctuosos hechos. Personal del ejército no nos permitió acercarnos a mas de doscientos metros. En el espacio revoloteaban los chulos y los zamuros. La hediondez era asfixiante. La Verdad sobre el número de muertos y desparecidos esta oculta, callada, silenciada. Al concluir este relato una lagrima cae sobre el teclado y me apresuro a secarle. Surge la pregunta: ¿qué situación ha cambiado en los designios y doctrina de la institucionalidad militar en Colombia, con hechos y personajes como los de la Zona Bananera y el campo de desolación de La Llana?

Y por la soberbia de la imposición de la llamada doctrina militar, se niegan a pedirle perdón al pueblo colombiano.

[Colombia] ¿La lucha por apropiarse del "centro" en Colombia?

Por Fernando Dorado

Rebelión

Algunas previsiones frente a las últimas decisiones políticas asumidas por # CoalicionColombia y demás partidos sobre candidaturas presidenciales y de Senado.

Sobre lo programático:

A. Hacer trizas los acuerdos de fin del conflicto con las Farc ya no es una propuesta atractiva para las derechas. En lo fundamental ya lograron debilitar ese proceso.

B. Las derechas tratarán de banalizar la lucha contra la corrupción y quitarle su filo político (El Fiscal es su agente y quien hace esa tarea).

C. Tod@s hablarán de crear empleo y recuperar el aparato productivo. Tod@s propondrán reformas en salud y educación, y protección al medio ambiente. Tod@s tratarán de distanciarse de Santos. Solo los especialistas podrán detectar las diferencias reales y efectivas.

D. El tema de la seguridad va a jugar un papel importante.

Sobre los candidatos y coaliciones:

1. Duque se unirá con M. L. Ramirez y Ordóñez. Intentarán darle un perfil centro-derecha a su propuesta, pero tienen la debilidad de tener a Uribe detrás. Su disputa principal es con Vargas, lo que significa un techo limitado para ambos.

2. Petro se consolidará como el candidato de la izquierda. Los recortes hechos a los acuerdos de "paz" y el entorno regional de declive de los gobiernos progresistas de la región, marcarán los límites de su crecimiento.

3. Fajardo seguirá disputando el "centro-centro" y no va a crecer hacia la izquierda. Insistirá en la continuidad del fin negociado del conflicto y la lucha contra la corrupción. Su fuerte será el electorado joven y no-polarizado. No participará en ninguna consulta. Su tarea central será impedir que se desfigure el centro, que fue lo que debilitó a Claudia en este último período.

4. De la Calle puede ser el gran sacrificado de esta etapa previa a la primera vuelta, muchos liberales van para Vargas, algunos para Fajardo y otros -un poco menos- irán hacia Petro.

5. Timochenko puede crecer algo pero le quita votos a De la Calle y a Petro.

6. Los demás candidat@s postulados se van a alinear frente a los 5 en juego que pueden terminar reducidos a cuatro así: a) Fajardo; b) Petro; c) Duque-Ramirez; y d) Vargas.

7. De la Calle si se debilita mucho tendrá que plegarse a Fajardo o a Petro, o ir hasta el final muy debilitado. La consulta liberal le dio aire pero pronto, con la ayuda de diciembre, se va a desinflar.

8. La maquinaria corrupta de Vargas será determinante y no se reflejará en encuestas.

La complejidad de la lucha política y electoral en Colombia, las diferencias y particularidades regionales, los intereses de clases y sectores de clase, la hoja de vida y experiencia de los candidat@s, todo debe ser tenido en cuenta.

La lucha por pasar a segunda vuelta será un cabeza a cabeza difícil de pronosticar.

@ferdorado

[Colombia] La Operación Orión y la contrainsurgencia urbana

Renán Vega Cantor

Rebelión

El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.

En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.

La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.

Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.

Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisis sobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales. Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito de las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.

Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicas, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.

Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incomoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002. El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.

Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.

Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del ‘crimen organizado’, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.

En conclusión, unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.

[Colombia] El desafio a la justicia transicional

Carlos A. Meneses Reyes

Rebelión

A girones, dentelladas y rasgaduras, hace trizas el legislativo y el poder constitucional colombiano, el modelo Acordado de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición (SIVJENR), para dejar atrás el conflicto interno armado y el panorama sistemático de represión estatal y violación de los derechos humanos y fundamentales.Demostrado estuvo, durante sesenta años de conflicto armado, que el sistema judicial colombiano no pudo dar respuesta adecuada y conforme a los estándares internacionales, a aspectos como el de rendición de cuentas, reparación de víctimas, protección por abuso de las autoridades, tanto civiles como militares, si en alguna medida en el imaginario colombiano lo de autoridad se concibe el privilegio otorgado a un individuo por su estatutos en el núcleo social en que se mueve, asociado al Estado como depositaria del poder público.

Del efecto juridico y politico de la creación de una Jurisdiccion Especial de Paz (JEP) 
Por los Acuerdos de La Habana y adición del Acuerdo del Teatro Colón, se creó un instrumento ágil, responsable, de apoyo internacional, de confianza para que los más vulnerables de la sociedad tuvieran acceso a la Justicia. Por eso el objetivo fundamental de esa concepción de justicia es el privilegio al derecho de las víctimas, juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de gravedad específica de por sí. Ahondar, en juzgamientos por la violación de los derechos humanos en todas las categorías estudiadas y reconocidas, causadas por desaparecimientos, ejecuciones extrajudiciales; tanto por ocasión de desplazamientos; como por la no garantía de retorno, recuperación de bienes y propiedades. La concepción de una justicia de aplicación, no en un enfoque de principios preconcebidos por rutinarios criterios normativos; sino en la evaluación de un contexto particularizado de la situación colombiana, que ajustada a la existencia y prelación de un Estado de Derecho (cuerpo normativo imperante), actué en forma paralela y de función pública, en un país como Colombia asolado por múltiples conflictos, entre ellos el conflicto armado interno, por el enfrentamiento de fuerzas insurgentes y beligerantes que compiten por derrocar el poder del Estado constituido.
De tal manera que no se trata de una justicia reparadora, como tampoco distributiva o retributiva. No se trata tampoco de una justicia blanda. Es la justicia que ofrece la comunidad internacional para facilitar procesos de paz, tras la terminación de un conflicto armado interno, que como en el caso de Colombia, no hubo triunfo militar sobre la contraparte insurgente y ésta a su vez , mediante un pacto suscrito por plenipotenciarios tanto del gobierno, en nombre del Estado, como plenipotenciarios, en representación de la contraparte insurgente, aceptan la dejación de armas, acuden a la efectiva aplicación de amplia amnistía contemplada internacionalmente y en cuanto a delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, asientan acogerse a una Justicia diferente a la cual combatieron. Precisamente, esa justicia transicional también tiene como objetivo, afrontar las causas subyacentes, del conflicto superado civilizadamente y paso seguido fomentar la reconciliación nacional. En modo alguno- como falsean- se trata de una creación castro-chavista, dando grima el que desconozcan, esos faltos de argumentos, que el termino de “justicia transicional” fue acuñado por académicos estadounidenses, en desarrollo de los efectos de la globalización y el derrumbe de la Unión Soviética.
Pero lograr la aplicación de una Justicia Integral obedece al análisis y manejo del contexto y el entorno político jurídico y político está inundado de aprehensiones.
En esta misma década se declaró constitucional la llamada Justicia y Paz, que juzgó a los paramilitares desmovilizados. Pero esa declaratoria de exequible al Acto legislativo 01 de 2012, nada aporta al universo de concepción de un modelo de justicia transicional aplicada para la terminación del conflicto con la entonces fuerza insurgente farc-ep.
Lograr la aplicación de una Justicia Integral, implica el esclarecimiento de la Verdad. Soportarse en afianzamientos de gobernabilidad y legitimidad en el manejo y control de la mayoría de los resortes del poder, incluido el poder de la tele comunicaciones. Afianzar en la comprensión política que el fin del conflicto armado no es el silenciamiento de los fusiles, como la aceptación de un rendimiento de cuentas de todos a la sociedad. Por ello el efecto de la pedagogía colectivo resalta como fundamento esencial.
El modelo integral colombiano de justicia transicional abarca todos esos aspectos.
El reto está en cómo llegar a la eficacia de ese modelo de justicia integral. Impera la aplicación de transiciones democráticas. No se trata de un sistema o mecanismos para posponer, sin fecha ni plazo cierto (sin die) la acción de la Justicia; como de implementar reformas estructurales. Reformas institucionales que afecten a la policía, el ejército, la justicia, el ejercicio de la inteligencia y contrainteligencia estatal. Aceptar la implementación y cambios de o en el marco legal y constitucionales, mediante reformas o enmiendas.
Inaceptable que sea el ejecutivo la única rama del poder responsable de la negociación con la antigua insurgencia de las Farc-ep. El Acuerdo de La Habana y del Teatro Colón, está concebido bajo un pacto soberano del Estado como expresión del poder público, en cabeza del presidente de la República. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público”. Eso lo establece expresamente el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, conforme a esos términos y sin mayor escitación.

El fuero como cuestión militar
Cuando el comandante insurgente Alfonso Cano invito a conversar al gobierno de Juan Manuel Santos y recibió como respuesta la orden de asesinarle, presentó aspectos puntuales a tratar y entre ellos mencionó hablar de la Doctrina Militar. Con esta mención demostró el profundo conocimiento que tenia del país colombiano, como quiera que el problema de la tierra y el papel del ejército, constituirán lo álgido a abordar en la solución del conflicto armado interno colombiano.

De la separacion de poderes y la doctrina de la cuestion politica
Este, que es un tema del derecho de las constituciones políticas, ha tomado carrera en Latinoamérica. Resume la cuestión para excluir de la revisión judicial, los actos de las ramas del poder público en particular, con inusitada tendencia a denunciar una peligrosa concentración de poder en el ejecutivo; en tratándose digamos de la suerte de un Estado de Derecho. Pero, además, en la acepción de creación de ciertas normas constitucionales, no justiciables (por el poder judicial); sino de resorte del poder político. De allí lo sintomático, que en arremetida feroz de la extrema derecha contra el poder judicial o rama autónoma de la justicia, en búsqueda de su debilitamiento institucional, irrumpa tan groseramente la propuesta de la Cuestión Militar, con lo de la extensión de su fuero. La doctrina de la cuestión ha querido demostrar que las cortes no tienen capacidad de conocer de todas las materias bélicas y la simbiosis comparativa con la argumentación de la inconformidad del generalato- mediante voceros en retiro- enmarcada dentro de la problemática de la hipocresía política, frente a la consolidación de fuerzas, hacia una reconfiguración global del poder; tanto en la atormentada Colombia, como en el énfasis de la cuestión política en el escenario latinoamericano.
Actualmente, en los Estados Unidos de América, la Doctrina de la Cuestión Política, sirve como método para que la Suprema Corte esquive o “saque el bulto” con relación a la autonomía de la separación de poderes; llegándose a la supresión de frenos o contrapesos, en el que el poder judicial no debe asumir o tomar posición respecto a las decisiones de las ramas públicas del poder político. Es decir, en el rol que cada rama juega, en relación con las otras, calificando esos actos de no justiciables. Así, que actuaciones del poder político como la invasión o intervención militar a otros países; los bloqueos económicos, aplicación de la tortura (caso Bush), etc. con la Doctrina de la Cuestión Política ante la separación de poderes, no son justiciables.
De manera, que el ejemplo reluciente en el sistema estadounidense de la independencia política y judicial en torno a los actos propios del poder electoral- de por si saludable- quedó sin mecanismos de autocontención en torno a esta cuestión de la doctrina política no justiciable, respecto a los álgidos efectos de los actos políticos. Aunque el tema es prolijo, extenso, en referencia a la cuestión de la doctrina en los Estados Unidos, valga destacar que la suprema corte se apartó o asumió un conocimiento “diferente” al que el gobierno Bush mantenía de los combatientes enemigos extranjeros apresados en Guantánamo o cárceles universales, a no someterlos a conocimiento de tribunal; mas calló ante las torturas.
Técnicamente, conviene aclarar, que cuando se plantea si la cuestión política es justiciable, como judicialización de la política, se alude a las razones judiciales para que los actos del poder político puedan ser ventilados ante lo judicial, ante las cortes.
Somos del parecer que el poder judicial debe tomar decisión de los recursos planteados por las actuaciones del poder político. ¿Quiénes, sino las Cortes, como árbitros neutrales, son los capaces para intervenir en los efectos de los juegos políticos?
Por ello es alarmante, el nexo o relación de causalidad, existente entre el bastardo proyecto del Fuero Militar en Colombia y la doctrina de la Cuestión Política.
Los perros de la guerra y artífices del militarismo aúpan porque los actos de los miembros del ejército, fuerza pública, policía, etc., no sean justiciables. Arguyen que los jueces naturales nos son capacitados, legitimados, para conocer los términos de contenido y argot de la guerra y por consiguiente esa minusvalía, desplaza lo justiciable, al no poder abordar el conocimiento veraz de las conductas de los uniformados y su desempeñó en el ejercicio y actos de la guerra y/o del servicio. Ese es precisamente el planteamiento de la doctrina política de la cuestión, para que no sean justiciables, los actos del poder político. Tamaño copión.
Aún más: quienes deben decidir los límites de los actos de ejercicio de las fuerzas militares. ¿Esos límites, bajo que parámetros, se rigen? ¿Existe un poder autónomo político en la Fuerzas Militares, con relación a las ramas del poder político, para erigirse como jueces y como parte? 
Los anteriores cuestionamientos plantean que no estamos ante una incursa violación a la constitución política, en el ejercicio deliberativo que ha hecho, curso o carrera, en Colombia, por parte de los autoproclamados voceros del militarismo; por no mencionar a los militares a secas. Asistimos es al posicionamiento de un poder de facto militarista al estar hablando duro, golpeando la mesa en vocinglera insubordinación. Esto va de la mano, con el endurecimiento del método de la guerra sucia en asocio con el fortalecimiento del paramilitarismo contrainsurgente y antipopular. También va de la mano el que las elites o castas privilegiadas al interior de las fuerzas armadas en Colombia, se desgasten y apunten a lo táctico, ante el fallido soporte estratégico de la salida militarista o guerrerista, para la solución del conflicto armado, de guerra civil en Colombia.
Indudablemente, por eso se habla o menciona desde otras ópticas diferentes a la nuestra, de desgaste interno de valores o desmoralización al interior de las fuerzas armadas. Lamentable error seria subestimar esa situación. Por el contrario, admite el análisis del reposicionamiento de los sectores terratenientes, de latifundismo rural y casa teniente urbano ante la inminencia de las reformas de fondo.
Conviene recordarles que se puede perseguir a violadores de los Derechos Humanos que gozan de impunidad en países que les acogen. Ello establece que nadie puede quedar impune por crímenes cometidos durante el conflicto armado.
El Derecho Internacional Humanitario enriqueció, luego del Juicio de Nuremberg, en el que “En ellos se declara, que nadie puede alegar su condición de jefe de estado o haber actuado bajo órdenes jerárquicas, si tuvo la opción de no cometer el delito, para no ser juzgado”.
Al sancionarse la oprobiosa ley de justicia y paz bubo auto amnistías para no juzgar. Pero todo ello esta cuestionado por varios organismos internacionales y del sistema interamericano. Esto no tiene asomo que pueda suceder en el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición, acordado en Colombia y del que huelga insistir, la Jurisdicción Especial de Paz(JEP) es uno de sus aspectos.
El principio de justicia universal se fundamenta en las normas del ius cogens y el derecho de gentes y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (lex fori).
Independientemente de los factores de procedimiento, lo sustantivo y esencial de la Justicia Transicional radica en el criterio jurídico y de concepción de fin del conflicto de los Magistrados(as) posesionados, bajo la egida del principio de lo inescindible y de autonomía soberana del que están investidos.
Por respeto a los lectores no asumo temas como:
· Los nuevos requisitos para los Magistrados de la JEP y el control “estricto” a imponerles.
· El marco final para la participación en política de los ex guerrilleros.
· El juzgamiento de delitos sexuales durante el conflicto por parte de combatientes.
· La comparecencia voluntaria a la Justicia por parte de civiles.
· El requisito de impedimentos o inhabilidades de los legisladores. 

[Colombia] Seis anuncios de la posverdad como engaño

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Rebelión

Posverdad, ¿que puede haber después de la verdad?. Decir una cosa para ocultar otra, acudir a emociones, pasiones y manipular la realidad para promover confusiones, engaños y hacer primar dobles raseros con evidente carencia de ética y de escrúpulos. En seis anuncios un ejemplo.

1. “Estoy con ustedes pero exalto a los que están contra ustedes”. El presidente Santos exaltó con condecoraciones al ESMAD, que es el cuerpo antidisturbios usado para romper la protesta social de la que se dice que es respetada. Ocurrió en el mismo momento que era señalado de causar mas de 30 heridos y de arremeter con exceso de fuerza (contraria a las leyes) y avanzar con tácticas de guerra contra los indígenas del país que adelantaban una minga, es decir, una protesta civil que reclama del gobierno dar cumplimiento a “mas de 1000 acuerdos firmados con ellos” sistemáticamente incumplidos. Adicionaban a su justo reclamo lo que el país exige sin dilaciones: que se cumplan los acuerdos de paz pactados para acabar la guerra, que en términos de la verdad le valió el premio nobel al presidente en cuyo nombre es escuchado en el mundo.

2. “Yo condeno lo de allí, pero oculto mi condena”. El presidente Santos desde Canadá, condenó con tono de juez universal las elecciones regionales realizadas en Venezuela que legitiman al gobierno socialista. Su mensaje siembra dudas del proceso electoral, al tiempo que en Colombia resultan contundentes las pruebas de corrupción electoral, inclusive en la campaña que lo llevó a él mismo a la presidencia con dineros de la empresa transnacional de corrupción odebrect y mientras su jefe de campaña se alista para irse a la cárcel. Situación igual ocurre con la campaña del candidato de Uribe, lo que pone de manifiesto una verdad de trama electoral anómala o ilegal, que cerró la puerta del tercero en disputa que en ese momento representaba una opción independiente.

3. “Nosotros lo hicimos pero les hacemos creer que otros lo hicieron”. El partido Centro Democrático, claramente no es de centro si no de extrema derecha, persiguen y odian, pero hacer creer que son perseguidos y odiados. Su líder actúa como furher, para sus seguidores encarna la voz de dios y del pueblo y votarán por quien él diga para salvarse del comunismo y de los ateos. Dan la impresión de que tienen un postulado ideológico de que sus adversarios y contradictores deben ser exterminados y con este objetivo justifican sus actuaciones. La verdad es que actúan como si fueran un ejercito de especialistas con un sistema que educa para ser uribista que da como resultado este tipo de ser humano dispuesto a desempeñar hasta el final el papel asignado, la misión delegada, como lo muestran las conductas y comportamientos en el congreso, en entrevistas y en exposiciones publicas.

4. “Reclamar como bandera lo contrario a lo que hicieron”. En Bucaramanga cada uno de los aspirantes a ser el elegido candidato por el Líder del Centro Democrático, cumplió su misión, dijo exactamente lo contrario al desastre que ellos provocaron de manera consciente y sistemática. Uno llamó a luchar contra la corrupción, la verdad es que sus antecesores están en la cárcel o subjudice por corrupción y mas delitos como: Andrés Felipe Arias Ministro y candidato que distribuyó los recursos del campesinado entre políticos y terratenientes y con él hay una docena mas en la cárcel o prófugos. Otro aspirante anuncio que luchará por rescatar el sistema de salud y corregirlo, la verdad es que la ley 100 de autoría de Álvaro Uribe entregó la salud publica al sistema privado y abrió la puerta para que paramilitares como Jorge 40 la convirtieran en negocio y controlaran la vida, la muerte y los votos de la gente por la vía criminal de la motosierra o la desatención a la enfermedad.

5. “Estamos de acuerdo con el acuerdo pero no lo aceptamos”. Las cuentas contra la paz son claras: Centro Democrático, Cambio Radical, Cristianos en transformación de la mística en política (misión carismática, C4, mira, funcionarios como Rodrigo Rivera comisionado de paz, Senadora liberal Viviane Morales y otros), Patria Nueva de militares (encabezados por el General Mendieta), Partido Conservador (A. Pastrana), Opción Ciudadana; componen el grueso del bloque de partidos y movimientos que desde el punto cero de la derecha hasta la extrema derecha convergen en decir que aceptan el acuerdo de paz pero hacen lo contrario. Todos en coro o por separado dicen que sí pero no. A efectos de campaña cada uno va por su carril electoral con algo en común: sembrar dudas y repartir miedos. Confluyen en que sí conquistan la presidencia la paz será hecha trizas según unos, mutilada por otros y revisada por los moderados. Al sí pero no, parecen sumarse cargos de estado (fiscal, procurador, mindefensa) cuya obligación constitucional es cumplir los acuerdos y respetar los instrumentos pactados y sus funciones como la JEP. La verdad es que con términos de manipulación tratan de mantener activo el espíritu de guerra y avanzar en la configuración de algún enemigo interno latente, para justificar su propósito y mantener a merced del poder económico y político la vida social, su objetivo es poner peros para impedir que la paz se construya y los acuerdos se implementen.

6. “Saben que la paz ya esta negociada, pero confunden para dilatarla”. Los anteriores que dicen estar de acuerdo con la paz firmada pero que no la aceptan, hacen parte de la estructura política del estado, desde la acción política o como funcionarios y saben por sus conocimientos, experiencias y funciones que el acuerdo de paz es un mandato ya entroncado en la medula del estado y que su implementación es de obligatorio cumplimiento en virtud de la consagración de la paz como deber y derecho constitucional. La verdad es que a base de presunciones que suplantan pruebas y en el marco de una democracia precaria y cuestionada por la corrupción, una minoría de dirigentes y funcionarios desde la cima del estado (a la que han llegado inclusive con maniobras o la fuerza conquistadora de sus empresas) siembran dudas, crean confusión e impiden retomar el camino original de la democracia que va de abajo hacia arriba. Podría inferirse por ejemplo que la procuraduría por misión y funciones es para funcionarios, servidores públicos y particulares con funciones públicas y no podría inhabilitar ciudadanos por faltas o delitos cometidos en virtud del levantamiento en armas, que los hizo enemigos del estado y que nunca tuvieron la condición de funcionarios públicos. Llama la atención o levanta sospecha que su actuación institucional sea para producir intimidación. Igual situación ocurre con la fiscalía cuando trata de desconocer el marco de la solución al conflicto armado centrado en el delito político aceptado por el estado, suscrito en los acuerdos y, respaldo internacional, atendiendo que la actuación del rebelde en las leyes de Colombia recibe un tratamiento diferencial preferente respecto a los delitos comunes y no genera inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. la verdad es que pretender poner inhabilidades para el ejercicio político y social por rebelión confunde, como igual ocurre al tratar de meter la complejidad de la paz en mensajes de 40 caracteres y un me gusta.

P.D. “Injerencia aquí no pero allí sí”, en casos como la democracia con autodeterminación para ellos e injerencia contra la autodeterminación para otros selectivamente escogidos, como reclama Rajoy, predica Santos y ratifican la UE y la OEA representan una burla a la verdad, un contrasentido ético. 

Una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) traicionada

Por Carlos Meneses Reyes

Rebelión

El Comité de Escogencia para la conformación y nombramiento de los Magistrados(as) de la JEP, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición (SIVJRNR), ha dado a conocer la “Lista de los 40” para escoger a 21 Magistrados(as) del Tribunal de Paz y a 7 Suplentes. Estos 40 se someterán a una Entrevista y el 26 de septiembre próximo se dará a conocer el nombre de los Magistrados(as) de esa Alta Corporación de Justicia en Colombia. La responsabilidad de esa designación recae en tres juristas extranjeros: Álvaro-Gil Robles (peruano), Juan E. Méndez (argentino). Diego García Sayán (español) y los colombianos José Francisco Acuña, Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la física-científica de la Universidad Nacional Claudia Vacca González. Conforme al Acuerdo de La Habana, modificado por el Acuerdo Final en el teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, las fuerza beligerantes y rebeldes de las Farc-ep, junto con la contraparte estatal colombiana, acordaron acogerse a un sistema de justicia diferente al ordinario imperante en el poder judicial constitucional colombiano, contra el que se alzaron en armas por más de 50 años.
Con espíritu de respeto a las normas de la Constitución Nacional, los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho que rige el Derecho Internacional penal bajo el Estatuto de Roma, de los Convenios , Protocolos , Fallos de la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos humanos y la jurisprudencia consuetudinaria del Derecho Internacional; las Farc- dejaron y entregaron las armas para someterse al juzgamiento de una jurisdicción especial de paz y someterse a punibles conductas que surgieren a la terminación del conflicto interno armado, en lo referente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Así se revuelque la extrema derecha militarista y confunda a la opinión la dictadura mediática, esa es la razón de ser de ese Sistema de Justicia Integral. Diferente a la Justicia Ordinaria colombiana y por ende la selección de tan Alta Magistratura, ha de romper los paradigmas existentes tradicionalmente en Colombia. Pero al repasar las Hojas de Vida de la “Lista de los 40”, deja el sabor amargo de la frustración, el desengaño y la traición.
DEL PROCEDIMIENTO DEL Comité de Escogencia. Se optó por algo simple y funcional. Abrir una inscripción con requisitos mínimos: los aspirantes debían ser de nacionalidad colombiana, abogados(as) con 15 años de experiencia profesional y/o 10 años de docencia universitaria. No tener antecedentes penales. No se requería de carrera judicial. Tampoco de límite de edad. Ser defensores de los derechos humanos y de la Paz. Así, con ese parámetro, se conformó una lista de aspirantes de 652, que fue hecha pública, fijándose un cronograma- que el comité de escogencia no observó- consistente que previo al 18 de septiembre de 2012, se elaboraría una Lista Corta de unos 90 a 95 aspirantes, los cuales se someterían a una Entrevista entre los días 18 a 22 de septiembre inclusive, de 2017.
El pasado 18 se hizo pública la Lista Corta con tan solo 40 escogidos y los convoca o cita a Entrevistas para escoger 28 cargos.
Todas las esperanzas fueron centradas en una franca lid, en que la breve explicación en una cuartilla en la que cada aspirante expuso las motivaciones que lo llevan a aspirar a tan responsable cargo de transcendencia histórica y el mecanismo de inmediatez de una Entrevista personal de alto nivel, definieran que defensores de los derechos humanos y de la Paz en Colombia pudieran ser esos jueces. Pero todas han sido botadas por la borda al decidir el Comité de Escogencia a “Los 40”. Por favor que indecencia. Ya ellos saben quiénes son los 12 desechables. Jamás se había experimentado tanto sentimiento de insatisfacción, chasco, decepción, desilusión.
DE LO VIOLADO. Resulta que, al exigir el Comité de Escogencia, el haber ejercido cargos en la Rama Judicial y el Ministerio Público durante 15 años, viola el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y La Construcción de Una Paz Estable y Duradera. Que torticero y sin razón. Que injusto. Precisamente el espíritu del Acuerdo Final era que no se exigiera a sus aspirantes la carrera judicial. 
Del análisis de las Hojas de Vida de la “Lista de los 40” se concluye que solo tuvieron en cuenta a quienes habían desempeñado como exmagistrados de las Altas Cortes, El Consejo de Estado, la Procuraduría, La Fiscalía e inclusive cargos políticos en el Ejecutivo (ex ministros, etc.). Premiaron a los “históricos” aspirantes a altos cargos en el sistema judicial contra el que luchó la insurgencia y que son reconocidos de autos, verdaderos practicantes del baloto y el azar. Además, escogieron a quienes han obtenido tan costosos y exclusivos títulos y post grados, en el extranjero y en el país. Con ello asumen un sesgo clasista y excluyente. Tan solo uno mayor de 65 años fue escogido, cuando la no exigencia de edad de retiro forzoso apuntaba a la reivindicación del juez por su experiencia y sabiduría.
¿QUIENES SON LOS EXCLUIDOS Y DISCRIMINADOS POR EL COMITÉ DE ESCOGENCIA? Pues precisamente los desplazados por la Justicia en Colombia. Esos miles de Abogados(as), que no pudieron permanecer en el sistema corrupto, podrido, deshonesto, excluyente, bipartidista, judicial colombiano. Los que no contaron con el lobby del clientelismo. Quienes no contaron con recursos económico ni estatales para continuar sus estudios de post grados y mucho menos ir al extranjero a obtenerlos. Los Abogados(as) en grandes ciudades y de Provincia, de municipios y veredas alejadas e incursos en lo agudo de la guerra y el conflicto.
Que flaco servicio le prestan a la Nación colombiana, sobre todos esos señores extranjeros, en quienes la Insurgencia armada y el pueblo sufrido depositó la confianza. Que Jueces naturales para dirimir la responsabilidad por lesas violaciones humanitarias por parte de los actores armados estatales e insurgentes durante el conflicto armado en Colombia podrá el Comité de Escogencia designar para impartir justicia, si escoge emperifollados, encopetados(as) y encartonados, dizque “defensores” de los Derechos Humanos. Falso, un título de post grado, ni diplomado de los Institutos rectores en la materia, a los que también asisten a obtenerlos oficiales y sub oficiales de las fuerzas armadas estatales incursas en el conflicto armado, tal como ha sido la guerra en Colombia, podrá ser la patente de corso, para que los verdaderos activistas sociales en la defensa permanente de los derechos humanos, los verdaderos abogados(as) luchadores por la Paz sean excluidos y discriminados.
No han sido escogidos para la Entrevista Ni un miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas Defensores de Trabajadores. Ni abogados(as) defensores de Presos Políticos. Ni un abogado(a) de asesores de sindicatos de industria; de sindicatos agrarios, de asociaciones campesinas, mineros, de minorías, de indígenas. No ha sido llamado a entrevistas; puesto que se inscribieron, ningún abogado(a) aspirante, en su calidad de activistas políticos y sociales en los movimientos populares, por el conflicto económico político social y ecológico. Como tampoco a Abogados(as) de Colectivos y Asociaciones Profesionales y Colegios de Abogados(as). Por el contrario, por sobre ellos pasaron la hoz rasuradora del descabece.
Pero todo tiene su causa. ¿Fue que fuerzas de extrema los intimidaron? ¿Fue que la Fiscalía General y la Agencia de inteligencia estatal dosificaron información contra abogados(as) activista de izquierda como aspirantes?
¿Qué HACER?
Expresar, en primer lugar, que en aplicación del principio universal: “en Derecho las cosas se deshacen como se hacen”.
  Con absoluto respeto y acato a la autonomía e independencia del Comité de Escogencia y a manera de tutela pública, se suspenda el proceso de Entrevistas, ampliándose el número de entrevistados. Hacer públicos los criterios de escogencia de defensores de derechos humanos y activistas por la Paz, expresados por organizaciones de víctimas, incluidas las del Terrorismo de Estado. Clara transparencia, metodología y publicidad del proceso. Garantía de un enfoque territorial y diferencial (diversidad regional, cultural y étnica), para que los (las) aspirantes demuestren criterio jurídico y comprensión frente a la categoría de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y consecuencia práctica y de bagaje intelectual en la defensa de los derechos humanos y el activismo por la paz.
El movimiento popular colombiano no puede dejar pasar este impasse a la inercia del tiempo, máxime cuando queda en entredicho la confiabilidad en los Acuerdos para la terminación definitiva del conflicto armado interno con fuerzas insurgentes y beligerantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y reductos del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Santrich no pudo dar informe de prisioneros en huelga de hambre

Por Alexander Escobar/Rebelión  

REMAP

Trece días completan en huelga de hambre los prisioneros y prisioneras de las FARC que permanecen en las cárceles debido al incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno.
 
La ley de amnistía e indulto aprobada en diciembre pasado no ha sido aplicada, y después de más de seis meses de incumplimiento, los prisioneros políticos de las FARC se declararon en huelga de hambre, sin que los medios cubran debidamente esta dramática y vergonzante situación para un país que presume de democrático y civilizado.

Sus quebrantos de salud ya son evidentes y requieren atención inmediata. Jesús Santrich, comandante del Estado Mayor Central de las FARC, quien también se declaró en huelga de hambre, el día de ayer no salió en su cuenta de Twitter a dar el informe habitual sobre la situación de los prisioneros. Su salud se deteriora y sus compañeros debieron dar informe sin él.

“El camarada Jesús Santrich, debido al agotamiento que va sufriendo por la huelga que viene desarrollando también de hambre en solidaridad con nuestros prisioneros políticos, no pudo estar en el día de hoy”, afirmaron sus compañeros en Twitter durante el informe que cerró la noche de este viernes.

Las cifras de los prisioneros en huelga de hambre son escandalosas y preocupantes, y llenan de indignación por la gravedad que ello conlleva, y cuyo despliegue informativo no está a la par de la gravedad de esta situación. Hasta el día de ayer, según el último informe, 1.784 prisioneros se encuentran en desobediencia, de los cuales 1.341 continúan en huelga de hambre. “Tenemos 35 compañeros que tienen cosidos los labios”, agrega el informe.

A pesar de ello, la solidaridad crece. Y quienes le apostamos a la paz, seguimos firmes exigiendo al Gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la liberación inmediata de las prisioneras y prisioneros políticos de la insurgencia. Las FARC ya cumplieron dejando las armas, ahora el Gobierno debe dejar la corrupción, el terrorismo de Estado, que crece con el paramilitarismo, y cumplir lo pactado.

La cárcel, señal de venganza en menos de un metro cuadrado

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Rebelión

En Colombia las huellas de dolor de cinco décadas de guerra que atravesaron el millón de kilómetros cuadrados de territorio terminan convertidas en historias que siempre ocurren en menos de un metro cuadrado. Algunas pueden meterse en el marco de la Economía y la desigualdad cuyos protagonistas son mafias que se adueñan de calles, andenes, pasillos, patios, parques, senderos y espacios colectivos que cuadriculan y controlan en las ciudades y las instituciones para producir rentas, obtener información y controlar su uso. No todo lo que se expone y vende en ese metro cuadrado de calle es de iniciativa y usufructuó de informales, la mayoría corresponde a negocios fragmentados, que obedecen a una directriz, hay jefe, patrón, chulo, matón y trama de poder. El espacio usurpado es ocupado por particulares apéndices de la maquina mafiosa, de manera similar han controlado y usado el servicio de transporte publico como herramienta de espionaje y comunicaciones. En el marco de Política clientelar y antidemocrática pero legitimada en un discurso democrático, el modelo empieza en el Congreso donde cada parlamentario parece tener asignado a perpetuidad su metro cuadrado de curul usado para negociar dividendos de poder para si mismos y obtener inmunidad (impunidad) a cambio de mantener la estabilidad del régimen de turno y de no poner en riesgo privilegios. Ese metro cuadrado se ha transferido de padres a hijos, esposas, primos, hermanos, parientes, socios o allegados, desde allí justifican lo injustificable, incitan al odio, absuelven o condenan, allí unos duermen, otros debaten o gritan, otros ni siquiera van.
Como lugar síntesis de decisiones y modos de acción y estrategias que en un metro cuadrado provocan violaciones masivas a derechos, la cárcel ocupa el primer lugar. Lo que ocurre al interior de las 142 prisiones responde a la lógica contraria de resocialización y rehabilitación pregonada, el discurso de los derechos y la dignidad es usurpado y el castigo es lo que se impone. Los presos son convertidos en victimas y violentados ante la aceptación social que ha naturalizado el horror y asume que lo que ocurre debe ser así, cruel, despiadado, inhumano. La cárcel políticamente es un territorio en crisis humanitaria, social, sanitaria, ética y económica, donde lo que se dice es contrario a lo que se dice pero sirve para esconder el horror padecido en cada metro cuadrado. Su interior responde perfectamente a la imagen del vientre de una bestia, hay discriminación, exclusión, negación, olvido, persecución, corrupción, maltrato, hostigamiento, acoso, y resulta patético que también ocurran hoy situaciones similares en otras instituciones inclusive educativas, arrastradas a actuar como en el modelo de la cárcel, donde las reglas son interpretadas al arbitrio del mas autoritario.
En Colombia en el vientre de la bestia (Obra de Henri Miller) hay varios miles de perseguidos y encerrados por ejercer el derecho de rebelión, lo que José María Arguedas llamó en su obra el sexto, los compas, distanciados de los ñeros, con los que entra en alianza temporal para tolerarse y sobrevivir a tanto horror institucional, legal, mafioso, autoritario, arbitrario que tiene asignado el papel de absolver a quienes le sirvan y condenar la voz critica del que se niega a ser convertido en instrumento.
Mejor que la ciencia y la retorica, los hechos de la cárcel le dicen a la historia lo que una sociedad entiende y acepta como sentido de ser humano. La cárcel se replica en las calles y las calles se sintetizan en la cárcel, se impone lo que aprueba el congreso, se ejecuta lo que deciden los jueces y se realiza lo que indique la venganza. La sola existencia de la cárcel como lugar de castigo para invalidar al ser humano y someterlo tendría que producir vergüenza colectiva en cualquier democracia. De la tragedia dan cuenta en Colombia alrededor de 175000 personas, con una tendencia creciente de presos, a pesar del populismo punitivo, el aumento sucesivo de penas y los llamados de ultraderecha a la castración, la pena de muerte, la cadena perpetua y seguramente la mutilación. Todos los presos (salvo los detenidos exfuncionarios y militares del régimen Uribe) son tratadas como desechos en un deposito de humanos puestos a descomponer, en virtud del arbitrio de las mismas elites ya descompuestas institucional, moral y materialmente que deciden, ejecutan y vengan.
La cárcel permite entender el significado del tiempo y del espacio de los derechos humanos en su mas cruda realidad, está hecha para hacer sufrir, inhumanizar, negar, eliminar, dejarle al prisionero solo el derecho a respirar. En todas las cárceles el número de presos triplica o duplica su capacidad, donde cabían 3000 hay hasta 9000, en unas un orinal y una taza de baño para doscientos presos, en otras las mujeres duermen encerradas con sus hijos y homosexuales, afro, indios son despreciados. La cárcel modelo de Bogotá es un modelo visible de fabrica de horror, la picota una maquina de exterminio, donde desaparecen, descuartizan y envilecen, la tramacua de Valledupar una fabrica de tortura y terror y así cada una suma su particularidad hasta componer un universo de vejaciones, un todo organizado por el espíritu común de inhumanizar, descomponer al ser humano, afectar la dignidad humana bajo la tortura visible en el insomnio provocado, la inseguridad personal, el riesgo latente a ser violado, golpeado, maltratado, ofendido, presionado psicológicamente, acosado, intimidado o asesinado. Violadores, asesinos, drogadictos, rebeldes, ladrones, funcionarios corruptos, bandidos e inocentes son llevados a la condición de victimas, incluidos los guardianes siempre insuficientes, sobreexplotados laboralmente y expuestos al soborno, chantaje y oportunidad de compensación que ofrecen los pocos paramilitares o políticos que controlan la televisión, las drogas, el sexo, el licor, las fiestas y visitas y que cuadriculan y arriendan mas de un metro cuadrado a quien pueda pagar dos o mas millones de pesos (revista semana: el ahogo de una prisión, marzo, 2012) u ofrecer privilegios (en 2016 se descubrió que un político preso residía en el apartamento asignado al director del penal). Las cárceles de mujeres, cuya cifra es de una mujer presa por cada seis hombres presos, son centros de discriminación y misoginia en los que se pide sumisión y se refrenda la culpa.
Las elites históricamente han negado a sus presos de conciencia, el presidente Turbay con las cárceles llenas de rebeldes acuñó la frase de que el único preso político era él, los demás gobernantes repitieron la frase hasta que el régimen Uribe clausuró toda discusión negando la existencia del conflicto mismo con todo y sus componentes conceptuales, metodológicos, políticos e ideológicos. Sin embargo en virtud del proceso de negociación política del conflicto armado el estado no pudo seguir negando esta realidad y tuvo que poner al descubierto la existencia de varios miles de rebeldes y presos políticos. Despues de este precedente de reconocimiento es necesario capacitar a los funcionarios de alto y medio mando para que comprendan e interioricen que el pacto político esta por encima del sistema de justicia ordinaria y que deben aplicarse con urgencia los acuerdos de la Justicia Especial de Paz y sin dilación cambiar su percepción y lógica frente a las cárceles y al sentido y eficacia de las penas. El Estado y el Gobierno están obligados a cumplir lo pactado en relación con la amnistía de quienes firmaron el acuerdo de paz y poner en publico conocimiento que la la amnistía no ha expirado ni como concepto ni como practica, y que la liberación de presos esta señalada por el DIH cuando termina una contienda y los enemigos se convierten y reconocen como adversarios.
El ejemplo a seguir para una paz con sentido de justicia y animo para entender los orígenes de los delitos, lo representa de entrada y si es cierto lo informado y no solo formalidad la cárcel distrital (informe oficial (bogota.gov.co, la mejor cárcel de Colombia, abril de 2016) de la que se dice es un lugar donde los derechos humanos son los protagonistas, que funciona para hombres y mujeres, con 10 talleres de trabajo, nutricionistas encargadas de ofrecer tres comidas, dos refrigerios y un tinto al día, atención con dos médicos, dos odontólogos y cincuenta profesionales encargados de la salud física y mental, con presos que reciben uniforme, colchoneta, cobija y crema dental y la drogadicción es tratada con médicos, psicólogos y terapeutas. Un lugar donde no hay hacinamiento, hay circuito cerrado de televisión, 96 cámaras y monitoreo técnico y los cerca de 900 presos de 1200 que caben son tratados como humanos. La cárcel que diseñada para atender la venganza de la guerra, debe ser reformulada, repensada, transformada y esta es un buen ejemplo para empezar a pensarla y construirla de otra manera para épocas de paz con justicia social, democracia y respeto por el ser humano entendido como el mayor valor de una sociedad de derechos.

P.D. Con lo del Fiscal anticorrupción (Gustavo Moreno) el país de las victimas y de los sectores populares incorruptible e insobornable, podrá entender y tomar nota de la existencia de un perverso modus operandi, seguido por funcionarios corruptos y agazapados que se apropian, se roban o suplantan un discurso de defensa del interés colectivo como democracia, derechos humanos, paz, anticorrupción que usan en beneficio propio para sostener y ocultar sus practicas criminales, esos son impostores, farsantes, los verdaderos agentes del horror, no son infieles, son delincuentes.