[Colombia] FARC: Declaración política Asamblea Metropolitana en Medellín

Declaración Política FARC

"Estamos absolutamente convencidos de la necesidad

 de la paz completa, por el bien del pueblo."

Iván Márquez

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC; realizó su primera Asamblea Metropolitana en Medellín. En el más amplio espacio de democracia y unidad, conformamos la dirección política de los Comunes.

Como fuerza política en el Área Metropolitana de Antioquia ratificamos nuestro compromiso de lucha con todos aquellos sectores sociales excluidos y marginados que no hacen parte de aquella ciudad construida por el capital para el disfrute de unos pocos, erigimos como nuestras las banderas de las reivindicaciones más sentidas de los sectores populares del municipio de Medellín y del área Metropolitana: Salud, vivienda, educación, recreación, gratuitas y de calidad; universalidad de los servicios públicos domiciliarios, goce y disfrute de los espacios públicos, trabajo digno.

Convocamos a todos los sectores revolucionarios y progresistas que en el más amplio espíritu de Convergencia y Unidad construyamos la Ciudad Alternativa al capital, con democracia, paz y justicia social.

Nuestra tarea inmediata es la construcción de un partido sólido, fuerte y cohesionado; formador del sujeto histórico para las transformaciones sociales.

Estamos invitando se sumen a nuestra organización política, todos y todas que quieran asumir un compromiso en la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana; a quienes comprendan “que el futuro de Colombia, no puede ser el despeñadero de la guerra civil”, a quienes quieran contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, avanzando en un proceso constituyente abierto, de cambios sociales y de profundización de la democracia.

El partido está abierto a todos los sectores populares; revolucionarios y progresistas que habitan la ciudad: a los y las estudiantes, trabajadores y trabajadoras, defensores y defensoras de derechos humanos, trabajadores y trabajadores del arte y la cultura, trabajadores y trabajadoras del agro, empleados y empleadas, profesionales, indígenas, afros, población LGBTI, desempleados y desempleadas, desplazados y desplazadas…y en fin todos los ciudadanos del común; explotados y excluidos.

Hemos también ratificado en nuestro evento la participación en las próximas elecciones para la Cámara de Representantes en una lista de 13 candidatos que encabezan Omar de Jesús Restrepo Correa y Fancy María Orrego.

Desde ya estamos construyendo una plataforma política que recoja las más sentidas necesidades   de los sectores populares del Departamento y su área Metropolitana; porque todos y todas juntos lograremos la construcción de una nueva cultura política de tolerancia, participación, soluciones civilizadas y consensuadas a los graves problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan, y en contra de esa Cultura Política impuesta desde las altas esferas del poder de eliminación física del opositor político.

Los retos son grandes y no seremos inferiores a ellos. Con la participación de todos y todas haremos posible la Patria Grande y una sociedad más justa.

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN

Consejo Metropolitano del Valle de Aburrá

Diciembre de 2.017

[FARC-ELN] Declaración de Montecristi Comunicado de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y el ELN

Por Cambio Total.

En la fecha, nos hemos reunido en Montecristi, Ecuador, cuna del prócer Eloy Alfaro, las delegaciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, con el propósito de evaluar el desarrollo de los procesos de paz que se vienen adelantando con el Gobierno Nacional. 

Después de deliberar durante dos días, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

1 -Expresamos nuestra firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas, de realizar la defensa conjunta del Proceso de Paz y de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP, avance la Agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno y el ELN, así como armonizar los dos procesos. Para esta finalidad, hemos decidido la creación de un mecanismo conjunto entre las dos fuerzas, cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al país y a la comunidad internacional. 

2- Al reconocer avances en los últimos años en la solución política, también manifestamos nuestro rechazo a la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de treinta excombatientes de las FARC. Hechos que en su mayoría permanecen en la impunidad a tiempo que la Fiscalía General de la Nación insiste de manera equivocada en no hallar conexidad en los mismos. 

Hacemos un llamado a las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, y a los sectores democráticos y alternativos a la organización, a la denuncia, la resistencia, la movilización, defensa de la vida, del territorio, las garantías y los Derechos Humanos de los colombianos. 

3-Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia, por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo. 

4-La verdad que habrá de conocerse para alcanzar la Paz, pondrá de presente las debilidades de un sistema que requiere prontas transformaciones y un compromiso de Nunca Más. 

5- La solución al complejo problema de los cultivos de uso ilícito, no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo, de resultados nefastos como los que se vienen presentando en Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones; para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los Estados Unidos. Es necesario actuar con sensatez, con soberanía y que el Estado cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades, implementar Planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia. 

6-Ponemos de presente nuestra preocupación por la corrupción desbordada que ha invadido la estructura social del país y en general las instituciones públicas y privadas de la Nación: las cortes, el Congreso, la rama ejecutiva, la Fiscalía, los organismos del Estado a nivel regional, así como las empresas públicas y privadas. 

El escandaloso comportamiento delictual de personalidades incrustadas al más alto nivel de la función pública y del sector privado, pone en peligro la posibilidad de la paz y el devenir de una democracia real a la que aspiramos. 
Consideramos necesario el diseño de políticas y acciones concertadas que pongan fin a esta alarmante situación de corrupción generalizada. 

7-Este momento histórico, excepcional exige la más plural alianza de los sectores que defendemos la paz y las transformaciones en el plano político y social. 

Llamamos al cumplimiento de los Acuerdo de La Habana y al desarrollo de la participación acordada en la Mesa de Quito, de fortalecer la implementación integral de la participación social y ciudadana en desarrollo del primer punto de la agenda convenida entre el Gobierno y el ELN. 

Por el bien de Colombia, afirmamos desde la Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador, que ninguna dificultad – por grande que sea-, nos hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia, tal como lo recordó en su reciente visita el Papa cuando dijo al país: “La inequidad es la raíz de los males sociales”. 

Delegaciones ELN y FARC. 

Montecristi, octubre 23 de 2017.

Declaración de las FARC-EP a raíz del pronunciamiento de La Corte Constitucional.

Escrito por  Administrador FARC-EP.CO

El fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo, como ha sido intención y manifestación declarada de los sectores de la ultraderecha que tienen asiento en esa corporación.

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El anuncio del fallo de la Corte constitucional mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de los literales h y j del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016 por presunta sustitución de la Constitución, ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio.

Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas según lo establecido en el Acuerdo, es decir a doce días del D+180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana. 

No se trata simplemente de la decisión judicial, con una interpretación por cierto muy controvertible que banaliza el juicio de sustitución constitucional, sino que estamos frente a la posibilidad de que -de consolidarse una mayoría en la Corte, adversa a la implementación-, se asista al desmonte del andamiaje normativo que desarrolla los acuerdos. Nuestro llamado es a la sindéresis y al mejor juicio para que se habilite la posibilidad de hacer de la paz el derecho supremo consagrado en el ordenamiento constitucional al que hemos aceptado acogernos.

El fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo, como ha sido intención y manifestación declarada de los sectores de la ultraderecha que tienen asiento en esa corporación. En medio de las dificultades y las diferencias conocidas, valoramos la posición hasta ahora adoptada por las mayorías en el Congreso. Además del debate juicioso, de la incorporación de numerosas proposiciones y modificaciones, esa Corporación ha aprobado actos legislativos y leyes de importancia crucial para la implementación del Acuerdo. Aunque la situación generada por el fallo es de suma gravedad y modifica sustancialmente las condiciones de trámite de las normas, nuestro llamado también va hacia ese órgano para que se contribuya a un desarrollo legislativo que se atenga como hasta ahora, al espíritu y la letra del Acuerdo. Esto, bajo el entendido que la celeridad de los desarrollos legislativos es para garantizar la implementación material urgente de los acuerdos y beneficiar así con hechos al conjunto de la sociedad colombiana.

Al Presidente de la República le hacemos igualmente un llamado para que asuma con toda decisión las posibilidades que le otorga la Constitución en su artículo 189, numeral 6, en lo que corresponde a sus facultades para la negociación e implementación de acuerdos de paz. Más aún si se considera la distinción con el Premio Nobel, el permanente respaldo de toda la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los países garantes y acompañantes.

Aspiramos a que la colaboración armónica de los poderes públicos, ordenada por la Constitución, sea una realidad material en este caso de tanta importancia histórica para la generación presente y las generaciones futuras de nuestro país. La paz de Colombia es una obligación del Estado en su conjunto. Con ese propósito estamos comprometidos a fondo.

De nuestra parte, manifestamos:

• Nuestra decisión indeclinable de seguir cumpliendo lo acordado tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento. No sobra reiterar que nuestra decisión ha consistido en transitar a la vida política legal para darle continuidad a nuestras aspiraciones, ajustándonos a las reglas de la Constitución y la ley con las reformas acordadas. Ante la situación presentada, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos. Nos hemos declarado en asamblea permanente en las ZVTN para que el conjunto de nuestra organización pueda tomar las decisiones más inteligentes en esta situación adversa.

• La necesidad de convocar con urgencia la CSIVI para ocuparse de manera exclusiva del camino a seguir en lo que a nuestro juicio es una diferencia sustancial respecto de las condiciones de implementación del acuerdo. Urge una reconducción del proceso.

• La necesida de poner en marcha un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales a fin de lograr el gran acuerdo político nacional, tal como está consagrado en los textos de La Habana, de compromiso con la construcción de la paz y la implementación de lo convenido.

• La invitación a todos los colombianos y colombianas para que con sus libres expresiones y a través de la movilización manifiesten su apoyo al Acuerdo en esta hora difícil

Seis años nos ha llevado transitar el complejo camino de la negociación, de la firma del Acuerdo y ahora de su implementación temprana. Semejante esfuerzo colectivo no puede descarrilarse por decisiones judiciales. Este proceso de paz necesita más hechos y menos leyes.

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