¿Qué pasaba por la cabeza del coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo cuando en 2002 le confesó a una productora del Grupo Prisa de España que estando frente al cadáver de Pablo Escobar robó su pistola, según reveló Daniel Coronell en su columna del domingo pasado? Sin ánimo de ofender, solo encuentro una explicación posible: se requiere tener mentalidad de ‘traqueto’ para alardear ante una mujer de haber cometido un delito.
Esa misma mentalidad de traqueto habría sido la que utilizó para conquistar en 2004 la Gobernación de Santander en estrecha alianza con el Bloque Central Bolívar de las Auc, si hemos de creerle a la condena a nueve años de prisión que le impuso la Corte Suprema, y a las cosas que contó el coronel Juan Carlos Prieto en Los Informantes de Caracol (“los paramilitares presionaban a la población para que votaran por él”), con el saldo ya conocido: se le acabó la carrera militar a Prieto, mientras a Aguilar se le abrieron las compuertas de la política y la riqueza material, y hoy se expresa como si fuera un prócer de la patria, al mejor estilo ‘Popeye’.
Es pertinente preguntarse por qué en la campaña electoral anterior Hugo Aguilar lanzó candidato propio a la Gobernación (Carlos Fernando Sánchez) y se desplazaba por todo Santander con nutrida escolta de la Policía Nacional, siendo que no había acabado de pagar la totalidad de la pena pues se hallaba en libertad condicional, o sea que seguía en calidad de interdicto y en tal medida estaba inhabilitado para el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Ahora no solo tiene que dar más de una explicación, sino acabar de rendir sus cuentas ante la Justicia, en consideración a que la Procuraduría General de la Nación —a raíz de una primera publicación hecha por la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo— pidió revocar la libertad condicional del reo al considerar que violó el deber de buena conducta cuando mintió al decir que carecía de capacidad económica para pagar una multa. (Ver noticia).
Alguna forzada explicación intentó dar el coronel en entrevista al periódico conservador El Frente, donde afirmó que manejaba un lujoso Porsche de 300 millones porque se lo llevaba al tipo que se lo compró el año anterior, pero no había acabado de secarse la tinta de ese diario cuando Leszli Kálli mostró fotos de una casa de 4.500 millones de pesos que su cónyuge, Mónica María Barrera Carreño, construye en Ruitoque sobre un lote de 1.084 metros cuadrados, cuyo avalúo está en 1.600 millones. No sobra aclarar que es su tercera esposa, quien nunca ha trabajado o adelantado una actividad económica que le permita justificar semejante capital.
Esto demuestra a las claras que el coronel Aguilar sí dispone de bienes para pagar la multa de 6.400 millones que la Justicia le impuso. Como se sabe, él hizo un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para abonar 500.000 pesos mensuales, lo cual se traduce en que solo le faltan 1.056 años para acabar de cubrir la deuda. Se trata de una burla descarada, tanto a la Justicia como a las víctimas, y es cuando el espectador desprevenido se pregunta cómo hizo una persona condenada por paramilitarismo para acumular tanto poder político y tan cuantiosa fortuna económica, primero con su sueldo como oficial de policía y luego como gobernador de Santander.
Con motivo de la publicación arriba aludida le envié por Twitter un DM a Diana Giraldo, donde la felicité por las fotos que encarrilaron tan contundente investigación y le pregunté si creía que eso tendría algún efecto jurídico, en cuanto a lograr que el hombre pagara al menos parte de la multa y así contribuyera a indemnizar a las víctimas. La respuesta de Diana fue escueta y demoledora: “¡Gracias Jorge! Ojalá pase algo. Pero lo dudo”.
Ese “lo dudo” es fiel reflejo del pesimismo que cunde frente a una Justicia que no tiene manos —y menos garras— sino guantes de seda para juzgar a tanto malhechor que por el simple hecho de haber conquistado determinada cantidad de votos (sin importar el método que hubiere empleado…) adquiere un prestigio que le sirve en parte para forjar alianzas con grupos criminales y en parte para tomarse fotos como esta (ver foto), de la que según fuentes bien enteradas Germán Vargas Lleras dijo que “es para que se la envíen a Serpa y vea el nuevo equipo de Santander”. Para entender el contexto de esa noticia, está este artículo de La Silla Santandereana.
Al día presente no sabemos si Vargas Lleras persistirá en mantener dicha alianza con el clan Aguilar, en función del mismo único objetivo por el que se alió con Kiko Gómez en La Guajira: votos.
Sea como fuere, en este escenario de arenas movedizas adquiere carácter de urgencia hacer un llamado a la sociedad santandereana y a su dirigencia política, para alertar sobre la prestancia o el buen nombre adquiridos a punta de ‘pistola’. Venimos nadando en un mar contaminado por la presencia de mucho charlatán, delincuente o estafador con pose de caudillo. Es por eso que desde los linderos de la decencia ya es hora de asumir fortaleza jurídica y conciencia ética, hacia el noble propósito de sanear el ejercicio de la actividad política.
Para el caso que nos ocupa, se mantiene entonces el interrogante planteado desde el titular de esta columna: ¿quién le pone el cascabel al susodicho coronel?
DE REMATE: El senador Álvaro Uribe es tan de buenas que con motivo de la convención de su Centro Democrático —donde Fernando Londoño aclaró que no son centro sino histérica derecha— nadie le recordó que tiene un hermano preso por múltiples homicidios, paramilitarismo y concierto para delinquir. Por cierto: ¿resulta atrevido pensar que el apóstol Santiago estuviera también pensando en acogerse a la JEP…?
En Twitter: @Jorgomezpinilla
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