[Colombia] Preocupaciones de 142 organizaciones sobre la JEP y defensoras/es llegan a la CPI

por Prensa - Colectivo

Al término de esta acción, la primera de varias que se han anunciado dentro del litigio internacional para salvar el acuerdo de paz y exigir que se cumpla lo pactado, Luis Guillermo Pérez agregó: “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, puede salvar vidas en nuestro país e incluso blindar el proceso de paz si en Colombia continúan los asesinatos y se sigue exponiendo la vida de los promotores de la paz”

Derecho a la verdad | Paz y Derechos Humanos | Paz | Defensores de derechos humanos |

Como parte del equipo de litigio estratégico internacional ante maniobras que buscan la impunidad de máximos responsables en la Justicia Especial para la Paz, JEP, los abogados defensores de derechos humanos Soraya Gutiérrez Argüello y Luis Guillermo Pérez, en representación de 142 organizaciones sociales y personalidades, junto con Andreas Schuller, del European Center for Constitutional and human rights –ECCHR (Centro Europero para los Derechos Humanos y Constitucionales) se reunieron con representantes de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos.

Durante la reunión, la delegada y los delegados solicitaron a la Fiscalía de la CPI que investigue a empresarios promotores del paramilitarismo y de crímenes de lesa humanidad. De la misma manera a agentes estatales no militares que han sido responsables de crímenes de lesa humanidad por acción u omisión y que no serán juzgados en la JEP, según quedó previsto en el Acto legislativo 01 de 2017 que dio vida al este mecanismo de justicia transicional.

“Nos hemos reunido con un equipo responsable de examinar la situación de Colombia para presentarle la carta firmada por 142 organizaciones donde manifestamos las preocupaciones en relación con la JEP donde se petende dejar por fuera a altos mandos, agentes del Estado, civiles y terceros” señaló Soraya Gutiérrez al término del encuentro. “Las decisiones que ha tomado el Congreso colombiano, con responsabilidad también del gobierno y la Corte Constitucional, limitan las posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas frente a crímenes de guerra y lesa humanidad en los que civiles y autoridades distintas a militares y policías han tenido responsabilidad” agregó Luis Guillermo Pérez.

En la reunión, “también denunciamos cómo se quiere impedir la participación de los defensores de derechos humanos en la Justicia Especial para la paz, JEP” comentó Pérez. Esto en relación con las inhabilidades previstas en la Ley estatutaria de la JEP que fueron votadas ayer en la Cámara de Representantes y hoy pasan al Senado de la República.

En el encuentro con la CPI, de igual forma pidieron que se reconozca la sistematicidad de los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y se investigue a los determinadores de dichos crímenes que aún no son investigados en Colombia. “Manifestamos preocupaciones sobre la falta de voluntad de Fiscalía General de la Nación para superar impunidad en casos de persecución a líderes sociales”, expresó al respecto Soraya Gutiérrez.

Esto como antesala a una comunicación que será presentada formalmente por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y el ECCHR, en el mes de marzo de 2018. Al respecto Andreas Schüller afirmó: “Creemos que es muy importante que la Corte Penal Internacional, CPI, incluya el tema de la violencia contra los defensores de derechos humanos en su agenda para asegurar la protección de su trabajo”.

De igual manera, la delegación insistió en que se abra una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque durante sus ocho años de mandato la inteligencia ilegal y persecución contra defensoras y defensores se convirtió en una política de Estado, orquestada desde el alto Gobierno a través de las acciones criminales del DAS, que sigue en la impunidad.

Al término de esta acción, la primera de varias que se han anunciado dentro del litigio internacional para salvar el acuerdo de paz y exigir que se cumpla lo pactado, Luis Guillermo Pérez agregó: “La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, puede salvar vidas en nuestro país e incluso blindar el proceso de paz si en Colombia continúan los asesinatos y se sigue exponiendo la vida de los promotores de la paz”

Cómo prevenir el asesinato de defensores de derechos humanos

por TODD HOWLAND | 2017/06/30 

Si no hay una respuesta cada día más contundente e integral, lamentablemente el Estado nunca podrá prevenir las muertes de estas personas.

La prevención de los asesinatos de líderes defensores de derechos humanos está relacionada con su inclusión económica, social y política y la de las comunidades que viven en áreas que han sido tradicionalmente influenciadas por las FARC. La mejor manera de evitar más muertes es mejor el nivel de respecto por todos los derechos, y una buena herramienta será la plena implementación de los acuerdos de paz.

La sociedad colombiana en su conjunto necesita involucrarse en el proceso de paz. Todas las iglesias y grupos religiosos, las instituciones académicas, las cooperativas, los sindicatos, el sector privado y otras entidades cívicas, al igual que la cooperación internacional deberían asociarse con veredas y corregimientos, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad provocada por grupos ilegales, y ayudarles a lograr su inclusión social, política y económica.

Actualmente hay un debate sobre si los asesinatos de líderes o lideresas son sistemáticos y sobre cuál es el número de muertes. Este debate hace más difícil reconocer lo que está sucediendo en la realidad colombiana, porque todos pueden tener razón. Más allá del debate, lo importante es saber que hay unos factores similares que se desprenden de estos homicidios en contra de defensores y líderes, y que la respuesta para ayudar a prevenirlos puede rediccionarse...

Si bien este debate sobre la sistematicidad es importante, todas las personas tienen un concepto diferente sobre el significado de este término y por lo tanto es esencial que tengamos claro qué se entiende por sistemático.

El Estatuto de Roma contempla expresamente que para que se configure el crimen de lesa humanidad se requiere que el ataque a la población civil se haya realizado conforme a un plan o política, expreso o tácito, del Estado o de una organización. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, contrario al Derecho Penal Internacional, se refiere a la responsabilidad del Estado y no a la de los individuos.

Varios órganos de protección de los derechos humanos hablan de patrón o sistema, o patrón sistemático para referirse principalmente a “una acumulación de infracciones idénticas o análogas que son suficientemente numerosas e interconectadas para no limitarse a incidentes o excepciones aisladas sino a un patrón o sistema”.

Aunque las cifras reportadas por diferentes organismos difieran (dependiendo de la metodología que usen), estas tampoco son lo más importante y en cambio se constituyen en una distracción para superar el problema.

Lo cierto es que hay un incremento de los asesinatos de líderes defensores de derechos humanos, y de aquellas víctimas que si bien no tienen liderazgo reconocido, sí pueden considerarse ampliamente como defensores y/o pertenecen a procesos organizativos como: partidos políticos, movimientos sociales, o incluso son posibles miembros de base de FARC.

Los asesinatos a los cuales me estoy refiriendo en gran medida están relacionados con la falta de presencia estatal en zonas que eran tradicionalmente influenciadas por las FARC y en las cuales falta la implementación de todos los acuerdos de paz. A pesar de desarrollos importantes, todavía la respuesta del sistema de justicia penal no es suficiente en relación con la investigación de los responsables, por ejemplo los autores intelectuales, de sus móviles y la efectiva sanción de estos graves crímenes.

La ausencia de transformaciones en las economías ilícitas y en el desarrollo rural, en áreas tradicionalmente bajo la influencia de FARC-, hace más y más complicada la situación para líderes y lideras defensores de derechos humanos que están tomando acciones en favor de la paz, pero donde la sustitución y otras acciones del Estado todavía no han empezado.

Nuestro análisis indica que, el 45% de los homicidios que se produjeron en el 2016 y el 67% en el 2017, ocurrió en zonas de donde salieron las FARC. Dentro de estos casos durante el 2016, el 92% de las muertes de líderes y lideras defensores de derechos humanos tuvo lugar en zonas con economías ilícitas y en lo corrido del 2017, el 100%

En tercer lugar, los homicidios de líderes defensores de derechos humanos son frecuentes y repetitivos en algunas zonas del país.

En cuarto lugar, el 72% de los homicidios de líderes en el 2016 se produjo en zona rural y en el 75% de estos, su presunta autoría estaría relacionada con grupos ilegales y/o intereses económicos ilícitos.

Por último, estas cifras también son altas con respecto a las personas asesinadas, que no tenían liderazgo, y que eran miembros de partidos políticos o movimientos sociales, puesto que en 2016, el 80% de los asesinatos fue cometido en zonas en donde hubo presencia histórica de las FARC.

Si bien el debate sobre lo numérico puede ser relevante, hay que tener en cuenta que cada víctima es importante, no solo quienes son defensores de derechos humanos.

Si hay repetición en el tiempo, hay una mayor necesidad del Estado de tomar acción. Si hay más muertes es porque el Gobierno no está tomando las acciones debidas y se necesitan soluciones creativas. Además, la discusión en derechos humanos es muy clara: el Estado tiene la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos sean uno o cien.

Una vez identificado y reconocido el problema es mucho más fácil discutir e identificar las soluciones que ayudarán a prevenir más asesinatos de líderes defensores de derechos humanos...

Acuerdo Final

El Acuerdo Final con las FARC fue bien conceptualizado al pretender cambiar la realidad de sector rural y transformar las economías ilícitas.

Además creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento, entre otros, de grupos ilegales denominados como sucesores del paramilitarismo, porque había una preocupación porque se generaría un mayor problema de violencia para los líderes defensores en zonas de las cuales saldrían las FARC.

Aunque hay esfuerzos del Estado, como el comienzo de la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos y el querer poner en marcha los programas de inclusión sociopolítica, la realidad es que todavía no hay cambios reales que minimicen los riesgos para quienes defienden los derechos humanos en casi todas las áreas dejadas por la FARC.

Por lo tanto, existe una gran necesidad de pensar más en cómo la inclusión económica puede ser dinamizada por parte del Estado en las comunidades que viven en donde predominan las economías ilícitas.

Sector Privado y otros sectores

El Acuerdo Final con las FARC se concentra principalmente en los deberes y obligaciones del Estado, pero hay un sector privado en Colombia que es pujante y que actualmente no es parte de la solución. En mi opinión, debería ser parte de la solución.
Hasta este momento el Gobierno habla de participación de sector privado, pero este queda más en planes que en acciones.

Las iglesias y empresas y otras entidades podrían acoger comunidades y fortalecerlas para superar el flagelo de las economías ilícitas y lograr su inclusión económica. Las mismas comunidades y sus líderes son emprendedores con muchas ideas de cómo transformar sus regiones y salir de esa realidad trágica que hoy enfrentan. Como resultado habría mayores trasformaciones para el sector rural y su economía, esto conllevaría sin lugar a duda, a una mayor protección para sus líderes y lideresas defensores de los derechos humanos en lo rural.

Hay mucho potencial en Colombia, pero si no se crea inclusión económica, social y política para las comunidades en las cuales tuvo presencia las FARC, y no hay una respuesta cada día más contundente e integral, lamentablemente el Estado nunca podrá prevenir las muertes de estas personas.

El 28% de los defensores de DD. HH. asesinados durante 2016 eran colombianos

Por Carlos Hernán Montoya Suárez - IPC.

El reciente informe del movimiento Amnistía Internacional sobre la condición de los derechos humanos en el mundo señala que Colombia continúa con una grave crisis humanitaria que afecta a los defensores de DD. HH.

De hecho,  aquel presenta un dato contundente que preocupa en el actual escenario de  implementación de los acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP: 281[1] defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo durante 2016; y de ellos, 80[2] eran colombianos, es decir casi el 28%.

En relación con el continente americano, en este se presentaron 217 asesinatos que representan el 77% de este tipo de asesinatos en el mundo. En este contexto, Colombia lidera la lista de países en el continente con el 36% de total de las muertes de líderes en la región. Esto demuestra que ser defensor de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo.

La muerte de defensores de derechos humanos afecta la implementación de los acuerdos de Paz de La Habana sobre Participación Política  

Según denuncias de varias organizaciones sociales, los homicidios de los 80 defensores de derechos humanos en el país se deberían al interés de grupos paramilitares de tomarse los antiguos territorios donde estaba presente la guerrilla de las FARC-EP.

Cabe resaltar que en algunos de esos territorios hay registros de cultivos ilícitos o existen iniciativas campesinas de conformar zonas de reserva campesina. Adicionalmente está el interés de esos grupos ilegales de seguir impidiendo la restitución de tierras en zonas en las cuales ya tienen presencia, pues el despojo del territorio sigue siendo su estrategia para mantener el poder.

Otro dato para tener en cuenta es que los homicidios de defensores de DD. HH. se perpetraron en zonas donde posiblemente se habilitarán las circunscripciones especiales de paz –que están incluidas en los acuerdos de La Habana–, si se acoge la propuesta presentada inicialmente por Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral.[3]

En relación con Antioquia, diez de los trece asesinatos de líderes defensores de derechos humanos en el departamento ocurrieron en municipios de subregiones donde, según la propuesta del magistrado, se podrían habilitar circunscripciones especiales de paz.

Subregión de Antioquia	Número de defensores de DD. HH. asesinados	Hace parte de la propuesta de circunscripciones especiales de paz
Bajo Cauca	5	Sí
Norte	2	Sí
Nordeste	2	Sí
Urabá	1	Sí
Valle de Aburrá	2	No
Occidente	1	No
Total	13

Fuente: Datos tomados del informe Somos Defensores 2016

Esta es la propuesta de ubicación de las circunscripciones especiales de paz presentada por el magistrado:

Imagen tomada de www.semana.com

El informe de Amnistía también afirma que Colombia está entre los países americanos[4] donde se presenta mayor impunidad en los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos.

Por este motivo, durante la instalación del Comité de Garantías de Seguridad –acordado entre el Gobierno y las FARC–, que tuvo lugar el pasado 23 de febrero en Popayán, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que ese mecanismo buscará “prevenir y esclarecer las amenazas y las conductas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos”, para impedir “que se repitan tragedias como la que ocurrió con la Unión Patriótica en los años 80 y 90”[5].

El cumplimiento de esta afirmación del presidente Santos dependerá, en gran parte, de que el estado no solo garantice la vida de los líderes sociales, sino que igualmente permita cambiar el contexto actual de la población que habita en las zonas más afectadas por el conflicto, donde el miedo a participar en política es constante.

Lograr lo anterior representa un primer avance para que Colombia no solo deje de encabezar los listados mundiales de países con el mayor número de violaciones a los derechos humanos sino que, también, permita aparecer en escenarios públicos a nuevas caras de la política que vienen a representar a las voces que nunca han sido escuchadas en el Congreso de la República.

* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).

---

[1] Américas: Políticas de odio causan retroceso histórico para los derechos humanos. Febrero 22 de 2017. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/02/americas-politicas-de-odio-causan-retroceso-historico-para-los-derechos-humanos/

[2] Informe Anual 2016 Sistema de Información sobre agresiones contra defensores de los derechos humanos en Colombia. Programa Somos Defensores.

[3] Trece curules para la paz. Junio 28 de 2016. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-proponen-curules-para-implementar-acuerdo-de-paz-con-las-farc/479743

[4] Informe 2016 Amnistía Internacional. Situación de los derechos humanos en el mundo. Pag 32.

[5] Comité velará por seguridad de líderes. Febrero 24 de 2017. Para visualizar la nota visitar el siguiente link: http://www.elcolombiano.com/colombia/comite-velara-por-seguridad-de-lideres-YY6023265

Continúa el Terrorismo de Estado

Allende La Paz, Cambio Total.

Continúa el Terrorismo de Estado en Colombia. El Informe ‘¿Éste es el fin?’, elaborado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, de la organización Programa Somos Defensores, nos muestra que en los primeros seis meses de 2016, en Colombia, cada dos días fueron agredidos dos defensores de derechos humanos, y cada cinco fue asesinado uno. A esta conclusión llegó dicho informe.

Lo cual nos evidencia que el Terrorismo de Estado continúa paseándose por todo el territorio nacional. Y lo hace por parte de las fuerzas militares-narcoparamilitares estatales. Las tozudas cifras nos lo muestran.

Según el informe, “en el primer semestre del año se registraron 314 agresiones, 35 de ellas culminaron en asesinatos, lo que representa un incremento del 3 por ciento con respecto al mismo período en 2015.

Asimismo, se conoció que unas 232, quedaron solo en amenazas, una disminución del 41 por ciento. Unas 21 agresiones se materializaron en atentados y se presentaron 13 detenciones arbitrarias, nueve casos de uso arbitrario del sistema penal, tres robos de información y un desaparecido.

En la mayoría de los casos, los presuntos responsables son: grupos paramilitares (con un 68 por ciento de participación), grupos desconocidos (con un 22) y agentes estatales (con un 10). Todos los presuntos responsables disminuyeron sus porcentajes de participación, menos las fuerzas de seguridad del Estado, que elevaron su participación de un 5 por ciento en 2015 (con 19 casos de agresión a defensores) a un 10 por ciento en 2016 (32 casos)”.

Éste Informe reitera que el Terrorismo de Estado continúa ya que la participación de la herramienta narco-paramilitar sigue anegando en sangre nuestra matria (contrario a patria). Las fuerzas de seguridad estatales continúan asesinando los líderes populares –en éste caso los defensores de derechos humanos- y la tendencia demuestra que incrementarán su terrorismo.

Esta cruda realidad es especialmente preocupante por cuanto está el Estado ad portas de firmar un Acuerdo de Paz con las guerrillas de las FARC-EP. Es ésta realidad la que quiere el Estado mostrar a las FARC-EP? Le están notificando a las FARC-EP que su destino será igual o peor al de la Unión Patriótica (U.P.)?

http://cambiototal-terrorismodeestado.blogspot.se/2016/08/cada-5-dias-es-asesinado-un-activista.html 

¿ESTE ES EL FIN? Informe semestral 2016- I del programa Somos Defensores

Programa Somos Defensores

El informe puede ser descargado del siguiente link: www.somosdefensores.org/attachments/article/140/este-es-el-fin-informe-semestral-2016.pdf

El pasado 22 de junio de 2016, Colombia fue testigo de un día histórico. Mediante el comunicado No. 75 desde La Habana – Cuba, la guerrilla más antigua del mundo (FARC – EP) y el Gobierno de Colombia firmaron el cese indefinido de las hostilidades, lo que en los medios de comunicación y por la voz del propio Presidente de la República se conocería como “El último día de la guerra” . La gran mayoría de la población civil y por supuesto los defensores y defensoras de derechos humanos se llenaron de júbilo y esperanza con tan magno anuncio; sin embargo la aseveración de que este sería el último día de la guerra, está lejos de ser completamente cierta; tanto es así que la comunidad de defensores se pregunta, en verdad ¿Este es el fin de la guerra? y por ende ¿es el fin de la violencia contra los defensores(as)?

Y es que el semestre anterior dejó bastantes dudas sobre los cambios reales en la violencia contra activistas de derechos humanos. Entre enero y junio de 2016, fueron registradas 314 agresiones individuales contra defensores(as), discriminadas en 232 amenazas (disminución de 41%), 35 asesinatos (incremento del 3%), 21 atentados, 13 detenciones arbitrarias, 9 casos de uso arbitrario del sistema penal, 3 de robos de información y un desaparecido; en conclusión bajaron las cifras de amenaza y atentado pero el resto se incrementaron.

Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH, en la mayoría de los casos los presuntos responsables señalan a grupos Paramilitares con un 68%, mientras el 22% corresponde a Desconocidos y  10% a agentes estatales (PONAL, FF.MM, C.T.I., otros). Las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en 2 casos Es importante mencionar que todos los presuntos responsables disminuyeron en sus porcentajes de participación, menos las fuerzas de seguridad del Estado que por el contrario subieron en su presunta responsabilidad: pasaron de 5% en 2015 (19 casos) al 10% en 2016 (32 casos).

Los homicidios presentaron un incremento del 3%, pasando de 34 homicidios en 2015 a 35 en el presente año. De los 35 asesinatos, el 91% correspondieron a hombres y el 9% a mujeres. Cauca y Antioquia son los departamentos que registran mayor número de defensores asesinados con 7 líderes cada uno. De estos 34 homicidios, en 6 de ellos las fuentes consultadas confirman que, los defensores habían denunciado amenazas antes su asesinato. Se debe señalar que en muchos casos de homicidio, familiares o amigos de los defensores(as) siguen siendo agredidos en estos hechos saliendo heridos o incluso muertos; esta misma situación fue detectada en los análisis de los años desde hace 4 años.

En promedio, entre enero y junio de 2016, cada día fueron agredidos 2 defensores(as) y cada 5 días fue asesinado uno(a) de ellos(as). El informe también señala que de las 314 agresiones individuales registradas en el SIADDHH, los departamentos que cuentan con mayor número de casos son Bogotá , Valle del Cauca, Cauca, Santander, Antioquia, Atlántico y Córdoba.

Las cifras y análisis completos del Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH para el periodo enero – junio 2016 y otros periodos pueden ser consultados en www.somosdefensores.org