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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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"No queremos que ocurra de nuevo lo de la Unión Patriótica": Romaña

Revista Semana.
El asesinato de Luis Alberto Ortiz prendió las alarmas en la Comisión de Garantías de la que poco se escucha hablar. Semana.com habló con el jefe guerrillero sobre lo que pasó y el plan piloto en "Tumaco y Buenaventura para desarticular el paramilitarismo".
Semana.com.: Usted está al frente de la zona veredal que hay en Tumaco, ¿qué se sabe del asesinato que ocurrió la semana pasada?
Edison Romaña.: En el 2012 Luis Alberto, Pepe como le decíamos de cariño, llegó a la milicia. Él cayó preso en el 2015 y salió por ley de amnistía e indulto hace poco más de 20 días. Una vez quedó libre se presentó al campamento en la zona veredal. Ahí quedó el registro como integrante de nuestro movimiento pero como no tiene problemas con la ley -porque ya pagó su condena- se fue para donde su familia a visitarlos. Allí en la vereda la Guayacana (Tumaco) el pasado 16 de abril recibió en la noche tres impactos de bala.
Semana.com.: ¿Luis Alberto tenía en mente volver a la zona veredal o pensaba quedarse definitivamente con su familia?
E. R.: Él hacía parte de nuestra organización y había solicitado un permiso solamente para poder visitar a sus padres, su mujer y sus hijos. Cuando estaba alistándose para volver a la zona veredal para darle continuidad a su proceso de reincorporación a la vida civil y la conformación del nuevo partido ocurrieron los hechos.
Semana.com.: ¿Había recibido alguna amenaza? ¿Se sospecha quién puede estar detrás del asesinato?
E. R.: No valdría la pena mencionarlo porque el Gobierno, la Policía y la Armada Nacional conocen lo que está pasando aquí. Desde hace más de seis meses hemos denunciado la presencia de paramilitares al servicio del narcotráfico. Los Úsuga y las Águilas Negras en complicidad con la pobreza y la falta de educación e inversión. Hay mucha gente que fácilmente puede ser reclutada por la mafia y los grupos paramilitares. Hemos dicho insistentemente que hace falta voluntad política para solucionar el fenómeno tan complejo que se vive en Tumaco.
Semana.com.: ¿Si los hechos ocurrieron el 16 de abril por qué se demoran tanto en dar aviso? ¿Cómo se enteran y a quién le informan?
E. R.: Nos enteramos por información de la comunidad que gozaba de las garantías del movimiento guerrillero. Es decir, las que tienen que ver con seguridad y normas de convivencia. Fueron ellos los que vinieron y avisaron. Nosotros inmediatamente mandamos a confirmar si el caso era cierto. Cuando nos dimos cuenta que era Pepe nos pusimos en contacto con el Estado Mayor Central para que nos orientaran. Se ordenó hacer un primer comunicado que se emitió desde la zona veredal Ariel Aldana y al día siguiente el Secretariado emitió otro. También se le informó a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
Semana.com.: ¿Hubo respuesta? ¿Se reforzó la seguridad en la zona?
E. R.: No ha habido ninguna clase de medidas fuera del pronunciamiento del fiscal Néstor Humberto Martínez, el apoyo de varias organizaciones y las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que manifestó que se iban a tomar cartas en el asunto. De resto no se ha tomado ninguna medida que tenga que ver con el hecho. El problema es que en Tumaco se reúnen todas las contradicciones del país: narcotráfico, desplazamiento, víctimas, paramilitarismo y la delincuencia. Para poner un ejemplo, basta conocer que en el 2017 han asesinado a 140 personas. Incluso en la misma vereda donde mataron a Pepe han muerto ocho de ellas. La dimensión de lo que acá se presenta es muy compleja y pese a las advertencias nada que se toman correctivos.
Semana.com.: Cuéntenos un poco más de Luis Alberto, ¿a qué se dedicaba en la organización?
E. R.: Él tenía 26 años y era muy querido por la gente del movimiento. Acá en el campamento hay mucha nostalgia y preocupación porque el compartió durante varios años con todos los que están acá. Dejó dos hijos. Era mestizo, nació en la misma vereda donde lo asesinaron, aunque también era de un resguardo indígena de la Guayacana llamado El Gran Rosario.
Semana.com.: ¿Alientan este tipo de hechos más disidencias?
E. R.: No sólo este tipo de hechos sino la dilación de los acuerdos. Es decir, la incertidumbre del incumplimiento de todo lo que se pactó. Un ejemplo es el informe que presentó la ONU, ahí quedó claro que el Gobierno no estaba preparado para la implementación de los acuerdos y un proceso de paz de estas magnitudes. Ese tipo de cosas hace que se caiga el ánimo en los guerrilleros y milicianos. Es que no se justifica que en todo este proceso en el que hemos mostrado voluntad se presenten estas problemáticas tan graves. 
Semana.com.: ¿Hay temor de que se repita el exterminio de la Unión Patriótica? ¿En qué quedó la Comisión de Garantías de Seguridad?
E. R.: Sí, es una preocupación generalizada al interior del movimiento guerrillero. Por eso es que le hemos exigido al Gobierno que cumpla con lo que se pactó. Lo que se firmó es para cumplirlo y lo que ocurrió con Pepe es una alerta que obliga a implementar todo lo que tiene que ver con Garantías de Seguridad. Uno de los compromisos, por ejemplo, es que Buenaventura y Tumaco se conviertan en el plan piloto de la desarticulación del paramilitarismo. No queremos que ocurra de nuevo lo que pasó con la Unión Patriótica y por eso estamos en contacto con autoridades nacionales e internacionales para que se tomen correctivos.
Semana.com.: ¿Hay más guerrilleros amnistiados en la zona veredal de Tumaco?
E. R.: Se ha dicho que todos los cobijados con la Ley de Amnistía irán a cuatro zonas veredales y luego del proceso llegan a su territorio. Es difícil calcular en este momento cuántos son pero se calcula que entre unos 150 o 200 unidades tienen que llegar acá. Incluso la semana pasado salieron dos que ya vienen. Todos tienen mucha preocupación de visitar a su familia y por eso han planteado que mejor se vienen para la zona veredal y que ellos vengan a visitarlos.
Semana.com.: El Gobierno se comprometió a entregar las zonas veredales listas en abril. La de Tumaco era una de las más retrasadas, ¿en qué condición está?
E. R.: Con la de acá hubo muchas controversias. Se dijo que no dejábamos construir, ni entrar la maquinaria. Sin embargo, lo que expliqué es que los contratos se le habían dado a una gente que no sabía qué era un bulto de cemento o cómo hacer una columna. Posteriormente se hizo una reunión con Carlos Córdoba y se ha venido avanzando junto con la guerrillerada que viene trabajando con los obreros. Sin embargo, aquí la obra va en un 40 %. Se está trabajando día y noche, avanza lento pero avanza.
Semana.com.: La semana pasada se habló de una caleta que encontró el Ejército y que pertenecería a las FARC, ¿qué sabe de ella?
E. R.: En la medida que no entiendan que el proceso es para la sociedad y que no podemos seguir viéndonos como enemigos ese tipo de cosas van a pasar. Eso es nada más y nada menos que un falso positivo. No tiene sentido que si estamos dejando las armas y se entrega el material inestable ellos desarrollen operaciones en las zonas que nosotros hemos abandonado. No tiene sentido y no ayuda en la confianza. Como es sabido nosotros ya entregamos 900 coordenadas al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para adelantar el proceso de dejación. Esto no nos sorprende porque hay muchos sectores interesados en dañar el proceso de paz.

Intervención de Marcha Patriótica ante la CIDH

Washington, D.C., 21 de marzo de 2017

Señora Vice Presidenta, Comisionadas, Comisionados y Secretario Ejecutivo.
Señoras y señores de la delegación del Estado.
Participantes y asistentes de la Sociedad Civil 
Marcha Patriótica, es un movimiento político y social que emerge en medio del conflicto social armado y busca una solución política al mismo, la desmilitarización y democratización de  la vida civil  y la política colombiana. Reúne más 1500 organizaciones campesinas, indígenas, afro descendientes, de mujeres, estudiantiles, juveniles, obreras y cívicas y de sectores diversos. Al centro de nuestro ideario esta la búsqueda de la paz con justicia social y el ejercicio de la defensa integral de los derechos humanos. 
Por nuestro ideario y acción política, desde nuestra aparición, hemos sido objeto de ataques sistemáticos y generalizados por parte de grupos paramilitares, servidores públicos e integrantes de la Fuerza Pública, lo que nos ha permitido identificar los siguientes patrones de persecución en contra de nuestro Movimiento: 
a. El lenguaje estigmatizador y el uso de medios de comunicación masivos para criminalizar al proceso organizativo. 
Acciones que han sido ejecutadas por personas del establecimiento y altos funcionarios del Estado, lo que es gravísimo, porque el fin no es otro que causar daño al colectivo. Más grave aún, son sus consecuencias, pues coloca a Marcha al margen de la ley y pretende justificar y legitimar la violencia.  
b. Homicidios, atentados, torturas y desapariciones forzadas de dirigentes locales y regionales. 
Entre el 8 de septiembre de 2011 y el 5 de marzo de 2017, 133 miembros de MAPA han sido asesinados de los cuales 13 fueron mujeres y 120 hombres.
Hechos que han sido perpetrados por Grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, cumpliendo lo que sin duda es un plan nacional. Ocurrieron en zonas de conflicto armado, en ataques indiscriminados, en el marco de la represión a protestas sociales, bajo la modalidad mal denominada de falsos positivos, simulando enfrentamientos con la guerrilla y/o en el marco de detenciones previas. 
Vale la pena destacar que en 2016, se presentaron 116 homicidios de líderes sociales y defensor@s de Derechos Humanos en Colombia, de los cuales 23 eran integrantes de marcha patriótica. En el año 2017, se han presentado 31 homicidios de los cuales 6 eran integrantes de marcha patriótica. Igualmente de los 37 atentados que se presentaron en el año 2016, 9 se cometieron en contra  miembros de nuestro movimiento político y social. .
La defensoría del pueblo recientemente señalo que "en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, ha registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones".
c. Amenaza directa individual y colectiva por parte de grupos militares y paramilitares a líderes y organizaciones. 
En el año el año 2016 se presentaron 517 amenazas individuales y colectivas de líderes sociales y defensor@s deDerechos Humanos.
d. Allanamientos arbitrarios, seguimientos y los robos de información sensible. 
e. Detenciones arbitrarias y judicializaciones a integrantes de Marcha. 
Son varias las modalidades empleadas: capturas con o sin orden judicial, allanamientos de los lugares de trabajo o vivienda, en el marco de protestas sociales, de operativos militares y/o policiales y de combates con la insurgencia armada, entre otras. Las acusaciones se hacen bajo el supuesto de la comisión de delitos de rebelión, terrorismo y conexos. Algunos de nuestros compañeros aun están vinculados a procesos judiciales, recluidos en centros penitenciarios, en detención domiciliaria y/o libertad condicional y por lo menos 15 han sido absueltos de los cargos que les han sido imputados después de pasar años enteros  tras las rejas.
f. Los intentos institucionales por acabar con la vida política de nuestros voceros nacionales Huber Ballesteros, Carlos Lozano Guillen, David Flórez, Andrés Elías Gil Gutiérrez y Piedad Córdoba Ruiz, a través de montajes judiciales y/o procesos disciplinarios parcializados.
Algunos impactos psicosociales.
• El etiquetamiento está vinculado a la psicología de la guerra y logra que personas u otros colectivos rechacen la incorporación a Marcha. 
• Los asesinatos, ataques armados y amenazas de muerte de líderes debilitan la base social, instalan desconfianza y generan dificultad para que otros integrantes quieran asumir el liderazgo, o, lleva a que otras personas que ejercen liderazgo busquen abandonar esa responsabilidad.
• Las detenciones, en numerosas ocasiones, vienen acompañadas de un impacto negativo por parte de los medios de comunicación, mostrando a las personas como importantes responsables de la estructura de la guerrilla.
La respuesta del Estado y su responsabilidad
De la respuesta ofrecida por la Fiscalía, se desprende: que las violaciones continúan sin ser investigadas bajo el carácter de sistematicidad; que un solo asesinato (William Castillo Chima) se relacionó con su actividad de defensor de derechos humanos; y que el 92% de los asesinatos continúa en la impunidad.
La Procuraduría General de la Nación, en su respuesta dijo: "En conclusión, el balance a nivel nacional determina que solo hay dos casos activos con indagación preliminar relacionados con el MAPA..." 
Por todo lo anterior consideramos que el Estado es responsable:
a. Porque las labores iniciales de estigmatización provinieron de altos funcionarios del Estado, incluidos el Presidente de la República, y el ministerio de Defensa 
b. Porque agentes de la Fuerza Pública y de la Fiscalía han participado respectivamente en varios de los crímenes y hechos represivos ilegales e infundados, de los que hemos sido objeto;  
c. Porque estando al corriente del terrible impacto de  los asesinatos y demás agresiones, no adelantó medidas de prevención efectivas y las adoptadas no han sido eficaces para impedir que continúen;
d. Porque si bien ha iniciado investigaciones, se adelantan como hechos inconexos, no reconocen las características de generalidad y sistematicidad que la persecución reviste, no han sido eficaces y no han sancionado a los responsables de los delitos. 
Colombia, en el caso de Marcha Patriótica viola integralmente derechos protegidos por la Convención, ha incumplido obligaciones internacionales, derivadas de ese y otros tratados interamericanos.
Ante el exterminio en curso y por considerar agotados los recursos internos, en breve Marcha Patriótica acudirá a la Comisión, a presentar una petición por escrito y con las formalidades requeridas en el marco de las previsiones de los artículos 33, 41 inciso f) y 44 de la Convención. 
Entre tanto y al amparo del artículo 1 de la Convención y el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, ruega la declaratoria urgente a nuestro favor de medidas cautelares de protección y para ese efecto deposita ante el Señor Secretario Ejecutivo el documento de solicitud correspondiente.
Marietta Toro Zuluaga
Comisión de Relaciones Internacionales
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

Genocidio de la U.P. orquestado desde el Estado

Allende La Paz, Cambio Total.

“El Estado no hizo lo suficiente para impeder la tragedia de la UP” http://www.semana.com/nacion/articulo/juan-manuel-santos-exterminio-de-union-patriotica-no-se-repetira/493855 , ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en el acto en la Casa de Nariño del reconocimiento de la responsabilidad estatal en el genocidio de la U.P.

Por enésima vez tenemos que corregir al presidente, lamentablemente. No es que el Estado no hizo lo suficiente, es que no hizo NADA ya que era un Plan diseñado desde el mismo Estado. Todos los funcionarios del Estado no hicieron nada por evitar o parar el genocidio ya que éste nació en la entraña misma del Estado.

Todos esos funcionarios, desde presidencia, pasando por los militares –brazo ejecutor que actuó en contubernio impúdico con los narco-paramilitares-; siguiendo por los organismos de polícía secreta –DAS, F-2, etc-; el congreso, los alcades y legislativo regional, hasta los inspectores de policía, todos, en mayor o menor medida, actuaron coligados para que el Plan de Exterminio de la U.P. se cumpliera a cabalidad.

Los partidos burgueses –liberal y conservador-, grandes beneficiarios del exterminio, actuaron activamente en la concreción del Plan. O es que no se acuerdan de César Pérez García y la Masacre de Segovia. O es que no se acuerdan cuando iban los políticos liberales o conservadores a las brigadas y batallones a ofrecer “información” sobre los miembros de la U.P. en tal o cual zona con el embeleco de que estaba “infestada” de guerrilla de las FARC.

Las FARC envió unos representantes a la U.P., mas cuando se dieron cuenta del Plan de exterminio recogieron sus cuadros politicos y denunciaron la existencia del macabro Plan solicitando protección para la U.P. Esta denuncia cayó en oídos sordos y el Plan “Baile Rojo” continuó su danza macabra.

Uno a uno, a veces en masacres, fueron cayendo los líderes de la U.P. Leonardo Posada, el negro, Representante a la Cámara por la U.P., fue la primera víctima. El resto es historia conocida. Se atrevieron hasta a asesinar a los 2 candidatos presidenciales de la U.P. Jaime Pardo Leal el primero y posteriormente a su succesor Bernardo Jaramillo Osa. Iban matando los congresistas de la U.P., al tiempo sembraban el terror, un Terrorismo de Estado, en las zonas en donde la U.P. tenía influencia.

En Puerto Boyacá, en donde la U.P. tuvo influencia los militares encabezados por el general Farouk Janine Díaz en contubernio impúdico con las bandas de narcotraficantes re-creó ese monstruo asesino de las bandas narco-paramilitares (MAS, etc) que dieron en llamarse Autodefensas, las cuales llegaron al máximo con la conformación de las AUC de los hermanos Castaño.

Mas el genocidio de la U.P. es apenas parte del Plan de exterminio de todos aquellos que pensaran diferente al pensamiento homogenizador que prevalecía –y prevalence aún- en los centros de poder de la élite oligárquica-terrateniente-ganadera. Así han bañado en sangre el territorio patrio.

82% de responsabilidad estatal en masacres, 82,3% en asesinatos selectivos, 97,7% en desapariciones forzadas, son muestra que desde el Estado se agenció la política de Terrorismo de Estado, bajo al amparo de la progringa Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). El CMHN compila 220.000 víctimas mortales, nosotros en nuestras cuentas compilamos casi 1 millón de víctimas. El horror es mucho mayor de lo que las cifras oficiales hablan.

Hoy, ante la reconfirmación del Acuerdo Final para el cese del Conflicto Armado en Cartagena, los asesinatos continúan. 13 líderes populares han sido asesinados desde la firma del Acuerdo en La Habana sin que la Fiscalía haya movido un dedo para dar con los culpables. Igual actitud tuvieron durante el genocidio de la U.P.


Será esa la forma de acabar con las FARC? Es hasta maquiavélico pensarlo...

Día histórico de reconocimiento a la UNIÓN PATRIÓTICA y sus víctimas

“Así empezó el exterminio de la Unión Patriótica”


“Así empezó el exterminio de la Unión Patriótica” Foto: Archivo SEMANA
Piedad Córdoba inscribió cuatro comités para promover el Sí en el plebiscito y se pronunció sobre los 13 líderes sociales asesinados después de la firma del acuerdo de paz con las FARC.
Desde el pasado 30 de agosto, cuando comenzó en firme la campaña política por el plebiscito, a la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, han llegado decenas de ciudadanos y dirigentes políticos para inscribir sus respectivos comités con el propósito de promover el voto en el plebiscito. Lo han hecho en medio de fiesta y algarabía, como suele suceder en estos actos de campaña.
En la tarde de este martes le llegó el turno a Piedad Córdoba, a quien el país reconoce sus esfuerzos por la paz a pesar de que su figura despierte odios y amores por igual. La excongresista inscribió cuatro comités, entre ellos el del ‘Frente Amplio por la paz’, el de su colectivo ‘Colombianos y colombianas por la paz’, y el de la iniciativa ‘La paz sea contigo’. No hubo fiesta, ni globos de colores, ni consignas de sus simpatizantes. Piedad, el día de la inscripción de sus grupos por el Sí en el plebiscito, no estaba con el ánimo para echar cohetes al aire.
La inscripción de la excongresista ocurrió el mismo día en que se conoció que 13 líderes sociales y reclamantes de tierras han sido asesinados en apenas 20 días, es decir, en las tres semanas posteriores a que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo definitivo para poner fin al conflicto armado.
“Estamos demasiado preocupados”, dijo Córdoba a propósito de la situación. “Supuestamente el Gobierno había hecho un esfuerzo muy importante para acabar el paramilitarismo, pero lo que estamos viendo es todo lo contrario”. 
Según la congresista, asesinatos como el de Cecilia, la líder indígena de Corinto (Cauca), propietaria de un  predio donde se instalará una de las zonas veredales de concentración de tropas guerrilleras para su tránsito a la civilidad, se suman a las denuncias sobre presuntos desplazamientos de campesinos en el sur del país, que han coincidido con la instalación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), en desarrollo de una ley aprobada por el Congreso.
“Desde la semana pasada le estamos pidiendo al Gobierno que tome las acciones necesarias porque así, con asesinatos selectivos, comenzó el exterminio de la Unión Patriótica”. Y agregó: “Si no se pone atención y no se detiene el exterminio de los líderes sociales, va a ser muy difícil construir la paz”.
Frente al plebiscito, Piedad Córdoba se mostró bastante optimista de la victoria del Sí en las urnas. Incluso se atrevió a calcular que los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC serán refrendados con el voto de no menos de 10 millones de colombianos.
Tras inscribir sus comités de campaña, la excongresista calificó como un gesto positivo el encuentro que el expresidente Andrés Pastrana, uno de los promotores del No, quiere sostener con el comandante de las FARC, ‘Timoleón Jiménez‘. “Sería positivo que el comandante ‘Timoleón‘ le explique, por si no los ha leído, los puntos álgidos del acuerdo y coadyuve a que impulse el Sí al plebiscito”.

Renace la Esperanza - Canción Unión Patriótica

Unión Patriótica denuncia agresión policial en su sede de Bogotá

Derechos de la oposición

El celador fue agredido por la Policía, según Aída Avella.
Por: Elespectador.com
La Unión Patriótica denunció este miércoles una agresión por parte de la Policía Nacional en la sede política del movimiento.

En Blu Radio, Aída Avella, líder de la UP, denunció que el lunes 20 de enero oficiales de la policía, adscritos a la estación Nº13 de la localidad de Teusaquillo, ingresaron de manera ilegal a la sede política de la UP, cuando el vigilante Omar Bustos se encontraba en la puerta al advertir la presencia de dos hombres que merodeaban la casa.

Los agentes procedieron a requisarlo y bajo el argumento de porte ilegal de un arma de fuego, procedieron a detenerlo. Luego de recorrer la casa, llegando hasta el segundo piso, lo condujeron al Caí de Teusaquillo donde fue maltratado verbalmente por trabajar para el Partido Comunista y la Unión Patriótica. “Debería darle por comunista”, le dijeron los agentes, según Avella.

Bustos notificó a un abogado del partido sobre los hechos y éste acude de inmediato. Su presencia molesta a los agentes, quienes, bajo la orientación del patrullero César Acosta, conducen Omar Bustos a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata –URI- de la localidad de Puente Aranda, donde es llevado a una celda, esposado junto a algunos indigentes y es golpeado en reiteradas ocasiones en el estómago y en los testículos, ‘por comunista’ según le dicen los miembros de la Policía.

Bustos pudo identificar al patrullero Cesar Acosta, como uno de sus agresores, quien lo golpeó por ser “de ese Partido Comunista”. En las horas de la tarde Omar Bustos, es puesto a disposición del juez 38 penal municipal con función y control de garantías, quien a solicitud de la defensa y la fiscalía, decide no imponer medida de aseguramiento en contra de detenido.

Al finalizar la audiencia, ordena al patrullero Andrés Hernández Aguilar, acompañar al señor BUSTOS para efectuar el registro de salida.

Con engaños el oficial Hernández Aguilar le dice que debe firmar su boleta de salida y presentarla en el primer piso, donde nuevamente es agredido por el oficial David Monsalve y otros dos oficiales que lo encierran en una celda de la UPJ e intentan romperle su boleta de libertad.

Medicina Legal reconoce las heridas que presenta Omar Bustos y le ordena 6 días de incapacidad.

La Unión Patriótica exigió que este caso sea investigado, que los responsables de estas agresiones sean sancionados y que se garantice la vida e integridad del señor Omar Bustos.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/union-patriotica-denuncia-agresion-policial-su-sede-de-articulo-470135 

Ante falta de garantías UP pide veeduría internacional

Vamos por La Paz y la Democracia


Indignados e indignadas.-Vamos por la paz y la democracia En defensa de Bogotá Humana
Por: Ciudadanos (as) de Bogotá
¡A la calle el 10 de enero¡

 
Parque Nacional - Plaza de Bolívar 4.00 p.m.

 
Ciudadanos y ciudadanas, en Bogotá y en todo el país, nos autoconvocamos a expresar la profunda indignación que sentimos por los atentados a la paz, la democracia y el Estado de derecho. 

 
Jueves, 09 Enero 2014 19:33
¿Cuál es el futuro de la izquierda en Colombia?
Por: Aída Avella
Dirigentes políticos analizan cuál es el futuro de la izquierda en Colombia en las próximas elecciones presidenciales y legislativas.


La izquierda en Colombia tiene una tarea colosal. Reconstruir el país para garantizar la paz y la justicia social verdadera a las nuevas generaciones. Volver legítimo un estado que a través de la corrupción, la violencia, la asfixia de la participación ciudadana y del apropiamiento del poder lo han deslegitimado. Un estado en poder de unas elites negligentes que solo se ha interesado en aumentar su riqueza personal.

Viernes, 10 Enero 2014 15:57

U.P.: Sin democracia no habrá Paz

Aída Avella, candidata presidencial, y la dirección nacional y distrital de la up,convocan a afiliadas(os)y amigas (os)a marchar por la paz y la democracia.



La columna de la UP estará encabezada por la compañera Aída Avella, candidata presidencial, y los compañeros Carlos Lozano, Jaime Caycedo voceros de la UP en las listas al Senado y a la Cámara de Representantes.


Viernes - 10 de enero


4.00 p.m.


Parque nacional


Aída Abella anuncia su apoyo a las protestas a favor de Petro

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