Revista Semana.
El asesinato de Luis Alberto Ortiz prendió las alarmas en la Comisión de Garantías de la que poco se escucha hablar. Semana.com habló con el jefe guerrillero sobre lo que pasó y el plan piloto en "Tumaco y Buenaventura para desarticular el paramilitarismo".
Semana.com.: Usted está al frente de la zona veredal que hay en Tumaco, ¿qué se sabe del asesinato que ocurrió la semana pasada?
Edison Romaña.: En el 2012 Luis Alberto, Pepe como le decíamos de cariño, llegó a la milicia. Él cayó preso en el 2015 y salió por ley de amnistía e indulto hace poco más de 20 días. Una vez quedó libre se presentó al campamento en la zona veredal. Ahí quedó el registro como integrante de nuestro movimiento pero como no tiene problemas con la ley -porque ya pagó su condena- se fue para donde su familia a visitarlos. Allí en la vereda la Guayacana (Tumaco) el pasado 16 de abril recibió en la noche tres impactos de bala.
Semana.com.: ¿Luis Alberto tenía en mente volver a la zona veredal o pensaba quedarse definitivamente con su familia?
E. R.: Él hacía parte de nuestra organización y había solicitado un permiso solamente para poder visitar a sus padres, su mujer y sus hijos. Cuando estaba alistándose para volver a la zona veredal para darle continuidad a su proceso de reincorporación a la vida civil y la conformación del nuevo partido ocurrieron los hechos.
Semana.com.: ¿Había recibido alguna amenaza? ¿Se sospecha quién puede estar detrás del asesinato?
E. R.: No valdría la pena mencionarlo porque el Gobierno, la Policía y la Armada Nacional conocen lo que está pasando aquí. Desde hace más de seis meses hemos denunciado la presencia de paramilitares al servicio del narcotráfico. Los Úsuga y las Águilas Negras en complicidad con la pobreza y la falta de educación e inversión. Hay mucha gente que fácilmente puede ser reclutada por la mafia y los grupos paramilitares. Hemos dicho insistentemente que hace falta voluntad política para solucionar el fenómeno tan complejo que se vive en Tumaco.
Semana.com.: ¿Si los hechos ocurrieron el 16 de abril por qué se demoran tanto en dar aviso? ¿Cómo se enteran y a quién le informan?
E. R.: Nos enteramos por información de la comunidad que gozaba de las garantías del movimiento guerrillero. Es decir, las que tienen que ver con seguridad y normas de convivencia. Fueron ellos los que vinieron y avisaron. Nosotros inmediatamente mandamos a confirmar si el caso era cierto. Cuando nos dimos cuenta que era Pepe nos pusimos en contacto con el Estado Mayor Central para que nos orientaran. Se ordenó hacer un primer comunicado que se emitió desde la zona veredal Ariel Aldana y al día siguiente el Secretariado emitió otro. También se le informó a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
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Semana.com.: ¿Hubo respuesta? ¿Se reforzó la seguridad en la zona?
E. R.: No ha habido ninguna clase de medidas fuera del pronunciamiento del fiscal Néstor Humberto Martínez, el apoyo de varias organizaciones y las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que manifestó que se iban a tomar cartas en el asunto. De resto no se ha tomado ninguna medida que tenga que ver con el hecho. El problema es que en Tumaco se reúnen todas las contradicciones del país: narcotráfico, desplazamiento, víctimas, paramilitarismo y la delincuencia. Para poner un ejemplo, basta conocer que en el 2017 han asesinado a 140 personas. Incluso en la misma vereda donde mataron a Pepe han muerto ocho de ellas. La dimensión de lo que acá se presenta es muy compleja y pese a las advertencias nada que se toman correctivos.
Semana.com.: Cuéntenos un poco más de Luis Alberto, ¿a qué se dedicaba en la organización?
E. R.: Él tenía 26 años y era muy querido por la gente del movimiento. Acá en el campamento hay mucha nostalgia y preocupación porque el compartió durante varios años con todos los que están acá. Dejó dos hijos. Era mestizo, nació en la misma vereda donde lo asesinaron, aunque también era de un resguardo indígena de la Guayacana llamado El Gran Rosario.
Semana.com.: ¿Alientan este tipo de hechos más disidencias?
E. R.: No sólo este tipo de hechos sino la dilación de los acuerdos. Es decir, la incertidumbre del incumplimiento de todo lo que se pactó. Un ejemplo es el informe que presentó la ONU, ahí quedó claro que el Gobierno no estaba preparado para la implementación de los acuerdos y un proceso de paz de estas magnitudes. Ese tipo de cosas hace que se caiga el ánimo en los guerrilleros y milicianos. Es que no se justifica que en todo este proceso en el que hemos mostrado voluntad se presenten estas problemáticas tan graves.
Semana.com.: ¿Hay temor de que se repita el exterminio de la Unión Patriótica? ¿En qué quedó la Comisión de Garantías de Seguridad?
E. R.: Sí, es una preocupación generalizada al interior del movimiento guerrillero. Por eso es que le hemos exigido al Gobierno que cumpla con lo que se pactó. Lo que se firmó es para cumplirlo y lo que ocurrió con Pepe es una alerta que obliga a implementar todo lo que tiene que ver con Garantías de Seguridad. Uno de los compromisos, por ejemplo, es que Buenaventura y Tumaco se conviertan en el plan piloto de la desarticulación del paramilitarismo. No queremos que ocurra de nuevo lo que pasó con la Unión Patriótica y por eso estamos en contacto con autoridades nacionales e internacionales para que se tomen correctivos.
Semana.com.: ¿Hay más guerrilleros amnistiados en la zona veredal de Tumaco?
E. R.: Se ha dicho que todos los cobijados con la Ley de Amnistía irán a cuatro zonas veredales y luego del proceso llegan a su territorio. Es difícil calcular en este momento cuántos son pero se calcula que entre unos 150 o 200 unidades tienen que llegar acá. Incluso la semana pasado salieron dos que ya vienen. Todos tienen mucha preocupación de visitar a su familia y por eso han planteado que mejor se vienen para la zona veredal y que ellos vengan a visitarlos.
Semana.com.: El Gobierno se comprometió a entregar las zonas veredales listas en abril. La de Tumaco era una de las más retrasadas, ¿en qué condición está?
E. R.: Con la de acá hubo muchas controversias. Se dijo que no dejábamos construir, ni entrar la maquinaria. Sin embargo, lo que expliqué es que los contratos se le habían dado a una gente que no sabía qué era un bulto de cemento o cómo hacer una columna. Posteriormente se hizo una reunión con Carlos Córdoba y se ha venido avanzando junto con la guerrillerada que viene trabajando con los obreros. Sin embargo, aquí la obra va en un 40 %. Se está trabajando día y noche, avanza lento pero avanza.
Semana.com.: La semana pasada se habló de una caleta que encontró el Ejército y que pertenecería a las FARC, ¿qué sabe de ella?
E. R.: En la medida que no entiendan que el proceso es para la sociedad y que no podemos seguir viéndonos como enemigos ese tipo de cosas van a pasar. Eso es nada más y nada menos que un falso positivo. No tiene sentido que si estamos dejando las armas y se entrega el material inestable ellos desarrollen operaciones en las zonas que nosotros hemos abandonado. No tiene sentido y no ayuda en la confianza. Como es sabido nosotros ya entregamos 900 coordenadas al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para adelantar el proceso de dejación. Esto no nos sorprende porque hay muchos sectores interesados en dañar el proceso de paz.
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