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Colombia: Falsa Democracia

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[Argentina] La fuente de la violencia en la Argentina

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En épocas de crisis como los que vive la Argentina se clarifican las posturas de los actores políticos y sus representantes intelectuales. Si en tiempos de paz social estos pueden ocultar con la ayuda de los medios las contradicciones sociales recurriendo a alambicadas argumentaciones y a las abstrusas categorías teóricas del posmodernismo, cuando el orden social comienza a crujir los intelectuales del sistema arrojan por la borda toda pretensión de imparcialidad y objetividad y se embanderan sin recato alguno en la defensa de uno de los gobiernos más conservadores y oligárquicos que haya tenido la Argentina a lo largo de su historia. Si se solía señalar la experiencia de la década infame o de los gobiernos oligárquicos a partir de 1880 para ilustrar lo que era una dictadura clasista -dictadura no tanto por su forma como por el contenido de sus políticas- con el macrismo se produce una reencarnación de aquellos modelos anteriores al proceso de democratización fundamental que, pese a sus contradicciones, trajo aparejado la irrupción del peronismo en la Argentina.
Lo anterior viene a cuento de una nota publicada días pasados por Luis A. Romero en La Nación en donde nos alerta sobre los peligros que el resurgimiento de la violencia entraña para la democracia argentina.1 La rigurosidad que este autor exhibe en sus escritos académicos se desvanece por completo en este verdadero panegírico del macrismo. ¿Cómo puede decirse, por ejemplo, que "(E)n la plaza, grupos de manifestantes agredieron a las fuerzas de seguridad y pretendieron invadir el recinto donde deliberaban los diputados"? ¿No vio acaso que, pocos días antes, el Jueves 14 una manifestación completamente pacífica fue acosada y brutalmente agredida por la Gendarmería y cuyo desproporcionado despliegue de fuerza desató la respuesta violenta de una fracción minúscula –infiltrada por algunos agentes provocadores como se constató al día siguiente- de los centenares de miles que habían asistido a expresar su rechazo al procedimiento profundamente anti-republicano empleado por el gobierno para sacar "de prepo" una ley fundamental. El maniqueísmo o la ceguera de que hace gala nuestro autor se horroriza por la violencia cuando un condenado por el sistema arroja una piedra pero contempla con buenos ojos cuando el gobierno militariza por completo la zona del Congreso, reprime manifestantes indefensos y extorsiona a gobernadores, senadores y diputados para conseguir una votación favorable a su proyecto. Esto no es violencia (simbólica, política, institucional), lo otro sí.
Mal que le pese a Romero y a los intelectuales y publicistas amigos de la Casa Rosada quien promovió este infausto espiral de la violencia fue el gobierno de Mauricio Macri. Para vergüenza de la bancada oficial fue ésta quien solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que impidiera la presencia de organizaciones sociales de jubilados y pensionados y de excombatientes de Malvinas en las galerías para que el pueblo fuese testigo directo del debate. Cuando se discutió la famosa Resolución 125, en el 2008, hubo público en las galerías pero, claro, en ese momento según los apóstoles del macrismo la Argentina vivía bajo el influjo de una asfixiante dictadura. Ahora que supuestamente estamos en democracia el público no pudo hacerse presente en la Cámara, se quedó afuera y encima lo apalearon y gasearon. Es por eso que, estrictamente hablando, este gobierno debe ser caracterizado como una "democradura", híbrido que contiene algunos elementos de carácter democrático (el acceso a la Casa Rosada se realizó por la vía electoral) pero con crecientes inclinaciones de sus principales personeros para adoptar las metodologías autoritarias de control político propias de las dictaduras. Por ejemplo, el avance en el amordazamiento de la prensa y, desgraciadamente, operaciones como la realizada la noche del Lunes 8 de enero cuando una reedición de los siniestros grupos de tarea de la dictadura irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados defensores de los derechos humanos, destruyeron equipos y archivos, robaron laptops y documentación, y dejaron un claro mensaje: quienes se opongan a los designios del gobierno deberán estar dispuestos a sufrir esta clase de represalias y otras aún más severas. Desde los tiempos de la dictadura no se había producido un hecho de estas características, frecuentes en aquella época pero desterrados desde 1983. Sin duda, estamos en presencia de una tenebrosa involución que ha sido cuidadosamente ocultada ante los ojos de la opinión pública por los medios hegemónicos.2
Por eso la distinción entre las múltiples formas de la violencia es un requisito fundamental para realizar un análisis serio del asunto. Se dirá que esto es un anacrónico reflejo setentista, pero tal insinuación sólo mediría la magnitud de la ignorancia de quien opine de esa manera. En la tradición socialista, comunista y anarquista hace más de ciento cincuenta años que se maneja esa distinción entre la violencia "legalizada e institucionalizada" del Estado que acalla, somete, encarcela o liquida a sus enemigos siempre "apelando a la ley", y la violencia reactiva, defensiva, del pueblo, que a veces se rebela y no se resigna a ser enviado al matadero. Hay que recordar además que la violencia "legal" del estado se ejerce casi siempre con el acompañamiento de formas paralegales de violencia privada, tolerada y en muchos casos subrepticiamente promovida y amparada por el estado. Tal fue el caso en la Argentina de la Liga Patriótica que realizó pogromos y matanzas obreras en la primeras décadas del siglo veinte; o en la Alemania de finales de la Primera Guerra Mundial la actividad de los Freikorps que apaleaban a militantes socialistas y comunistas y que luego asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht con la complicidad del gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert; y en Estados Unidos, esa vibrante democracia tan admirada por los voceros del macrismo, fue el Ku Kux Klan (ahora informalmente rehabilitado por Donald Trump) quien se encargó de "poner en su lugar" a los negros que luchaban contra la herencia de la esclavitud y postergar por cien años su incorporación a la vida política del país. Esta violencia oficial y paraoficial, decíamos, no puede ni debe ser equiparada a la respuesta defensiva de las víctimas, invariablemente los pobres, los explotados, los subyugados.
Siendo esto así, cómo obviar la responsabilidad en el inicio de la violencia de un gobierno que pretendió nada menos que nombrar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia a dos miembros de la Corte Suprema. ¿No es acaso violencia atentar contra el estado de derecho como lo hace la Casa Rosada, que entre otras cosas ha prohijado una deplorable involución jurídica que hace que en este país todos sus habitantes se encuentran en "libertad condicional", por lo que cualquiera puede ser enviado a prisión sin juicio previo y sin condena alguna? Pese a la reprobación universal de esta práctica aberrante y tan poco "republicana" y el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno nacional no se arredra y prosigue con su política. Ahí están los casos de Milagro Sala, dos años presa sin condena, y buena parte de los detenidos en Ezeiza y Marcos Paz en situación similar. Un gobierno, además, que por boca de la Ministra de Seguridad le confirió a las fuerzas de seguridad interna una especie de "licencia para matar", como el famoso agente 007. El resultado: Santiago Maldonado, muerto a consecuencia de un operativo de la Gendarmería y todavía hoy caratulado por el juez como "desaparición forzada" y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, en Bariloche en un supuesto combate contra guerrilleros mapuche.El ex Ministro de la Corte Suprema de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, enumeró 32 violaciones al estado de derecho en una carta dirigida al actual Secretario de Derechos Humanos, Licenciado Claudio Avruj que aún espera respuesta. Esas transgresiones son la fuente de la cual brota la violencia. Sin embargo, ninguna de ellas fue tomada en cuenta por Romero en su nota. El fervor ideológico oficialista sometió la rigurosidad del historiador.3
Alarmado por la gran movilización popular en contra de una ley profundamente impopular (aproximadamente el 75 por ciento en todas las encuestas conocidas se manifestó contrario a la reforma previsional) y los pacíficos y masivos cacerolazos que tuvieron lugar varias noches en numerosos barrios de la ciudad de Buenos Aires, olímpicamente ignorados en su artículo, Romero exhuma la vieja desconfianza de las elites oligárquicas ante el protagonismo plebeyo y nos recuerda que la Constitución Nacional "(E)stableció taxativamente que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes." En efecto, el nefasto (por antidemocrático) artículo 22 de la Constitución Nacional dice, textualmente, que "(E)l pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición". O sea, prohibido deliberar, dejemos que la clase dominante y sus representantes políticos e ideológicos se encarguen de ello; y prohibido también peticionar a las autoridades porque tal osadía configura el delito de sedición. En otras palabras, la parte dogmática de la Constitución, redactada en 1853 y que quedó al margen del proceso de reforma de 1994, condena al pueblo a convertirse en una variante especial de los metecos de la Antigua Grecia que ser extranjeros carecían de derechos ciudadanos. En la Argentina actual aún los nacionales son metecos, pues derechos elementales de reunión, deliberación y petición a las autoridades les son vedados y considerados actos sediciosos. Pero existen las clases sociales y hay gobiernos y gobiernos. En el pasado reciente la ferocidad represiva ejercida a mediados de Diciembre estuvo ausente. Primero, porque la protesta social no estaba criminalizada en aquellos años y además porque quienes se reunían y pugnaban por obtener una legislación favorable a sus intereses eran "gentes de bien": los sojeros y sus insólitos aliados de una izquierda extraviada que trató de darle un cierto tono plebeyo a sus reivindicaciones oligárquicas cuando durante cuatro meses cortaron rutas y amenazaron con no liquidar el producto de sus exportaciones si se aprobaba la Resolución 125; o las grandes marchas convocadas por el "Ingeniero" Juan C. Blumberg exigiendo una reforma del Código Penal que instituyera la ¡mano dura" para evitar la reiteración de crímenes como el perpetrado contra su hijo Alex. En ninguno de estos dos paradigmáticos casos quienes hoy se rasgan las vestiduras por la insolencia de empleados, obreros y jubilados de pretender frenar una legislación reaccionaria dijeron una sola palabra de condena ante aquellas manifestaciones y sus correspondientes peticiones que abiertamente contrariaban los preceptos constitucionales. Pero eran "gentes de bien" y el kirchnerismo no criminalizaba la protesta social. Hoy quienes toman las calles son gentes del común, trabajadores, y el gobierno sí criminaliza la protesta social. Es lamentable que la reforma de la Constitución realizada en 1994 no hubiera abolido este artículo que contradice la letra y el espíritu de la democracia: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la conocida fórmula de Abraham Lincoln, hasta ahora insospechado de simpatías kirchneristas o izquierdistas.
Es que fiel al ideario del liberalismo y a la tradición republicana estadounidense, la derecha vernácula siempre concibió al pueblo como una amenazante "gran bestia" que debe ser mantenida a raya sin compasión ni miramientos. Esta imagen reaparece periódicamente en la derecha argentina, desde el desprecio por el negro y el gaucho en distintos momentos del siglo diecinueve. "No trate de economizar sangre de gauchos" aconsejaba Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación. Descrédito y odio que luego se dirigiría, a comienzos del siglo veinte, hacia el conglomerado "criollo inmigratorio" examinado por José Luis Romero en sus estudios sobre la historia argentina. También la infame caracterización del peronismo como un "aluvión zoológico" hecha por el diputado radical Ernesto Sanmartino hasta llegar a la formulación más edulcorada de Romero hijo cuando observa que la multitud que pretende sustituir a sus representantes "se expresa con vehemencia" o que en las jornadas motivo de su análisis "el pueblo hablaba a través del reducido grupo de violentos, organizados para provocar a las fuerzas de seguridad." En otras palabras: el pueblo no delibera ni dialoga sino que vocifera, se expresa a los gritos y apela a la violencia, verbal o física.4 Los centenares de miles que se manifestaron pacíficamente no cuentan para el historiador, están invisibilizados; como tampoco cuentan quienes se expresaron en los cacerolazos nocturnos durante varios días durante la discusión de la nueva ley. La asociación del pueblo o lo popular con la violencia también se expresa en la desafortunada intervención periodística de Romero cuando dice que "en el peronismo no hay mucha teoría, pero sí una rica experiencia práctica, cultivada por guardaespaldas, barrabravas y otros afines." Ofuscado por los acontecimientos el riguroso historiador quemó toda su biblioteca y escribió esa frase autodescalificatoria reveladora de una profunda incomprensión de la historia argentina. Y como un bonus track nos ofrece un parrafito para la RAM, invento de los servicios y de la prensa canalla para estigmatizar a los mapuche y justificar la militarización de la política y la brutalidad con que ese pueblo originario es tratado por el gobierno. Tan ridícula es toda esta historieta de la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo presentado como terrorista y la versión local del jihadismo islámico, que en un gesto lindante con el suicidio el presidente Macri fue a tomar sus vacaciones en la zona de influencia de esa supuesta organización guerrillera. Es como si Donald Trump hubiese ido a vacacionar en Al Raqa, la "capital del califato". ¡Por favor, un mínimo de seriedad!
Romero tampoco parece haber considerado positivamente una de las principales enseñanzas de Nicolás Maquiavelo en Los Discursos cuando decía que "... quienes condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma, y que se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. En toda República hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión de ambos."5Obviamente que el republicanismo de los macristas nada tiene que ver con la tradición republicana de Maquiavelo sino que es tributaria de la codificación profundamente antidemocrática del republicanismo gestada por los padres fundadores de los Estados Unidos, como ha sido observado por numerosos analistas norteamericanos, entre los cuales Noam Chomsky y cuya tesis hemos reseñado en la nota a pie de página precedente.
La alusión a la desprestigiada "democracia representativa" ocupa un lugar central en la argumentación de Romero y, en general, de todos los intelectuales adscriptos, de una u otra manera, al macrismo. Cabe preguntarse: ¿Representativa de qué, o de quienes? Son pocos los politólogos que hoy se atreven a defender el carácter representativo de las democracias capitalistas. Por empezar, la composición clasista de los representantes poco o nada tiene que ver con la de sus supuestos representados. Tomemos el caso de Estados Unidos, la autoproclamada "democracia ejemplar" del planeta. Allí nada menos que el 50 % de los senadores y representantes (268 sobre un total de 535 de ambas cámaras) son dueños de una fortuna de un millón de dólares o más. ¿Representativos? Sí, del 1.5 % de la población estadounidense que también es dueña de un millón de dólares pero no del resto. En la Argentina hay aproximadamente un 30 % de pobres y el 12 % de la población habita en villas de emergencia. Pero "entre los 257 diputados no hay ni un pobre, ni uno que venga de las villas o de la economía popular."6 Una simple comparación entre los sueldos de los diputados que votaron esa ley y lo que ganan las víctimas de esa pieza legislativa sirve para ilustrar lo inmoral y escandaloso de esta legislación. Quienes percibieron en el año 2017 un sueldo de137.610 pesos mensuales (más 20.000 pesos de gastos de representación) no tuvieron el menor escrúpulo para ensañarse con los haberes de los jubilados que en su mayoría perciben el haber mínimo de 7.246 pesos que con la nueva ley pasarían a tener un incremento de 413, llegando así a un ingreso mensual de 7.659 pesos, la vigésima parte de lo que embolsa un "representante del pueblo" y menos que la mitad de la canasta básica de consumo de los jubilados, estimada en 17.500 pesos según declaración de Eugenio Semino, Ombudsman de la Tercera Edad.7 En un país en el cual desde tiempos inmemoriales los ricos evaden o eluden el pago de impuestos; en el que las grandes fortunas y las grandes empresas encuentran mil y una maneras de burlar al fisco, fugar capitales y hallar refugio en paraísos fiscales; en el que el gobierno suprimió las retenciones en el agro y redujo la de las exportaciones sojeras y eliminó las de la minería y el petróleo; en suma, pudiendo extraer los recursos necesarios para reducir el déficit fiscal entre los más ricos, los que concentran la riqueza, los "representantes del pueblo" se volvieron contra los sectores más débiles e indefensos y descargaron sobre ellos todo el peso del ajuste. Difícil encontrar una inmoralidad mayor en la historia contemporánea de la Argentina.
Si por la composición social de los parlamentarios, tan distinta a la de sus presuntos representados, la idea de la "representación" queda desmentida por los hechos, las políticas concretas que respaldó el Congreso tampoco permiten hacerse demasiadas ilusiones acerca de su vocación por representar los intereses del demos. La legislación aprobada en estos dos años a partir de proyectos enviados por la Casa Rosada tuvo un sesgo permanente: redistribuir en un sentido regresivo ingresos y rentas, favoreciendo a los sectores adinerados y recortando los de la gran mayoría de la población. Es por consideraciones similares a esta que en Estados Unidos ya son cada vez más los que hablan de la involución política desde una democracia hacia una plutocracia. Y en la Argentina, país de extremos, esta degradación es aún más marcada. Si algo faltaba para comprobarlo fue la designación que hiciera la revista Forbes de Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Marcos Peña, como "el CEO del año". El único detalle disonante es que la Argentina no es una empresa sino una nación. Pero el hecho de que una revista como Forbes le otorgue esa dudosa "distinción" habla bien a las claras que para la comunidad internacional de negocios y para los grupos dominantes de la Argentina esta es un mercado y no una nación, y que sus jefes políticos son apenas CEOs y nada más que eso. Por eso la defensa que hace Romero de la "democracia representativa" es el canto del cisne de una forma sociopolítica que hace mucho tiempo pasó a mejor vida. Si algo ha hecho e macrismo es transparentar con una claridad inigualable la naturaleza de clase de su proyecto de refundación regresiva del capitalismo. Una suerte de "menemismo recargado" pero en condiciones más difíciles tanto por el contexto internacional, enrarecido por la inocultable declinación de la hegemonía norteamericana y las turbulencias que esta provoca, y por la temprana reacción popular ante el ajuste, los tarifazos y la escalada inflacionaria que devora el poder de compra de gran parte de la población. La respuesta combativa demoró casi siete años en adquirir un carácter masivo durante la gestión de Menem: los piquetes de Cutral Có y Plaza Huincul son de 1996 y 1997, y si bien hubo algunas protestas organizadas por los gremios afectados por las privatizaciones y la desregulación de la economía estas fueron débiles, aisladas y carecieron resonancia nacional.8 Ahora, en cambio, los tiempos se acortaron sensiblemente en esta tercera tentativa de refundación neoliberal del capitalismo argentino, luego de la dictadura (Martínez de Hoz) y el menemismo (Alsogaray y Cavallo), y en menos de un año ya se desató un crescendo de movilización popular que alcanzó un pico impresionante en las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017. La prensa hegemónica y los escribas del macrismo se empeñaron en ocultar a esos dos grandes hechos de masas convirtiéndolos en una noticia policial. Lo importante, lo único de lo que hablan la prensa canalla y los voceros oficiales y oficiosos del gobierno es de la refriega entre un pequeño sector de manifestantes (infiltrados por agentes provocadores, como ya se dijo) y no de las dos grandes manifestaciones populares y los cacerolazos nocturnos.
Un par de consideraciones finales: uno, ¿cómo es posible soslayar un dato tan duro como el que un significativo número de integrantes del gabinete presidencial de Mauricio Macri proceden del sector financiero o de las más grandes corporaciones transnacionales? 9 No se le puede escapar a la mirada de un historiador que esa fracción de la clase capitalista ha ejercido una influencia nefasta en nuestro país, especialmente desde los años de la dictadura cívico-militar de 1976 en adelante. Y que si esa gente hoy gobierna a la Argentina lo hace, fiel a su historia y consciente de sus intereses, a favor de los más ricos y en detrimento del resto, población "sobrante" en el mejor de los casos o masa de indeseables para la cual la mejor política es la que está aplicando el macrismo: una inhumana "limpieza social", equivalente a la sórdida "limpieza étnica" que tuvo lugar en los Balcanes en los años noventas. En la Argentina de Macri indigentes, jóvenes sin educación ni trabajo, pobres de varias generaciones y adultos mayores están siendo progresivamente sometidos a una variante de lo que el ya aludido jurista Eugenio R. Zaffaroni ha denominado "genocidio por goteo". En su tiempo Martínez de Hoz decía que a este país le sobraban diez millones de habitantes. Actualizada, la cifra sería hoy el doble. ¿No le dice nada esto a Romero? Puede ignorar que quienes protagonizaron las grandes manifestaciones reprimidas y dispersadas por las "fuerzas del orden" (¿de qué orden nos hablan?) fueron impulsados a tomar las calles ante la convicción de que el gobierno planea su lento, silencioso pero implacable exterminio. ¿De qué otra manera podemos llamar a una política que va progresivamente reduciendo los haberes jubilatorios a la vez que se suprimen del PAMI gran parte de los medicamentos gratuitos que antes se les entregaba a jubilados y pensionados? Con menos dinero para alimentación y gastos esenciales y menos dinero para adquirir medicamentos los jubilados y pensionados están condenados a muerte. Y encima de eso se planea elevar la edad mínima para poder acceder a los beneficios de la jubilación.
Segunda y última consideración: atendiendo a las razones arriba expuestas, ¿dónde se encuentra la génesis de la violencia, quién es el que la ejerce bajo una diversidad de formas? ¿El que aplica unas políticas conducentes a un verdadero "holocausto social" de enormes proporciones o el que se resiste a morir y se enfrenta con piedras y palos a las fuerzas de seguridad? Romero es un fiel exponente del sentir de gran parte de la galaxia cultural del macrismo: los intelectuales plegados al proyecto y el inmenso ejército de publicistas y medios de comunicación que bombardean sin pausa a la sociedad con su "desinformación programada". Unos y otros cultivan con inusual malicia y perversidad las artes de la "posverdad" y la "plusmentira." Por eso la batalla cultural, uno de cuyos componentes es la lucha por la democratización de la información y de los medios de comunicación, es crucial para el futuro de las democracias. En la Argentina el desafío violento a la democracia nace en las entrañas del gobierno y solo podrá ser neutralizado si este abandona sus políticas que conducen a un "holocausto social" a favor de los ricos y poderosos y, en lugar de ello, se preocupe como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional, de "promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino." Nada de esto es lo que está haciendo el gobierno y es esa, y no otra, la fuente de la cual brota la violencia. Está en sus manos acabar con ella, y será su responsabilidad ante la historia haberla promovido e incentivada con sus políticas y su estilo despótico y prepotente de gestión gubernamental.
1 "La democracia enfrenta un nuevo desafío de la violencia política", disponible en http://www.lanacion.com.ar/2097259-la-democracia-enfrenta-un-nuevo-desafio-de-la-violencia-politica
2 Ver https://www.pagina12.com.ar/88153-un-robo-con-el-tufillo-de-los-servicios Ni Clarín ni La Nación informaron a sus lectores sobre un hecho tan grave como este.
4 Sobre este tema de "la gran bestia" ver la entrevista que el autor de estas líneas hiciera a Noam Chomsky en Tras el Búho de Minerva. Mercados contra Democracia en el Capitalismo de Fin de Siglo (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000) En esa entrevista Chomsky subraya el talante profundamente antidemocrático de la tradición republicana estadounidense. Hablando de uno de los padres fundadores, Alexander Hamilton, el lingüista norteamericano afirma que fue él "quien planteó el tema con toda su crudeza: el pueblo es "la gran bestia" que debe ser domada. Por eso aconsejaba enseñar a los farmers independientes y díscolos de las rebeldes colonias americanas –aún recurriendo a la fuerza en caso de necesidad– que los ideales contenidos en los panfletos revolucionarios no debían ser tomados al pie de la letra. En suma: la gente común no debía ser representada por otros de su misma clase sino por la aristocracia, los comerciantes, los abogados y otros de probada responsabilidad y patriotismo en el manejo de los asuntos del estado."
5 Cf. Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, Libro I, capítulo IV
6 Cf. Martín Granovsky, entrevista a Juan Grabois: "El vicio de Macri es la violencia", en Página/12, 2 Enero 2018. Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/86373-el-vicio-de-macri-es-la-violencia Por supuesto, no todos los diputados y senadores provienen de las clases adineradas de este país. Queda todavía un buen grupo que procede de las capas medias y algunas del universo popular. Pero los que prevalecen son los otros.
8 Hubo un antecedente a lo de Cutral Co y Plaza Huincul: la poblada conocida como el "santiagueñazo" de diciembre de 1993 que hizo devorar por las llamas la sede de los tres poderes del estado provincial y las casas de los principales políticos de Santiago del Estero. Pese a la radicalidad de la protesta, no logró convertirse en un hecho político nacional y desencadenar reacciones similares en el resto del país como sí ocurrió con las acciones que se escenificaron en Cutral Co y Plaza Huincul.
9 Cf. Paula Canello y Ana Castellani, "Todo el poder para los CEOs", en http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/poder-los-ceos/



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Atilio Borón

Investigador Superior del Conicet?? Investigador del IEALC, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires Director del PLED? , Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" Corrientes 1543 ? C1042AAB Buenos Aires, Argentina Teléfonos (54-11) 5077-8021/22/24 www.centrocultural.coop/pled Blog: www.atilioboron.com.ar Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002
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Colombia: No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos

Oidhaco.


Conclusiones preliminares de misión internacional. Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).


Ginebra-Paris-Bogotá, 19 de julio de 2017 - La tasa de homicidios más baja en Colombia en 40 años en el contexto del proceso de paz contrasta con un clima de constantes amenazas y un fuerte aumento en las cifras de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. La permanencia de estructuras paramilitares, la impunidad y las limitaciones de la respuesta institucional entre las principales razones de esta realidad, denunció hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) al finalizar su misión en el país.

La actividad de las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia. El número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2016 oscila entre 59 y 134 según la fuente [1]. Más allá de la diferencia entre cifras, escandalosas en ambos extremos, es importante resaltar que las distintas instituciones nacionales del Estado, organismos internacionales y de la sociedad civil colombiana que recogen estas estadísticas coinciden en señalar un importante incremento en el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en comparación con años previos. Además, según la información recogida por la misión las personas defensoras que ejercen liderazgo a nivel local, particularmente aquellas que defienden derechos relacionados con la tierra y el medio ambiente en zonas rurales, constituyen el grupo más vulnerable en un escenario de constantes amenazas.

El Observatorio ha identificado cuatro causas estructurales que explican la situación actual.

En primer lugar, la principal fuente de agresiones contra personas defensoras se da en el contexto de la permanencia de estructuras paramilitares en el país, identificadas como el principal victimario. La misión ha podido documentar varios casos de colusión y/o connivencia entre funcionarios del Estado y grupos paramilitares en distintas partes del país como Norte de Santander o Antioquia en un contexto en el que las autoridades siguen negando la existencia de este fenómeno.

“En palabras de un defensor colombiano: -No puede combatirse lo que no existe-. Por ello, el gobierno debería reconocer públicamente la permanencia de estructuras paramilitares en Colombia y hacer frente a este fenómeno mediante la aplicación efectiva y decidida de las medidas incluidas a tal efecto en el acuerdo de paz”, declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la oficina en Bruselas de la OMCT y delegado de la misión del Observatorio en Colombia.

En segundo lugar, según los hallazgos del Observatorio, las autoridades públicas tienden a mostrar un mayor reconocimiento a la legitimidad de la labor de las personas defensoras. Sin embargo, todavía se mantienen señalamientos y ejemplos de estigmatización contra personas defensoras. Por ejemplo en el Sur de Bolívar, Bucaramanga y Barrancabermeja, donde en un caso, una de las cinco personas defensoras de derechos humanos detenidas, fue vinculada por la fiscal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su papel de liderazgo en la organización de marchas.
La criminalización en casos de protesta social sigue siendo preocupante. La misión ha recibido diversas informaciones sobre el empleo de un enfoque represivo para el manejo de las protestas pacíficas en Colombia, incluyendo numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Se tuvo conocimiento de varios casos que incluyen a personas defensoras en el departamento del Cauca y en el marco del paro cívico en la ciudad de Buenaventura.

En tercer lugar, el Observatorio ha podido constatar la persistencia de elevados niveles de impunidad que refuerzan la vulnerabilidad de todas la personas defensoras de derechos humanos en el país. Según la información recibida, solo habría sentencia condenatoria en cinco casos de asesinatos de personas defensoras a lo largo del último año. Además, en mayo de 2017 se produjo la primera condena en la historia de Colombia por amenazas a una persona defensora de derechos humanos en la que un escolta fue condenado por las amenazas a su persona protegida pero no se investigaron posibles autores intelectuales.

“Nos preocupa particularmente la poca prioridad que reciben los casos de amenazas por parte de la fiscalía. Además, hay una tendencia en todas las investigaciones de ataques contra personas defensoras a que, en los pocos casos en los que la investigación lleva a una condena, no se indaga sobre los autores intelectuales, limitándose a los autores materiales”, afirmó Vincent Vallies, Experto internacional y delegado de la misión.

Finalmente, en cuarto lugar, el Observatorio ha podido constatar que a pesar del amplio entramado institucional dedicado a la protección de defensores y defensoras en Colombia la respuesta institucional sigue siendo débil por los siguientes motivos: la insuficiencia de medidas que hagan frente a las causas estructurales que les ponen en riesgo, la falta de implementación a nivel local de las directrices y planes nacionales, así como las escasas garantías para ejercer su trabajo de defensa de derechos, como medidas con enfoque diferencial según la edad, la etnia, el género y su nivel socio económico.

El nuevo mapa de la violencia en Colombia

POR REVISTA SEMANA.
A pesar de que los homicidios han disminuido durante la última década en relación con el desescalamiento del conflicto, la cartografía de 2016 muestra una mutación de la violencia en el país.
Desde que se iniciaron los primeros procesos de desmovilización de paramilitares en 2007, la cantidad de homicidios en Colombia ha disminuido significativamente. A su vez, el desescalamiento del conflicto producto de las negociaciones de paz con las Farc también acompañó la curva de reducción de crímenes letales que cerró en 11.585 casos registrados en 2016.
Así, entre 2007 y 2016, la tasa de mortalidad violenta en Colombia pasó de 37,15 personas por cada 100.000 habitantes a 23,66, lo que supuso una reducción de más de 10 puntos porcentuales en una década, de acuerdo con los resultados del último censo del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses. (Ver el informe)
En particular, las muertes ligadas con el conflicto armado o con acciones militares bajaron de 1.148 casos en 2007 a 196 en 2016, lo que representó una disminución de 82 por ciento.
Esto fue lo que llevó al director del instituto forense, Carlos Valdés, a concluir en el informe Forensis de 2016 que "esta reducción coincide con al menos dos procesos exitosos de negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla de las Farc- EP y las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy devenidas como bacrim".
Sin embargo, cuando se observan las cifras más recientes, puede notarse que la reducción de homicidios entre este año y el anterior en que se implementó el acuerdo con la guerrilla ha sido mínima -11.585 en 2015 contra 11.532 en 2016- y más bien correspondió con un traslado de los factores de violencia.
De acuerdo con el nuevo mapa de violencia del país evidenciado en el documento de Medicina Legal, la disminución de los fallecimientos de campesinos -tradicionalmente una de las poblaciones más afectadas por el conflicto- correspondió con el aumento de hechos de violencia interpersonal en centros urbanos y con el crecimiento de los asesinatos de consumidores de sustancias psicoactivas (618 en 2016).
En ese mismo sentido, el asesinato de 127 líderes sociales y activistas en 2016, en gran medida en zonas en las que se desmovilizaron las guerrillas (en el Valle del Cauca por ejemplo) visibilizó a la vez el incremento de los homicidios selectivos que han sido registrados desde 2014 por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC en inglés), así como la voluntad de las bandas criminales de establecerse "como una red de franquicias, sobre todo de delincuencia urbana, flexible y mutante" que se enfrentan por el control de las actividades territoriales en sus territorios de predilección, según el documento.
La falta de información sobre los autores de homicidios (desconocidos en 71,78 por ciento de los casos) y la confusión entre las determinaciones de asesinatos por motivos políticos o por actos propios de la delincuencia común -dice el texto- han mantenido cierto velo de opacidad sobre el fenómeno de la transformación del crimen colombiano.
Pero el mapeo de las muertes violentas de 2016, concentradas en el Valle del Cauca (4.044 fallecimientos), en Antioquia (3.852) y en Bogotá (2.742) puede dar unos primeros indicios de los factores que propician los asesinatos en la nueva cartografía criminal colombiana.

Suicidios y accidentes de tránsito al alza

Si el índice de muertes violentas, entre las que se incluyen homicidios, suicidios y muertes accidentales de transporte entre otras, se ha mantenido relativamente estable, es también porque han aumentado los fallecimientos ligados a otros fenómenos que inquietan al director del Instituto de Medicina Legal: tanto los suicidios como los accidentes de tránsito han incrementado ostensiblemente sus indicadores.
En cuanto a los suicidios, se pasó de de 2.068 casos registrados en 2015 a 2.310 casos en 2016,  3.000 casos más concentrados en el centro de Colombia (29 por ciento) y en el eje cafetero (24 por ciento). De estos, 29 por ciento fueron ligados con enfermedades físicas o mentales, mientras que la segunda tasa correspondió a casos relacionados con conflictos con la pareja o la expareja (25,91 por ciento)en donde los hombres son afectados casi cuatro veces más que las mujeres en cantidad absoluta.
Las muertes en accidentes de tránsito también han aumentado de 6.884 situaciones inscritas en 2015 a 7.280 en 2016. Según el informe médico-legal, los incidentes letales estarían relacionados en 51 por ciento de las veces con motocicletas y en 36 por ciento con peatones. En cuestión de horarios, los accidentes no letales se concentran antes de las seis de la tarde, mientras que los mortales suelen ocurrir más tarde en la noche.

Violencia de pareja se mantiene 

En total, casi un tercio de las agresiones registradas se siguen dando en el marco familiar, en la vivienda o en presencia de amigos cercanos, según se desprende del documento. Lo que ha mantenido cierta estabilidad con una ligera baja medida en 2016 con respecto a 2015.
En el último año se conocieron 14.738 casos de violencia intrafamiliar -de los cuáles 64,73 por ciento corresponden a mujeres- 10.082 agresiones a niños -contra 10.435 en 2015- y 50.707 hechos de violencia de pareja denunciados, los cuáles se han incrementado fuertemente en comparación con los 47.428 del año anterior.
Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo las principales víctimas de estos delitos, (las mujeres son 86 por ciento de las víctimas de violencia de pareja entre cuyas causas se identifican principalmente al machismo y a la intolerancia). Sin embargo, advirtió Carlos Valdés, existe un subregistro preocupante sobre el tema debido a la falta de denuncia por parte de los afectados que conviven cotidianamente con su agresor.
Igualmente, el delito sexual parece haberse mantenido, ya que se practicaron 21.399 exámenes médicos por este motivo en 2016 contra 22.155 en 2015, siendo un fenómeno que sigue ocurriendo principalmente en el hogar.
Finalmente, la desaparición forzada es de los delitos que más ha disminuído en el país, si se considera el hecho de que se registraron 136 casos en 2016 (el número más bajo desde 1983), los cuales vienen sin embargo a añadirse a las 84.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.

Guadalupe, años sin cuenta y sin memoria

-Por Rebelión

Guadalupe, años sin cuenta y sin memoria
Miguel Angel Beltrán Villegas

[Colombia] “Muchas mujeres fueron violadas en la guerra como ‘mensaje’ a las poblaciones”





En el Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia hay inscritas más de cuatro millones de mujeres como víctimas del conflicto armado, que se prolongó durante cinco décadas; constan como afectadas por delitos contra la libertad y la integridad sexual 18.544 mujeres. Entre los departamentos con mayor número de casos figuran Antioquía (3.019), Magdalena (1.929), Nariño (1.178) y Bolívar (1.020). Muchas de las mujeres que sufrieron agresiones (13.152) oscilan entre los 29 y los 60 años. Según la abogada feminista y directora de la corporación Humana, Adriana Benjumea, la violencia sexual en las guerras no constituyen casos excepcionales y aislados.

“Muchas veces se trata de mandar un mensaje a las poblaciones; hay mujeres a las que se viola para callarlas y despojarlas de las tierras”, afirma tras participar en un acto organizado en la Universitat de València por la ONG Atelier y la Mesa de Apoyo “Derechos Humanos de las Mujeres y Paz en Colombia”. Más allá de los años “duros” del conflicto, las agresiones continúan en el día a día. Entre primeros de enero y el pasado 30 de abril, de los 5.831 niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal para valorar un presunto delito sexual, 4.961 fueron niñas. La mayoría de ellas tenían entre 10 y 14 años. En el mismo periodo el instituto público atendió 5.808 casos de mujeres mayores de 18 años. 

-Después de 50 años de conflicto y cuatro de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, ¿qué logros alcanzó el movimiento feminista y de mujeres en la Mesa de Diálogo de La Habana?
El Movimiento de Mujeres en Colombia tuvo incidencia para que se constituyera la Subcomisión de Género, aproximadamente dos años y medio después que se iniciaran las conversaciones públicas, con el objetivo de que el enfoque de género se incluyera en todos los acuerdos. Por tanto, se logró que las mujeres de las FARC y del Gobierno conformaran la subcomisión, y ésta fuera el mecanismo de interlocución con el movimiento social. Hasta ese momento se escuchaba a los expertos y a las víctimas. Pero a partir de entonces se consiguió que en la Mesa también se abrieran espacios para conversar con expertas y organizaciones de mujeres. Hubo una cuarta visita con expertas en violencia sexual, a partir de la cual se lograron otras cosas; como la unidad especial de investigación sobre violencia sexual; y, sobre todo, que los delitos en esta materia no se consideraran a efectos de amnistía e indulto.
-¿Tuvieron que hacer grandes concesiones las víctimas de la violencia patriarcal y sus familias con el fin de que se firmaran los acuerdos de paz, en septiembre de 2016? 
Creo que las dos partes fueron, en general, muy respetuosas con las víctimas. En 2014 anunciaron un decálogo de principios, en el que se comprometían a que las víctimas estuvieran en el centro. Así pues, no estoy segura de que la palabra “concesiones” sea la más correcta. Todo esto forma parte de la pedagogía de la paz. Claro que hubo muchos sectores que pidieron penas más altas… Sin embargo, la “concesión” más grande que hicieron las víctimas fue el no haber participado antes, durante, ni parece que después del proceso. Ni las víctimas ni sus asociaciones, eso es lo más grave. En todo lo demás, estuvieron dispuestas a ceder sin rencor, en todo cuanto tuvieron que ceder.
-¿Y en cuanto a las negociaciones de Quito entre el ejecutivo de Santos y el ELN?
Creo que el ELN tomó como punto de partida lo que ya se hizo con las FARC, para después introducir posibles críticas y agendas nuevas. El tema de la participación es una de las grandes banderas del ELN. Me parece que eso es bien interesante, ya que quieren mejorar los errores que se cometieron en La Habana. Por ejemplo en la cuestión del medio ambiente, los recursos naturales y otros asuntos que en la anterior negociación tuvieron menor alcance.
-Participaste en un trabajo de investigación, en 2009 y 2010, en la Sierra Nevada de Santa Marta….
Mi experiencia es que los paramilitares tenían el poder de comprar a la policía, mandar en la plaza de los mercados, pagar profesores y decidir sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas. En la Costa Caribe los paramilitares tuvieron una presencia altísima. En los departamentos de Magdalena, Bolívar y Sucre… Jefes de escuadrones como “Jorge 40”, Salvatore Mancuso o Hernán Giraldo. Son nombres que causaron terror en las poblaciones. Hernán Giraldo estuvo en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, controlando las rutas del narcotráfico. Lo llamaban el “taladro”.
Gran parte de su acción consistía en desvirgar niñas. Además, se trata de un paramilitar que cuando se desmovilizó fue acompañado por la comunidad. Al principio se le consideró un “buen hombre”, que apoyó económicamente a la ciudadanía. Los medios de comunicación lo definieron como un gran padre, que tuvo más de un centenar de hijos, y todos ellos reconocidos. Sin embargo, muchos de estos hijos fueron con mujeres menores de 14 años. Y en Colombia, cualquier trato sexual con una mujer menor de esa edad constituye un delito. También hubo sacerdotes que realizaron los bautismos y registradores que hicieron su trabajo, sin plantear ninguna denuncia. Existió, por tanto, connivencia con un paramilitar por los beneficios económicos comunitarios, sin pensar en las niñas de la región.
-El 25 de mayo la Defensoría del Pueblo informó que su Sistema de Alertas Tempranas había detectado “riesgo evidente” de violencia sexual contra mujeres y niñas en 85 municipios de 19 departamentos. Trabajas día a día con mujeres víctimas de la violencia sexual. ¿Qué conclusión extraes de las narraciones sobre el conflicto armado?
Lo que hemos escuchado y documentado en los distintos rincones del país es muy atroz. Hay mujeres que cuentan que han sido víctimas de hasta 30 paramilitares, otras con las glándulas mamarias destrozadas, además de afectaciones físicas y psicológicas muy fuertes. En regiones como Montes de María, entre Sucre y Bolívar; en el municipio de Tumaco (Nariño) o en el Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, la estrategia paramilitar consistió en arrasar las poblaciones y a las mujeres, someterlas a punta de violencia sexual. Por eso, decía, fue tan importante que los acuerdos de La Habana no reconocieran la amnistía ni los indultos por los delitos sexuales.
-¿La violencia contra las mujeres durante el conflicto han de considerarse episodios aislados, de guerreros que perpetraban las violaciones por su cuenta, o respondieron a una planificación?
En ninguna guerra la violencia sexual constituye un caso aislado, y Colombia no resulta una excepción. Se cometieron estos actos con una finalidad, en contextos de ataque y control territorial o durante una privación de libertad. En muchos casos se trataba de mandar un mensaje a la población, y éste era que podía disponerse del cuerpo de las mujeres. Muchas fueron violadas para callarlas, castigarlas y arrebatarles las tierras. El fin va más allá del deseo erótico del guerrero. Incluso tropas militares se llevaban a mujeres, trabajadoras sexuales, para otorgar premios por haber realizado un buen trabajo, fuera una masacre o coronar un cargamento de coca.
-¿Confiesan los paramilitares sus delitos de violencia sexual con el fin de acceder a determinados “beneficios” penales?
No es un delito que se confiese de manera voluntaria. Algunos empezaron a hacerlo cuando las mujeres iban a los procesos a decir: “Sí, usted me violó” o “sus hombres me violaron”. Ahí es cuando empezaron a aceptarlo, siempre a posteriori. Pero no fueron de manera autónoma a narrar cómo se produjeron las violaciones.
-Según la sección colombiana de Naciones Unidas, los crímenes contra las mujeres “continúan siendo silenciados, lo que permite altos niveles de impunidad”.
Si la impunidad respecto a los delitos de los paramilitares es altísima, lo es más todavía cuando se trata de violencia sexual contra mujeres y niñas.
-¿Y en cuanto al día a día, una vez firmada la paz? En el primer cuatrimestre de 2017 se produjeron 204 casos de homicidios a mujeres en Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; la mayor parte de los crímenes fueron obra de las parejas y exparejas.
Las mayores violencias sexuales y contra las mujeres en Colombia no ocurrieron en el marco del conflicto armado. Padres, padrastros, hermanos y tíos son los mayores violadores. ¿Miedo a la denuncia? Sí, porque no hay mecanismos de protección claros y que les permitan a las mujeres proteger su vida si se atreven a denunciar; ni protegerlas de sus exmaridos, examantes o exnovios. Hay una ley sobre violencia contra las mujeres en Colombia, con medidas de protección pero que no funcionan. Por ejemplo, obliga a que el agresor no se acerque a la casa o que no pueda chantajear a la esposa o compañera con los hijos. También se establecen medidas policiales, pero los policías dicen que con tal nivel de violencia no cuentan con suficientes medios. Pero muchas de estas medidas, cuando no se adoptan, se convierten después en feminicidios.
-Por último, ¿se está dando un trato diferencial a las fuerzas armadas respecto a los exguerrilleros de las FARC?
Por supuesto. En La Habana las dos partes llegaron a un acuerdo. La Ley de Amnistía e Indulto de 2016 tiene muy bien determinados los delitos por los que va a responder la guerrilla, y aquéllos por los que se va a recibir un indulto. Pero no ocurre lo mismo con los militares. Estos, además de la legislación de amnistía, tienen dos herramientas adicionales. Por un lado, la reforma constitucional de abril de 2017, en la que se han introducido beneficios, salvaguardias y perdones; y un decreto presidencial, el 706, por el que se conceden libertades anticipadas a las fuerzas públicas.

Más de 100 organizaciones denuncian que la oposición venezolana está exportando su violencia callejera al estado español

Insuregnte.org 

Numerosas organizaciones de todo el Estado Español subscriben un manifiesto que, a raiz de los hechos violentos acontecidos en un local de la Embajada de Venezuela en Madrid el pasado 11 de mayo, denuncia la pretensión por parte de la derecha venezolana de implantar también en el exterior del país las dinámicas violentas que pretenden desestabilizar el país latinoamericano, así como la responsabilidad del gobierno español a la hora de no impedir dichas actitudes.
LA OPOSICIÓN VENEZOLANA EXPORTA SU VIOLENCIA CALLEJERA AL ESTADO ESPAÑOL
Ahora más que nunca, solidaridad
El pasado 11 de mayo, una turba violenta intentó sabotear en Madrid un acto llevado a cabo en la sede cultural de la Embajada de la Republica Bolivariana de Venezuela. Este acto se celebraba en defensa de las víctimas de los asesinatos y atentados callejeros contra la población civil y contra funcionarios efectuados en Venezuela en los últimos años durante las llamadas Guarimbas, que son el golpismo callejero de la oposición.
Estas bandas de provocadores se concentraron en la entrada del lugar del acto, tratando en vano de sabotearlo, al intentar impedir violentamente la entrada al público asistente que, con serias dificultades pudo entrar, llenando el auditorio con cien personas; las mismas que luego fueron retenidas contra su voluntad por medio de violencia durante varias horas.
Los autores de este atentado, contaron desde el primer momento, con la autorización de la Delegación del Gobierno para concentrarse a la misma hora a las puertas del local de celebración del acto, pero coparon en realidad toda la calle donde se ubica dicho local durante más de cinco horas. Todo ello con la pasividad absoluta de las fuerzas policiales allí apostadas.
Los saboteadores, en actitud de linchamiento, permanecieron en las puertas de la sede diplomática Cultural de Venezuela, amenazando y secuestrando a los asistentes, ciudadanos españoles y de otras nacionalidades; al Embajador venezolano y a los representantes del Cuerpo Diplomático que fueron retenidos allí contra su voluntad hasta más allá de la media noche. Mientras tanto la Policía Nacional permanecía pasiva permitiendo el acoso de esas bandas cuyos asistentes decían contar con la anuencia policial para perpetrar su agresión.
Esa complicidad de hecho con los agresores es contraria a los derechos y libertades más elementales, que cualquier Gobierno presuntamente democrático debe garantizar. Se trata de una actuación absolutamente coordinada con las campañas de injerencia del PP contra la República Bolivariana de Venezuela, junto con otros partidos políticos, y la manipulación de los medios de comunicación.
Las organizaciones, colectivos, movimientos y personas abajo firmantes hacemos responsable al gobierno de semejante atropello contra los representantes diplomáticos de la república hermana venezolana y de otros países que, junto con el público asistente, se encontraban acudiendo al acto público. Le responsabilizamos también de la vulneración del derecho de todos los ciudadanos a la libre circulación y reunión perpetrada impunemente por las hordas antidemocráticas, concentradas allí con ese propósito.
Exigimos la dimisión inmediata e irrevocable de la delegada del Gobierno por lo sucedido, así como la del portavoz gubernamental que el día después salió a justificar esta infamia con mentiras y presuntos argumentos basados en la injerencia en los asuntos de un país soberano como es Venezuela. Asimismo, hacemos un llamamiento tanto a las instituciones estatales para que ejerzan sus responsabilidades al efecto como a las elegidas por el pueblo de Madrid para que hagan suyas estas exigencias.
En Madrid, a 18 de Mayo de 2017
Adhesiones iniciales
Organizaciones, asociaciones, colectivos
ACP Estrella Roja
Alternativa Nacionalista Canaria
América Latina Soberana
Amigos del Che de Tarragona
Asamblea de Apoyo a Bolivia
Askapena
Asociación de amistad Hispano Cubana Bartolomé de las casas.
Asociación Canarias Siembra
Asociación Cultural Loquesomos
Asociación Cultural Maloka
Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas
Asociación de Cubanos en Catalunya José Martí
Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez
Asociación Integrando
Asociación Latinoamericana de Refugiados (ALR)
Asociación Marroquí de Derechos Humanos
Asociación Pablo de la Torriente Brau
Ateneo de Binefar
Ateneo de Monzón
Ateneo Popular de Solidaridad entre los pueblos.
Ateneo Republicano de Vallekas
Anova Irmandade Nacionalista
Bloque Nacionalista Galego
Casal de amistad con Cuba Barcelona
Casal de amistad con Cuba Badalona
Casal de amistad con Cuba Blanes
Casal de amistad con Cuba Lleida
Casal de amistad con Cuba Rubí
Casal de amistad con Cuba Sabadell
Casal de amistad con Cuba Santa Coloma de Gramanet
Casal de amistad con Cuba Terrassa
Casal de amistad con Cuba Vilanova i la Geltrú
Casal de Amistad con Cuba (Huesca)
Casal de l’Alba de Catalunya
CIDESPU (Ciudadanos en defensa de la Escuela Pública Móstoles)
Círculo de Migraciones de la Comunidad de Madrid
Círculo Republicano de Barbastro
Colectivo 26 de Julio
Colectivo Sociocultural Soledad Barrett
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
Comité Internacionalista de Badalona
Comité Madrileño de defensa de DDHH en Colombia (COMADEHCO)
Comité Zonal PCC en España
Coordinadora 25S
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba
Coordinadora Sindical de Clase (Huesca)
Defensem Cuba
El Casal de L’Alba de Catalunya
Euskadi- Cuba.
Euskal Herriko Komunisten Batasuna
Frente democrático de liberación palestina
Fundación los Hijos del Maíz
Gazte Komunisten Batasuna (GKB)
Iniciativa Comunista
Intersindical Canaria
ISI (Iniciativa Solidaria Internacionalista) de Burgos
Izquierda Castellana
Izquierda Republicana
Izquierda Unida
Juventud PCPE
Komite Internazionalistak
La guerrilla comunicacional
Latinoamericanxs OSP
Los Verdes
Madres contra la represión
⁠⁠⁠Marchas de la Dignidad Madrid
Marea Latinoamericana
Marx Madera
Mollet amb Cuba
Movimiento Apoyo a Siria (MAS)
Movimiento Nuevo Perú (MNP)
Mundo Obrero
⁠⁠⁠Nueva Generación de Ecuatorianos en España
ONG Patrice Lumumba
Organización Internacionalista Tiwizi (Canarias)
Paraguay Resiste
Partido Comunista España
Partido Comunista Obrero Español (Madrid)
Partidos Comunistes de Catalunya
PCE ML
PCPC
PCPE
Plataforma Bolivariana de Canarias
Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela Madrid
Plataforma Bolivariana Francisco de Miranda Cádiz
Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos
Plataforma de Solidaridad con Colombia
Plataforma Joven de Huesca Oriental
Plataforma Global Contra las Guerras
Plaza de los Pueblos
Red Roja
Sodepaz
Solidaridad con los Pueblos del Mediterráneo
Unidad del Pueblo (Canarias)
Unión de Juventudes Comunistas de España- UJCE
Vía Democrática de Marruecos
Woman in culture
Yayoflautas Madrid
Yesca

Cargos Públicos
Alberto Garzón    Diputado     Unidxs Podemos IU
Alexandra Fernandez    Diputada    Anova
Ángela Vallina    Eurodiputada    IU
Beatriz Alonso    Concejal    Ganar Leganés
Beatriz Mogroviejo    Concejala    Ganar Móstoles
Casiano Hernández    Concejal    IU- EQUO Becerril de la Sierra.
Engracia Rivera    Portavoz IU Diputación Sevilla    IU
Eva G. Sempere    Diputada    Izquierda Unida
Félix Alonso    Diputado    En Comú Podem
Félix Izquierdo    Concejal Alcalá de Henares    IU
Fidel Romero    Alcalde de La Roda (Andalucía)    PCA- IU
Hugo Paternina    Concejal    Ahora Getafe
Iñaki Bernal     Senador    Unidxs Podemos
Isabel Salud    Diputada    IU
Javier Alcolea    Concejal    Ahora Getafe
Javier Couso    Eurodiputado    IU
Javier Gómez-Pintado    Portavoz- Concejal    IU Mora
Joan Mena    Diputada    En Comú Podem
Joan Tardà    Diputado    Esquerra Republicana de Catalunya
Marian Beitialarrangoitia    Diputada    EH-Bildu
Marina Albiol    Eurodiputada    IU
Miguel Anxo Fernández    Diputado     Anova
Miguel Bustamante    Diputado    IU
Oskar Matute    Diputado    EH-Bildu
Paloma López    Eurodiputada    IU
Ricardo Sixto    Diputado    Unidxs Podemos IU
Rosana Zarapuz    Concejala    Ganar Alcorcón
Sergio M. Figueroa    Concejal    Ganar Fuenlabrada
Sonia Farré     Diputada    ECP
Txema Guijarro    Diputado    Podemos
Vanessa Angustia    Senadora    IU-EU
Vanessa Lillo    Concejala    Ahora Getafe
Yolanda Díaz    Diputada    IU-EU
Otras personalidades políticas, culturales e intelectuales
Ana Miranda    Coordinadora Área Internacional – BNG
Carlos Vázquez    Secretario político provincial    PCA Sevilla
David Enriquez    Cantautor
Enrique Santiago    Abogado    Negociador Paz Colombia
Fran Pérez Esteban    Responsable de Extensión Internacional    IU
Ismael Sánchez    Secretario político    PCA Sevilla ciudad
Jorge Martínez    Profesor Ingeniería     Universidad Carlos III de Madrid
Jose María Alfaya    Cantautor
Lorena Yusta    Vocal Vecina     Ahora Madrid
Marcos Roitman    Director de Cátedra de América     Universidad Complutense de Madrid
Mauricio Valiente    Co-portavoz    IU Madrid
Orlis Pineda    Cantautor
Rubén Cela    Responsable para la península ibérica  – BNG
Sol Sánchez    Co-portavoz    IU Madrid
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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