[Colombia] Un estado incapaz

Cambio Total.

Definitivamente el estado colombiano es quizá uno de los más incompetentes del mundo. O quiere serlo.

Con ocasión del proceso de paz y de la firma del Acuerdo de Paz se le advirtió, se le dijo, se le repitió, se le reiteró, que con los espacios dejados por las FARC-EP éstos iban a ser tratados de ser copados por las bandas de narcotraficantes, quienes  ahora se sintirían a sus anchas panchas para realizar sus negocios y hasta tratrarían de vengarse de las FARC-EP –algunos- de la regulación a que los sometió los farianos en sus años de vida en favor de los campesinos.

Quizás con la oculta intención de que así –como en la 2a Guerra Mundial- matarían dos pájaros de un solo tiro: dejarían que los narcotraficantes se vengaran de las FARC-EP y después entrarían las ”fuerzas del orden” y reducirían a esas bandas narcotraficantes.

Desde luego que nosotros sabíamos –y sabemos- que el narcotráfico es un sub-producto del capitalismo, una mercancía más, que se ofrece en el mercado, sin importar las consecuencias que ella trae. Ejemplo lo tenemos con la alharaca que montaron con el aumento de las áreas de cultivos de coca y con el aumento de la mortalidad producida por drogas estupefacientes, sin analizar que esa mortalidad es producida por las drogas sintéticas –eleboradas en los laboratorios farmacéuticos- y no por el consumo de la cocaína.

Ahora los medios en poder de la oligarquía se están dando golpes de pecho y acusan al gobierno y al estado de por su incapacidad. Strike cantado! Nada nuevo en el panorama!

Un estado que no hace presencia en el territorio nacional ni siquiera en períodos de ”calma”, mucho menos la hará en períodos de cambios y convulsión. Llama la atención que los medios oligárquicos se lamentan de la no presencia de las FARC-EP como si las estivueran invitando a regresar al monte. Cantos de Sirena?

Sociedad bloqueada

por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/09/02 

Ese parece ser el discurso del poder: no a la reforma política, no a la reforma a la justicia y no a la reforma del campo colombiano.

Ni los partidos políticos desprestigiados hasta los tuétanos, ni las Altas Cortes, ni la Fiscalía, anegados por una mafia poderosa cuyo poder extorsionador podría llegar incluso a poner el próximo presidente de la república, quieren reformarse.

La reforma política no le gusta a nadie. La creación de una corte electoral independiente, capaz de investigar el tema de los topes de las campañas y las contribuciones por debajo de cuerda que ellas reciben, no tuvo mayor eco ni en el Congreso ni en el Consejo de Estado, corte que desde el inicio de los debates salió en defensa de sus funciones electorales. El presidente del Congreso de ese momento, el senador por La U Mauricio Lizcano, hizo campaña contra la propuesta de la corte electoral y, luego de que lograron tumbarla, el Consejo de Estado restituyó a Guido Echeverry, quien forma parte de su grupo político, en la Gobernación de Caldas. Dichosa coincidencia.

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Con contadas excepciones, la mayoría de los partidos no están interesados en acabar con el ineficaz Consejo Nacional Electoral porque necesitan que este organismo siga siendo un congelador de procesos para que todos los casos que van a parar allá terminen extinguiéndose por prescripción de términos. (¿Quién no cree que la compulsa de copias que hizo NHM ante la CNE para que investigue si las campañas de Óscar Iván Zuluaga y del presidente Santos se volaron los topes va a terminar sepultada por prescripción de términos?).

La oposición de las Altas Cortes y de la Fiscalía a la creación de un tribunal de aforados independiente sigue la misma lógica: no quieren someterse a ninguna instancia que los controle ni los vigile que no sea la ineficaz comisión de absoluciones de la Cámara. Y hasta tanto esta distorsión institucional no se reforme, los exmagistrados como Leonidas Bustos, Camilo Tarquino o Francisco Ricaurte pueden seguir haciendo de las suyas a sabiendas de que no les va a pasar nada. Hoy, con todo lo que hay en su contra, siguen frescos deambulando por los salones de la Justicia defendiendo a sus clientes y moviendo sus hilos en la Fiscalía y en las Altas Cortes porque la justicia no se atreve siquiera a tocarlos.

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La última vez que se intentó crear un organismo independiente, -un tribunal de aforados- para acabar con esa impunidad, el fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, en alianza con el entonces presidente de la CSJ, Leonidas Bustos, amenazó al país con sacar los jueces a las calles y parar la justicia. Y como para que no quedara duda del poder de las elites de la justicia, cuando el fiscal y las cortes vieron que la reforma fue aprobada por el Congreso, Eduardo Montealegre siendo ya exfiscal presentó una demanda ante la Corte Constitucional y consiguió tumbar el tribunal de aforados. La posibilidad de que lo reformen quedó bloqueada hasta nueva orden.

Ahora sabemos que la indignación de entonces, era no solo una farsa, sino una mampara para que la mafia liderada por Bustos y compañía pudiera pasarse por los pasillos de la Fiscalía y de las Altas Cortes a sus anchas. Ahora que esa mafia ha empezado a quedar expuesta, NHM ha salido a decir que hay que revivir el tribunal de aforados que él ayudó a menoscabar cuando fungía como ministro de la Presidencia del gobierno Santos. En ese entonces se opuso tras bambalinas a ese tribunal de aforados, así hoy insista en negarlo. Hábilmente utilizó esa coyuntura para posicionar su nombre como aspirante a la Fiscalía y lograr que Bustos promoviera su candidatura, con el aval de Germán Vargas de Cambio Radical. Si de verdad quiere desbloquear el sistema que él mismo contribuyó a cerrar, le va a tocar emplearse mucho más a fondo y arrancar de raíz la corrupción que todavía anida en la Fiscalía.

El tema de la reforma rural integral es aún más complejo. El uribismo y Cambio Radical se oponen a la reforma rural. Para el uribismo la RRI es una puerta que se le abre al castrochavismo y el primer peldaño para acabar con la propiedad privada. Para Cambio Radical esta es una reforma que va en contra de los dueños de la tierra. A pesar de que los cambios que propone la RRI lo que buscan es sacar el país del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI, Uribe y Cambio Radical han logrado convencer al Consejo Gremial de que la RRI es en realidad una reforma agraria disfrazada, que va contra la propiedad privada y que le va a quitar la tierra a los ricos para dársela a las Farc.

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Por eso, unos y otros se oponen al fondo de tierras e incluso a la actualización del catastro porque aducen que eso significaría un incremento en el impuesto predial rural, uno de los más bajos del mundo que afectaría la productividad. Es decir, por cuenta de la falsa tesis del castrochavismo, quieren que el país siga en el siglo XIX y solo están dispuestos a un avalúo catastral hecho a su medida: uno que tenga en cuenta la productividad y no el uso potencial de la tierra porque de esa manera se sigue estimulando la tierra de engorde.

Ese parece ser el discurso del poder: no a la reforma política, no a la reforma a la Justicia y no a la reforma al campo colombiano. Tan mal estamos que cualquier intento por abrirse a los cambios es registrado como un atentado al Estado de derecho y a la Constitución. En palabras de mi profesor Mario Latorre, estamos en una sociedad bloqueada. 

Uribe dice que las reformas pactadas en La Habana son un camino hacia el castrochavismo. En realidad la cosa es al contrario: si no nos reformamos, lo más seguro es que en un futuro no muy lejano vamos a tener un gobierno populista de derecha o de izquierda entronizado en el poder.

[Colombia] La narco-para-economía

Allende La Paz.

Es una verdad del tamaño de una catedral que los dineros del narcotráfico permearon toda la vida colombiana. La economía no podía ser la excepción.

Desde la “ventanilla siniestra” del Banco de la República los dineros del narcotráfico entraban raudos a la economía y paliaban la crisis económica colombiana, economía subdesarrollada con rasgos feudales dependiente del imperialismo estadounidense, quien era –y es- el que dictaba las políticas económicas (ALBA, TLC, etc) y las políticas de Guerra para imponer esas políticas económicas.

Por ello, decir que Colombia es un país dependiente del narcotráfico es lo mismo que decir que los Estados Unidos han permitido tal política y la han dictado desde los centros de poder de Washington.

Cuando el narcotráfico inundaba Colombia –Carteles de Medellín con el capo Pablo Escobar, jefe de Álvaro Uribe Vélez, Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle, etc- ello era evidente para todo el mundo. Hasta le construyeron una cárcel –la Catedral- conforme la quería el capo (gobierno Gaviria Trujillo).

A la muerte de Escobar, los más favorecidos fueron los del sector financiero que se quedaron con miles de millones de dólares depositados en sus cuentas, y lógicamente la economía subterránea y legal del narcotráfico. Miles de haciendas propiedad del capo Escobar quedaron en manos de sus testaferros.

La policía, los militares, los jueces, los políticos tradicionales (politiqueros), los comerciantes de todo tipo, todos recibían su parte del porcentaje del negocio, consciente o inconcientemente, al punto que era una máxima que quien mandaba erael “verde”.

Los dineros del narcotráfico entraron de igual manera a las campañas políticas de los partidos tradicionales y los nuevos nacidos al calor de la borrachera de los ”verdes” y hasta llevaron al propio Escobar al congreso colombiano.

El contubernio impúdico del estado con las bandas del narcotráfico quedó develado con el entrenamiento de las bandas armadas de narcotraficantes –pagadas por Uribe Vélez según el instructor israelí Yair Klein-, y se evidenció en masacres, ejecuciones, despariciones forzadas, y en el desplazamiento forzado que favorecía directamente a los ganaderos-terratenientes.

Sumieron entonces a Colombia en una inconmensurable tragedia humaniataria, que al día de hoy todavía estamos en la tarea de reconstruir.

El narco-praramilitarismo se disparó en toda Colombia de la mano de Álvaro Uribe Vélez con las Convivir –las Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Casataño- cuando fue gobernador de Antioquia y posteriormente como presidente de Colombia.

Uribe Vélez adelantó un fementido proceso de paz con los narco-paramilitares. Los narco-paramilitares reconocieron más de 120.000 asesinatos, recibieron 33 condenas por la Ley de Justicia y Paz, y sus capos traicionados por el propio Uribe Vélez –fueron extraditados- cuando éstos comenzaron a contar sus conexiones de él y la clase política. Lo que en realidad sucedió fue el intento de Uribe Vélez de institucionalizar el narco-paramilitarismo en la vida nacional.

El negocio del narcotráfico nunca fue tan exhuberantemente existoso como en los tiempos de Uribe Vélez. Ya no perseguían a dos cartels, sino que éstos se habían multiplicado y existían 300 de éstos que suplian la demanda de Estados Unidos y Europa.

Al día de hoy el narcotráfico sigue siendo una fuente de divisas -ilegal- para la economía colombiana, sumida en crisis por pasar de país exportador a importador de petróleo, entre otras causas. Mas tenemos que reconocer que la época dorada comenzó con el Cartel de Medellín y ha tenido un declive a partir de la terminación del Segundo período de Àlvaro Uribe Vélez.

Colombia, el segundo con mayor pobreza extrema en la región

Por: LaRepública

Luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicara el miércoles las cifras de pobreza durante 2016 en el país, LR quiso ver cómo afecta este flagelo a la región.

Aunque hasta el día de hoy, Colombia es el único que ha presentado cifras del año pasado, en términos de pobreza extrema (también llamada indigencia), el país se ubica como el segundo con el mayor porcentaje (8,5%) después de México (9,5%), muy lejos de la cifra de Chile, en donde solo 3,5% de la población vive en esa condición.

La pobreza extrema es entendida, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), como la situación en la que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación y también afecta a 4,1% de peruanos, 4,2% de brasileños y 6,9% de argentinos.

No obstante, en términos del número de personas viviendo de esa forma, el orden de la lista varía. Colombia es el tercer país con el mayor número de la población en situación de pobreza extrema luego de México y Brasil, pues de acuerdo con el Dane, 4.003.000 personas viven con menos de US$39,82 al mes.

México, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizado en 2014, tiene 11,4 millones de personas viviendo con menos de US$64,96 al mes (ingreso mínimo). Entre tanto, Brasil, de acuerdo con información suministrada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene más de 8,5 millones de personas que sobreviven con US$24,90, la línea de pobreza extrema fijada en ese país.

Por el lado de las naciones con el menor número de personas en esta condición está Chile que, además de tener el PIB per cápita más alto de la región, de acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional realizada en 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social, cuenta con alrededor de 628.000  personas. En términos monetarios, una persona en situación de indigencia tiene menos de US$152,99 al mes para satisfacer, por lo menos, sus necesidades de alimentación.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), Perú tiene 1,26 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza extrema, que es de US$51,51 al mes.

En Argentina, el informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica, al tercer trimestre de 2016, se encontró que 2,7 millones de personas están viviendo con menos de US$165,66 mensuales. Este monto es la línea de pobreza extrema fijada en el segundo trimestre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Aunque el ingreso para considerar que se vive en la pobreza extrema en el país gaucho es el mayor de la región, no hay que dejar de lado que la inflación en 2016 llegó a 40% y el salario mínimo también es el más alto de los países evaluados, con US$521,34.

De acuerdo con Luis Fernando Ramírez, vicerrector de investigaciones de la Universidad de La Salle, pese a que erradicar la pobreza extrema es uno de los ejes fundamentales de toda política social, “es difícil atacar estos segmentos poblacionales (por ejemplo, los habitantes de la calle o las personas en situación de drogadicción) porque no tienen continuidad en los programas sociales”. En este sentido, considera que es mucho más complicado bajar la pobreza extrema que la general.

Precisamente, en relación con la pobreza a nivel general en Colombia, LR tuvo en cuenta la monetaria (28%) mas no la multidimensional (17,8%) que mide el Gobierno.

Con base en esto, una persona que reciba menos de US$82,77 al mes se considera pobre. Este ingreso fue el que más causó júbilo en el Gobierno ya que contribuye en mejoras a la calidad de vida. Para el presidente Juan Manuel Santos, “la meta que nos pusimos de cinco millones de personas que salieran de la pobreza multidimensional ya se cumplieron antes de terminar el periodo”, puesto que el país pasó de tener 13,71 millones de personas en esa condición en 2010 a 8,58 millones en 2016.

En términos de pobreza monetaria, Colombia es el tercer país de la región después de México (46,2%) y Argentina (32,9%). Ya en relación con el número de personas, también es el tercero con menor población detrás de Chile y Perú.

Para Yadira Gálvez, profesora de ciencia política de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque la región ha avanzado en la eliminación de la pobreza, aún le quedan desafíos como la creación de empleos dignos con salarios justos.

México lidera ranking de los más pobres

Para Yadira Gálvez, profesora de ciencia política de la Unam, uno de los principales problemas de su país es que la transferencia de recursos para eliminar la pobreza alivia la situación por un momento (sobre todo en la época electoral) sin que haya instrumentos sociales a largo plazo que generen mejores condiciones como sí pasa en Chile. Así mismo, el alto nivel de concentración de la riqueza, su apertura a los mercados sin diversificar productos, y el aumento de la informalidad han reforzado la desigualdad en México.

Tomado de: http://www.larepublica.co/colombia-el-segundo-con-mayor-pobreza-extrema-en-la-regi%C3%B3n_487706

Qúe es un Estado fallido?

Tomado de Google?.

El término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el centro de estudio Fund for Peace ha propuesto los siguientes parámetros:

Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.

Incapacidad para suministrar servicios básicos.

Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Por lo general, un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político, y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Sin embargo, el grado de control gubernamental que se necesita, para que un Estado no se considere como fallido, presenta fuertes variaciones. Más notable aun, el concepto mismo de Estado fallido es controvertido, sobre todo cuando se emplea mediante un argumento de autoridad, y puede tener notables repercusiones geopolíticas.

En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial, y a la interferencia militar en la política.

¿Es Colombia un Estado fallido?

Por Fernando Reyes, RT

Colombia es un país que se ha destacado en la esfera internacional no solo por ser una de las democracias más antiguas de América, sino también por tener una fuerte economía en desarrollo, que con el apoyo de los Estados Unidos como su principal socio comercial y militar, también se ha caracterizado por ser un aliado clave de la comunidad internacional en la lucha contra las drogas.

Colombia es un país donde las autoridades no tienen el control material sobre la totalidad del territorio, así como tampoco tienen el monopolio en el uso de la fuerza

Sin embargo, este país también se ha dado a conocer por un largo conflicto armado cuyo impacto real solo trasciende a través de la contradictoria información que se encuentra en las declaraciones oficiales del Gobierno, en las noticias de los medios tradicionales, en los comunicados emitidos por los diferentes actores del conflicto armado y en la fragmentada información que publican las organizaciones no gubernamentales.

Si bien es cierto que Colombia es un miembro respetado de la comunidad internacional, sus extremas realidades brindan un panorama bastante desolador que oscurece esa imagen positiva que brindan las elaboradas estrategias oficiales de propaganda.

Claro, es innegable que Colombia es un país atractivo para la inversión extranjera y que es un hermoso destino turístico para los viajeros de otros países. También es indiscutible que el progreso artístico y tecnológico ha sido impresionante y que muchos de los avances científicos allí desarrollados son de relevancia internacional. Además, cómo negar que su economía formal ha crecido notablemente en la última década y que su sistema financiero goza de una fortaleza admirable que ha sido clave para el progreso del país, lo cual, obviamente, ha beneficiado significativamente a muchas esferas sociales.

Lamentablemente, en Colombia existen muchas otras realidades ocultas que en conjunto muestran un país negativamente heterogéneo. Son diferentes contextos socioeconómicos que van desde sociedades urbanas cosmopolitas que interactúan en un mundo globalizado y que fácilmente se confundirían con cualquier ciudad del primer mundo, hasta sociedades primitivas que no solo parece que vivieran aún el el sigo XIX, sino que además son las que ponen la mayoría de las víctimas ocultas de ese conflicto que ha desangrado al país por décadas.

Son regiones en las que el suministro de los servicios básicos es bastante limitado y donde millones de personas aún viven en condiciones de extrema pobreza y abandono con nulo acceso a servicios de salud, electricidad, agua potable, transporte y educación. Es tal el olvido en el que viven, que esas áreas quedan por fuera del control estatal y los diferentes actores armados al margen de la ley, sean de derecha o de izquierda, ejercen el poder público como las únicas autoridades reconocidas por la población civil.

En otras palabras, la realidad colombiana es un escenario de múltiples aristas que se puede describir brevemente de la siguiente forma: Colombia es un país donde las autoridades no tienen el control material sobre la totalidad del territorio, así como tampoco tienen el monopolio en el uso de la fuerza. Es un Estado donde la autoridad legítima está tan fragmentada y erosionada que el Congreso manipula las funciones ejecutivas y el Ejecutivo manosea la actividad legislativa; es una nación donde la administración tiene extremadamente limitada su autonomía en la toma de decisiones y acude a tácticas oscuras para cumplir con sus objetivos; es un país donde las altas cortes legislan, mientras los órganos de control manipulan a su antojo y con amenazas a los funcionarios que no comulgan con sus creencias personales; es una sociedad donde los múltiples escándalos por corrupción ocupan a diario las primeras planas de las medios informativos nacionales, y donde innumerables personalidades públicas han sido señaladas por haber sido copartícipes o cómplices de los actores armados en la comisión de delitos execrables.

¿Es Colombia un Estado fallido? Los hechos indican que la respuesta es afirmativa

Obviamente, en el curso de los años se han ejecutado innumerables políticas públicas cuyos objetivos principales han sido el progreso general de la nación y el total control territorial del Estado, bien sea a través de estrategias de paz o por medio de la confrontación armada directa.

Tristemente, el programa bandera del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2008) era la seguridad armada para el desarrollo social y económico del país, sin que importara mucho el costo social que iba a generar. Si bien los resultados económicos de dicha política fueron notables, los daños colaterales que dejaron a su paso se materializaron en alrededor de cinco mil ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de las Fuerzas Armadas, casi cinco millones de desplazados por el conflicto armado, cientos de masacres a mano de los grupos paramilitares que contaban con el apoyo del Estado, miles de desaparecidos, miles de muertos y heridos a causa de las minas antipersonales sembradas por los actores irregulares y de sus ataques a la población civil, ataques armados a la infraestructura vial, minera y energética, homicidios selectivos, etc.

¿Es Colombia un Estado fallido? Los hechos indican que la respuesta es afirmativa. Si bien existe un país aparentemente democrático que ejerce un supuesto control territorial a través de cuestionables estructuras de poder y que además reclama tener el monopolio sobre el uso de la fuerza, la realidad sugiere que estas son verdades a medias que han sido difundidas y repetidas hasta la saciedad con el fin de ocultar aquellos escenarios que en conjunto muestran un país totalmente fragmentado, polarizado ideológicamente y que está fuera de control.

La buena noticia es que el proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC ha ido más allá de cualquier intento pasado de concertar la reconciliación y ofrece un escenario optimista para acabar con décadas de un conflicto que ha dejado a su paso cientos de miles de víctimas.

Sin embargo, existe un obstáculo que puede llevar a que este proceso fracase y que Colombia siga su camino al caos. Ese obstáculo es la férrea oposición del expresidente (y hoy senador) Álvaro Uribe y sus grupo político, quienes demandan acabar de una vez por todas con el proceso de paz y continuar con el conflicto a través de las agresivas y violentas políticas armadas que ya una vez dejaron el país bañado en sangre, hasta lograr la derrota y el total aniquilamiento de los grupos subversivos. Aunque el resultado del proceso de paz es aún incierto, lo indiscutible es que Colombia se encuentra en una disyuntiva única en su historia: la guerra total o la recuperación general. ¿Estado fallido o milagro socioeconómico? El tiempo lo dirá.

@ReyesFernando

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