por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/12/16
Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos, innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre.
En 2017 se volvió a demostrar que el statu quo en Colombia es tan fuerte como en 1936, cuando el establecimiento liberal y conservador terminó aliado con el propósito de frenar la Revolución en Marcha propuesta por el entonces presidente Alfonso López Pumarejo.
Entonces como ahora, las reformas sociales produjeron una reacción airada de la mayoría de las elites que se sintieron amenazadas por esos cambios hasta el punto de que terminaron sofocándolas.
Aunque las reformas de López Pumarejo eran más estructurales que las que intentó implementar el gobierno Santos, como producto de los acuerdos de La Habana, ni unas ni otras lograron ver la luz.
La reforma agraria de López Pumarejo quedó reducida a una Ley de Aparcería que tampoco llegó a aplicarse; en 1968, el presidente Carlos Lleras Restrepo intentó hacer una nueva reforma agraria menos ambiciosa que la de López, pero esta fue sepultada en el Pacto de Chicoral, bajo la administración del gobierno conservador de Misael Pastrana.
Casi 30 años más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso un paquete de medidas para impulsar el desarrollo del agro, bastante menos ambiciosas que las que propusieron Lleras Restrepo y López Pumarejo en su momento, pero también se encontró con el mismo muro infranqueable. Pese a que los acuerdos de paz no buscaban cambiar el modelo económico ni pretendían impulsar cambios estructurales –ni siquiera se llegó a plantear una reformar agraria– y solo se pretendía ordenar la tierra, mejorar el tema de la titulación de tierras y actualizar el catastro rural que hace 30 años no se reformaba, Santos tampoco pudo.
Modernizar el agro, o mejor sacar el campo colombiano del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI, resultó ser también una amenaza para un statu quo que se ha acostumbrado a imponer sus privilegios por encima de los desarrollos lógicos de la historia.
Esa manera obtusa de mirar el mundo y de concebir al país debería ser motivo de una seria reflexión por parte de los empresarios y de la clase dirigente. Para crecer y para aumentar la productividad en el agro hay que modernizar el campo y eso significa incluir en esas nuevas políticas a los campesinos. Eso lejos de ser castrochavismo es el más puro capitalismo, pero tal es la pugnacidad y la polarización que ni siquiera la lógica capitalista tiene ya cabida en la mente feudal de muchos empresarios del campo, varios de los cuales fueron actores del conflicto armado como financiadores de grupos paramilitares.
Afortunadamente, no todos los empresarios son tan obsecuentes a los tiempos modernos en Colombia y hay dirigentes que sí están leyendo bien este momento como Antonio Celia, el presidente de Promigás, quien pronunció hace poco un discurso ante el Consejo de Competitividad que leí con gran alivio. Su crudo y honesto discurso debería ser leído por los empresarios que hoy se aferran al pasado y a sus privilegios sin invertir ni innovar ni apostarle al país.
En ese discurso, que recomiendo, Antonio Celia les recuerda a los empresarios que no solo tienen que velar por sus intereses, sino que también tienen deberes y responsabilidades sobre todo en un país como Colombia donde los niveles de desempleo siguen siendo muy altos y los índices de desigualdad los más altos del mundo.
Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos, innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre. La defensa a ultranza de un statu quo por encima de las necesidades de un país fue lo que llevó al poder a un populista como Chávez en Venezuela. No sobra recordarlo.
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