[Colombia] La sangre derramada que no debe olvidarse en las presidenciales

por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2018/01/17 

Con la llegada de Uribe a la Casa de Nariño, recordaba Cecilia Orozco Tascón en su última columna de 'El Espectador', empezó el soborno a periodistas de medios importantes para que hicieran el trabajo sucio: crear noticias falsas.

Más allá de los criterios “reciente” y “novedoso”, estimados por los medios de comunicación al publicar un hecho, están otros valores noticiosos que John Fiske subraya en su libro Introducción al estudio de la comunicación (1984). Uno de estos tiene que ver con lo sorprendente del acontecimiento, otro enfatiza sobre su impacto negativo en la sociedad y, por último, su afectación a una personalidad de la elite. Fiske resalta otro criterio que nos indica que la balanza noticiosa nunca es equilibrada: los valores culturales que inserta el mito. Y aunque los modelos con los que ilustra su estudio fueron tomados de la prensa inglesa de finales de los sesenta, 50 años después no han perdido la validez académica que catapultó a Fiske al parnaso de los grandes teóricos de la comunicación del siglo XX.

Los mitos son, pues, esos elementos culturales dominantes con los que un grupo social intenta explicar unos acontecimientos de la vida, dándole así un estatus de “lo real” que le permite, a su vez, justificar unos hechos. Estos mitos nos dicen que la Policía, por ejemplo, es una institución que tiene como objetivos mantener el orden y velar por el cumplimiento de las leyes. Nos dicen así mismo que los sindicatos son gremios dirigidos por revoltosos de izquierda que tarde o temprano terminarán acabando con las empresas y nada tienen que ver con esas organizaciones que buscan el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Que las guerrillas son solo grupúsculos de bandidos que recorren el país tomándose los pueblos, secuestrando campesinos, reclutando niños y asaltando sexualmente a las niñas, sin dar explicación válida, en ningún momento, de sus orígenes.  

En una guerra, nos recordaba hace un par de años el periodista español Mikel Lejarza Ortiz, lo primero que muere es la verdad, y la mentira se convierte en un arma poderosísima. Ya olvidamos que, en 2001, en la recta final de la campaña por la Casa de Nariño, una serie de atentados terroristas sacudió a las principales ciudades del país. En Barranquilla y su área metropolitana hizo explosión un carrobomba y una carga de pentolita con varios kilos que tenía como objetivo acabar con la vida del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez fue desactivada. En Bogotá, varios carros atiborrados de explosivos dejaron una larga estela de sangre; otros fueron desactivados por el grupo de antiexplosivos de la Policía. Lo mismo ocurrió en Medellín, Cali y Neiva, donde la vida del mayor opcionado para llegar a la Presidencia estuvo pendiendo de un hilo.

Todos los vectores apuntaban a la guerrilla de las Farc. Las pesquisas, según la voz oficial, señalaban a los comandos urbanos de las entonces poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al sanguinario Mono Jojoy. Luego el país se enteró de que en aquellos “actos terroristas” nada tuvo que ver la guerrilla, sino que fue la puesta en escena de unos hechos orquestados desde el corazón mismo de la Policía y el Ejército Nacional. Por supuesto, los medios de comunicación no dudaron en replicar lo que a los ojos de “los colombianos de bien” se constituyó en acontecimientos repudiables desde cualquier ángulo que se le mirase.

Las Farc eran, sin duda, el chivo expiatorio, el caballito de guerra para convertir al país en un campo de batalla donde todas las posibles atrocidades pudieran justificarse en beneficio del bien mayor. El plan era hacer ver a la guerrilla como los malvados del paseo, una horda de bandidos sin corazón, capaces de borrar a Colombia del mapa con el fin de conseguir su anhelada meta: tomarse el poder por la vía armada.

Lo que vino después, cuando Uribe llegó a la Casa de Nariño, nos lo recordaba en su última columna de El Espectador (09/01/2018) Cecilia Orozco Tascón, fue la compra de periodistas de prestigiosos medios para que hicieran el trabajo sucio: crear noticias falsas que le permitieran al Gobierno mostrarse ante los colombianos como una administración que no solo combatía a los desadaptados con mano dura, sino que también estaba guiando al país al desarrollo del siglo XXI. Ese desarrollo incluyó –se ha olvidado-- la entrega de más de 30 empresas nacionales a grupos económicos extranjeros, la “donación” de cientos de millones de dólares a un “grupo de campesinos” a través del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro, AIS, y una extensa lista de jóvenes asesinados que luego eran disfrazados y presentados ante los medios como guerrilleros dados de baja en combate.

Desde entonces, nos decía la columnista, el método empleado por el uribismo ha evolucionado de aquellos terroríficos montajes de guerra a la compra de periodistas, pasando por la elaboración de noticias espurias hasta llegar a lo que Orozco ha denominado “fabricación de periodistas” como Gustavo Rugeles, puesto al servicio de personajes como Abelardo de la Espriella, quien, al parecer, lo salvó de ir a la cárcel por destrozarle el rostro a golpes a una antigua compañera sentimental.

Pero más allá de este tejemaneje oscuro, lo que se ha puesto en marcha hoy es la proliferación de páginas webs y portales como El Expediente, dirigido por Rugeles; Los Irreverentes, un dudoso sitio digital comandado desde Miami por otro personaje sumamente polémico y declarado uribista como es Ernesto Yamhure, quien desapareció del panorama social nacional cuando el periódico Un Pasquíndeveló su estrecha relación con el célebre paramilitar Carlos Castaño, un extraño pero eficiente corrector de estilo que, además, le decía qué temas podía abordar en su columna de El Espectador y cómo podía abogar de manera subrepticia por las AUC.

En este mismo listado de portales digitales afines al creador del Centro Democrático se destacan El Nodo, administrado por Mario Alexander Penagos; Oiga Noticias, del cual se desconoce sus patrocinadores pero que ha creado toda una escuela que ataca sin misericordia y de forma rastrera a todo aquel que exprese una opinión negativa contra el expresidente y senador Uribe. Uno de sus favoritos, a quien, incluso, han tildado de narcotraficante, es a Daniel Coronell, el mejor columnista, de lejos, que tiene Colombia, amenazado innumerables veces de muerte por su posición crítica ante las políticas de la extrema derecha. En la misma línea se destacan Costa Noticias, un portal que, según Lasillavacía, tiene su sede en Valledupar, Debate, dirigido por el consigliere antioqueño y actual senador José Obdulio Gaviria, y una emisora cordobesa llamada 38 grados Montería Radio, muy cercana al destituido senador Bernardo ‘Ñoño‘ Elías y al exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus, investigado por la justicia por la apropiación de más de 100.000 millones de pesos.

Tampoco debería extrañar que El Telégrafo, un periódico digital creado en la capital cordobesa, y afín a las políticas de Uribe Vélez, tenga como columnista a una “luminaria del derecho” colombiano como Abelardo de la Espriella y a un excandidato presidencial de la talla de Rafael Nieto, quien ratificó en una entrevista las amenazas proferidas, meses atrás, por el exministro Fernando Londoño en una convención del Centro Democrático de “hacer añicos ese papel mal llamado acuerdos de paz” si algunos de los afines a esa colectividad llegaba  a la Casa de Nariño. Gustavo Rugeles, el golpeador de mujeres, hace parte, curiosamente, de ese abanico de opinantes del “destacado” portal monteriano.

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*Magíster en comunicación

[Colombia] El escándalo de corrupción que sacude al canal regional Telecaribe

JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/12/27 

La primera pregunta que debería responder el gerente de Telecaribe, Juan Manuel Buelvas, a la Procuraduría General y a la Fiscalía es por qué la junta directiva del canal le concedió el estudio de una licitación a una corporación que no tiene nada que ver con comunicaciones ni mucho menos idea de cómo funciona un canal de televisión.

La unificación de la opinión, como lo pretende la junta directiva del canal regional Telecaribe, es un atentado contra la opinión misma y, de paso, contra los principios democráticos de cualquier sociedad formalmente constituida. La libertad individual de ese derecho universal de opinar no puede castrarse bajo ningún argumento permeado por los intereses políticos de un grupo económico poderoso en detrimento de los intereses de una mayoría. Lo anterior solo es explicable, y ahí radica su oportunismo, en el momento coyuntural en que se aplica la medida: la inminencia de unas elecciones que definirán el futuro de los colombianos en los próximos cuatro años.

Amarrar la opinión y disponer de los espacios de emisión a su conveniencia, es, pues, un imperativo en la búsqueda del éxito mayor: que sus candidatos a las corporaciones legislativas y a la Presidencia de la República alcancen sus objetivos. Para nadie es un secreto que el canal regional Telecaribe, que cumplió recientemente 30 años al aire, dejó de ser hace rato un canal regional para convertirse solo en uno cuya deficiente programación no alcanza un nivel de audiencia más allá de los límites de la ciudad de Barranquilla. Tampoco es un secreto que su gerente, Juan Manuel Buelvas, es una cuota política de ese grupo económico poderosísimo representado en la familia Char. Afirmar que Buelvas es un “gerente” es darle un crédito que sobrepasa los límites significativos que encierra esa palabra. Pues, para ser más específico, su función es llevar al papel las órdenes de sus superiores. No tiene sentido, como lo han expuesto varios representantes de los programas de opinión que se emiten con grandes dificultadas por ese canal, que los únicos méritos que se hayan tenido en cuenta para catapultar a Buelvas a la dirección de Telecaribe estén relacionados con su cercanía con el poder y vestirse como lo demandan los cánones culturales del Caribe.

Tampoco tiene sentido que la junta directiva de ese canal convoque una licitación para reorganizar la asignación de la programación y le exija como prioridad a las programadoras para seguir al aire el pago anticipado de 300 millones de pesos. Según lo expresado recientemente por Harold Salazar, presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico, ACSA, no hay en la región Caribe colombiana un solo periodista, o gremio periodístico independiente, que tenga esa capacidad financiera para pagar esa suma que correspondería únicamente a la emisión de los contenidos, ya que la producción alcanzaría sin duda un valor igual o superior.

Pero más allá de la alta cuota que se les exige para mantenerse al aire, la licitación busca, contradictoriamente, medir la calidad de los programas por los “me gusta” que puedan producirse en las redes sociales, atentando de esta manera contra los intereses de la televisión pública regional, en este caso contra los intereses reales de Telecaribe y su objetivo general como es la participación en su parrilla de todos los departamentos y ciudades de la región con su diversidad de opinión, problemas  y necesidades que los afectan.

“No conocemos ningún periodista, ni gremio periodístico, que tengo 300 millones debajo del colchón para invertirlo en un negocio con las afugias de la televisión de hoy. Si no es sostenible la televisión pública nacional que maneja más de 6.000 millones de pesos, que es lo que ha administrado el señor gerente de Telecaribe, Juan Manuel Buelvas, y que es lo que le ha traslado la Autoridad Nacional de Televisión desde que él se desempeña en ese cargo, qué se puede esperar de la televisión regional”, ha expresado el periodista Harold Salazar en una comunicación con la cadena radial Caracol.

Resulta imposible para aquellos periodistas independientes que buscan mantener la emisión de sus programas producir 800 millones de pesos en un año, mucho menos si lo que se intenta es que esa cifra se facture en un mes cuando la teleaudiencia del canal disminuye cada día con una velocidad pasmosa: menos del 20 por ciento de los costeños sintoniza la programación del canal regional Telecaribe y solo el 40 por ciento de los barranquilleros ve las franja de opinión, representada en las noticias de las 6:30 de la tarde, han expresados algunos periodistas.

Que se busque controlar la franja informativa en un momento coyuntural político, donde se avecinan elecciones para elegir un nuevo Congreso de la República y un nuevo inquilino de la Casa de Nariño “no deja de ser sospechoso” para los  miembros de la ACSA. Pero resulta mucho más sospechoso si se piensa que la nueva licitación que busca reglamentar y darle nuevos giros a la franja informativa, le fue adjudicada para su estudio a la Corporación Mi Ciudad de Dosquebradas, Risaralda, como lo registra el acta de informe de evaluación de propuesta del concurso de méritos número 001 de marzo de 2015 que se puede consultar en la web del canal.

El asunto no tendría ninguna trascendencia si la Corporación Mi Ciudad fuera una empresa reglamentada ante la Cámara de Comercio y ante los organismos reguladores de la contratación del Estado como una firma dedicada a este tipo de estudios. Pero no. La corporación que contrató el gerente de Telecaribe, como cabeza visible de la junta directiva y cuyo monto de contratación superó los 800 millones de pesos, según lo expuesto por algunos periodistas que han denunciado el hecho ante la Procuraduría Nacional, está dedicada a otra actividad social, definida como una organización que busca cohesionar socialmente, a través de actividades de grupo y superación, a las familias más necesitadas de Dosquebradas. Su NIT es  el 816008837-4 y se encuentra impreso en el acta de contratación que suscribió con Telecaribe.

En este sentido, la Procuraduría Nacional y la Fiscalía tienen muchos interrogantes por hacer. Y Juan Manuel Buelvas y  la junta directiva del canal muchas preguntas por contestar.

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*Magíster en comunicación.

[Colombia] La criminalidad del poder

por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/12/06 

Es aquí donde vemos la importancia demagógica y coyuntural política de la seguridad, vendida a los ciudadanos por las elites de poder y que el expresidente Uribe tomó como bandera y le dio a Colombia un historial de masacres selectivas y desapariciones forzadas.

“Uno lanza balas cuando se queda sin ideas”, escribió Adolfo Zableh Durán en uno de sus artículos de El Tiempo. Pasa lo mismo cuando las palabras se vuelven estériles y no cumplen su función comunicativa. Colombia es un país emocional, pero, sobre todo, de locos. Y no es una metáfora. Según un estudio de 2014 de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, cuatro de cada diez colombianos tiene problemas mentales, lo que podría indicar  que aproximadamente “18 millones de compatriotas sufre de algún trastorno que los hace actuar, en muchos casos, de forma violenta frente a una situación que puede ser adversa”.

Lo anterior casi siempre desemboca en acciones delictivas. En un estudio del jurista italiano nacionalizado francés Luigi Ferrajoli, que lleva por título Criminalidad y globalización, nos recuerda que la criminalidad es como un virus mutante, pues cada vez se hace más compleja. Pero, sin duda, la más devastadora de todas, y que amenaza la subsistencia de las sociedades, los derechos humanos, la democracia y el futuro del planeta, es “la criminalidad del poder”. Esta absorbe todas las demás formas porque se produce en lo más alto de la pirámide social y tiene directa relación con los poderes legalmente constituidos. Todas las representaciones de la ilegalidad tienen un carácter de criminalidad empresarial. En apariencias, un teléfono celular hurtado en el centro de Bogotá se le asocia con la delincuencia común, pero si le sigue el rastro encontramos que detrás de un hecho como este hay toda una industria del crimen organizado.

“En estos (…) casos, la pequeña delincuencia es directamente promovida por organizaciones criminales que explotan las condiciones de miseria, necesidad y marginación social de la mano de obra que trabaja para para ellas”, nos recuerda el jurista italiano.

Toda criminalidad explota la pobreza y la acentúa. El teléfono celular robado en el centro de Bogotá termina siendo vendido en una calle de Buenos Aires o de Santiago de Chile. Pero esta se podría considerar la menor de las formas de criminalidad provocada por la apertura ilimitada de las fronteras. Con la desaparición de los límites comerciales, según Ferrajoli, ya no son los Estados los crean las reglas empresariales, sino las empresas las que les dictan a los Estados cómo hacerlas. Lo anterior influye, sin duda, en el derecho público y, por lo tanto, en el bienestar de los ciudadanos que se ve profundamente afectado. Cuando mayor se acentúa la corrupción de las elites, mayor será el daño que se producirá en los sistemas de salud, de educación y en la producción de empleos; mayor será el daño que sufrirá el medio ambiente y mayor será la devastación de los bosques y la contaminación de los recursos naturales como el agua.

Para Ferrajoli hay una estrecha relación entre la criminalidad que se manifiesta a diario en las calles e instituciones de un país y los poderes que imponen las normas económicas. Subir la edad de jubilación de los trabajadores colombianos no se lo inventó Álvaro Uribe, aunque haya sido su vocero oficial. Eliminar los contratos labores tampoco, a pesar de haberlo puesto en práctica durante sus 8 años de gobierno y remplazado por prestaciones de servicios, eliminando de esta manera todas las garantías de los trabajadores. Lo anterior, aunque la misma elite económica que le dio vida lo niegue,  es una vuelta a las violentas manifestaciones que originaron la célebre Masacre de las Bananeras del 5 de diciembre de 1928, y que hoy la también “célebre” representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, aseguré que ese hecho es solo una ficción del mayor novelista que ha dada la historia literaria de Colombia.

Está demostrado que la criminalidad del poder origina la criminalidad de las calles, ya que le da mayor apertura a ese abanico de pobreza y marginalidad, visible desde cualquier ángulo que se mire. Contrario a lo que pueda creerse, son los poderes económicos los que organizan y le dan vida a los poderes públicos. El asunto aquí se vuelve complejo porque el poder político no se origina en el pueblo sino en las elites de poder. Ferrajoli llama a esto una “fenomenología compleja y heterogénea”, pues si es cierto que el poder de elección está en el pueblo, la inversión económica que se necesita para acceder al poder político no. En este sentido, las elites se convierten en verdaderas “clases peligrosas” porque atentan contra los bienes colectivos como el agua, los bosques, los páramos que regulan el clima y le dan vida al agua. Pero, sobre todo, se constituyen en un verdadero peligro para la democracia y la paz porque sus intereses, por lo general, son particulares.

Es aquí donde vemos la importancia demagógica y coyuntural política de la seguridad, vendida a los ciudadanos por las elites de poder y que el expresidente Uribe tomó como bandera y le dio a Colombia un historial de masacres selectivas y desapariciones forzadas. Esa demanda de seguridad, “publicitada y alimentada por los medios de comunicación”, dio paso a una política de represión que enfatizó solo en la criminalidad y los delitos de calle. La venta de las empresas rentables del Estado fueron invisibilizadas mientras que el gobierno capitalizaba la banca privada y le daba a las multinacionales que llegaban al país todas las garantías para el ejercicio de sus negocios que incluían, incluso, reducción en el pago de impuestos.

Para Ferrajoli, el mensaje político de lo anterior es de “un signo descaradamente clasista, y está en sintonía con los intereses de la criminalidad del poder en todas sus formas diversas. Es un mensaje preciso que sugiere la idea de que la criminalidad, la verdadera criminalidad que hay que prevenir y perseguir es únicamente la callejera”, mientras que el robo a las instituciones, el desfalcó al presupuesto, las tramoyas en los contratos del Estado y los fraudes fiscales son vistos como hechos que contribuyen al paisaje democrático de los pueblos.

Eliminar la salud pública, la educación pública y los servicios públicos para convertirlos en privados y cambiar los contratos labores en prestación de servicios hacen parte de esas políticas internacionales creadas por las grandes empresas. Detrás de todo esto hay un hecho mucho más macabro, según el jurista italiano, que la evasión de las responsabilidades estatales y la invisibilización del mismo, pues el objetivo final es la desaparición del Estado como lo conocemos hoy. En el país del norte la privatización de la justicia empezó con la privatización de las cárceles. Y de este hecho al control total solo hay un paso muy pequeño. Quizá esto explique también por qué en los Estados Unidos se encuentra la población carcelaria más grande del mundo.

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[Colombia] La otra mafia

Por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/11/29 

El debate en Colombia por las bebidas gaseosas y azucaradas apenas empieza y ya tiene todos los ingredientes de un film gansteril, según una nota de 'The New York Times' en español.

Las ideas, sin importar la posición política y social de quienes las expresen, ni son sagradas ni mucho menos deben respetarse. “No comparto tus ideas pero las respeto”, suelen decir algunas personas. Pues no. Las ideas son para debatirlas. Los argumentos no son axiomas. Unos tienen la fortaleza de una muralla y otros son tan débiles como un castillo de naipes, ya que no sobrevivirán a un leve viento. 

Hoy sabemos, por ejemplo, que un cigarrillo contiene alrededor de 4.000 sustancias químicas, de las cuales, según el epidemiólogo Richard Doll, unas 400 son productoras de cáncer. La lista elaborada por el científico británico es larga, y la compone un variado pero peligroso coctel de sustancias que van desde el alquitrán, pasando por la nicotina, el fenol, el cresol, el benzopireno, níquel y arsénico, hasta llegar a la acetona, un ingrediente que se utiliza en la fabricación de pinturas, y el ácido acético, un químico que se emplea en la fabricación de tintes para el cabello.

Los estudios en los que Doll dio a conocer el peligro que representaba para el cuerpo humano fumar, fueron publicados en 1954, pero la industria tabacalera, cuyas ganancias por entonces superaban los 500 millones de dólares al año, se inventó una campaña publicitaria que llegó al corazón de casi todos los jóvenes del mundo: la de un atractivo y poderoso vaquero que ascendía montañas y descendía a los abruptos valles en su brioso caballo mientras disfrutaba de un “delicioso” y “refrescante” cigarrillo. Esto, sin importar los aportes hechos por Doll, disparó las ventas del Marlboro en todo el mundo.

La Philip Morris International, cuyas operaciones en la industria superan el 15 por ciento de los cigarrillos que se consumen en el planeta, ha sido la empresa que más demandas judiciales ha tenido en los últimos 40 años por publicidad engañosa y no indicar a los consumidores del daño que producen en el organismo sus productos. Solo hasta bien entrados los noventa, la justicia gringa tomó las riendas de un hecho como este y obligó a las empresas fabricantes de cigarrillos a advertir en las cajetillas sobre el peligro que representaba para la salud de los fumadores (y fumadores pasivos) consumir un “delicioso” y “refrescante” cigarrillo.

Desde entonces, la publicidad del apuesto vaquero montado en su caballo, atravesando ríos, montañas y llanuras, con su cigarro en los labios, desapareció de la pantalla de televisión. Hoy, a nadie se le ocurre tomar una medida similar con las bebidas azucaradas, pues se parte del principio errado de que estas se encuentran en el rango de los refrescos con los que suelen acompañarse las comidas. Lo único cierto de este asunto es que no se necesita de un estudio de seguimiento exhaustivo como el realizado por la Universidad de Harvard a 13.000 personas durante dos décadas para concluir que más del 60 por ciento de la población estadounidense tiene sobrepeso. Tanto así que en 2010, el presidente Obama se vio en necesidad de calificar el problema de la obesidad de sus compatriotas como una epidemia de carácter nacional.

Las empresas de refresco, de embutidos y comidas rápidas sentaron, por supuesto, su voz de protesta. Según un estudio publicado por la prestigiosa revista New England Journal of Medicine en 2008, un vaso de refresco de 500 mililitros contiene un promedio de 60 gramos de azúcar. Lo anterior se vuelve verdaderamente preocupante si se piensa que un perro caliente de 100 gramos contiene lo equivalente a consumir tres veces los 500 mililitros de refresco, es decir, 180 gramos. En un estudio de 2015, la Organización Mundial de la Salud estableció que la ingesta de azúcar para una persona no debe superar el 5 por ciento del total de las calorías consumidas en un día, y un solo refresco azucarado de 330 mililitros contiene 140. En el mismo estudio, la OMS explica lo siguiente: una persona obesa es propensa a padecer de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, presión alta, hepatitis, infertilidad, cáncer y, por supuesto, se expone a sufrir de un derrame cerebral.

El debate en Colombia apenas empieza y ya tiene todos los ingredientes de un film gansteril. Según una nota de The New York Times en español, la lucha de un grupo de abogados en Bogotá porque se implemente un impuesto mayor a los refrescos y bebidas azucaradas se ha convertido en una lucha muy parecida a la de los clanes mafiosos que Mario Puzo retrata en sus novelas, aunque el influyente diario neoyorquino lo haya equiparado al Pablo Escobar que amenazaba a muerte a todo aquel que afectaba los intereses del célebre Cartel de Medellín. En una nota de 15 de noviembre de 2017, se cuenta la historia de Esperanza Cerón, directora del grupo de abogados, quien fue perseguida por un motociclista mientras esta conducía su carro por una transitada vía bogotana. El hombre le dio alcance en un semáforo, le tocó el vidrió de la ventanilla y le gritó: “Si no se calla la boca, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias”.

En Colombia, nadie desconoce quiénes son los productores de azúcar y bebidas azucaradas. En 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una cuantiosa multa a 12 ingenios que afectó a 14 directivos de ese sector por poner en práctica conductas anticompetitivas. La sanción superó los 320.000 millones de pesos.

Hoy, los productores de esta superindustria están luchando a brazo partido, utilizando todas las armas legales y no tan legales, para evitar que los colombianos conozcan el gran problema que causa el excesivo consumo de azúcar en el cuerpo humano. Las embotelladoras de refrescos del país, según The New York Times, han amenazado al colectivo de abogados con una multa de 250.000 dólares si continúan en su empeño de denunciar públicamente los riesgos que corre la salud de los ciudadanos por la ingesta de estas bebidas.

Lo anterior, no hay duda, se presenta porque los fabricantes de bebidas azucaradas ven en el aumento de impuestos a sus productos la muerte lenta de su poderosa industria, algo muy parecido a lo sufrido por Philip Morris International hace dos décadas.

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[Colombia] Las taras conceptuales de Catalina Ruiz-Navarro

por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/11/14 

Que García Márquez haya escrito una novela como 'Memoria de mis putas tristes' no lo convierte en un viejo verde ni en un pedófilo, ni mucho menos se constituye en un acto de irrespeto hacia Mercedes, su esposa, como lo expresó Ruiz-Navarro. ¿De dónde sacó la columnista semejante conclusión?

En su columna de El Espectador (8/11/2017) que lleva por título ‘¿Dónde están las colombianas?‘ Catalina Ruiz-Navarro se “sale de los pantalones”. Lo hace mostrando su abanico de luces y sombras, donde deja ver con más claridad las sombras que las luces. Tiene razón (luces) al exaltarse ante un hecho que podría calificarse de “sexista” o “discriminatorio”: en un evento cultural que se desarrollará en París, Francia, a partir del 15 de noviembre, el Ministerio de Cultura colombiano escogió como representación de nuestra literatura a 10 escritores, entre los cuales no aparece ninguna mujer. El malestar, por supuesto, no se hizo esperar, pues este hecho podría interpretarse de distintas maneras: o no tenemos entre las nuevas, y no tan nuevas, voces literarias representantes de peso, o la literatura en Colombia sigue siendo un asunto de hombres, como en la Europa decimonónica.

Ni lo uno ni lo otro: Ruiz-Navarro, en este sentido, lo deja claro, y nos muestra una lista que resalta los nombres de figuras como las de Gloria Susana Esquivel, Pilar Quintana, Carolina Sanín, Yolanda Reyes y Fanny Buitrago, entre muchas otra voces. Que esto de no incluir mujeres sea un acto de machismo puede tener tanto de corto como de largo, y es probable que no haya tenido en realidad una intención premeditada. Pero, claro, quedan las dudas, ya que, según Barthes, ninguna acción es completamente inocente.

Hasta ahí, de acuerdo con lo expuesto por Ruiz-Navarro. El río de su descontento empieza a salirse del cauce (sombras) cuando introduce en el texto los elementos axiológicos de una obra monumental como la de Gabriel García Márquez, y extiende, por lo tanto, su error a otras obras y otros escritores. A esa altura su reclamo pierde peso y se hace agua. No sé de dónde sacó la columnista de que en la extensa obra del nobel todas las mujeres son “mozas o madres”. Es un lugar común para todo aquel que no haya estudiado literatura confundir las axiologías de los personajes con las del autor. Cuando a Zola lo confrontaron por escribir sobre prostitutas, su respuesta fue que él solo era un cronista de su época. Algo similar dijo García Márquez cuando le interrogaron sobre la guerra de los Mil Días como motivo de su obra.

Que el nobel haya escrito en los últimos años de su vida una novela como Memoria de mis putas tristesno lo convierte en un viejo verde ni en un pedófilo, ni mucho menos se constituye en un acto de irrespeto hacia Mercedes, su esposa. ¿De dónde sacó la columnista semejante conclusión? Habría que recordarle a Ruiz-Navarro que la relación entre el pensamiento colectivo y las grandes creaciones individuales literarias reside no en una unidad de contenido, sino en una homología que puede expresarse por contenidos imaginarios. Es decir, la novela no es una trasposición de los contenidos reales de la conciencia colectiva a la obra literaria, sino una homologación de la estructura mental del grupo social a la estructura de la novela. Para Lukács, por ejemplo, el escritor no es, en realidad, el creador de la obra, ya que esta es el resultado de una conciencia colectiva coherente. En otras palabras, el escritor es solo un puente entre las dos estructuras: la literaria y la social.

Si la columnista hubiera observado detenidamente los elementos axiológicos gravitacionales que dominan el universo literario de García Márquez, hubiera encontrado que estos corresponden a una tradición valorativa patriarcal. Eso no lo inventó el autor. La Hojarasca es quizá el relato del nobel donde se alcanza a ver con más claridad esa mirada vertical, jerárquica del mundo, dominado por el padre, que, en una lectura más amplia, simboliza el poder. No es de extrañar entonces, a partir de esto, que el cosmos narracional de esa primera novela esté dominado por la imagen de un antiguo coronel de la guerra de los Mil Días, cuya autoridad incuestionable marca uno de los aspectos esenciales de lo hegemónico.

No contenta con los yerros anteriores, Ruiz-Navarro vuelve sobre ellos cuando afirma que el célebre Boom de la literatura latinoamericana fue esencialmente un movimiento “asquerosamente machista”. No señora, fue un movimiento literario que marcó un hito en el mundo de las letras universales y que le abrió las puertas a muchos otros escritores para que sus libros abandonaran el patio, constituido por las cuatro paredes representadas por los límites geográficos de nuestros países. Decir otra cosa es una mentira, o, si se quiere, un completo desconocimiento de los grandes aportes que al mundo del arte literario hicieron señores como García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, entre otros. Que todos hayan sido hombres está más en el plano de lo circunstancial. Gabriela Mistral, por ejemplo, fue la primera mujer de América Latina en ser galardonada con un Premio Nobel de Literatura en 1945, cuando Vargas Llosa y García Márquez y el resto del combo que conformaría el llamado Boom eran apenas unos muchachos que soñaban con ser escritores y la gran mayoría de las luminarias literarias de entonces eran hombres con un gran peso en las letras del continente como Borges, Sábato o Carpentier, para citar tres ejemplos.

Por lo tanto, le recuerdo también a la columnista que las prescripciones falocéntricas instauradas en la territorialidad patriarcal que han hecho de la mujer una zona estática y cerrada no son producto del machismo que les atribuye a nuestros escritores. García Márquez, como muchos otros creadores, no era del todo consciente de los mecanismos culturales de su creación, como lo explica Lucien Goldmann en su clásico estudio Para una sociología de la novela, de la misma manera como el atleta desconoce la estructura fisiológica que le permite llevar a cabo sus pruebas. Lo único que tenía claro el nobel, como muchos otros artistas, era su intención de dar una “respuesta significativa” a una situación particular. Lo demás, señora, es paja. Y eso también lo podríamos debatir, si usted desea, en otra oportunidad.

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[Colombia] Nos han quitado la tierra

por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/11/01 

A diferencias del cuento de Rulfo, en Colombia sigue el despojo de tierras y con este el asesinato de sus reclamantes. El Gobierno afirma que no hay nada sistemático. Los hechos, no obstante, dicen lo contrario.

Agua y tierra han sido siempre sinónimos de comida. Si partimos del hecho de que un agricultor necesita 2.000 litros de agua para cultivar un kilo de arroz y un poco más de 300 hectáreas para producir 8 toneladas, entenderíamos por qué la tenencia de tierras ha sido el centro de una larga y sangrienta guerra en Colombia. En la Edad Media el poder estaba representado en la posesión de extensos baldíos. Cuanto más se tuvieran, más rico era el poseedor y mucha más gente tendría rendidas a sus pies. Las conquistas llevadas a cabo por los antiguos imperios europeos, y reseñadas en los libros escolares de historia, siempre tuvieron como meta el despojo. Eso lo tenía bien claro el Gran Alejandro, tres siglos antes de nuestra era, y lo reivindicaron los pueblos del Antiguo Continente cuando llegaron al nuevo.

La enorme concentración de tierras en manos europeas es inexplicable sin el uso sistemático de la fuerza. Los violentos procesos de colonización extinguieron a la gran mayoría de los pueblos originarios y los que lograron sobrevivir se encuentran reunidos en pequeñas y reducidas zonas que el Estado ha denominado resguardos, un término que tuvo su origen en la Colonia y que hoy es respaldado por la Constitución Política del país.

Nada en los mecanismos utilizados para el despojo de tierras en Colombia ha sido legal. La Ley 89 de 1890, expedida por el Congreso, garantizó el carácter “no enajenable” de las tierras de los resguardos, “la cual determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Esta ley dejó en manos de los alcaldes la potestad de dirimir los conflictos entre los indígenas (léase salvajes, propietarios de las tierras) y los blancos (léase civilizados o expropiadores) en los territorios bajo su influencia.

Lo anterior se podría entender como la legalización de la violencia, pues los indígenas jamás dejarían de ser indígenas, es decir, “salvajes”, por lo que la proliferación de títulos de propiedad de los extensos valles como el del Cauca quedó en manos de los “civilizados”, lo que permitió la gran acumulación de tierras en un número muy reducido de familias. Los indígenas que se sublevaron, que levantaron sus azadones en señal de protesta, fueron asesinados, extinguiendo de esta manera la posible llama de insurrección a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Solo así podría entenderse por qué las tierras más fértiles del país, como las del Valle del Cauca, están siendo explotadas desde la Colonia por las mismas tres familias. Por qué la Ley 89 de 1890 era de carácter “no enajenable”, lo que les prohibía a los verdaderos propietarios tener derechos sobre sus tierras.

La guerra que ha padecido Colombia a lo largo de su historia no podría entenderse sin lo anterior. La concentración de grandes extensiones de suelo cultivable sigue siendo la base sobre la cual descansa la dominación de las etnias indígenas y afro por parte de las “civilizadas”. Para ser claro, hay que recordar que la esclavitud no terminó en mayo de 1851, cuando se firmó oficialmente su abolición. Hay que recordar también que los terratenientes, amos y dueños del país, se opusieron a esa ley por la inevitable pérdida de la fuerza laboral, representada en un alto número de indígenas y negros esclavizados. Esta oposición dio origen al terraje, una forma de explotación que obligaba a las “etnias inferiores” a pagarles a los explotadores el uso del suelo. Es decir, si querían cultivar o criar ganado o aves de corral debían pagar por el uso de las tierras. En el fondo, era una vuelta feliz a un feudalismo ramplón, establecido a partir del poder que ejercían las grandes haciendas sobre la administración del Estado.

Lo anterior se hizo posible gracias a que, como hoy, los miembros del legislativo eran en su mayoría finqueros que se habían adjudicado la propiedad del suelo, lo que explica a su vez por qué el 85 por ciento de las tierras cultivables y no cultivables del país están en este momento en manos del 15 por ciento de los colombianos.

Quizá esto también pueda explicar las razones de los rotundos fracasos en los intentos por realizar una reforma agraria. Y por qué la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso en una oportunidad una consulta con tufo racista que tuviera como objetivo dividir las tierras del Cauca entre indígenas y mestizos, pero que ella disfrazó “lucidamente” con el rótulo de autonomía sin hacer mención a los terratenientes que ella representa.

Hoy, a pesar de los avances significativos en la lucha por la restitución de tierras a campesinos e indígenas, las “fuerzas ocultas” y la “mano negra” que tienen como propósito “hacer trizas ese papel mal llamado acuerdo de paz” han desatado su furia ciega sobre los reclamantes de tierras. La muerte ha avanzado en el último año como un caballo desbocado y el resultado está ahí a la vista de todos: un defensor de los derechos humanos asesinado a bala cada 48 horas y un excombatiente de las Farc cada vez que pueden. Pero aun así, para algunos funcionarios del Gobierno central, nada en este nuevo río de sangre es sistemático.

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Colombia. Una mano negra con el corazón muy grande

por JOAQUÍN ROBLES ZABALA | 2017/10/04 

Cuando Jorge Enrique Vélez asegura que “no vamos a negociar nuestros principios”, la pregunta que surge es ¿a qué principios hace referencia? A los de Kiko Gómez, a los de Oneida Pinto, o a los de la familia García en Cartagena, amigo personal del parapolítico Javier Cáceres Leal.

Michael Moore es quizá el cineasta estadounidense cuyas opiniones causan más polémicas y sus pronósticos sobre política casi nunca fallan. Aseguró en un artículo que el magnate de las inmobiliarias ganaría las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el momento en que todas las encuestas daban como ganadora a Clinton, y seis meses después sus palabras se hicieron realidad. ¿Brujo? No. ¿Premonición? Tampoco. Para opinar sobre lo que nos podría deparar el futuro solo hay que observar el presente. Moore es, sin duda, un visionario porque tiene la capacidad de observar los detalles. Y en los detalles está la historia, afirmó el británico Edward Gibbon.

Moore ha encendido nuevamente la polémica al declarar sobre la defensa que la Asociación Nacional de Rifle de EE.UU., NRA, hace de las armas: “No son las armas las que matan a la gente, sino los estadounidenses los que matan a la gente”. Y agregaba que ningún país del mundo tiene más pistolas, revólveres y fusiles en manos de civiles que el suyo. Y no es solo porque la Segunda Enmienda de la Constitución Nacional de los Estados Unidos de América proteja el derecho de los ciudadanos a poseerlas y portarlas, sino porque detrás de la compra-venta de las armas de fuego lo que se dilucida es un negocio jugosamente rentable que deja en manos de los fabricantes millones y millones de dólares cada año.

De lo anterior se puede colegir que lo que defiende la NRA no es solo el derecho del ciudadano a portar un revólver, un fusil o una pistola, sino también el derecho de las empresas fabricantes a hacerse ricas, sin detenerse en las muertes por arma de fuego de una o cincuenta personas a manos de un psicópata, protegido por la Segunda Enmienda que le da el derecho a salir armado a la calle.

En Colombia, el derecho a portar armas de fuego está regulado por el Estado, pero no así el de fomentar la guerra y la pobreza. La paz, ya lo sabemos, es un derecho fundamental para la vida, quizá el más importante después de la salud y el trabajo. Pero, al parecer, los intereses particulares de nuestros políticos (así como el de los fabricantes de armas gringos) están por encima de ese estadio universal que es la tranquilidad física y emocional de los ciudadanos. Hacer la guerra es mucho más fácil que llegar a la paz, sentenció el presidente Santos al inicio de las negociaciones con las Farc, emulando sin duda al estadista británico Sir Winston Churchill. Hacer la paz es como robarle la comida a una fiera salvaje, mientras que hacer la guerra es tan fácil como quitarle el caramelo de las manos a un niño.

Lo quiera aceptar o no la “oposición”, representada en estos partidos políticos que tanto daño le han hecho al país, lo que hizo Santos fue robarle la presa a un león furioso, armado con 30 centímetros de cuchillas en forma de garras y unos colmillos tan afilados como navajas. Lo que está haciendo el Centro Democrático y el otro partido mafioso que lidera Germán Vargas Lleras es, a manera de analogía, robarle el helado a un niño que camina distraído por un parque. Tremenda hazaña. Sería lo equivalente no solo a ponerle el palito en la rueda a los casi siete años de negociación con las Farc, sino también utilizar la desinformación como “caballito de batalla” para ganar votos para las próximas presidenciales. Es decir, meterle la “mano negra”, que referencia el compañero Jorge Gómez Pinilla en su columna de El Espectador, a la carrera por la Casa de Nariño, como lo hicieron el año pasado con el plebiscito.

Para ser claro, a estos señores no les interesa ni un milímetro que la guerrilla del ELN, o los Urabeños, o cualquiera de estos grupos delincuenciales, armados hasta los dientes, maten policías o soldados, como tampoco le interesa a la industria armamentista estadounidense que un psicópata dispare indiscriminadamente contra los asistentes a un evento musical. No le interesa al CD ni a Cambio Radical que el campesino y el hijo del campesino sufra las consecuencias de la guerra. Su imperativo categórico, ya lo hicieron saber, es hacer trizas el acuerdo de paz si por esas vainas de esta Colombia macondiana y desmemoriada el ventrílocuo del que diga Uribe llega a la Presidencia de la República.

Cambio Radical es sin duda el partido político que en la última década de la historia republicana de Colombia ha avalado a más delincuentes a cargos públicos que ningún otro. Tiene en la cárcel tanto gobernadores, alcaldes, concejales y congresistas como Álvaro Uribe Vélez tiene amigos y exfuncionarios tras las rejas. Por eso no debe sorprendernos que Germán Vargas y su tropa de políticos corruptos se opongan a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tampoco que el presidente del adefesio, el señor Jorge Enrique Vélez, se muestre en completo desacuerdo con el órgano que, de ahora en adelante, se encargará de impartir justicia a los exguerrilleros, exmilitares y parapolíticos que apoyaron y se beneficiaron de una cruenta guerra que dejó cientos de muertos y numerosas masacres.

Cuando Jorge Enrique Vélez asegura que “no vamos a negociar nuestros principios”, la pregunta que surge es ¿a qué principios hace referencia? A los de Kiko Gómez, a los de Oneida Pinto, a los de la familia García en Cartagena, o a los de Javier Cáceres Leal, el flamante parapolítico que fungió como presidente del “honorable” Senado de la República. No olvidemos que entre 2012 y 2015 la Procuraduría General de la Nación les impuso 350 sanciones a miembros de ese partido y dejó por fuera de sus cargos a más de 50 en todo el país.

Por eso resulta difícil entender la posición de Rodrigo Lara, cuyo padre luchó hasta la muerte por llevar a la cárcel a ese abanico de delincuentes asociados con el narcotráfico. No se entiende que el hijo del hombre que fue asesinado por políticos corruptos, en asocio con Pablo Escobar y sus amigos del cartel de Medellín, sea la voz cantante de un partido con una extensa historia criminal.

La otra pregunta que habría que hacerse es ¿por qué el Centro Democrático y el partido del presidenciable Vargas Lleras odian tanto a la JEP, un organismo que solo buscará poner en la mesa la verdad sobre los crímenes de un conflicto que aún no termina? No olvidemos que Germán Vargas fue investigado penalmente por la Corte Suprema de Justicia por su presunta asociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, y, por supuesto, salió a declarar ante los medios de comunicación que todo se trataba de un complot en su contra. Lo mismo dicen los uribistas señalados de parapolítica. La JEP, no lo olvidemos, es a los políticos y empresarios colombianos lo equivalente al coco para los niños malcriados: no creen en él, pero le temen como al Diablo.

Parodiando a Moore, habría que decir que no son solo los partidos colombianos los que llevan a los políticos mafiosos a ocupar cargos de importancia en la administración del Estado, sino también los ciudadanos que parecen ver el bosque pero no los detalles que, según Gibbon, son la esencia de la historia.

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Reviviendo al enemigo

JOAQUÍN ROBLES ZABALA, revista semana  | 2017/09/27 

Un enemigo será siempre una manera de definir la identidad y los “sistemas de valores” de la sociedad. En Colombia, 54 años de guerra, 8.300.000 víctimas y más de 300.000 muertos no han sido suficientes para bajarle la temperatura a la egolatría bélica.

Las ideologías son fronteras que dividen. El árbol que se alza entre dos predios siempre será un límite. Los prejuicios son, en el fondo, fronteras morales. Un hombre que mantiene diferencias políticas con su vecino siempre le parecerá un amoral, o un sospechoso de romper las normas sociales. 

Un leñador pierde su hacha nueva y al día siguiente ve a su vecino, también leñador, con una idéntica a la que perdió. Cada mañana que sale al patio siente que su vecino se burla de él: lo saluda de manera diferente y descubre en su sonrisa un asomo de sarcasmo. Está seguro de que esa es su hacha, pero nunca se lo dice. El día en que se dispone a enfrentar al ladrón, observa entre un montón de leños el brillo de una hoja. Se acerca y descubre su herramienta perdida. Cuando el vecino sale al patio, con su hacha terciada al hombro, lo saluda con la misma sonrisa de siempre.

Inventar enemigos y mirar por encima del hombro parecen ser las políticas externas de algunas naciones, pero también las de algunos líderes mundiales. Colindar con un vecino problemático es como caminar sobre cáscaras de huevo. El árbol que sirve de límite entre los predios puede ser el origen de un problema mayúsculo porque el viento desprenderá siempre las hojas secas que llegarán a la propiedad del otro. El nazismo convirtió en enemigos a los comunistas y judíos y el mundo perdió a más de 70 millones de personas en una guerra que solo sirvió para engordar los libros de historia.

Los Estados Unidos de América han sido el ejemplo más claro en la historia social moderna de cómo crear enemigos. El comunismo, el terrorismo islámico, el narcotráfico y ahora los inmigrantes que cruzan sus fronteras le han servido al país del norte para mantenerse en pie de lucha contra los violadores de los derechos humanos. Un país sin enemigos es como una casa sin ventanas: no entra la luz del día y tampoco puede espiarse al vecino. Lo peor que le puede pasar a un imperio como los Estados Unidos es quedarse sin enemigos. Es, como aseguró el gran Umberto Eco, perder su identidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gran Imperio se inventó la Guerra Fría, una confrontación de espías que no dejó tantos muertos como los propiciados por el Tercer Reich, pero que mantuvo al mundo entero en zozobras, a la espera de una revuelta nuclear, con la isla de los Castro como playa de desembarque.

Ronald Reagan creyó necesario apoyar a los “contras” nicaragüenses para evitar otra posible Cuba y el posicionamiento ruso en América Latina. George W. Bush justificó la guerra de Irak con el argumento de que el régimen de Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva, y el actual comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo quiere borrar a Corea del Norte del globo terráqueo con el pretexto de que es un peligro inminente para las naciones civilizadas.

Tener un enemigo será siempre una justificación para armarse. Pero también para quebrantar la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional. Reagan lo entendió así, de la misma manera como Bush justificó la invasión a Irak y el megalómano de Trump quiere borrar del mapa a la Corea comunista. Para estos señores lo verdaderamente importante no es el enemigo, real o imaginario, sino la forma de justificar la paranoia de grandeza.

Un enemigo será siempre una manera de definir la identidad y los “sistemas de valores” de la sociedad. En Colombia, 54 años de guerra, 8.300.000 víctimas y más de 300.000 muertos no han sido suficientes para bajarle la temperatura a la egolatría bélica, pues saben muy bien que un conflicto bélico es un motor para canalizar odios y exacerbar la desconfianza y definir quiénes están de nuestro lado y quienes contra nosotros.

Según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), desde que se firmó la paz entre el Gobierno y las Farc “no se registraba en el país un número tan bajo de víctimas, combatientes muertos o heridos y de acciones militares por parte de la guerrilla como de la fuerza pública”. Este hecho tiene desesperados a los beneficiarios de la guerra, ya que “hacer trizas los acuerdos de paz” si alguno de sus candidatos llega a la Casa de Nariño es otra forma de argumentación, o, si se quiere, una estrategia que busca ya no exacerbar a los colombianos para que salgan a votar “berracos”, sino crear un nuevo enemigo.

Lo alcanzamos a ver la semana pasada en las declaraciones del precandidato presidencial Rafael Nieto a la periodista alemana Karen Naundorf, a quien le aseguró que echar atrás los acuerdos de paz es un imperativo “aunque se tenga que correr con el riesgo de los muertos”. Es decir, las responsabilidades políticas que conlleva hacer la guerra cuando el país empieza a dejar atrás los ríos de sangre, las masacres de campesinos, las interceptaciones ilegales y la persecución a los enemigos ideológicos.

“Emboscar personas en la calle, insultarlas y grabarlas es la nueva forma de heroísmo político (y patanería) del uribismo”, trinó hace pocos días el columnista de SEMANA, Daniel Coronell. La estrategia está en marcha, y consiste en irse lanza en ristre contra todos aquellos candidatos presidenciales, periodistas y funcionarios que apoyan el regreso de las Farc al debate público. Lo hicieron con Claudia López, a quien han acusado de estar de acuerdo con Santos de entregarle el país al “narcoterrorismo”, sin pesar que López es una parte importante de la estructura que defiende los intereses de la derecha colombiana. A Humberto de la Calle lo ha señalado la “eminente” María de Rosario Guerra de ser el candidato de las Farc. A Coronell se le acusa de haber hecho negocios con narcotraficantes y el matoneo por las redes sociales no cesa. Hasta el rector de la Universidad Externado de Colombia fue insultado desde la trinchera del Twitter por permitir que un exguerrillero participara en un evento estrictamente académico.

Crear enemigos políticos no solo busca tergiversar los hechos y darle al matoneador un aire de liberal y espontáneo que no tiene, sino que busca también que el matoneado se salga de sus casillas y reaccione violentamente. De esta manera demostrarían, con video en las redes, que los violentos son otros y que ellos son solo colombianos de bien que buscan “impedir que la plaga del socialismo” se tome a Colombia y la convierta en otra Venezuela.

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