Falsos demócratas

Por MARÍA JIMENA DUZÁN | 2017/05/06

A la hora de la verdad, estas élites que se han apropiado de pedazos del estado para manejarlos a su libre albedrío no tienen diferencias políticas ni ideológicas cuando se trata de defender sus privilegios

Cierto: las elites en este país están divididas y engarzadas en una polarización que según el profesor Gutiérrez Sanín está impulsada por una radicalización de la derecha. Pero lo curioso es que cuando se trata de ponerles la cara a las reformas que afectan sus intereses −y sus privilegios−, la pelea entre las elites se diluye, y como por arte de magia todos −La U, los liberales, los conservadores, los del Centro Democrático
(CD) y el Consejo Gremial _terminan unidos en una piña para enfrentar cualquier asomo de reforma que intente alterar el statu quo.

Ese realinderamiento de intereses se ha producido en torno a la reforma electoral que se ha planteado ante el Congreso, con base en las propuestas hechas por la Misión Electoral. (Los duros cuestionamientos del Consejo Gremial en torno al proyecto de ordenamiento rural los dejo para otra columna).

Ni a Uribe ni a los de La U les gusta el revolcón que han propuesto los expertos de la Misión Electoral para hacer más transparente y eficiente el sistema. Y aunque ambos han rechazado la reforma con la tesis altruista de que se trata de un “golpe a la democracia” –así lo han expresado tanto el senador Macías del CD como el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, del partido del presidente Santos–, en realidad lo que buscan es ocultar sus mezquinas razones disfrazándose de defensores de la democracia.

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Lo que los une a ambos no es su amor por la democracia, sino la necesidad de mantener a flote un sistema electoral corrupto que les permite a sus partidos volarse los topes de las campañas sin temor a represalias, y a los congresistas, alcaldes y gobernadores elegirse como sea, a sabiendas de que las sanciones les llegarán cuando hayan reencarnado en otras vidas.

Lo último que quieren estos ‘defensores de la democracia’ es que les cambien un Consejo Nacional Electoral que les sirve precisamente porque no tiene dientes ni independencia, y una Sección Quinta del Consejo de Estado que ha aprendido a cumplir su función de investigar las pérdidas de investidura de congresistas, las demandas de las curules y la elección de alcaldes y gobernadores con una lentitud que los políticos no quieren alterar porque les sirve a sus intereses.

Por eso ha caído tan mal dentro del establecimiento político la propuesta de la Misión Electoral de cambiar la CNE y la Sección Quinta del Consejo de Estado, por una corte electoral ‘omnímoda’ e independiente del Congreso. No quieren reformas que los obliguen a rendir cuentas, así de simple y así de claro.

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De nuevo, se repite la historia que se vivió en la discusión que se dio en el Congreso en torno a la reforma constitucional del equilibrio de poderes, cuando los magistrados de las altas cortes y el fiscal se unieron con el establecimiento político, para tumbar el tribunal de aforados que iba a reemplazar a la comisión de absoluciones porque les quitaba el fuero y acababa con sus privilegios. Hoy el establecimiento político unido, untado hasta el cogote por escándalos de corrupción, nos está diciendo lo mismo: que no se reforma porque primero están sus intereses que el bien común y que si intentan socavar sus privilegios le van a declarar la guerra a quienes osen desafiarlos.

El temor a ser reformados no solo se ha expresado por parte de la CNE y del Consejo de Estado. Ante la propuesta de la Misión Electoral de quitarle atribuciones a la Registraduría y crear un ente aparte encargado de las funciones técnicas y de planificación de las elecciones, el primero en saltar fue el propio registrador. Sin que le diera pena salió a defender su esquina de poder como si se tratara de su vida propia. Un organismo, que ha tercerizado sus contratos y que le ha entregado la función electoral a poderosos privados que se oponen a la introducción del voto electrónico porque se les acabaría el negocio, no merecería, en otras latitudes, mayor defensa. Otro tanto hizo el procurador Carrillo. Pese a que siendo candidato opinaba que era necesario quitarle a la Procuraduría la facultad de destituir a funcionarios elegidos por el voto popular, ahora que lo propone una reforma electoral sale a oponerse de manera virulenta.

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A la hora de la verdad, estas elites que se han apropiado de pedazos del Estado para manejarlos a su libre albedrío no tienen diferencias políticas ni ideológicas cuando se trata de defender sus privilegios. Eso de bueno tienen las reformas: por un lado nos recuerdan cuáles son los verdaderos dilemas del país, y por el otro desnudan a los falsos demócratas.