Su angurria no tiene límites. No contentos con que se les legalice lo usurpado, los poderosos del campo quieren reducir a fórmula inane el poder de expropiar y de extinguir dominio sobre tierras inexplotadas, que el Ejecutivo ostenta desde 1936. Temiendo su aplicación ahora, se despelucan ellos por reversar la legislación vigente. El coco castrochavista seguirá probando su eficacia como coartada para preservar el acaparamiento de tierra, y agudizarlo, en un país donde 80 % de la población campesina se apelmaza en el 5 % de la tierra cultivable, para producir el 90 % de los alimentos. Pero, en el juego de encenderle una vela al campesino y otra a su enemigo inveterado, el Gobierno le concede a éste gabelas que podrán malograr la reforma. Como la legalización de baldíos usurpados, cuyo trofeo es la Ley Zidres. Y la supresión de la expropiación por vía administrativa, para condenarla a su agonía en la inmovilidad eterna de los juzgados. Cosa distinta haría una jurisdicción agraria creada para desenredar y evacuar rápidamente los procesos.
Exultante el uribismo con el golpe de mano que la Corte acaba de asestarle a la implementación de los Acuerdos de Paz, cuyo eje es precisamente la reforma rural; el CD librará una batalla encarnizada contra ella. Asistiremos a la enésima defensa de la concentración de tierras, mientras la derecha armada hace lo suyo en custodia de los predios robados al campesino. Y el país podrá verse de nuevo ante el abismo de la guerra. Misión cumplida. Tras el fragor de la contienda pretenderá seguir agazapado el curubito de los avivatos, miembros prestantes del empresariado y de la política, contra quienes pide acción judicial la Contraloría por haber adquirido ilegalmente 123.000 hectáreas en baldíos destinados a economía campesina.
La prohibición de acumular tierras para no explotar o cultivar a medias, mientras se valorizan y no pagan impuestos, viene desde 1936. A la luz de la función social de la propiedad, toda la legislación agraria hasta hoy consagra la extinción de dominio para lotes de engorde y predios inadecuadamente explotados. Y expropiación con indemnización, por razones de utilidad pública o de interés social. No se buscó en el 36 cambiar la estructura de propiedad agraria; antes bien, se quiso fortalecer la propiedad privada mediante titulación. Modestísimo alcance que se repite hoy, si se comparan estas iniciativas con las muy liberales reformas agrarias que Europa ejecutó con incautación directa del latifundio y su repartición entre el cultivador medio y el pequeño.
En su tortuosa concertación con los gremios del agro, aceptaría el Gobierno como legal la acumulación de baldíos antes de 1994. Y, además, esos predios sólo configurarían acumulación indebida si el Registro lo hubiese consignado por escrito. Naturalmente, casi ninguna escritura habrá incorporado la nota, y no podrá argumentarse ilegalidad. Será vía expedita para fomentar el acaparamiento y perdonar el robo de las tierras reservadas por la Constitución al campesino que las necesita.
Como van las cosas, en el proyecto que el Gobierno negocia no quedaría espacio para la agricultura campesina. Ni la concentración servirá siempre a proyectos productivos sino a la especulación con la tierra, bien protegida por las armas y por un remedo de catastro rural que no obliga con impuestos. Aboga Alejandro Reyes por “garantizar la propiedad de tierras legales, no de las ilegales”. También se ha dicho que el último recurso para asegurar una reforma rural capaz de desactivar la causa mayor de la guerra será la movilización social y política de todos los demócratas contra la codicia desbordada de quienes llevan siglos haciendo lo que les da la gana.
