Reproducimos la nota de SINALTRAINAL, sobre la lucha de las obreras de Van Camps, que recibe completa apoyo del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia. En el Km 8 de la zona industrial de Mamonal se encuentra la empresa SEATECH INTERNATIONAL, empresa que fabrica el famoso Atun Van Camps. Allí trabajan al mas de 1800 personas. Seguir leyendo...
Colombia asiste a un momento de grandes retos por la paz, un momento que siembra la esperanza de superar las violaciones a los derechos humanos, de manera particular aquellas cometidas contra quienes se han dedicado a exigir y defender los derechos.
Actualmente, uno de los factores que más preocupación genera es la persecución y la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintas regiones del país, tal como lo consigna el Programa Somos Defensores.[1]
Y entre esos líderes sociales están los sindicalistas, que, como se sabe, históricamente han sido víctimas de la violencia. De acuerdo con el seguimiento realizado por el Sistema de Información de Derechos Humanos de la ENS, desde enero de 1973 hasta julio de 2017 hubo al menos 14.461 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.122 homicidios (2.800 hombres y 322 mujeres), 385 atentados, 236 desapariciones forzadas, 7.054 amenazas de muerte y 1.897 desplazamientos.[2]
Pero la violencia antisindical no es un asunto del pasado, persiste; como también está al orden del día la criminalización de la actividad sindical, esto es, el tratamiento de orden público, judicial y punitivo hacia esta actividad. Una lectura reciente de la situación de derechos humanos del sindicalismo muestra que, si bien en los últimos años ha habido tendencia decreciente de la violencia antisindical, es preocupante que, pese a las medidas implementadas por el gobierno, este fenómeno no cesa.
De acuerdo al análisis sobre la violencia antisindical en este periodo reciente, se identifican algunas hipótesis centrales: 1) La tendencia decreciente en el registro de casos[3]. 2) La violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales. 3) Se acrecienta la violencia dirigida contra organizaciones sindicales en su conjunto. 4) Se presenta un cruce entre la violencia y la criminalización de la acción sindical. 5) La reactivación de la violencia antisindical en el sector rural.[4]
Aunque la violencia antisindical se ha reducido con respecto al pasado, tenemos que en 2016 hubo un incremento del 31,3% de los casos registrados en 2015. Lo que indica la existencia latente del riesgo que podría incidir en el incremento de vulnerabilidad para las y los sindicalistas.
La CSA se pronuncia
Precisamente en respuesta a la situación de violencia contra sindicalistas en Colombia, la Confederación Sindical de las Américas (CSA) remitió hoy miércoles una carta al presidente Santos, en la cual manifiesta su enérgica condena de esta violencia y la falta de garantías de protección a la vida y la integridad física de los sindicalistas para desempeñar su labor.
“Esta gravísima situación de violencia e impunidad contra los sindicalistas, sumado a otros elementos, tales como la demora en la implementación de los acuerdos de La Habana, la presión de empresas multinacionales por ocupar territorios de comunidades indígenas para la industria extractiva, el reagrupamiento del paramilitarismo y su pretensión por ocupar regiones y territorios de los que se ha retirado las FARC en cumplimiento de la aplicación del acuerdo de paz, configuran un cuadro complejo para la continuidad del proceso de paz en Colombia, que el movimiento sindical internacional ha respaldado desde su inicio”, señala la CSA en su carta al presidente colombiano.
Asimismo, exige una investigación inmediata de los crímenes contra las y los sindicalistas, la identificación de los autores materiales e intelectuales, la adopción de todas las medidas de prevención necesarias para protegerlos, así como la reparación individual y colectiva del sindicalismo colombiano por el daño sufrido durante la etapa del conflicto armado.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la ENS, entre el 1° de enero y el 5 de julio de 2017 se registraron 115 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física contra sindicalistas, discriminados así: 10 homicidios, 4 atentados, 77 amenazas, 13 hostigamientos y 9 detenciones arbitrarias. Como se ve, en el primer semestre de 2017 prevaleció la violencia no letal, es decir, la que se expresa mediante la persecución y la amenaza.
Adicionalmente, también se siguen presentando acciones contra organizaciones sindicales como colectivo[6]. El 8 de marzo fue atacada con una granada la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) Seccional Ciénaga, Magdalena. Allí se encontraban reunidos los directivos nacionales y de la seccional. El artefacto explosivo fue dejado debajo del carro del dirigente de Sintrainagro, Medardo Cuesta Quejada.
Violaciones contra la vida, libertad e integridad de sindicalistas en Colombia. 1° semestre 2017.
Tipo de violación
Mujeres
Hombres
Total
Amenazas
6
71
77
Hostigamiento
–
13
13
Detención arbitraria
–
9
9
Atentado con o sin lesiones
–
4
4
Homicidios
2
8
10
Tortura
–
1
1
Allanamiento ilegal
–
1
1
Total general
8
107
115
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
El cuadro anterior muestra que la amenaza y el hostigamiento son los tipos de violencia que presentan mayor recurrencia: el 78,2% del total de casos registrados. Lo que indica que la persecución y la intimidación continúan siendo dispositivos centrales y no efectos colaterales de la violencia antisindical, a menudo ligados a escenarios donde se destaca el activismo sindical. Muchos de los mensajes amenazantes aludían la posición política y acentuaban la estigmatización de la acción sindical.
Gran parte de los sindicalistas y sindicatos que fueron víctimas de amenazas estaban llevando a cabo procesos de defensa de derechos y defensa de la paz. Por ejemplo, el 6 de enero de 2017 varias organizaciones defensoras de derechos humanos en el Tolima fueron amenazadas por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar que opera en la zona. Varios dirigentes y activistas de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol), así como Nelson Moreno, dirigente de la CUT Subdirectiva Tolima, fueron señalados de “comunistas que le hacen daño al Tolima y al país con el cuento de la paz”.
El 17 de abril fueron amenazados algunos profesores que adelantaban en el colegio cátedras e investigaciones de los acuerdos de paz con los estudiantes.
Por otra parte, en lo corrido del 2017 se han registrado 8 hechos de violencia contra mujeres sindicalistas, 7 de ellas dirigentes y activistas en el ámbito rural. La otra víctima corresponde a una afiliada al sindicato de docentes del Valle (Sutev), asesinada el 7 de junio. Asimismo, mujeres familiares de dirigentes sindicales han sido víctimas de la violencia, como es el caso de la esposa y la hija de Huber de Jesús Ballesteros, dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
Violaciones a la vida, libertad e integridad según tipo de sindicalista. 1° semestre 2017.
Tipo de sindicalista
N° Casos
Dirigente sindical
97
Trabajador de base
17
Asesor sindical
1
Total general
115
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
Otra circunstancia preocupante, es que la violencia se concentra en la dirigencia y el activismo sindical. Mientras que en 2016 este tipo de casos alcanzaron el 78,4%, en el 1° semestre de 2017 superan el 84,35% del registro total. Es decir, cada vez se evidencia una relación más estrecha entre la actividad sindical, en sus diversas expresiones reivindicativas y organizativas, y la violencia contra los sindicalistas y los sindicatos que lideran estos procesos. Veamos algunos casos:
El 3 de febrero de 2017 fueron amenazados 9 dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Vigilancia, Escoltas y Similares (Sintraviescols) en el Valle del Cauca. La amenaza la recibieron cuando negociaban la convención colectiva y adelantaban una querella contra una de las empresas empleadoras, evento en el que también fue amenazado un dirigente de la CUT subdirectiva Valle.
El 27 de febrero, por participar en una protesta fueron detenidos por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) los trabajadores Juan Méndez Gutiérrez, Melvin Dávila Rincón, Manuel Vergara Pérez, Gilberto Julio Velásquez y Andrus Julio Díaz, afiliados a la USO y al Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg). Y al día siguiente los dirigentes de la USO Wilmer Hernández, Alexander Escobar y Rodolfo Vecino fueron agredidos por el ESMAD.
Asimismo, dos directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Colombia (Sintrasaludcol) que presentaron denuncias contra Saludcoop/Cafesalud, recibieron amenazas. Se trata de Eric Amador Toro, directivo de la Seccional Barranquilla, amenazado el 16 de marzo presuntamente por el ELN; y Rodrigo Medina, directivo de la Subdirectiva Cali, amenazado el 25 de abril. A éste le dijeron que moriría por ser sindicalista.
El 21 de abril, mientras se encontraban en una huelga de más de 50 días, fueron amenazados 12 trabajadores de Manaure afiliados al sindicato de la empresa Big Group Salinas Colombia (Sintrasles) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de Big Group Salinas de Manaure (Sintrabgsalinas). Y el 22 de mayo fue víctima de un atentado el presidente de este sindicato, Carlos A. Gómez Galván.
Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas según departamento. 1° semestre 2017.
Departamento
N° Casos
%
Cauca
27
23,48%
Valle
17
14,78%
Tolima
14
12,17%
Guajira
13
11,30%
Santander
11
9,57%
Bolívar
9
7,83%
Boyacá
4
3,48%
Cesar
4
3,48%
Huila
4
3,48%
Atlántico
3
2,61%
Magdalena
3
2,61%
Meta
2
1,74%
Bogotá D.E.
1
0,87%
Antioquia
1
0,87%
Córdoba
1
0,87%
Risaralda
1
0,87%
Total general
115
100,00%
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
Según el cuadro anterior, en el periodo considerado la violencia contra sindicalistas y sindicatos se presentó en 16 departamentos. El que mayor número de caso registró fue el Cauca, con el 23,48% del total. Valle le siguió con 14,78%, Tolima 12,17%, Guajira 11,30% y Santander 9,57%. Indica que la violencia antisindical se intensificó en tres regiones: Caribe, Pacífico y Oriente colombiano.[7] Si bien Antioquia no cuenta con casos documentados en 2017, es de aclarar que existe un subregistro debido a dificultades en el acceso a la información, principalmente con relación a casos de docentes sindicalizados.
Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas según sector económico. 1° semestre 2017
Sector económico
N° Casos
%
Agricultura, caza y pesca
44
38,26%
Minas y canteras
42
36,52%
Otros servicios comunales y personales
15
13,04%
Educación
8
6,96%
Industria manufacturera
3
2,61%
Salud
3
2,61%
Judicial
2
1,74%
Total general
115
100,00%
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
En lo relacionado con la dinámica sectorial de la violencia antisindical, en el periodo reciente los sectores de la agricultura, caza, pesca, minas y canteras concentraron el 74,78% de los casos documentados, lo que indica una reactivación de la violencia en zonas rurales. Veamos algunos ejemplos:
Cristóbal Guamanga, líder social y campesino, directivo del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca (Sinpeagric), filial de Fensuagro, ha sido víctima de seguimientos y amenazas. Una de ellas el 3 de marzo, contra él y otras organizaciones sociales y políticas. Recibió un mensaje que decía: “Sentencia de muerte a guerrilleros farucos. Tienen el tiempo contado se van o se mueren…”.
Igual ocurrió el 9 de febrero con Alfonso Mendoza Álvarez y José Borja Escalante, dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) Subdirectiva Ciénaga. Por medio de un texto escrito ambos fueron amenazados por el grupo paramilitar Comando Urbano Los Rastrojos, que les exigió que se fueran de la zona.
Otro caso que ilustra la violencia contra un dirigente sindical del sector rural, es el de Huber de Jesús Ballesteros, dirigente de Fensuagro e integrante de Marcha Patriótica. Fue detenido en agosto de 2013 y dejado en libertad el 13 de enero de 2017 por vencimiento de términos. Posteriormente, en abril, mayo y junio de este año fue víctima de amenazas y seguimientos por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. También su esposa y su hija recibieron mensajes amenazantes que los declaran objetivo militar y manifiestan oposición a la implementación de los acuerdos de paz.
Violaciones a vida, libertad e integridad contra sindicalistas según presunto responsable. 1° semestre 2017.
Presuntos responsables
N° Casos
%
Paramilitares
59
51,30%
No identificado
39
33,91%
Organismo estatal
15
13,04%
Guerrilla
2
1,74%
Total general
115
100,00%
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
Finalmente, con respecto a los responsables de la violencia contra sindicalistas en este 2017, se tiene que los principales presuntos victimarios han sido los paramilitares en más de la mitad de los casos registrados, lo cual resulta muy preocupante por el obstáculo que representa para la construcción de la paz, y por la falta de reconocimiento por parte de la institucionalidad sobre la pervivencia de este grupo armado ilegal. El segundo lugar lo ocuparon los organismos estatales, lo cual también resulta muy preocupante.
[1] Según el Programa Somos Defensores, entre enero y marzo de 2016 se registraron 113 defensores y defensoras de derechos humanos víctimas de algún tipo de agresión. En el mismo periodo en el año 2017 este tipo de agresiones alcanzó la cifra de 193 casos. Véase:
[2] Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, Escuela Nacional Sindical.
[3] Nota metodológica: es necesario precisar que existe sub registro, principalmente, en la violencia antisindical cometida contra docentes, ya que en los últimos años se han encontrado dificultades para acceder a esta información.
[4] Cuaderno de Derechos Humanos N° 24. “Voces que no callan” (2016). Escuela Nacional Sindical.
[5] Nota metodológica: Las cifras correspondientes al periodo comprendido entre enero y junio de 2017 son provisionales, ya que se encuentran en proceso de recolección, contrastación y validación.
[6] Este tipo de violaciones se dirigen contra la organización sindical en su conjunto.
[7] Cuaderno de Derechos Humanos N° 24. “Voces que no callan” (2016). Escuela Nacional Sindical.
[7] Cuaderno de Derechos Humanos N° 24. “Voces que no callan” (2016). Escuela Nacional Sindical
Este fin de semana, el sábado concretamente, otro líder sindicalista fue asesinado en el suroeste de Colombia. Se trata del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), Alberto Román Acosta.
Este se encontraba en una cancha de futbol viendo un partido en el que jugaba su hijo, cuando dos sicarios llegados al lugar en motocicleta abrieron fuego contra el líder social.
Trasladado con carácter de urgencia al hospital San Rafael de El Cerrito, los galenos nada pudieron hacer por salvarle la vida.
El atentado se produjo en la carretera 13 entre las calles 4 y 5 del barrio El Porvenir de la localidad del centro del Valle del Cauca, donde el sindicato que lideraba agrupa a corteros de caña del citado valle.
Se da la circunstancia de que el pasado 21 de junio fue asesinado en el departamento del Cauca Mauricio Fernando Vélez López, otro líder sindicalista.
Con Alberto Román Acosta ya son 42 los líderes sociales asesinados en el país neogranadino en lo que va de año.
Vistos los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas en Venezuela, las organizaciones sindicales abajo firmantes queremos expresar lo siguiente:
Entendemos, Independientemente de las valoraciones que cada organización pueda hacer sobre las decisiones que las autoridades están adoptando en Venezuela, que en los últimos 18 años las mayorías sociales de Venezuela han implementado un proceso de emancipación social y nacional encaminado a superar las enormes desigualdades existentes en el país y transformarlo hacia una sociedad más justa, libre y soberana. Esta ha sido la esencia del proceso político bolivariano. Por ello reclamamos el máximo respeto para con el proceso.
Entendemos este proceso dentro de un proceso más amplio que se está desarrollando en América Latina desde el inicio del siglo XXI. Procesos de cambio de cultura política y emancipación que buscan un cambio basado en la igualdad de derechos y la justicia social. Y es por esto que el capital y el imperialismo (cuyo mayor exponente lo representa EEUU) pusieron en marcha toda su maquinaria para echar abajo los gobiernos que apuestan por ellas, como se demuestra en los casos de Guatemala, Brasil, Argentina y, ahora, Venezuela.
Por estos motivos rechazamos cualquier intento violento fomentado y organizado por quienes tienen interés en crear un clima de caos en el país, que este destinado a desestabilizar el país y a un gobierno legítimo elegido democráticamente. El diálogo, y no la violencia, debe ser el camino para afrontar los conflictos políticos y sociales.
Asímismo consideramos ciertas injerencias externas parciales e hipócritas más cuando reina el silencio más absoluto ante la ola de asesinatos -de más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos que están ocurriendo en Colombia después de la firma del acuerdo de paz del pasado 2016.
En este sentido nos reafirmamos en el derecho de todos los pueblos a elegir libre y democráticamente su futuro político.
Finalmente saludamos el proceso constituyente como mecanismo democrático y de participación popular del pueblo de Venezuela.
Denunciamos, por su desproporción y manipulación, la campaña de intoxicación mediática que se está llevando a cabo contra Venezuela por parte de los medios de comunicación “oficiales”, como otro instrumento más al servicio de las partes interesadas en echar abajo al actual gobierno, y con un trato bien discriminatorio entre este y las organizaciones opositoras.
La semana pasada estalló el paro nacional del magisterio, dirigido por la combativa Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que es el sindicato más grande y más poderoso del país, afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
En secuencia rápida, según información disponible, las acciones de diversos sectores inconformes se irán sumando a un movimiento general de protesta: los trabajadores estatales, entre ellos los del Sena, el Icbf, la salud, el sector judicial y Fiscalía, Ministerio de Trabajo, los vigilantes del Inpec. En estas acciones están plenamente unidas CGT, CTC y CUT. También la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC.
En Bogotá Sindistritales y la Asociación Distrital de Educadores, ADE, con trabajadores de la ETB y otras empresas públicas capitalinas forman un bloque que se cruza con los grupos de iniciativa ciudadana que están por la revocatoria del alcalde Peñalosa, los cuales realizaron en días pasados una nutrida marcha de antorchas.
La agitación no es solo laboral: en los últimos días ha habido huelgas de taxistas en varias ciudades, paro cívico en Chocó, Yopal, Buenaventura, aquí abiertamente apoya el obispo, en norte del Cauca por iniciativa de comunidades indígenas, en Barranca por iniciativa de los trabajadores petroleros.
El detonante de esta nueva ola de protestas es el incumplimiento generalizado del Gobierno a pactos celebrados en otros momentos de movilización con trabajadores, pensionados, maestros. El conflicto tiene epicentro en el sector estatal central y descentralizado. Un millón de trabajadores estaría involucrado.
Ahora se suman dos poderosos motivos como son el incumplimiento o modificación en la implementación de los acuerdos con la insurgencia de las Farc, que afecta al país entero, y los niveles absolutamente inauditos de corrupción en los casos de Reficar, Odebrecht y numerosas entidades regionales y nacionales. “Plata se va en corrupción y se niegan las justas demandas sociales”.
El Gobierno ha burlado, constatan, todas las mesas de negociación establecidas en 2013, 2015 y 2016 y mantiene congelada la discusión del pliego de 15 puntos que el movimiento social unificado presentó en marzo del año pasado.
La radicalidad se explica también por el hecho de seguir produciéndose asesinatos sociales en diversas regiones. En los últimos 14 meses se cuentan 156 asesinados, amén de dos exguerrilleros de Farc-EP y ocho familiares de integrantes farianos. El sábado 13 se conoció el asesinato de Mario Andrés Calle, presidente de la asociación campesina Astracava e integrante de Marcha Patriótica, municipio de Guacarí, Valle.
Se está terminando el conflicto armado interno, pero es un hecho que la violencia no cesa. Siguen existiendo grupos armados ilegales que en unos casos escapan al control del Estado y en otros actúan en connivencia con agentes del mismo Estado para generar terror. La paz debería significar monopolio garantista de la fuerza en el Estado.
Los motivos de la movilización son de hondo calado, claros, justos, legítimos. Nada extraño que se prolongue y profundice, habida cuenta, además, que la terminación del conflicto armado interno dispara las expectativas sobre una verdadera apertura democrática y social. Protesta entrevé la posibilidad de convertirse en paro cívico nacional si la dureza del Gobierno lo demanda y si las condiciones lo aconsejan.
No puede haber más protestas justas pero inconducentes porque el Gobierno se muestra insensible. Una seria negociación general unificada debe abrirse paso esta vez. Entre dirigentes y bases existe un extraordinario entusiasmo unitario y decisión de lucha. En todos los niveles se advierte importante participación de mujeres líderes y activistas.
Para comienzos de junio se prevén nuevas acciones de apoyo a la dejación de armas y cumplimiento oportuno y completo de los Acuerdos de Paz.
