La semana pasada estalló el paro nacional del magisterio, dirigido por la combativa Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que es el sindicato más grande y más poderoso del país, afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
En secuencia rápida, según información disponible, las acciones de diversos sectores inconformes se irán sumando a un movimiento general de protesta: los trabajadores estatales, entre ellos los del Sena, el Icbf, la salud, el sector judicial y Fiscalía, Ministerio de Trabajo, los vigilantes del Inpec. En estas acciones están plenamente unidas CGT, CTC y CUT. También la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC.
En Bogotá Sindistritales y la Asociación Distrital de Educadores, ADE, con trabajadores de la ETB y otras empresas públicas capitalinas forman un bloque que se cruza con los grupos de iniciativa ciudadana que están por la revocatoria del alcalde Peñalosa, los cuales realizaron en días pasados una nutrida marcha de antorchas.
La agitación no es solo laboral: en los últimos días ha habido huelgas de taxistas en varias ciudades, paro cívico en Chocó, Yopal, Buenaventura, aquí abiertamente apoya el obispo, en norte del Cauca por iniciativa de comunidades indígenas, en Barranca por iniciativa de los trabajadores petroleros.
El detonante de esta nueva ola de protestas es el incumplimiento generalizado del Gobierno a pactos celebrados en otros momentos de movilización con trabajadores, pensionados, maestros. El conflicto tiene epicentro en el sector estatal central y descentralizado. Un millón de trabajadores estaría involucrado.
Ahora se suman dos poderosos motivos como son el incumplimiento o modificación en la implementación de los acuerdos con la insurgencia de las Farc, que afecta al país entero, y los niveles absolutamente inauditos de corrupción en los casos de Reficar, Odebrecht y numerosas entidades regionales y nacionales. “Plata se va en corrupción y se niegan las justas demandas sociales”.
El Gobierno ha burlado, constatan, todas las mesas de negociación establecidas en 2013, 2015 y 2016 y mantiene congelada la discusión del pliego de 15 puntos que el movimiento social unificado presentó en marzo del año pasado.
La radicalidad se explica también por el hecho de seguir produciéndose asesinatos sociales en diversas regiones. En los últimos 14 meses se cuentan 156 asesinados, amén de dos exguerrilleros de Farc-EP y ocho familiares de integrantes farianos. El sábado 13 se conoció el asesinato de Mario Andrés Calle, presidente de la asociación campesina Astracava e integrante de Marcha Patriótica, municipio de Guacarí, Valle.
Se está terminando el conflicto armado interno, pero es un hecho que la violencia no cesa. Siguen existiendo grupos armados ilegales que en unos casos escapan al control del Estado y en otros actúan en connivencia con agentes del mismo Estado para generar terror. La paz debería significar monopolio garantista de la fuerza en el Estado.
Los motivos de la movilización son de hondo calado, claros, justos, legítimos. Nada extraño que se prolongue y profundice, habida cuenta, además, que la terminación del conflicto armado interno dispara las expectativas sobre una verdadera apertura democrática y social. Protesta entrevé la posibilidad de convertirse en paro cívico nacional si la dureza del Gobierno lo demanda y si las condiciones lo aconsejan.
No puede haber más protestas justas pero inconducentes porque el Gobierno se muestra insensible. Una seria negociación general unificada debe abrirse paso esta vez. Entre dirigentes y bases existe un extraordinario entusiasmo unitario y decisión de lucha. En todos los niveles se advierte importante participación de mujeres líderes y activistas.
Para comienzos de junio se prevén nuevas acciones de apoyo a la dejación de armas y cumplimiento oportuno y completo de los Acuerdos de Paz.
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