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[Colombia] Las víctimas de crímenes serán burladas con el fallo de la Corte

Circular del CPN FARC
Noviembre 18 de 2017

El fallo de la Corte Constitucional el pasado 14 de noviembre, que lleva por nombre sentencia C-17 de 2017, declaró exequible, es decir constitucional, el Acto Legislativo número 1 de 2017 mediante el cual se había incorporado a la Constitución el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición aprobado en el Acuerdo Final de Paz.

Tal fallo es sobremanera importante para nosotros, pues aunque se difundió especialmente lo relacionado con la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz, en realidad la sentencia declaró ajustado a la Constitución todo el sistema integral, el cual comprende, además de la JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas, las políticas estatales en materia de derechos humanos y las medidas de reparación  a cargo del Estado.

En su conjunto esto es un paso adelante en la aplicación del Acuerdo Final, y como tal merece nuestro aplauso. Lo que sucede es que al fallar la exequibilidad del Acto Legislativo, la Corte consideró que eran contrarios a la Constitución algunos artículos relacionados específicamente con la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, procediendo a reemplazarlos con criterios que riñen con lo pactado en los Acuerdos de La Habana.

Dichas criterios ponen en riesgo la seguridad jurídica de los excombatientes y por eso lo denunciamos abiertamente. Trataremos de explicarlo en términos sencillos, sin negar que algunos tienen cierta complejidad jurídica:

El fallo de la Corte acabó definitivamente con la autonomía o independencia de la JEP con relación a la jurisdicción existente en Colombia. Lo hizo porque estableció que las tutelas contra las sentencias de la JEP las definirá la Corte Constitucional, que en todos los casos de conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y las especiales y la JEP, quien decidirá será la justicia ordinaria y no la JEP, y porque estableció que el régimen disciplinario de los magistrados de la JEP estará sujeto a la justicia ordinaria y no a la propia JEP. Con ello modificó los Acuerdos de La Habana.

La JEP fue prevista en La Habana como un sistema de investigación, juzgamiento y sanción de los más graves delitos cometidos por todas las personas involucradas en el conflicto. Se concibió como un sistema autónomo de la justicia ordinaria, porque si algo ha demostrado la historia colombiana es que esta justicia siempre fue parte del conflicto, que persiguió con saña a las FARC todo el tiempo, no haciéndolo así con otros actores gravemente implicados como el paramilitarismo y los agentes del Estado militares o civiles y los terceros partícipes de graves crímenes.

Así las cosas, los fallos de la JEP, su competencia judicial y la conducta de sus magistrados quedan sujetos en todos los casos a los criterios de esa justicia ordinaria, lo cual riñe absolutamente con lo que se quiso al crearla en la Mesa de La Habana. La imparcialidad de la JEP queda así asaltada, sus decisiones pueden ser revisadas y modificadas por la justicia ordinaria. La independencia absoluta de la JEP era una condición esencial nacida del supremo interés por la paz.

Por otra parte, el fallo de la Corte establece que los agentes civiles del Estado y los terceros implicados en el conflicto no están obligados a comparecer ante la JEP, que sus conductas delictivas, por más graves que sean, son competencia de los jueces ordinarios, a menos que ellos mismos voluntariamente quieran comparecer a la JEP.

Algunas implicaciones de esto son que en primer término la JEP termina siendo una jurisdicción especial creada para juzgar a las FARC y no a todos los actores del conflicto, lo cual desbarata por completo el sentido que se le dio en el Acuerdo. Por otra parte, al excluir de la JEP a los agentes civiles del Estado y los terceros, simplemente se abre la puerta total a la impunidad a su favor, en la medida en que la justicia ordinaria no ha actuado contra ellos en todos los años de la confrontación, y seguramente tampoco va a actuar, como lo demuestran todas las estadísticas.

Las víctimas de esos crímenes serán burladas con la exclusión que garantiza el fallo de la Corte a esos agentes. La impunidad para ellos contradice abiertamente otro de los grandes objetivos que se tuvo al fundar la JEP, que era precisamente crear una justicia que aboliera la impunidad reinante para los más graves crímenes cometidos por todas las personas vinculadas al conflicto.

La parcialidad de la justicia ordinaria está comprobada con los más de quince mil expedientes por paramilitarismo que reposan en la Fiscalía sin que se adelanten acciones judiciales, y como si fuera poco con la negativa de los jueces de la República a conceder las amnistías decretadas a favor de los excombatientes de las FARC presos en las cárceles del país.

Por otro lado, la Corte Constitucional dio vía libre a la participación de las FARC en política, la cual quería ser sometida a toda clase de limitaciones por parte del Congreso. Acerca de sus inhabilidades o incompatibilidades quien deberá pronunciarse es la JEP según lo pactado en La Habana. Esto resulta altamente positivo para nosotros.

El problema está en que a su vez la Corte ideó una serie de condiciones para tal ejercicio, que en caso de que llegaren a ser incumplidas acarrearían serias consecuencias para los nuestros. En primer lugar hay que decir que las condicionalidades fueron previstas solo para las FARC, con lo que se demuestra que la JEP se convirtió en una justicia exclusiva para juzgar a estas, pero además hay que agregar que dentro de las consecuencias que acarrearía una eventual incumplimiento de las condiciones, puede estar contemplada la extradición a otros países, cuando esta prohibición fue prohibida en los Acuerdos y reafirmada por una sentencia de la propia Corte Constitucional.

Vistas así las cosas de modo general, es fácil concluir que con esta sentencia de la Corte Constitucional se vulneraron directamente aspectos esenciales del Acuerdo Final. Obsérvese que el Estado colombiano suscribió un Acuerdo Final de Paz con las FARC, el que fue refrendado por el Congreso de la República según lo dispuesto por la Corte Constitucional. Por eso es un acuerdo del Estado y no del gobierno. La propia Corte Constitucional sentenció recientemente que todas las autoridades del Estado estaban obligadas a cumplir con los Acuerdos de La Habana.

Si la Corte llegase a descubrir que algún aspecto de los Acuerdos reñía con la Constitución Nacional, por tratarse de un acuerdo del Estado, lo correspondiente no era pasar a declarar la inconstitucional de esa parte del Acuerdo, y por tanto abolirla, sino que el Estado procediera a ajustar la Constitución al Acuerdo firmado, para que este entrase en aplicación sin problemas.

La otra cuestión que vino a complicar más las cosas es que la noche del 15 de noviembre, el Senado de la República, en un acto que fue calificado como una vergüenza nacional, decidió incluir en la ley estatutaria de la JEP un régimen de  inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de la misma, que en la práctica impide la posesión de la mayoría de los ya nombrados, y que impide que quienes hayan sido defensores de derechos humanos en el país, puedan ser magistrados.

Queda en evidencia que el Senado ha querido que sólo los defensores del Estado puedan ser magistrados de la JEP, es decir que los jueces de la JEP sean personas con una clara posición a favor de la impunidad que ha significado la justicia ordinaria en Colombia. Las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los Acuerdos para tales magistrados no eran otras que las mismas de sus pares en las altas cortes del país. Al crear otras nuevas se violan los Acuerdos de La Habana con una intención perversa, defender la impunidad.

Es de anotar que aún falta el debate en la Cámara para que salga el texto definitivo de la ley estatutaria, y que luego deberá venir el fallo sobre su exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Pero creemos que  hay razones suficientes para temer que una y otra instancia no son suficiente garantía para el respeto de lo acordado en La Habana entre el gobierno y nosotros.

Frente a todo lo anterior cabe decir que resulta necesario que tanto nuestro partido, como todo el movimiento popular y democrático en Colombia, encendamos nuestras alarmas. A casi un año de la firma del Acuerdo Final, tenemos suficiente conocimiento de los incumplimientos y pretextos del Estado colombiano en la cabal implementación de lo acordado.

Ahora se avista en el horizonte un incumplimiento mayor, que apunta a hacer más gravosas las condiciones para los ex combatientes de las FARC, al tiempo que las alivia para los demás actores del conflicto. Pero sobre todo, que se dirige a fortalecer la impunidad reinante en Colombia durante los años del conflicto, a favor de los terceros y agentes civiles del Estado.

Hemos hecho frente a tales incumplimientos de manera franca y directa, y es así como debemos seguir haciéndolo ahora. Es cierto que las clases dominantes, que el Estado y sus instituciones, tienen el propósito de burlar lo conquistado tras tantos años de lucha por nosotros. Pero no hay que olvidar que ellos no están solos en el escenario, que nosotros y el movimiento social y popular también hacemos presencia, y que por tanto las cosas no serán como ellos las quieren. Nuestra respuesta y nuestra lucha también cuentan. Y la idea es hacerlas valer.

Existe en nuestro país un acumulado social y popular en favor de la paz y por tanto debemos ponerlo a jugar en defensa de lo pactado y conquistado en los Acuerdos de La Habana. Contamos también con un acumulado internacional que está del lado de la solución política. Debemos por tanto ponerlo a trabajar en función de que el grandioso anhelo por la paz en nuestro país se convierta en una realidad. No vamos a echar atrás, el Estado colombiano o cumple o cumple.

Nuestros pronunciamientos de denuncia a escala nacional e internacional deben crecer aceleradamente con el propósito de desenmascarar la real voluntad de burlarnos por parte del Estado. Insistiremos en una reunión de urgencia con el Presidente Juan Manuel Santos, para poner de presente nuestro enérgico rechazo a lo sucedido, a la vez que para presionar la debida atención a nuestros requerimientos y exigencias en cuanto al cumplimiento de la palabra comprometida.

Los garantes y observadores internacionales de la implementación de los Acuerdos deben ser informados y movidos a pronunciarse. José Mujica y Felipe González deberán ser convocados a una reunión de urgencia. Activaremos todas las instancias nacionales e internacionales de acompañamiento. Las embajadas en Colombia de todos los países deben ser informadas sobre la gravedad del momento que vivimos en nuestro país.

Implementaremos las acciones jurídicas de cumplimiento que consagra la legislación colombiana, para lo cual impulsaremos la acción de nuestro equipo jurídico.

Nos corresponde propiciar citas y encuentros con distintos movimientos políticos y sociales, con las iglesias, la juventud, las centrales obreras, las organizaciones campesinas, afros e indígenas, con los movimientos femeninos y de género y en general con todo el movimiento popular en busca de su pronunciamiento y movilización a favor de la paz y el cumplimiento de los Acuerdos, en la idea de ir articulando una gran protesta nacional contra lo que pretenden el Estado y los enemigos de la paz.

Promover el próximo 24 de noviembre, fecha de aniversario del acuerdo, un gran acto de conmemoración y defensa de lo pactado, dejando constancia de los incumplimientos del gobierno y las otras instituciones del Estado.

Elaborar y presentar a la opinión nacional e internacional un memorial de agravios que recoja nuestro sentir y el del movimiento popular con relación a los temas de la paz y los Acuerdos.

Nuestro propósito debe ser consolidar los espacios alcanzados hasta hoy, profundizándolos y poniéndolos al servicio de la causa de la implementación total de lo acordado. Debemos llevar un mensaje de lucha a nuestros militantes, nuestras masas y el pueblo en general. Aquí nadie está rendido ni vencido, entre todos podremos conquistar definitivamente nuestro sueño.

Debemos tener presente que si el adversario de clase y su Estado se muestran audaces en su obsesión por incumplirnos, es porque ven debilidad en nosotros. Nuestra fuerza reside en las masas, en el pueblo en las calles, movilizado por sus derechos. Eso implica un enorme esfuerzo de parte nuestra, un proceso que estamos en mora de emprender. A eso debemos dirigir, organizadamente, la mayor parte de nuestra actividad.

Sin olvidar ni por un momento que el pesimismo, el derrotismo y  los  llamados al fracaso, que tanto daño nos hacen porque desmoralizan y desmovilizan nuestra gente y nuestro pueblo, únicamente son útiles a las intenciones de las clases en el poder. La situación es difícil, cuándo no lo es para los revolucionarios. Pero debemos afrontarla con la moral en alto, solo así venceremos.

Con un abrazo para todos y un beso para ellas,

CONSEJO POLITICO NACIONAL DE LOS COMUNES
FARC


[Ideología] A mi partido


Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.

Me has agregado la fuerza de todos los que viven.

Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.

Me has dado la libertad que no tiene el solitario.

Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.

Me diste la rectitud que necesita el árbol.

Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.

Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.

Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.

Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.

Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.

Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.

Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.

Pablo Neruda


[Colombia] Un regalo envenenado


 | 2017/11/18 

¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?... ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga.

El fallo de la Corte Constitucional declara exequible la JEP, pero la mutila y la convierte en una inválida. No solo le cambia a las Farc las condiciones jurídicas en que esa guerrilla pactó con el gobierno su decisión de someterse a la justicia transicional, sino que mientras se las aprieta a las Farc, flexibiliza de manera generosa las de los civiles que participaron en el conflicto de manera “directa y determinante” al extremo de que los termina sacando de la JEP.


El fallo le cambia las reglas de juego a las Farc, pero le da un salvavidas a los civiles que financiaron el paramilitarismo en Colombia, un cambiazo que habrá que ver si las Farc se van a aguantar y que afecta directamente la verdad y la reparación a que tienen derecho las víctimas del paramilitarismo. 
Por cuenta de ese demoledor fallo, los civiles que hayan participado de manera activa y determinante no irán a la JEP, sino que seguirán donde están: es decir, en la Fiscalía, que es su juez natural y tendrán la posibilidad de ir a la JEP solo si así lo quieren.

¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la JEP?… Ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si ese juez natural es fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga y si actúa como el exfiscal Gustavo Moreno o como la fiscal Mabel Parra o como el magistrado Malo o como el innombrable doctor Leonidas Bustos, asiduo visitante de Cambio Radical y contertulio del fiscal Néstor Humberto Martínez. 

La corte en su fallo les dio la razón al candidato presidencial Germán Vargas y al fiscal Néstor Humberto Martínez, quienes desde tiempo atrás han hecho un intenso lobby para sacar a los civiles comprometidos en el conflicto de la JEP. Como querían, la corte dejó a los terceros civiles en la Fiscalía y ahora el bollo lo tiene que asumir Néstor Humberto Martínez, un fiscal cuestionado por varios congresistas que lo señalan de estar utilizando la Fiscalía para hacer una justicia selectiva y sesgada en beneficio del candidato Germán Vargas Lleras. (Primero fueron Claudia López y Jorge Enrique Robledo y esta semana pasada fue Armando Benedetti).

Sin embargo, yo no me fiaría de esa generosidad de la corte porque el regalo va envenenado. Al dejarle a los civiles en la justicia ordinaria, la corte conminó a NHM a investigar y a ofrecer resultados sobre los 13.000 casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos cometidos dentro del marco del conflicto que ni su antecesor ni él mismo han tocado.

Es decir, a NHM le va a tocar investigar lo que hasta ahora no ha querido investigar. Si no lo hace, va a tener sobre sus espaldas a la Corte Penal Internacional que podría entrar a Colombia con el argumento de que los terceros civiles que participaron en el conflicto habrían quedado protegidos por el manto de la impunidad y se le está denegando la justicia a las víctimas. 

Lo sorprendente es que la interpretación del fallo que ha hecho Cambio Radical, si bien ha logrado destrabar el trámite de la ley estatutaria en el Congreso, ha servido también para introducir modificaciones como las nuevas inhabilidades que se le impusieron a los magistrados de la JEP, uno de los tantos micos que se le están metiendo, que si se las aplican a los magistrados de la Corte Constitucional ninguno las pasaría. 

La Corte Constitucional, con ese fallo, ha igualado un acuerdo de paz hecho para finalizar un conflicto de 54 años, a cualquier ley ordinaria, desconociendo incluso su fallo anterior en el que había dicho que la paz había que preservarla por encima de todo. 

En medio de tanta confusión, el único que pierde es el país.

[Colombia] Van dos ”candidatos” fuera en el CD

José María Carbonell.

El Centro Democrático del narco-paramilitar 82 ex-presidente Álvaro Uribe Vélez ha descartado a dos de sus ”alfiles” para la candidatura presidencial.

Luis Alfredo Ramos, reconocido narco-paramilitar, fue descartado por Uribhitler porque no pudo zafarse de su pasado-presente criminal y continúa siendo investigado por la propia justicia burguesa colombiana.

El anterior candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, comprometido con la corrupción de Odebrecht según el brasilero Mendoca, tampoco pudo zafarse de la marca criminal y continuará en la mira de la justicia burguesa.

De ésta manera el CD tendrá que recurrir a figuras de poco o ningún calado en los colombianos. Son figuras anodinas, sin peso específico, que dependen del narco-paramilitar ex-presidente para ser elegido y ocupar cualquier cargo de representación.

Así las cosas, todo parece indicar que VargasLleras –con el apoyo de JM Santos- le ha ganado el pulso y la rancia oligarquía colombiana se inclina más por uno de sus hijos legítimos y no de un ilegítimo advenedizo proveniente de la mafia del narcotráfico y el narco-paramilitarismo.

De todos modos, la crisis de los partidos del establecimiento es tal que están recurriendo a las candidaturas por firmas a fin de escurrirle el bulto a la creciente corrupción de los partidos politicos.

El pueblo no se dejará engañar. No ésta vez. Ya los vemos en las movilizaciones, en las carreteras, en las barriadas, en la Universidad, en cuanto espacio se posibilite y está dialogando sobre la candidatura popular.


En ese escenario está jugando el nuevo partido de la FARC, el cual a venido a remozar la política en Colombia y a sembrar la esperanza entre el pueblo.

[Latinoamérica] Otto Reich: ¡“ALERTA! Vienen 145 agentes venezolanos a Honduras”

Las protestas en contra la expulsión del grupo venezolano Los Guaraguaopracticamente ordenada por el gringo-cubano Otto Reich unas horas antes de la decisión de la Migración hondureña.


Por Dick Emanuelsson, Resumen Latinoamericano

TEGUCIGALPA / 2017-11-17 / El instigador para golpes de estado o contrarrevoluciones en América Latina, Otto Reich, ex agente de la CIA y ex alto funcionario del Departamento de Estado durante las administraciones de Ronald Reagan y George Bush, advirtió ayer al gobierno de Honduras que han venido y vendrán más de “145 agentes de Maduro a Honduras”. Pocas horas después fue negada la entrada al país el legendario grupo venezolano Los Guaraguao. Después de 14 horas en el aeropuerto de San Pedro Sula fue deportado devuelta a Venezuela.

Ni siquiera durante el golpe de estado militar en junio de 2009 fue obstaculizada la entrada del mencionado grupo que cantó ante más de 110.000 hondureños eufóricos en la capital hondureña, invitado por la Resistencia Nacional Contra el Golpe de Estado, FNRP.

Caricatura del hondureño José Ramos Pineda.


El nombre Otto Reich suena más como fuera un alto dirigente alemán, “Reich” significa Reino y el entonces líder fascista Adolfo Hitler hablaba de la creación de un “Tercer Reich”, Tercer Reino, como resultado de la guerra que cobró más de 55 millones de víctimas. Y la fisionomía es bastante “arias”, la raza favorita de Hitler, más que cubano, que es el origen de este señor, nacido 1945.

Hizo parte del Irán-Contra-Gate

Estuvo encargado en partes de la guerra de EEUU contra el gobierno Sandinista en la década de los 80´ a través de los ´Contras´, sobre todo en el escándalo Irán-Contra-Gate. Roy Chaderton, el entonces embajador venezolano 2004 ante la sesión del Consejo Permanente de la OEA expresó: “Otto Reich anda suelto y ahora pretende un Tercer Reich”

El periodista chileno Ernesto Carmona escribió en Argenpress en 2004:

Otto Reich, el hombre que recorre América del Sur para alinear a los gobiernos contra Cuba en la votación de Ginebra sobre Derechos Humanos, no tiene ningún cargo oficial a causa del veto del Congreso, pero pertenece al reducido grupo de cubanos de extrema derecha que manejan la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica desde los tiempos de Ronald Reagan. Su última tarea importante fue la coordinación del golpe en Venezuela, también su último fracaso, el 11 de abril de 2002”.

Pero no fue tan fracasado porque estuvo en Honduras el 28 de junio de 2009 y junto con el escuálido venezolano J.J. Rendón son señalados por la Resistencia hondureña como arquitectos del golpe de estado de 2009 en contra el presidente de Manuel Zelaya.

¿Gobierno y Migración hondureña bajo la batuta de Reich?

Pero ¡qué coincidencia! Pocas horas después que Reich denunciaba la “llegada de los 145 venezolanos”, el gobierno de Honduras bajo el mando del presidente Juan Orlando Hernández, (JOH) negó a través de la Migración hondureña la entrada del grupo Guaraguao.

La periodista de extrema derecha, Elena Toledo, de PanamPost, escribióhoy que Otto Reich denunció que han ingresado de manera irregular 145 delegados del PSUV para unirse a la “perversa campaña” de la izquierda en Honduras. Actualmente, Honduras se encuentra en la recta final de su proceso electoral, que culminará el próximo 26 de noviembre cuando en las urnas sea elegido el nuevo presidente de ese país, así como alcaldes y parlamentarios. Sin embargo, un oscuro plan se estaría fraguando en Venezuela para desviar la relativa tranquilidad que ha habido en el proceso”.

Así de sencillo y sin ningún cuestionamiento de las declaraciones del señor Reich.

¡“Misión Cumplida”!

Según  éste, alto dirigente del partido republicano, “Los 145” supuestamente “pasaron por puntos de control migratorio escondido, disfrazados como empresarios, turistas o técnicos para incorporarse a la campaña perversa que favorece a los amigos de Manuel Zelaya Rosales”.

Reich acusa Maduro por el envío (que nadie ha registrado, nadie ha publicado un solo nombre/apellido de ningún venezolano entrando a Honduras, como si fuera algo ilegal) de “Los 145” para asesorar “la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre), que lidera el defenestrado expresidente Zelaya, se refleja en la “desestabilización nacional, violencia, huelgas que la misma prensa refleja”.

Clausura su declaración el señor Reich, recomendando a las autoridades de la Migración hondureña que de inmediatamente “revise sus (los 145) movimientos migratorios, ya que llegaron a “incidir” en el proceso electoral de Honduras”.

Pocas horas después, la Migración negó la entrada al grupo venezolano Los Guaraguao. El gringo-cubano seguramente pensó muy contento; ¡“Misión Cumplida”!

En Alauca, 11 kilometros de la frontera con Nicaragua, fue asesinado el joven albañil Pedro Maigdiel, activo miembro de la Resistencia, asesinado a través una lenta tortura durante toda la noche entre el 25-26 de julio de 2009. Una de tantas víctimas en el golpe militar en junio de 2009. Muchos hondureños pasaron la frontera en los puntos "ciegos", pensando que sí en Nicaragua Manuel Zelaya daría luz verde para iniciar la resistencia armada al golpe que fue condenado hasta por los EE.UU. y su OEA. FOTO: DICK &MIRIAM EMANUELSSON.


¿“Agitadores de oficio”?

El diario hondureño La Prensa tuvo contacto con un agente de la Inteligencia que habló anónimamente con el medio, contando que se habían extremado las medidas para prevenir el ingreso al territorio hondureño de “agitadores de oficio”.

Pero por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Watson, aseguró que hasta el momento ese ente electoral no tiene información de que Venezuela haya acreditado observadores o acompañantes para hacer presencia durante el proceso electoral del próximo 26 de noviembre.

Matamoros Watson también señaló que los ciudadanos venezolanos que pretendan realizar actividades de observación deben realizar el debido proceso de acreditación en el Tribunal, de lo contrario, y si se comprueba que sus intenciones son de desestabilización, la ley indica que deben ser expulsados del territorio hondureño.

La decisión de expulsar a Los Guaraguao causó indignación y rabia en la oposición hondureña y en el pueblo general, recordando las obras hermosas de este querido grupo popular que lleva más de 50 años cantando para los pueblos latinoamericanos y para una Patria Grande, que sonó Simón Bolívar. 






Desde el primer día del golpe de estado, los medios oficialistas la desinformación y manipulación fue la de la guerra fría anticomunista. Nunca se pudo comprobar ningún guerrillero, venezolano, cubano o nicaraguense o de las Farc por parte de las autoridades hondureñas. Ahora la historia se repite, ésta vez por un ex agente de la CIA.


Guerra psicológica

Pero no es la primera vez que la “Carta Venezolana” o “La Carta Nicaragüense” ha sido utilizada en Honduras. Durante y después del golpe de estado militar en junio de 2009, los medios corporativos llenaron sus páginas con historias fantasiosas, hablando y citando “fuentes confidenciales del Ejército y la Policía”, diciendo que también Chávez ha enviado guerrilleros a Honduras. La misma acusación contra Nicaragua.

La organización Copinh, que presidía la asesinada líder Bertha Cáceres, fue acusada de crear una guerrilla, entrenándose por los sandinistas en Nicaragua.

Los campesinos organizados en el Bajo Aguan, fueron señalados bajo la misma acusación de crear una guerrilla para tomar la tierra de los tres terratenientes en ese valle fértil, que poseen más de 40.000 hectáreas.

Lo que sí han sido víctimas son los 150 campesinos de MUCA en el Bajo Aguan que desde el golpe de estado han sido asesinados por haber reclamado tierra y pan para sus familias empobrecidas.

El niño Leodan Andrés Mancillas Arguello, hijo de un campesino del Valle de Bajo Aguán, uno de los 150 víctimas por la violencia contra el campesin ado organizado. FOTO: OBSERVATORIO DE DDHH EN BAJO AGUAN.


La más reciente víctima fue el niño Leodan Andrés Mancillas Arguello, de 13 años. Los campesinos acusan a los paramilitares al servicio de los terratenientes de ser los responsables por la muerte de este niño, un niño que venía en su bicicleta después de haber comprado una fruta para su familia.

Lo que sí es totalmente militarizado es el Valle del Bajo Aguan. Hay un batallón del ejército, comandos policiales militarizados y la respectiva inteligencia militar y policial.

Y eso no es un montaje sino pura realidad.

ABAJO UNAS IMAGENES DE LAS ACUSACIONES DE INTERVENCIÓN VENEZOLANA, NICARAGUANSE, ETCETERA. . .  HASTA AHORA, VASI NUEVE AÑOS DESPUÉS, LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS NO HAN CAPTURADO NADIE.



HASTA LA GUERRILLA COLOMBIANA DE LAS FARC fueron señaladas de aportar al "ejercito guerrillero hondureño".






No se escapó el movimiento Hezbolah de Libanon de ser señalados por tener una ´pata´ en la "guerra civil ficticia" en Honduras. ¡Que desastre periodístico!




UN COMANDO del Ejército hondureño en el Bajo Aguan. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Colombia: FARC pide a ONU intervenir por incumplimiento del gobierno a la paz

Por TeleSURtv.net
Timochenko expresó en una carta al secretario general de la ONU su preocupación "por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de implementación de los acuerdos". 

El dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), denunció a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la alarmante situación que se vive en Colombia, por los actos del Gobierno de Juan Manuel Santos, que ha tergiversado los preceptos del acuerdo de paz establecidos en La Habana, Cuba, hace un año.
Por medio de una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación "por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de implementación de los acuerdos". 

La petición fue realizada tras las declaraciones del secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos Jeffrey Feltman, quien dijo que la comunidad internacional no permitirá que Colombia incumpla lo acordado con el ex grupo insurgente, después de haber firmado el pacto en pro de la paz del país suramericano.
Feltman avaló las denuncia ha hecho la FARC desde hace tiempo, tras una visita realizada el pasado martes a Colombia en la que "pudo constatar personalmente el incumplimiento estatal de lo acordado", indico Timochenko.
Los acuerdos incumplidos
El dirigente del partido criticó el retraso de los procesos legales, las medidas incumplidas, y las modificaciones aprobadas por el Senado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP establece que quienes confiesen sus actos, ayuden a las víctimas y se comprometan a no ejercer la fuerza podrán recibir penas alternativas a prisión, pero tras las modificaciones aprobadas por el Senado, Rodrigo Londoño expresó la preocupación por el destino de los 7.000 excombatientes que entregaron las armas y la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto por las incertidumbres legales.


Tanto el gobierno de Santos como quienes discuten la JEP han sido denunciados por los miembros de la FARC en varias ocasiones por cumplir a conveniencia los acuerdos que ahora buscan desfavorecer al ex grupo insurgente.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

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