No es el Señor de los cristianos.
El
Mesías. No. No.
Tampoco es el “padrino” de la Mafia italiana en Estados
Unidos.
No.
Es el Innombrable.
Lo es porque todo aquel
que ose acusarlo a Él y su entorno familiar, resulta asesinado.
Es el Innombrable No 1.
Que por éstos días detuvieron uno de sus esbirros por orden
de la justicia estadounidense después de 25 años. Porque de la colombiana,
nanay cucas!
O ese personaje, lo que le faltaba, que una periodista ha
osado denunciar –sin mencionarlo por temor a ser asesinada o su familia- que “Él”
la violó cuando Él era su patrón –relación
de poder-.
Sin decirlo ya todos sabemos de quién se trata…
El capo de capos.
El narco-paramilitar número 82.
Ese personaje por cuyas manos pasan todas las delincuencias
en Colombia.
Ese personaje que quiere hacer trizas el Acuerdo de Paz.
Es Él, a quien todas las maldades le caben en la cabeza…
Viendo en detalle la reincorporación de guerrilleros desde la firma del acuerdo es obvio que hay una crisis. Por Ariel Ávila de la Fundación Paz & Reconciliación.
Uno de los elementos esgrimidos desde 1964 tras el el ataque
a Marquetalia fue la satanización de las FARC con el ”coco” del comunismo, que
los ”comunistas comían niños” y mil especies más que ”a fuerzas de repetirse”
casi que convirtieron en verdad.
Crearon así toda una
paranoia anti-comunista en cierto sector de la sociedad colombiana y hoy día
siguen utilizando la misma estrategia que al parecer les produce buenos réditos.
Durante 53 años el
aparato propagandístico dirigido desde el Estado siguió machacando la mente de
los colombianos con el sanbenito del comunismo y a él achacaban todo lo malo
que le sucedía en Colombia. Los medios en poder de la oligarquía
orquestaban cuanta falsedad dirigidos por los militares colombianos y la
ciudadanía se tragaba el cuento.
Uno de ellos, el ”collar
bomba” fue paradigmático. A instantes de ocurrido las fuerzas militares acusaron
a las FARC-EP de la responsabilidad y a los pocos días se vino a saber que era
una banda liderada por agentes del DAS, quedando sin embargo en el “imaginario
colectivo el salvajismo de las FARC”.
En los momentos presentes, de noticias falsas, de
truculencia informativa desde portales del CD, por ejemplo, no es extraño que
traten de ocultar las andanzas del Terrorismo de Estado.
El objetivo es el mismo.
Siguen en la tarea de exterminar a la FARC. A plomo y mediáticamente. No
importa que la FARC haya firmado un Acuerdo de Paz con el gobierno colombiano, en representación de todo el
estado.
El gobierno incumple el
Acuerdo de Paz. Las fuerzas militares persisten en aplicar el Terrorismo de
Estado, utilizando para ello a las fuerzas narco-paramilitares. Los
medios de comunicación en poder de la oligarquía siguen difundiendo sus
falsedades.
Con toda la sevicia del
caso continúan en su “Guerra” contra la FARC. Hasta cuándo?
El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, DENUNCIA Y RECHAZA el homicidio de los
ex combatientes y militantes activos del partido WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL DE
JESÚS MONTOYA IBARRA, en hechos ocurridos el día 16 de enero de la presente
anualidad a las 11:00 PM en el municipio de Peque- Antioquia, hasta el momento
se desconoce los responsables de esta grave vulneración.
ANTECEDENTES
Los ex combatientes de las FARC-EP y los integrantes de la Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común, han sido objeto de constante
persecución por parte de fuerzas
armadas que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz
y generar temor y zozobra de quienes hoy creemos en el camino de la
reconciliación, pues a la fecha más de 30 excombatientes han sido
asesinados.
Cumpliendo con lo pactado en los acuerdos
de paz, en varias regiones del país, venimos realizando encuentros y
reuniones con las comunidades, con el objetivo de socializar nuestras
campañas políticas y nuestros enfoques en los distintos espacios de
participación.
HECHOS
El día 16 de enero de 2018 los militantes WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA, se encontraban en el municipio de Peque
realizando un encuentro con la comunidad de este municipio y preparando
una reunión posterior con el candidato a la Cámara de Representantes por
el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común WILMAN DE
JESÚS CARTAGENA DURANGO.
Aproximadamente a las 11:00pm se escucharon varios disparos, por
lo que personas de la comunidad e integrantes de la Policía Nacional se
aproximaron al lugar en donde encontraron en las aproximaciones de un
parqueadero los cuerpos sin vida de los camaradas WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA.
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES
Al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa para que en
cumplimiento de lo pactado, se brinde la seguridad necesaria para la
participación en política de nuestros militantes; de igual forma que se
reconozca la sistematicidad en los crímenes cometidos en contra de
nuestros ex combatientes
A la Fiscalía General de la Nación para que investigue de manera
diligente la muerte de nuestros ex combatientes y militantes, y de esta
forma terminar con la impunidad que ha imperado en nuestro país.
A la Procuraduría General de la Nación
para que analice los incumplimientos y la falta de acción de los
funcionarios públicos encargados de la seguridad de esta población.
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-
FARC-
El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, condenó a 13 miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos a Luis Corvalán Castillo, detenido en Estadio Nacional y el campo de prisionero de Chacabuco, entre septiembre de 1973 y octubre de 1974. Luis fue hijo del quien ocupara el rol de Secretario General del PartidoComunista por más de 40 años.
Los condenados
En el fallo, el ministro Llanos condenó a Pedro Espinoza Bravo a 10 años y un día de presidio, como autor de secuestro calificado; y a 4 años de presidio, como autor de aplicación de tormentos. A Napoleón Bravo Flores, Raúl Jofré González, Hernán Chacón Soto, Patricio Vásquez Donoso y Francisco López Oyarzún a 3 años y un día de presidio, en calidad de cómplices de secuestro calificado; y 541 días de presidio, como cómplices del delito de aplicación de tormentos.
Los exuniformados Eugenio Covarrubias Valenzuela, Jaime Ortiz Jorquera, Federico Antilén Nahuel y Luis Zamorano Soto fueron condenados a penas de 3 años y un día de presidio, en calidad de autores de aplicación de tormentos, y a 541 días por su responsabilidad como encubridores del secuestro calificado.
En el caso de los militares en retiro: Rafael González Berdugo, el ministro en visita lo condenó a 3 años y un día de presidio, como cómplice de secuestro calificado; Ricardo Sepúlveda Díaz, fue sancionado con una pena de 541 días de presidio, como cómplice de aplicación de tormentos, y Manuel Amor Lillo deberá cumplir una pena 300 días, como encubridor de aplicación de tormentos.
En la causa, se decretó la absolución de Luis Muñoz Sáenz de Tejada.
Luis Alberto Corvalán Castillo, de 27 años de edad, ingeniero agrónomo, militante del Partido Comunista e hijo del Secretario General del mismo partido, Luis Corvalán Lepe, fue detenido ilegalmente en un allanamiento masivo efectuado por el Ejército el 14 de septiembre de 1973 en el sector de las Torres de San Borja, donde tenía su domicilio, y trasladado al Estadio Nacional.
Numerosos testigos narran que, desde el momento mismo de su llegada al Estadio, así como con posterioridad, fue duramente torturado por el solo hecho de ser el hijo de Luis Corvalán Lepe. Las torturas más intensas le fueron practicadas a mediados de octubre de 1973 en el Velódromo del Estadio, quedando en condiciones físicas de extrema gravedad, al punto que debió ser trasladado desde el lugar de torturas de vuelta al edificio principal del Estadio ayudado por otros cuatro detenidos, quienes improvisaron una especie de camilla con una frazada; siendo dejado durante un largo lapso en la pista de ceniza, semi inconsciente, hasta que por orden de un oficial fue llevado a un camarín, donde se le ocultó para que no fuera nuevamente torturado al día siguiente. Este hecho fue presenciado por varios testigos que se encontraban en las graderías del Estadio.
Al cierre del Estado Nacional como recinto de detención, Corvalán Castillo fue trasladado, junto a numerosos otros detenidos, al campo de prisioneros de la ex salitrera “Chacabuco”, en el norte de Chile.
Finalmente, fue liberado el 30 de julio de 1974, pero expulsado del país, trasladándose primero a México (donde se reencontró con su cónyuge Ruth Vuskovic, quien también había estado detenida en el Estado Nacional), para luego radicarse en Bulgaria, donde fue examinado por médicos de ese país constatando secuelas de sus torturas; aconsejándosele que no efectuara demasiadas actividades por encontrarse en un delicado estado de salud.
Luis Alberto Corvalán Castillo falleció el 26 de octubre de 1975 en Bulgaria. Conforme al informe de autopsia, la causa de muerte fue una enfermedad cardiaca que lo llevó a una insuficiencia aguda-vascular, pero tomando en cuenta su joven edad –se dice en el informe- “para llegar a estas fatales condiciones han incidido particularmente el gran desgaste físico y psíquico, como resultado de las torturas y represiones, que él ha experimentado en los últimos años”.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $480.000.000 (cuatrocientos ochenta millones de pesos) a familiares de la víctima.
Nuevamente la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tiene que recurrir al país y al mundo para dejar constancia de nuevos hechos de agresión y ofensa que llenan de perplejidad e indignación.
El martes 2 de enero, pudimos escuchar una conferencia de prensa del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien se refirió a los hechos trágicos que nuestra Comunidad vivió en los últimos días, cuando cinco paramilitares, luego de infinidad de amenazas de exterminar nuestra Comunidad de Paz, incursionaron en el asentamiento central de San Josesito, el pasado 29 de diciembre con la intención de asesinar a nuestro representante legal y a otros líderes de la Comunidad, siendo dos de los paramilitares desarmados e inmovilizados por miembros de nuestra Comunidad y entregados a un delegado del alto Gobierno.
El Gobernador de Antioquia afirma que el hecho se analizó en un Consejo de Seguridad que recibió informes de la policía y del ejército y que “ayer ya se aclaró el tema: no eran ningunos paramilitares, eran un par de muchachos, donde uno de ellos era el mismo peluquero de esa comunidad, que se pusieron capucha para atracar una salsamentaria o granero; la comunidad los retuvo por un tiempo relativamente largo, y cuando pudo intervenir el Gobierno se detectó que eran dos muchachos de la misma comunidad que habían tratado de atracar una tienda”.
El Gobernador concluye que nuestra Comunidad es mentirosa y la exhorta a que no produzca informes inflados, pues le advierte que: “puede llegar el momento que pase lo que le pasaba al pastorcito mentiroso, que de tanto hacer menciones sin fundamento, cuando verdaderamente necesita la participación del Estado, ya, pues, no había forma”.
Nos deja perplejos esta fábula, a todas luces malintencionada. Para todos los que vivimos ese trágico episodio y pudimos contemplar a los paramilitares durante 24 horas e incluso hablar con ellos mientras estaban inmovilizado, para quienes nos acompañaron y cuidaron de los heridos y contemplaron el arma que les fue incautada y los proyectiles que había en su proveedor, para quienes hemos sufrido sus amenazas persistentes desde hace meses y años y concluiamos que se trataba de unas muertes anunciadas que nuestra reacción solidaria y súbita logró impedir, el relato del Gobernador resulta no sólo ofensivo sino extremadamente perverso. Afirmar que los paramilitares eran muchachos de nuestra Comunidad que se pusieron capuchas para atracar una tienda de su propio asentamiento, es algo que parece una broma de mal gusto pero que revela trasfondos de maldad y cinismo que no creíamos posibles en un mandatario de ese nivel.
Contrastada con los hechos reales, presenciados incluso por cerca de una decena de acompañantes internacionales, que fueron testigos de diversos momentos de la tragedia, la versión del Gobernador se percibe como la de un bufón vulgar que pretende encubrir a los victimarios mediante el recurrido mecanismo de la trivialización de los relatos, acercándolos a lo grotesco, para que las masas consumidoras de sus “informaciones” desvíen cualquier posible mirada solidaria hacia las víctimas, degradándolas como generadoras engañadas de sus propios victimarios, en episodios que provocan risa en los bajos mundos de la vulgaridad que disfruta de la violencia cuando está articulada con trampas y jugadas de astucia.
Y el Gobernador remacha su versión grotesca y perversa calificando a nuestra Comunidad como “mentirosa”. Lo hace recurriendo a una fábula universal: la del “pastorcito mentiroso” que lanzó muchas veces alarmas falsas de que el lobo venía a atacar su rebaño y logró así la solidaridad de mucha gente, pero cuando de verdad llegó el lobo, ya la gente no le creyó. Cualquiera percibe la perversidad enorme que esta alusión encierra, como medio para estigmatizar y degradar mediáticamente a nuestra Comunidad.
En realidad la revictimización que nos hace el Gobernador no nos sorprende. Encuadra perfectamente en la política que han seguido los gobiernos frente a nuestra tragedia durante los 20 años transcurridos. Todas nuestras denuncias han sido calificadas como “mentirosas”. El Ministerio de Defensa, al cual los presidentes, ministros y altos funcionarios les remiten nuestras constancias, invariablemente responde que “los hechos no han ocurrido”; que “en la zona no había tropas” y que “grupos paramilitares no existen”. Desde nuestro primer año de existencia, el exgeneral Rito Alejo del Río les respondía a las delegaciones internacionales que comprobaban los retenes paramilitares en la vía de Apartadó a San José, que los paramilitares no existían, aunque los internacionales le contaran que los habían visto y fotografiado y discutido con ellos. Tal estrategia negacionista se ha mantenido en estos 20 años invariable. Para el Alto Gobierno, la “verdad” es la respuesta falsa que se inventan los victimarios y jamás el relato doloroso de las víctimas.
Varias Cortes internacionales y todos los grupos solidarios con nosotros en el país y el mundo, conocen de sobre esta estrategia que se arraiga en los más oscuros subterráneos del poder.
Con inmenso dolor de patria, Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
El afán del gobierno Santos de mostrar resultados los lleva
e exhibir cifras que no resisten un somero análisis. Como esa de la tasa de
homicidios.
Según el gobierno ésta tasa es la más baja de las últimas
cuatro décadas y se produjeron 320 asesinatos menos, comparado con el 2016, pero
lo que no informa el ”Sancho” del régimen, el MinDefensa Villegas, es que se
hubieran podido salvar el doble teniendo en cuenta que se firmó el Acuerdo de
Paz, o sea, 640 vidas estarían disfrutando de la vida, así sea la vida
mediatizada que vivimos los colombianos, pero vida al fin.
Según Medicina Legal en general en el 2017 se produjeron 32 homicidios
diarios en Colombia.
Tampoco informa el ”inteligente” Villegas que Colombia es
uno de los países más violentos de latinoamérica con una tasa de 23,3 por cada
100.000, muy por encima de la media regional. (Costa Rica 10 por 100.000). Ese
mismo ministro informó el 28 de diciembre de 2016 que Colombia tenía una tasa
de 24.4 por 100.000 habitantes, o sea, que estadísticamente se ha producido un
1,1 x 100.000 de reducción. Poco? Mucho?
Y tiene la desfachatez de lanzar las campanas al viento.
Villegas recordó que “en
el año 2000 el país tenia 25.000 y que éste año habrá “algo más de 11.000, es
decir, menos de 1.000 mensuales” (http://www.elcolombiano.com/colombia/tasa-de-homicidios-en-colombia-bajo-en-2017-GX7918080
) y anunció 32o homicidios diarios menos. Desde luego que estamos ante una
crisis humanitaria toda vez que los asesinatos de producen en los sectores
populares.
Mas las personas
asesinadas son personas a las que les es cercenada su vida por culpa de una “violencia” implantada en los cerebros
de los colombianos y podría ser mayor la reducción. Quizá al “Sancho” Villegas en
su burbuja de escoltas le parezca poco, pero los que trabajamos en el campo de
la salud sabemos del significado de esas cifras.
En esa estadística, creemos, entran los líderes populares
ejecutados –asesinados- por el Terrorismo de Estado (algunos de las fuerzas militares,
narco-paramilitares, etc). Alrededor de 150 líderes ejecutados (líderes de
restitución de tierras, defensores DH, miembros de la FARC, etc) nos muestra
que 46,87% de las víctimas corresponden
a líderes populares, en tanto 53,12% corresponden a homicidios comunes producto
de la intolerancia común, por causas “superfluas”, según Medicina Legal. Un informe de TeleSUR nos actualiza el número de líderes populares asesinados -ejecutados- en 166, lo cual aumenta el porcentaje a 51,87%. Ver:https://www.telesurtv.net/pages/Especiales/Colombia_Lideres_Sociales_Asesinados/index.jsp
Lo cual nos demuestra
que la práctica del Terrorismo de Estado en Colombia “aporta” casi el 52% de las
víctimas. Pareciera que el régimen Santos quisiera compensar las bajas que la
guerrilla causaba entre sus tropas y ha persistido –y aumentado- las ejecuciones
extrajudiciales –asesinatos- de líderes populares.
Será mucho pedir que
desde el gobierno Santos se adelanten las acciones indispensables para parar el
desangre colombiano… o seguiremos en el baño de sangre decretado desde los
centros de poder de Bogotá hasta que el pueblo, cansado, diga Basta Ya!!!
Colombia vuelve a teñirse de sangre. Otro líder social ha sido víctima de una bala del Ejército. El movimiento social colombiano Marcha Patriótica denunció ayer que un efectivo militar asesinó a un campesino en la zona rural de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia.
La denuncia la realizó el líder de Derechos Humanos, Andrés Chica. Este detalló que un soldado adscrito a la Brigada Número 16 de la Fuerza Tarea Conjunta Nudo de Paramillo disparó con su arma en contra del campesino Alexander José Padilla Cruz.
Chica informó que “el campesino estaba recogiendo sus hojas de coca en una mula y efectivamente el soldado le ordena que pare y él no lo hace, entonces, el soldado le dispara. Él no para por temor y no estaba haciendo ningún delito”.
El dirigente sostuvo que el campesino había suscrito recientemente el acuerdo colectivo de sustitución de cultivos ilícitos.
Según el acuerdo, detalló el activista social, “ellos pueden seguir manteniendo el cultivo pero no pueden procesar (…). El Ejército no debía estar en esa zona porque ahí hay acuerdo colectivo de sustitución de cultivos ilícitos.
Portando máscaras en sus rostros, el pasado jueves decenas de dirigentes sociales se dirigieron a Bogotá, capital del país, para reclamar atención de las autoridades estatales.
“Nos están matando de a uno por uno. El Gobierno tergiversa la situación, dice que se trata de ajustes de cuentas, ¿pero qué cuentas tenemos nosotros con ellos?”, cuestionó uno de los voceros.
Ellos denuncian que existe una alianza entre el sector empresarial y de ganaderos con grupos armados en los territorios rurales para expulsarlos y no permitirles que reclamen sus tierras.
Información de organizaciones locales asegura que en lo que va de año han sido más de 120 los dirigentes asesinados. Un estudio revela que cada semana muere un colombiano a causa de una bala perdida.
El pasaje más impactante, que recibí y asimilé, como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, fue el de la masacre de las bananeras, ocurrida en Fundación, Magdalena, el 6 de diciembre de 1928. Dedicado al énfasis del Derecho laboral desde los primeros años de aula universitaria; ante un derecho laboral de conquistas concretas hacia los años de 1970, comprender la lucha de las conquistas obreras, colocó como referencia que los logros y alcances de las reivindicaciones laborales obedecían al sacrificio y tenacidad de la clase obrera colombiana. Comprendí que la asimilación del espíritu de la ley laboral iba pareja con el análisis comparativo del desempeño de las luchas reivindicativa y políticas de la clase obrera colombiana. No existe materialización de ley laboral alguna divorciada del sacrifico y la capacidad de lucha de los trabajadores. De igual manera, la historia de las ideas políticas y reivindicativas de los trabajadores sentaba en la comprensión de la historia de sus organizaciones sociales; de sus expresiones y manifestaciones políticas; asimilando que la historia de las ideas políticas de los trabajadores era la historia de sus organizaciones sindicales y el salto en la asimilación y construcción del partido político de los trabajadores. El entorno de la lucha de los bananeros Por su origen de clase proletaria y la concentración de fuerza laboral, la zona bananera del Magdalena se constituyó en el bastión de la lucha obrera en la segunda década del Siglo XX. Los ideólogos del Partido Socialista Revolucionario (PSR): Raúl Eduardo Mahecha, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, centraron la actividad política y organizativa en la zona de explotación bananera. De diez mil trabajadores, en el año de 1910, pasaron a 25.000 obreros del banano en 1928. Se daban las condiciones subjetivas y objetivas para el desempeño de los trabajadores en sus luchas reivindicativas y también políticas. No existía un Código Laboral y por ende la relación de trabajo era una relación meramente mercantilista. La multinacional norteamericana United Fruit Company era amo y señor de vidas y propiedades. Para la década de 1920, los dineros provenientes de la indemnización recibida por el estado colombiano por la desmembración de Panamá; retribuyeron en beneficio de la multinacional gringa en la creación e infraestructura del emporio bananero. En 1911 llegó el tren a Aracataca y en 1920, a Fundación. La compañía manifestaba que no tenia trabajadores, negaban el contrato de trabajo, y que en sus nóminas todos eran contratistas. Ante cualquier reclamo de un trabajador, el capataz simplemente le volaba la cabeza. Las condiciones de salubridad y de ambiente de trabajo eran inhumanas. El paludismo, la anemia y la tuberculosis representaba el cuadro famélico de los trabajadores. El pago se les hacía por bonos, que eran títulos que solo se podían cambiar en los comisariatos de la compañía. No contaban con seguridad industrial alguna, ni protección de seguros para accidentes laborales. Las jornadas de trabajo eran extenuantes y no existían horas extras, cesantías, ni prestaciones sociales. Ante ese panorama, se conformaron Comités de Trabajadores Bananeros. La alta concentración de trabajadores y su extensión geográfica conllevó a la creación de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. En una palabra, estaban organizados. Para el año de 1928, la agitación era generalizada. El 6 de octubre de ese año, se dio masiva asamblea de reunión de trabajadores. Allí se redactaron nueve puntos de un pliego reivindicativo, que fue presentado a la empresa. La empresa se negaba a aceptar el pliego y por ende a negociar; pero los trabajadores en folclóricas y bulliciosas reuniones mantenían el animo en las reclamaciones. La compañía bananera estimo seriamente afectados sus intereses económicos y desde el principio dispuso no reunirse con los trabajadores. Para los primeros días de diciembre de 1928, corrió la voz que el gobernador del Magdalena y el representante de la United Fruit Company llegarían a Ciénaga a negociar el pliego. La orden de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena fue la de concentrase para el día 5 de diciembre de 1928, en Ciénaga. Pero fueron engañados, ese día no llegó ni el gobernador ni se hicieron presentes los directivos de la compañía. Se había generado un hecho de concentración de masas. Ante esa situación la gobernación del Magdalena declaró la ley marcial y declaró como autoridad militar, por decreto de estado de sitio al general Carlos Cortes Vargas. Para la una de la madrugada, del fatídico 6 de diciembre de 1928, el general Cortes Vargas disponía de tres batallones. Desplazó dos nidos de ametralladoras hacia el parque y lugar de concentración. Por la retaguardia dispuso de 150 fusileros. Registran los hechos que comenzó a solicitar a los trabajadores, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, que evacuaran la plaza pública y que perentoriamente iba a contar hasta tres. Se sucedieron dos descargas de ametralladoras y al minuto dos descargas de fusilería. La población inerme caía. Jamás pensaron que pudiere haber una orden de asesinar a mansalva. Comenzó la danza de la muerte y muchos salieron despavoridos. Se repetían los disparos y en la plaza quedaron esparcidos el reguero de cadáveres mutilados. Cumplida la masacre, la orden militar fue la de recoger los cadáveres. Amontonados en los vagones del tren su destino fue la playa y en un barco de la armada, más de mil quinientas víctimas fueron arrojadas a los tiburones. A la claridad de la mañana en la plaza de Fundación se encontraban nueve cadáveres. El sargento del ejército, Oscar Pérez, apodado mordisco, cual fiera jadeante, los señalaba repitiendo: “ahí están los nueve puntos del pliego”. Tan lamentable suceso mancha históricamente la institucionalidad militar. El general Carlos Cortes Vargas se alió a los intereses de la United Fruit Company y en contra de los trabajadores colombianos. Un pasaje impune sobre la carga histórica de la institucionalidad militar colombiana. Desde entonces han mantenido la constante de comportamiento de un ejército de invasión contra el propio pueblo colombiano. El paro civico nacional del 14 de septiembre de 1977 Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se daba una constante: la negativa a discutir los pliegos de peticiones que presentaban las centrales sindicales del país, lo cual fue acumulando una fuente de energía y de rechazo en las masas populares, que en forma explosiva se manifestó, en todo el país, con la declaratoria, por parte de las centrales obreras CTC, UTC, CSTC y la CGT y de sectores políticos, de un Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1977. La ira represada de las masas se hizo notaria en las principales ciudades del país. La intensidad de ese Paro Cívico y la respuesta contundente y organizada de los sectores populares lo erigen como un punto de referencia en la cualificación del movimiento popular y de masas. Cúcuta, no fue la excepción. La declaratoria de Asambleas Populares en la ciudadela Juan Atalaya y barrios circunvecinos paralizaron totalmente la ciudad. Las marchas y movilizaciones se sucedieron durante dos días con sus noches. En Bogotá, las manifestaciones violentas fueron particularmente intensas en diferentes puntos de la ciudad. En ciudad Kennedy; en el sur, calle 40 y Barrio Santa Lucia; en la Avenida 1º de mayo con carrera 68, fueron particularmente violentos los enfrentamientos y los saqueos a los supermercados y entidades públicas. Se habla de mas de treinta muertos en Bogotá y de miles de detenidos en la Plaza de Toros. En la mañana del 15 de septiembre de 1977 recibí una llamada de la Dra. Paulina Ruiz Borras de la Asociación de Abogados laboralistas al Servicio de los Trabajadores, quien en forma compungida me expresaba que existían testimonios de masacre, por parte de la Fuerza Pública en la ciudad de Bogotá, y que los cadáveres estaban siendo transportados, en la noche del 14 de septiembre, en volquetas del Distrito. Ese mismo día viajé a Bogotá, como miembro del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos, en el Norte de Santander. Cuadramos una solicitud de Inspección Judicial a los patios del Distrito. El día 16 de septiembre de 1977, con la presencia de un Inspector de Policía, colaborador, antes de las 7 de la mañana; para lo cual se habilitó la hora judicial, inspeccionamos las bitácoras y registros de entrada y salida de volquetas del Distrito del parque Automotor. Faltaban en el inventario ocho volquetas. Los funcionarios manifestaron que era normal que algunas volquetas se vararan o quedaran, por cualquier motivo, en las instalaciones del basurero o relleno sanitario. Fue un intento fallido y en el ambiente quedó flotando, si en realidad de verdad, esas ocho volquetas pudieren haber sido utilizadas en el transporte de cadáveres. Toda una situación de impunidad constante y propio para el esclarecimiento de la Verdad, de esos sucesos; sobre la que no se conoce comparendo a autoridad alguna para responder. La masacre de Llana Caliente La década de mil novecientos ochenta fue particularmente convulsiva en el Magdalena Medio. Escenario del auge del paramilitarismo, apoyados por el ejército nacional, fue precisamente en la jurisdicción de San Vicente de Chucurí, cercado por la Serranía de los Cobardes. En la planicie conocida como La Llana, que es cruce entre la carretera de San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, fue donde se desarrollan los luctuosos acontecimientos que paso a relatar. En los primeros meses del año 1988 se dieron las movilizaciones campesinas conocidas como el Paro del Nororiente, que abarcó los departamentos del Cesar, Sur de los Departamento de Magdalena, Bolívar, la Guajira y el Magdalena Medio. Los campesinos y colonos se movilizaron por millares para reclamar directamente al gobierno central por los estados de postración y abandono. El 16 de agosto de 1987, en horas de la madrugada, el abogado y alcalde de Sabana de Torres, por la Unión Patriótica, Álvaro Garcés Parra, el agente de policía John Jairo Loaiza P, quien le servía de escolta al alcalde; el militante de la Unión Patriótica, Garlos Gamboa Rodríguez, escolta del concejal de Lebrija por la Unión Patriótica, Jaime Castrillón y la señora Elida Ricio Anaya Duarte, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del ejército, la policía y paramilitares en Sabana de Torres. En Santander del sur se consolidó el grupo paramilitar de Isidro Carreño, en la zona chucureña y regiones aledañas. Se hacían nombrar los tiznados, los masetos, los cara pintadas y se dedicaron al asesinato selectivo de líderes populares y de la Unión Patriótica. Hacia 1986, Rogelio Correa Campos, con el grado de teniente coronel asumió el mando del Batallón de Infantería Nro. 40 “Coronel Luciano D’Elhuyar”, con sede en San Vicente de Chucurí. El oficial fue sostén importante en el fortalecimiento del paramilitarismo, que incluía patrullaje y operativos conjuntos en la región entre las fuerzas del ejército y sus aliados de extrema derecha militarista. Dio refugio en el batallón al sicario Amado Ruíz, quien dio muerte al alcalde Álvaro Garcés Parra. Su formación militar e ideológica, bajo la filosofía del enemigo, le hacia ver subversión en cuanta reclamación política y reivindicativa, se expresaba en la región. Era obsesionado. Los soldados del Batallón D´Elhuyar, seguían al pie de la letra las ordenes de decomisos de alimentos; parar las marchas campesinas y detener brutalmente a sus dirigentes. Tenía información que en la región de Llana Caliente se concentrarían los campesinos, aupados por el Paro del Nororiente. Manifestaba que logró frenar y dispersar a más de veinte mil campesinos que tenían como meta concentrase en la capital, Bucaramanga. Dispersos, pero están por miles en todas partes y afirmaba que eso no lo podía tolerar. Había logrado tejer una red de colaboradores a los que llamaba “los necesito, son mis ojos y oídos”. El mismo los reclutó: “el canoso” recomendado directamente por Isidro Carreño. “El cara pintada” de temible referencia entre las masas por lo salvaje de sus tropelías contra la población y el asesinato. Se vanagloriaba de tener a un desertor de la guerrilla, conocido por la población como “Camilo”, quien le funcionaba eficazmente por el chantaje en que mantenía a su familia y le suministraba datos claves para echarle mano a mucha gente de la población y el incondicional soldado Suarez, experto francotirador. Pese a las recomendaciones de oficiales de su comando que no se presentara con ellos públicamente, pues podría generar reacciones encontradas, insistió porque ellos no le fallaban y los marchistas tendrían que comprender que tarde o temprano todos terminarían colaborando con el ejército. Era un sábado y comenzaron a llegar por millares los campesinos que bajaban de buses, camiones y vehículos de transporte improvisados. El teniente coronel Rogelio Correa Campos se encontraba motivado y preparándose para asistir a la cena que el Alcalde de San Vicente le había preparado, para homenajearlo con ocasión de su cumpleaños 45, el día siguiente domingo, del 29 de mayo de 1988. Esa noche del sábado, con altoparlantes ensordeció a los campesinos concentrados con arengas militares, cual disco rayado y la permanencia de las notas del himno nacional. Los campesinos respondían:” bailamos al son que nos toquen”. El oficial Correa Campos veía crecer el número de marchantes concentrados. Hizo saber a la multitud que llegaría a resolver el asunto personalmente. Los dirigentes campesinos de la marcha: Arnulfo Ramírez Izaquita, Nelson Otero Martínez, Alfredo Ríos Barrios, Luís Enrique Sánchez Millán, Luís José Archila Plata, José Joaquín Zambrano Molina, Pablo Manuel Hernández Rodríguez, Esperanza Herrera Villa, José Natividad Velandia Prada, Raúl Antonio Gómez Chaparro, José Méndez, Wilson Botero y Clemente Quiroga, comprendieron la gravedad de la situación y dispusieron que los menores de edad y las mujeres se desplazaran del grueso de la concentración. El teniente coronel Rogelio Correa Campos, se hizo presente con su parafernalia. Lo acompañaban cerca de trescientos soldados, es decir, toda la plana de hombres del batallón. Con pompa y lujo de tropero, usando gafas oscuras que ocultaban su rostro, llegó con paso fuerte, rodeado de sus incondicionales sicarios “ojos y oídos” de su sequito ejecutor. La reacción de la masa popular concentrada no se hizo esperar. Como al desertor “Camilo” lo conocía la gente, comenzaron la rechifla ensordecedora, gritándole “sapo Camilo”, “Camilo sapo”. El sujeto sudaba observándosele muy nervioso. El oficial no esperaba una reacción tan contundente. Como oleaje de rechazo, al unísono los gritos de asesinos y solución a los problemas agrarios destacaban entre las consignas que se podían escuchar, siempre bajo el estribillo de “sapo Camilo”. Visiblemente alterado, el teniente coronel Rogelio Correa Campos ordenó al francotirador soldado Suarez: “Basta ya. ¡Dispare!” El temible asesino- preparado para matar- vaciló. Posiblemente vio en la población inerme su entorno familiar. Esto desencajó al oficial militar insultándolo de cobarde, desenfundo su pistola de dotación descargándola sobre la humanidad del soldado. Ante esta situación, la reacción de “Camilo” fue de indignación, procediendo a descargar su fusil en la humanidad del teniente coronel Rogelio Campos, quien falleció instantáneamente. El ruido de fusilería y tiros resultaba ensordecedor. La muchedumbre corría despavorida y el grueso de soldados disparaba a diestra y siniestra sobre la población campesina. Todos los mencionados dirigentes del Paro pagaron con el sacrifico de sus vidas. Muchos eran perseguidos por la soldadesca y asesinados al intentar abordar los autobuses. Ese día la planicie de La Llana quedo tapizada de cadáveres. Afirman que al desertor Camilo le dieron muerte los soldados, aunque no se encontró su cadáver. Tampoco aparecieron los cuerpos de Carapintada y el Canoso. Los registros de campesinos asesinados -además de los dirigentes- ascendió a treinta y ocho y sus cuerpos desaparecidos. Los auxilios de socorro popular registraron más de cincuenta heridos. Este doloroso relato histórico no tiene epilogo. El gobierno nacional declara resuelto el asunto de la marcha y la masacre, ascendiendo póstumamente al coronel y al campo de paradas del batallón que dirigió, le dio su nombre. Uno de los grupos paramilitares de la zona pasó a llamarse “Comando Coronel Rogelio Correa Campos”, caracterizado por el grado de terror y desolación contra los campesinos de la región y la muerte selectiva, genocidio, contra los campesinos que se sabía, habían participado en esas jornadas de protesta. Personalmente, ocho días después de la masacre, en compañía de un dirigente de base de la Unión Sindical Obrera- USO me acerqué a La Llana, escenario de los luctuosos hechos. Personal del ejército no nos permitió acercarnos a mas de doscientos metros. En el espacio revoloteaban los chulos y los zamuros. La hediondez era asfixiante. La Verdad sobre el número de muertos y desparecidos esta oculta, callada, silenciada. Al concluir este relato una lagrima cae sobre el teclado y me apresuro a secarle. Surge la pregunta: ¿qué situación ha cambiado en los designios y doctrina de la institucionalidad militar en Colombia, con hechos y personajes como los de la Zona Bananera y el campo de desolación de La Llana? Y por la soberbia de la imposición de la llamada doctrina militar, se niegan a pedirle perdón al pueblo colombiano.
Estudiantes y jovenes manifiestan su repudio contra la violencia después de que la niñaSoad Nicole Ham Bustillo, de solo 13 años decía a los medios:“Exigimos pupitres y recibimos tiros”. En la noche fue asesinada en el mes de marzo de 2015.
:
Por Dick & Miriam Emanuelsson.
“Desde la Casa Presidencial se han ordenado asesinatos de gente importante en éste país”: Aldo Oliva, Comisionado de la Policía
“Me dijeron que van a meter droga y armas en mi casa para llevarme preso y luego desaparecerme”: Ex capitán de la inteligencia militar, Santos Orellana
El Batallón 3-16 sigue vivito y coleando, denuncia la ex comisionada de asuntos internos de la Policía Nacional, María Luisa Borja
Denuncia doble discurso de la Embajada de EEUU en relación de DDHH y de las Elecciones
TEGUCIGALPA / 2017-12-11 / La ex comisionada de Asuntos Internos de la Policía Nacional, María Luisa Borja, acusa al presidente Juan Orlando Hernández por haber creado, a través del nuevo cuerpo policial-militar, los escuadrones de la muerte, que según Borja, operan y ejecutan asesinatos, crímenes que han aumentado por el Estado de Sitio y el Toque de Queda. Ese nuevo organismo, que posee de 11.000 unidades, “está bajo órdenes directos de Juan Orlando Hernández”, dice en la siguiente explosiva entrevista.
– En nuestro país se reinstauró la Doctrina de Seguridad Nacional que impera en Honduras desde los años 80´ y también durante el golpe de estado, 2009. Ya están ubicando a blancos selectivos para asesinarlos. Ya han asesinado 14 jóvenes que eran líderes en sus comunidades. En la noche, durante el toque de queda, andan vehículos nuevecitos con vidrios polarizados y sin placa, sin ninguna identificación, abordados por uniformados con pasamontañas. Son como delincuentes, porque esos son los escuadrones de la muerte que ha organizado Juan Orlando Hernández con su policía-militar del orden público, dice Borja.
Secuestrado, torturado y ejecutado
Agrega que esta situación es aún más grave que la de los años 80´. Relata de su vivencia en un velorio de un joven que sustrajeron de una manifestación en la colonia Rodas Alvarado. Cuatro elementos vestidos civil pero con portes militar.
– Eran armados e identificaron al joven como líder. Fue sacado de la multitud e incluso les advirtieron a las personas; ¡“nadie se mueva, nadie nos sigan”! Ese joven fue secuestrado el lunes a las 8 de la noche (4 de diciembre, dos horas después que había comenzado el toque de queda). El martes, alrededor a las 2 p.m. de la tarde apareció su cadáver en la colonia Las Uvas con visibles muestras de haber sido torturado.
Cuenta Borja, que cuando la familia quiso interponer la denuncia en la policía de investigación, DPI, le dijeron que mejor que se quedaran callados porque podría peligrar la vida del resto de la familia.
– ¡En qué país estamos! No solo le quitan el familiar sino también les roban el acceso a la justicia. Estamos en una indefensión porque las instituciones del estado son secuestradas.
Durante el periodo presidencial de Juan Orlando Hernández la sociedad hondureña se ha militarizado como en la década de los 80´, acusa la oposición política.
El doble discurso de la Embajada de EEUU
La ex coronel de la policía repudia la política de la Embajada y el Departamento de Estado “por su apoyo al golpe de estado y que ha estado manteniendo a un corrupto narcotraficante”.
– Es un doble discurso, porque se supone que ellos combaten el narcotráfico y la corrupción, y sin embargo abiertamente están protegiendo a un narcodictador que quiere mantenerse en una silla presidencial donde los hondureños no quieren saber nada de él. ¡Que se vaya de este país! Éste pueblo hoy está decidido, que no sigan hurgando con varas cortas al tigre porque no saben lo que somos capaces.
Las órdenes de eliminarlos opositores políticos
Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez, comisionado “purgado” de la policía nacional, hizo brisar una bomba política el 5 de diciembre. En una entrevista del canal UNE TV apuntó a EEUU por estar detrás de la postulación y reelección de Juan Orlando Hernández en la presidencia. Esto explica un poco la actuación y el respaldo de la embajada estadounidense a las elecciones y su respaldo al Tribunal Supremo Electoral, el ente estatal más desprestigiado en los ojos de los hondureños.
Pero lo más duro en la entrevista fue su declaración sobre la implicación de la Casa presidencial y EEUU en asesinatos selectivos de la oposición popular en Honduras:
– Desde la Casa Presidencial se han ordenado asesinatos de gente importante en éste país. Tengo los documentos. Esta situación no puede esperar. Está la par oscura de la ex potencia más grande del mundo que es Estados Unidos. Los Estados Unidos están interviniendo en esta situación porque no quieren que Nasralla sea presidente. Temen que se vaya al Socialismo Siglo XXI. EEUU está detrás de la reelección de Juan Orlando Hernández.
“Los policías no quieren reprimir al pueblo”
Sus declaraciones coincidían también con la sublevación de los Comandos Cobras, Tigres y la Policía Preventiva, acciones, almismo tiempo del Estado de Sitio y la toma del pueblo de carreteras, puentes y barrios en todo el país. Esa situación se volvió explosiva y sacudió al gobierno nacionalista y la embajada estadounidense en Tegucigalpa. Los uniformados rebeldes declaraban que no iban a prestarse para reprimir al pueblo.
Afirmaba también, Aldo Oliva, que sectores de las Fuerzas Armadas están hartos de reprimir al pueblo y que esperaríamos acciones por parte de los militares más delante.
Video: Entrevista con Aldo Olivo realizada por UNE TV:
La acusación de narcotráfico contra el hermano de JOH
Otro uniformado que ha hecho tambalear a la Casa Presidencial en la última semana es el ex capitán Santos Orellana Rodríguez. Trabajó por la inteligencia militar del ejército hondureño hasta el año pasado. Hizo declaraciones en donde involucró a Tony Hernández, el hermano del presidente, de estar inplicado en carteles de narcotráfico.
Santos respaldaba sus declaraciones con audios y comunicaciones con agentes de la DEA con los cuales el capitán Santos trabajaba. Los hermanos Hernández han rechazado las acusaciones y Tony Hernández, que también es diputado, dice no temer ninguna investigación por parte de EEUU o las autoridades hondureñas
Inmediatamente fue amenazado a muerte el capitán Santos, amenazas que hizo público durante el 2016. Según él, las amenazas se han intensificado en el último tiempo. Tiene compañeros de armas adentro de las fuerzas armadas que le han advertido que hay un plan de atentar contra él o a su familia.
– También me dijeron que van a meter droga y armas en mi casa para llevarme preso y luego desaparecerme, explicó el excapitán aUnivisión.
En éste helikoptero se transportaba 600 kilos de cocaina de Colombia y en donde estaría implicado el hermano del presidente, Tony Hernández, acusaciones del ex capitán Santos Orellana (la foto), que ha sido rechazada por el mencionado.
– Definitivamente el capitán Orellana estaba en lo cierto. Hizo las investigaciones y tiene las evidencias de la participación directa del hermano del presidente, Tony Hernández, en actividades de narcotráfico. El problema en nuestro país es que aquí se persigue al que denuncia y no al que cometa los delitos, sobre todo, cuando estas personas tienen poder político y económico. Al hermano le siguen protegiendo y les pregunto a los Estados Unidos; ¿por qué tienen un doble discurso, porqué en nuestro país permiten y protegen a estos individuos que le hace tanto daño a Honduras?
La inteligencia militar, la Guardia Presidencial y Berta Cáceres
Dos meses después que Berta Caceres fue asesinada (2 de marzo, 2016) fue retenido por activistas de Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) un infiltrado en la organización llamado “El Oreja”. Había trabajado diez años por la inteligencia militar y al servicio de la Guardia Presidencial. Confesó, ante los líderes de Copinh, que suministraba a sus superiores antecedentes del trabajo, movimiento y planes de la organización de Copinh. Desde esa vez y desde ese interrogatorio, “El Oreja” está desaparecido.
Parece que ¿hay muchas pistas que llegan a la Casa Presidencial?preguntamos a la ex comisionada de asuntos internos de la policía nacional que conoce el caso.
– Es parte de la estrategia de los norteamericanos. Ellos son los que entrenaron a los miembros del fatídico Batallón 3-16, dice Borja.
Plantón convocado por los familiares de los desaparecidos durante la década de los 80 ante la embajada estadounidense en Tegucigalpa. El hombre fuerte en Honduras era entonces el embajador, John Dimitri Negroponte.FOTO: DICK EMANUELSSON
Llega Negroponte a Honduras
El Batallón 3-16 fue constituido en el año 1981 por miembros destacados del Ejército, Policía e Inteligencia. Coincidía con la llegada del nefasto instigador de guerra sucia, el embajador John Dimitri Negroponte. Con él comenzó una militarización de la sociedad hondureña sin precedentes. El presupuesto militar aumento el año 1981 de 3,4 millones de dólares a 77 millones de dólares el año 1984, cuando Negroponte abandonó Honduras. ¡Misión Cumplida!
De los integrantes del 3-16, un grupo de militares/policías fue seleccionado por sus superiores, entre ellos el general Gustavo Álvarez Martínez, fundador del 3-16. El grupo fue trasladado a una base de la aviación norteamericana en Carolina del Sur en EEUU. Ahí fueron capacitados en Guerra Sucia. Los instructores eran estadounidenses y argentinos, expertos en desapariciones, torturas y ejecuciones. En Argentina el escuadrón de la muerte “AAA”,Alianza Anticomunista Argentina, ya había asesinado más de 30.000 opositores a la dictadura militar.
El general Gustavo Adolfo Alvarez Martinez junto con el entonces presidente Roberto Suazo Córdova.
Abatido el General
El 3-16 era (¿o es todavía?) un escuadrón de la muerte, responsable por la desaparición de casi 200 hondureños. Su especialidad era secuestro, ejecución y tortura de personas. En el mes de marzo de 1984, Martínez fue destituido y reemplazado por el general Walter López Reyes. Prosiguió la guerra sucia pero menos visible y más sofisticada.
Martínez fue al extranjero pero volvió desde Miami como pastor evangélico el 9 de abril de 1988. Cuatro días antes el pueblo capitalino había quemado el consulado estadounidense en Tegucigalpa.
Pasaron nueve meses y el 25 de enero de 1989, Álvarez Martínez quiso ir al centro para comprar una Biblia. En una rotonda unos seis supuestos trabajadores de ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras) abrieron fuego con subametralladoras. En realidad eran guerrilleros delMovimiento Popular de Liberación Cinchonero(MPL-C), una corriente salida del Partido Comunista de Honduras. El cuerpo del general recibió 18 impactos de bala.
El atentado fue realizado por el comando Lempira, de los Cinchoneros que cumplió con "el deber revolucionario de reivindicar a los mártires hondureños y centroamericanos caídos en la lucha por la liberación completa" de Honduras.
“Al perro más flaco se le pegan las pulgas”
María Luisa Borja advierte que hoy el 3-16 sigue vivito y coleando.
– Esa infiltración a los organismos del pueblo (como a Copinh) también son partes de esa estrategia que enseñan en la Escuela de las Américas en EEUU. Estados Unidos están detrás de toda ésta convulsión social que tenemos en este país. Espero que saquen las manos y dejen que el pueblo decida porque es un pueblo soberano, tenemos dignidad y orgullo y no nos vamos a dejar que nos impongan a un narcodictador que continúe dirigiendo o mal dirigiendo los destinos de este país. A los policías-militares de orden público les digo:
– Recuerden que en este país al perro más flaco se le pegan las pulgas. Los que van a ir a la cárcel son ustedes, no van a ser sus jefes, porque no hay pruebas de las órdenes que están recibiendo. Los delitos de lesa humanidad no se prescriben. ¡A ustedes les vamos a perseguir hasta el último día de sus vidas!
Video 1: El pueblo hace correr el ejército en el departamento de Intibucá
La población en Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá se enfrenta y hacer correr el comando del Ejército Nacional de Honduras en protestas en contra el fraude electoral.
Video 2: ¿Qué hacen miles de sufragios en la tienda del diputado?
Periodistas del periódico El Libertador recibió información sobre decenas de miles de papeletas y urnas electorales escondidas en un local/tienda. El valiente periódico hondureño, cuyo director y colega/esposa fueron víctimas el 24 de agosto, año en curso, de un atentado y heridos gravemente de balas. Dice El Libertador:
“Según una fuente del centro comercial que pidió anonimato, el local es rentado por el diputado y dirigente del partido político “Vamos”, Augusto Cruz Asensio. Intentamos verificar esta in formación pero no obtuvimos respuesta”.
´Vamos´ es un fiel aliado al partido del gobierno. ¿Qué dirá la Fiscalía de Delito Electoral?
AUDIO: ESCUCHAla entrevista conSANDRA ZAMBRANO, abogada de derechos humanos en la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/SIDA en Honduras , activista y defensora de los derechos humanos que cuenta como se viven en las últimas horas la crisis de Honduras:
