Razón Pública.
(Tiempo estimado: 1 minuto)
Viendo en detalle la reincorporación de guerrilleros desde la firma del acuerdo es obvio que hay una crisis. Por Ariel Ávila de la Fundación Paz & Reconciliación.
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[Colombia] 2 miembros más de FARC asesinados
FARC.
Medellín, 17 de enero de 2018
El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, DENUNCIA Y RECHAZA el homicidio de los
ex combatientes y militantes activos del partido WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL DE
JESÚS MONTOYA IBARRA, en hechos ocurridos el día 16 de enero de la presente
anualidad a las 11:00 PM en el municipio de Peque- Antioquia, hasta el momento
se desconoce los responsables de esta grave vulneración.
ANTECEDENTES
- Los ex combatientes de las FARC-EP y los integrantes de la Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común, han sido objeto de constante
persecución por parte de fuerzas
armadas que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz
y generar temor y zozobra de quienes hoy creemos en el camino de la
reconciliación, pues a la fecha más de 30 excombatientes han sido
asesinados.
- Cumpliendo con lo pactado en los acuerdos
de paz, en varias regiones del país, venimos realizando encuentros y
reuniones con las comunidades, con el objetivo de socializar nuestras
campañas políticas y nuestros enfoques en los distintos espacios de
participación.
HECHOS
- El día 16 de enero de 2018 los militantes WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA, se encontraban en el municipio de Peque
realizando un encuentro con la comunidad de este municipio y preparando
una reunión posterior con el candidato a la Cámara de Representantes por
el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común WILMAN DE
JESÚS CARTAGENA DURANGO.
- Aproximadamente a las 11:00pm se escucharon varios disparos, por
lo que personas de la comunidad e integrantes de la Policía Nacional se
aproximaron al lugar en donde encontraron en las aproximaciones de un
parqueadero los cuerpos sin vida de los camaradas WILMAR ASPRILLA Y ÁNGEL
DE JESÚS MONTOYA IBARRA.
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES
- Al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa para que en
cumplimiento de lo pactado, se brinde la seguridad necesaria para la
participación en política de nuestros militantes; de igual forma que se
reconozca la sistematicidad en los crímenes cometidos en contra de
nuestros ex combatientes
- A la Fiscalía General de la Nación para que investigue de manera
diligente la muerte de nuestros ex combatientes y militantes, y de esta
forma terminar con la impunidad que ha imperado en nuestro país.
- A la Procuraduría General de la Nación
para que analice los incumplimientos y la falta de acción de los
funcionarios públicos encargados de la seguridad de esta población.
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-
FARC-
[Colombia] Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos
Este lunes, 15 de enero, en la ciudad de Cali varias organizaciones sociales, sindicales y políticas recibieron un panfleto firmado por el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) donde afirman que van a “volar” las sedes de Marcha Patriótica, el Partido Comunista y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otras.
“Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir, anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”, sentencia el panfleto.
Las amenazas son extensivas a municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, proferidas por el “ Estado Mayor Bloque Suroriental del Pacifico” de este grupo paramilitar, el cual dice no descansará “hasta eliminar” a quienes integran las siguientes organizaciones: CUT Valle, Movice, Nomades, CUT Cauca, Cabildo Cerro Tijeras, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, CGT, y CTC.
De igual manera también amenaza a los siguientes sindicalistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: Walter Agredo, Wilson Saenz, José Milciades Sánchez, Antonio Gutiérrez, Omar Romero, Rosalba Castillo, Adelina Vasquez, Diego Escobar, Meraldiño Caviche, Hernán Arciniegas, Enrique Guetio, Feliciano Valencia, entre otros.
“Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir, anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”, sentencia el panfleto.
Las amenazas son extensivas a municipios de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, proferidas por el “ Estado Mayor Bloque Suroriental del Pacifico” de este grupo paramilitar, el cual dice no descansará “hasta eliminar” a quienes integran las siguientes organizaciones: CUT Valle, Movice, Nomades, CUT Cauca, Cabildo Cerro Tijeras, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, CGT, y CTC.
De igual manera también amenaza a los siguientes sindicalistas, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: Walter Agredo, Wilson Saenz, José Milciades Sánchez, Antonio Gutiérrez, Omar Romero, Rosalba Castillo, Adelina Vasquez, Diego Escobar, Meraldiño Caviche, Hernán Arciniegas, Enrique Guetio, Feliciano Valencia, entre otros.
Frente el panfleto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) manifestó que se encuentra adelantando las denuncias y acciones pertinentes. Del mismo modo informó que continuará trabajando por la paz.
“Nuestra respuesta ante las recientes amenazas será seguir caminando en nuestra labor con más amor y convicción por hacer de Santiago de Cali y el Valle del Cauca territorios de paz, territorios en los que se respeten y garanticen los derechos de todos y todas, territorios de implementación de los acuerdos de paz, así juntos unidos lograr la justicia social de la nueva Colombia”, expresa el comunicado de la FARC.
Las amenazas se dan en medio de la situación crítica que vive Colombia en materia de Derechos Humanos que ha cobrado la vida de más de doscientos líderes sociales a manos de grupos paramilitares en dos años, situación que se agrava porque el Gobierno niega la existencia del paramlitarismo en Colombia y no toma acciones efectivas para garantizar la vida de la oposición política, según han manifestado distintas organizaciones internacionales y nacionales.
[Comunicación] De cómo falsimedia señala o padece de amnesia informativa según las necesidades de sus amos (Vídeo y texto)
Insurgente.org
España y tortura, oposición venezolana y Odebrecht: misteriosos ataques de amnesia informativa
Un informe del Instituto Vasco de Criminología acredita más de 3 mil casos de tortura en el País Vasco desde el fin de la dictadura de Franco (1). Los grandes medios españoles o lo han silenciado o han descalificado duramente a la fuente (2) (3). Como en Argentina. Allí, un informe denuncia que en dos años del Gobierno de Mauricio Macri han fallecido 725 personas por represión policial (4) (5). Pero los grandes diarios, como Clarín o La Nación, ni lo han mencionado. Sí leeremos en la prensa española y argentina sobre supuestas “violaciones de derechos humanos” en Cuba (6) (7) o Venezuela (8).
Las protestas en Irán han sido portada, durante días, de noticieros de televisión (9) y grandes medios occidentales (10). Algo que contrasta con el escaso interés informativo que suscitaron las protestas –a comienzos de diciembre- contra el fraude electoral en Honduras (11), en las que 18 personas murieron por acción directa de la policía (12). Los gobiernos occidentales –especialmente el de EEUU- apoyan la revuelta en Irán (13), mientras defienden al gobierno de Honduras (14). ¿Quizá esto explique semejante doble rasero informativo?
Desde que Donald Trump anunciara el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel (15), 16 palestinos han sido asesinados por soldados israelíes (16), 345 menores han sufrido heridas (17) y 100 periodistas agresiones (18). Pero contra Israel no hay sanciones internacionales ni clamor mediático. La Asamblea General de Naciones Unidas exigió una rectificación a EEUU, por 128 votos contra 9 (19). Uno de sus apoyos –qué casualidad- fue… Honduras (20). En noviembre la Comunidad Internacional también había vapuleado a EEUU: 191 gobiernos –contra 2- pidieron el fin del bloqueo a Cuba (21). Pero no pasa nada. Ahora, ¿se imaginan lo contrario, que Naciones Unidas exigiera a Cuba, por ejemplo, elecciones al estilo occidental? ¿Cuántos reportajes, editoriales y tertulias contaríamos en los medios de todo el mundo?
Imaginen, de igual modo, el revuelo mediático que se formaría si en un país turístico como Cuba aparecieran seis cadáveres colgados en una de sus zonas de recreo (22). Pero como el suceso ha ocurrido en México, donde más de 196.000 personas han sido asesinadas en los últimos diez años, es una noticia más entre tantas, cuyos datos los aporta el gobierno y la policía y donde los únicos culpables son las bandas fuera de la ley (23). Ni el menor análisis político. ¿No cambiaría un poco este tono informativo si el hecho hubiera ocurrido, por ejemplo, en Venezuela (24)?
Por cierto, ¿se acuerdan cuando la ex fiscal general de ese país, en agosto pasado, acusaba a Nicolás Maduro de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht (25)? Fue noticia en los grandes medios, la mayoría de los cuales, días después, se olvidaron de reportar el desmentido de la citada empresa (26). Pues bien. Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora, acaba de declarar que a quien financió en Venezuela fue… a la oposición (27). Y la prensa mundial acaba de tener otro misterioso ataque… de amnesia informativa.
NOTAS:
(6) http://www.lanacion.com.ar/2080572-venezuela-y-cuba-parecidas-hasta-para-recibir-nuevas-sanciones
(24) http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-venezuela/article192181164.html
(José Manzaneda, Cubainformación TV. Edición: Esther Jávega)
[Colombia] Terrorismo de Estado… 52% homicidios corresponden a líderes populares
Hernando Vanegas Toloza,
Postales de Estocolmo.
El afán del gobierno Santos de mostrar resultados los lleva
e exhibir cifras que no resisten un somero análisis. Como esa de la tasa de
homicidios.
Según el gobierno ésta tasa es la más baja de las últimas
cuatro décadas y se produjeron 320 asesinatos menos, comparado con el 2016, pero
lo que no informa el ”Sancho” del régimen, el MinDefensa Villegas, es que se
hubieran podido salvar el doble teniendo en cuenta que se firmó el Acuerdo de
Paz, o sea, 640 vidas estarían disfrutando de la vida, así sea la vida
mediatizada que vivimos los colombianos, pero vida al fin.
Según Medicina Legal en general en el 2017 se produjeron 32 homicidios
diarios en Colombia.
Tampoco informa el ”inteligente” Villegas que Colombia es
uno de los países más violentos de latinoamérica con una tasa de 23,3 por cada
100.000, muy por encima de la media regional. (Costa Rica 10 por 100.000). Ese
mismo ministro informó el 28 de diciembre de 2016 que Colombia tenía una tasa
de 24.4 por 100.000 habitantes, o sea, que estadísticamente se ha producido un
1,1 x 100.000 de reducción. Poco? Mucho?
Y tiene la desfachatez de lanzar las campanas al viento.
Villegas recordó que “en
el año 2000 el país tenia 25.000 y que éste año habrá “algo más de 11.000, es
decir, menos de 1.000 mensuales” (http://www.elcolombiano.com/colombia/tasa-de-homicidios-en-colombia-bajo-en-2017-GX7918080
) y anunció 32o homicidios diarios menos. Desde luego que estamos ante una
crisis humanitaria toda vez que los asesinatos de producen en los sectores
populares.
Mas las personas
asesinadas son personas a las que les es cercenada su vida por culpa de una “violencia” implantada en los cerebros
de los colombianos y podría ser mayor la reducción. Quizá al “Sancho” Villegas en
su burbuja de escoltas le parezca poco, pero los que trabajamos en el campo de
la salud sabemos del significado de esas cifras.
En esa estadística, creemos, entran los líderes populares
ejecutados –asesinados- por el Terrorismo de Estado (algunos de las fuerzas militares,
narco-paramilitares, etc). Alrededor de 150 líderes ejecutados (líderes de
restitución de tierras, defensores DH, miembros de la FARC, etc) nos muestra
que 46,87% de las víctimas corresponden
a líderes populares, en tanto 53,12% corresponden a homicidios comunes producto
de la intolerancia común, por causas “superfluas”, según Medicina Legal.
Un informe de TeleSUR nos actualiza el número de líderes populares asesinados -ejecutados- en 166, lo cual aumenta el porcentaje a 51,87%.
Ver:https://www.telesurtv.net/pages/Especiales/Colombia_Lideres_Sociales_Asesinados/index.jsp
Un informe de TeleSUR nos actualiza el número de líderes populares asesinados -ejecutados- en 166, lo cual aumenta el porcentaje a 51,87%.
Ver:https://www.telesurtv.net/pages/Especiales/Colombia_Lideres_Sociales_Asesinados/index.jsp
Lo cual nos demuestra
que la práctica del Terrorismo de Estado en Colombia “aporta” casi el 52% de las
víctimas. Pareciera que el régimen Santos quisiera compensar las bajas que la
guerrilla causaba entre sus tropas y ha persistido –y aumentado- las ejecuciones
extrajudiciales –asesinatos- de líderes populares.
Será mucho pedir que
desde el gobierno Santos se adelanten las acciones indispensables para parar el
desangre colombiano… o seguiremos en el baño de sangre decretado desde los
centros de poder de Bogotá hasta que el pueblo, cansado, diga Basta Ya!!!
[España] Guardia Civil y Policía detrás la mayoría de los 4.113 casos de tortura
Insurgente.org
4.113 denuncias registradas por 3.415 personas en Euskadi por malos tratos y torturas, Es el dato revelado por el informe publicado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) y el Gobierno vasco elaborado por el reconocido médico forense Francisco Etxeberria, la especialista en Criminología Laura Pego y el doctor en Psicología de la Salud Carlos María Beristain. La Guardia Civil y la Policía española están detrás de la gran mayoría de las denuncias y todas las condenas por tortura, según recoge este proyecto de investigación sobre la tortura y los malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2014 publicado ayer. Entre ambos cuerpos de seguridad suman 3.600 casos denunciados, a partes iguales.
El estudio también recoge algunas denuncias en contra de la Ertzaintza, aunque en número inferior (310 casos) y “cualitativamente” diferente con respecto al resto de policías. El Gobierno vasco sostiene que la diferencia radica en que la Policía vasca “ha promovido estructuralmente un modelo preventivo valorado positivamente por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado”. Además, la inexistencia de condenas judiciales por tortura contra ningún ertzaina confirmaría ese comportamiento, aunque desde Lakua precisan que no debe hacerse una lectura “autocomplaciente” de los datos por “respeto y consideración” hacia las víctimas.
Los dos principales sindicatos de la Ertzaintza valoraron de manera desigual los datos del informe. Erne mostró su “total desacuerdo” por incluir 314 casos relacionados con la Ertzain-tza (310) y las policías locales (4) sin que exista ninguna sentencia. En un comunicado, señala que “solo se puede entender desde un punto de vista de equidistancia del Gobierno vasco entre una organización terrorista y los que verdaderamente han sufrido las torturas y malos tratos por una organización terrorista que ha asesinado y perseguido a dichos agentes”.
Desde Esan, el segundo sindicato más votado, valoran positivamente el informe ya que constata que “nunca ha quedado acreditado ningún caso de tortura y malos tratos” en la Er-tzaintza. A juicio de la central, “esto es debido a la profesionalidad y la defensa de los derechos humanos” de todos los miembros de la Policía vasca y destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha validado” todas las actuaciones investigadas sobre la Ertzaintza.
La investigación, cuyos resultados fueron presentados ayer por el propio Etxeberria y el secretario de Memoria y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, arroja luz sobre uno de los aspectos más sórdidos y ocultos de la lucha antiterrorista por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ya entrada la democracia, aunque también recoge denuncias de torturados en las décadas de los 60 y los 70. Uno de cada cuatro casos corresponderían al periodo de dictadura franquista y el 71% durante la democracia.
El informe llega a la conclusión de que la tortura ha sido más que esporádica en Euskadi, y añade que la incomunicación durante las detenciones “ha favorecido y permitido los abusos”. Además, el estudio subraya que unas 20.000 personas han sido arrestadas por “los mismos hechos” que los casos de malos tratos documentados en el informe, por lo que considera que no está medido suficientemente el alcance de las torturas.
Por todo ello estima que el número de casos es sensiblemente superior al constatado en el informe. En este sentido, precisa que en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solohan podido registrar 1.081 casos (el 26,4% del total), pese a que en aquellos años la tortura fue una práctica generalizada en las comisarías policiales. Además, los investigadores indican que la autoridad judicial “no ha hecho lo suficiente y los procesos han sido tan largos en el tiempo” en los casos que se han presentado denuncias judiciales por torturas, que, a juicio de Francisco Etxeberria, “las víctimas han quedado doblemente victimizadas”, al tener que recordar sus experiencias muchos años más tarde.
Se trata del informe más exhaustivo jamás realizado sobre la tortura en Euskadi. Los investigadores han analizado y archivado más de 26.113 documentos y han recogido 500 testimonios directos de víctimas de torturas y malos tratos que Etxeberria y sus compañeros han grabado y anotado en encuentros directos con los denunciantes. Etxeberria relató ayer que ha sido el trabajo “más difícil” que ha afrontado en su extensa y profusa trayectoria profesional. Su manera de proceder ha consistido en “acercarse a los afectados, en nombre del Gobierno vasco, mirarles a los ojos, preguntarles, y ponerlo en este texto de 500 páginas y muchos anexos”.
CONDENAS JUDICIALESEste material se ha sumado a las entrevistas recogidas anterioremente y recopiladas también en audio y vídeo y eleva el número de testimonios a 1.027. Otros 202 casos se han analizado a la luz del Protocolo de Estambul, la principal referencia internacional para diagnosticar casos de tortura. Además, se han analizado 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo que acreditan torturas sufridas por 31 personas, cuatro de ellas mujeres, y en uno de los casos con resultado de muerte (el del militante de ETA Joxe Arregi en 1981), por las que se condena a 49 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de ellos 28 çguardias civiles y 21 policías españoles.
Jonan Fernández incidió en que “el encargo de esta investigación constituye una muestra del compromiso con la clarificación de las vulneraciones de derechos humanos y especialmente con el derecho a la verdad de las víctimas”. Según señaló, todas las víctimas de la tortura y de los malos tratos deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno vasco “conocen su padecimiento, y reconocen que el daño que sufrieron fue injusto”.
Tras constatar que en los últimos doce años la trayectoria de los casos de tortura ha sido descendente (desde 2014 no ha habido ninguna denuncia), Fernández subrayó que el informe quedará depositado en Gogora.
deia
[España] Cómo los medios violan la presunción de inocencia
x La Izquierda Diario/LaHaine.org
Cómo los medios violan la presunción de inocencia y otras operaciones políticas en el caso de Rodrigo Lanza – Víctor Laínez
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Dirección corta: https://lahaine.org/fJ6s
Texto completo en: https://www.lahaine.org/como-los-medios-violan-la
[Colombia] Tres pasajes sangrientos de actualidad historica
La masacre de las bananeras
El pasaje más impactante, que recibí y asimilé, como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, fue el de la masacre de las bananeras, ocurrida en Fundación, Magdalena, el 6 de diciembre de 1928. Dedicado al énfasis del Derecho laboral desde los primeros años de aula universitaria; ante un derecho laboral de conquistas concretas hacia los años de 1970, comprender la lucha de las conquistas obreras, colocó como referencia que los logros y alcances de las reivindicaciones laborales obedecían al sacrificio y tenacidad de la clase obrera colombiana. Comprendí que la asimilación del espíritu de la ley laboral iba pareja con el análisis comparativo del desempeño de las luchas reivindicativa y políticas de la clase obrera colombiana. No existe materialización de ley laboral alguna divorciada del sacrifico y la capacidad de lucha de los trabajadores. De igual manera, la historia de las ideas políticas y reivindicativas de los trabajadores sentaba en la comprensión de la historia de sus organizaciones sociales; de sus expresiones y manifestaciones políticas; asimilando que la historia de las ideas políticas de los trabajadores era la historia de sus organizaciones sindicales y el salto en la asimilación y construcción del partido político de los trabajadores.
El entorno de la lucha de los bananeros
Por su origen de clase proletaria y la concentración de fuerza laboral, la zona bananera del Magdalena se constituyó en el bastión de la lucha obrera en la segunda década del Siglo XX. Los ideólogos del Partido Socialista Revolucionario (PSR): Raúl Eduardo Mahecha, Ignacio Torres Giraldo y María Cano, centraron la actividad política y organizativa en la zona de explotación bananera. De diez mil trabajadores, en el año de 1910, pasaron a 25.000 obreros del banano en 1928. Se daban las condiciones subjetivas y objetivas para el desempeño de los trabajadores en sus luchas reivindicativas y también políticas. No existía un Código Laboral y por ende la relación de trabajo era una relación meramente mercantilista. La multinacional norteamericana United Fruit Company era amo y señor de vidas y propiedades. Para la década de 1920, los dineros provenientes de la indemnización recibida por el estado colombiano por la desmembración de Panamá; retribuyeron en beneficio de la multinacional gringa en la creación e infraestructura del emporio bananero. En 1911 llegó el tren a Aracataca y en 1920, a Fundación. La compañía manifestaba que no tenia trabajadores, negaban el contrato de trabajo, y que en sus nóminas todos eran contratistas.
Ante cualquier reclamo de un trabajador, el capataz simplemente le volaba la cabeza. Las condiciones de salubridad y de ambiente de trabajo eran inhumanas. El paludismo, la anemia y la tuberculosis representaba el cuadro famélico de los trabajadores. El pago se les hacía por bonos, que eran títulos que solo se podían cambiar en los comisariatos de la compañía. No contaban con seguridad industrial alguna, ni protección de seguros para accidentes laborales. Las jornadas de trabajo eran extenuantes y no existían horas extras, cesantías, ni prestaciones sociales. Ante ese panorama, se conformaron Comités de Trabajadores Bananeros. La alta concentración de trabajadores y su extensión geográfica conllevó a la creación de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. En una palabra, estaban organizados.
Para el año de 1928, la agitación era generalizada. El 6 de octubre de ese año, se dio masiva asamblea de reunión de trabajadores. Allí se redactaron nueve puntos de un pliego reivindicativo, que fue presentado a la empresa. La empresa se negaba a aceptar el pliego y por ende a negociar; pero los trabajadores en folclóricas y bulliciosas reuniones mantenían el animo en las reclamaciones. La compañía bananera estimo seriamente afectados sus intereses económicos y desde el principio dispuso no reunirse con los trabajadores. Para los primeros días de diciembre de 1928, corrió la voz que el gobernador del Magdalena y el representante de la United Fruit Company llegarían a Ciénaga a negociar el pliego. La orden de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena fue la de concentrase para el día 5 de diciembre de 1928, en Ciénaga. Pero fueron engañados, ese día no llegó ni el gobernador ni se hicieron presentes los directivos de la compañía. Se había generado un hecho de concentración de masas. Ante esa situación la gobernación del Magdalena declaró la ley marcial y declaró como autoridad militar, por decreto de estado de sitio al general Carlos Cortes Vargas. Para la una de la madrugada, del fatídico 6 de diciembre de 1928, el general Cortes Vargas disponía de tres batallones. Desplazó dos nidos de ametralladoras hacia el parque y lugar de concentración. Por la retaguardia dispuso de 150 fusileros. Registran los hechos que comenzó a solicitar a los trabajadores, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, que evacuaran la plaza pública y que perentoriamente iba a contar hasta tres. Se sucedieron dos descargas de ametralladoras y al minuto dos descargas de fusilería. La población inerme caía. Jamás pensaron que pudiere haber una orden de asesinar a mansalva. Comenzó la danza de la muerte y muchos salieron despavoridos. Se repetían los disparos y en la plaza quedaron esparcidos el reguero de cadáveres mutilados. Cumplida la masacre, la orden militar fue la de recoger los cadáveres. Amontonados en los vagones del tren su destino fue la playa y en un barco de la armada, más de mil quinientas víctimas fueron arrojadas a los tiburones. A la claridad de la mañana en la plaza de Fundación se encontraban nueve cadáveres. El sargento del ejército, Oscar Pérez, apodado mordisco, cual fiera jadeante, los señalaba repitiendo: “ahí están los nueve puntos del pliego”.
Tan lamentable suceso mancha históricamente la institucionalidad militar. El general Carlos Cortes Vargas se alió a los intereses de la United Fruit Company y en contra de los trabajadores colombianos. Un pasaje impune sobre la carga histórica de la institucionalidad militar colombiana. Desde entonces han mantenido la constante de comportamiento de un ejército de invasión contra el propio pueblo colombiano.
El paro civico nacional del 14 de septiembre de 1977
Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se daba una constante: la negativa a discutir los pliegos de peticiones que presentaban las centrales sindicales del país, lo cual fue acumulando una fuente de energía y de rechazo en las masas populares, que en forma explosiva se manifestó, en todo el país, con la declaratoria, por parte de las centrales obreras CTC, UTC, CSTC y la CGT y de sectores políticos, de un Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1977. La ira represada de las masas se hizo notaria en las principales ciudades del país. La intensidad de ese Paro Cívico y la respuesta contundente y organizada de los sectores populares lo erigen como un punto de referencia en la cualificación del movimiento popular y de masas. Cúcuta, no fue la excepción. La declaratoria de Asambleas Populares en la ciudadela Juan Atalaya y barrios circunvecinos paralizaron totalmente la ciudad. Las marchas y movilizaciones se sucedieron durante dos días con sus noches. En Bogotá, las manifestaciones violentas fueron particularmente intensas en diferentes puntos de la ciudad. En ciudad Kennedy; en el sur, calle 40 y Barrio Santa Lucia; en la Avenida 1º de mayo con carrera 68, fueron particularmente violentos los enfrentamientos y los saqueos a los supermercados y entidades públicas. Se habla de mas de treinta muertos en Bogotá y de miles de detenidos en la Plaza de Toros.
En la mañana del 15 de septiembre de 1977 recibí una llamada de la Dra. Paulina Ruiz Borras de la Asociación de Abogados laboralistas al Servicio de los Trabajadores, quien en forma compungida me expresaba que existían testimonios de masacre, por parte de la Fuerza Pública en la ciudad de Bogotá, y que los cadáveres estaban siendo transportados, en la noche del 14 de septiembre, en volquetas del Distrito. Ese mismo día viajé a Bogotá, como miembro del Comité Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos, en el Norte de Santander. Cuadramos una solicitud de Inspección Judicial a los patios del Distrito. El día 16 de septiembre de 1977, con la presencia de un Inspector de Policía, colaborador, antes de las 7 de la mañana; para lo cual se habilitó la hora judicial, inspeccionamos las bitácoras y registros de entrada y salida de volquetas del Distrito del parque Automotor. Faltaban en el inventario ocho volquetas. Los funcionarios manifestaron que era normal que algunas volquetas se vararan o quedaran, por cualquier motivo, en las instalaciones del basurero o relleno sanitario. Fue un intento fallido y en el ambiente quedó flotando, si en realidad de verdad, esas ocho volquetas pudieren haber sido utilizadas en el transporte de cadáveres. Toda una situación de impunidad constante y propio para el esclarecimiento de la Verdad, de esos sucesos; sobre la que no se conoce comparendo a autoridad alguna para responder.
La masacre de Llana Caliente
La década de mil novecientos ochenta fue particularmente convulsiva en el Magdalena Medio. Escenario del auge del paramilitarismo, apoyados por el ejército nacional, fue precisamente en la jurisdicción de San Vicente de Chucurí, cercado por la Serranía de los Cobardes. En la planicie conocida como La Llana, que es cruce entre la carretera de San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, fue donde se desarrollan los luctuosos acontecimientos que paso a relatar.
En los primeros meses del año 1988 se dieron las movilizaciones campesinas conocidas como el Paro del Nororiente, que abarcó los departamentos del Cesar, Sur de los Departamento de Magdalena, Bolívar, la Guajira y el Magdalena Medio. Los campesinos y colonos se movilizaron por millares para reclamar directamente al gobierno central por los estados de postración y abandono.
El 16 de agosto de 1987, en horas de la madrugada, el abogado y alcalde de Sabana de Torres, por la Unión Patriótica, Álvaro Garcés Parra, el agente de policía John Jairo Loaiza P, quien le servía de escolta al alcalde; el militante de la Unión Patriótica, Garlos Gamboa Rodríguez, escolta del concejal de Lebrija por la Unión Patriótica, Jaime Castrillón y la señora Elida Ricio Anaya Duarte, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del ejército, la policía y paramilitares en Sabana de Torres.
En Santander del sur se consolidó el grupo paramilitar de Isidro Carreño, en la zona chucureña y regiones aledañas. Se hacían nombrar los tiznados, los masetos, los cara pintadas y se dedicaron al asesinato selectivo de líderes populares y de la Unión Patriótica.
Hacia 1986, Rogelio Correa Campos, con el grado de teniente coronel asumió el mando del Batallón de Infantería Nro. 40 “Coronel Luciano D’Elhuyar”, con sede en San Vicente de Chucurí. El oficial fue sostén importante en el fortalecimiento del paramilitarismo, que incluía patrullaje y operativos conjuntos en la región entre las fuerzas del ejército y sus aliados de extrema derecha militarista. Dio refugio en el batallón al sicario Amado Ruíz, quien dio muerte al alcalde Álvaro Garcés Parra.
Su formación militar e ideológica, bajo la filosofía del enemigo, le hacia ver subversión en cuanta reclamación política y reivindicativa, se expresaba en la región. Era obsesionado. Los soldados del Batallón D´Elhuyar, seguían al pie de la letra las ordenes de decomisos de alimentos; parar las marchas campesinas y detener brutalmente a sus dirigentes.
Tenía información que en la región de Llana Caliente se concentrarían los campesinos, aupados por el Paro del Nororiente. Manifestaba que logró frenar y dispersar a más de veinte mil campesinos que tenían como meta concentrase en la capital, Bucaramanga. Dispersos, pero están por miles en todas partes y afirmaba que eso no lo podía tolerar. Había logrado tejer una red de colaboradores a los que llamaba “los necesito, son mis ojos y oídos”. El mismo los reclutó: “el canoso” recomendado directamente por Isidro Carreño. “El cara pintada” de temible referencia entre las masas por lo salvaje de sus tropelías contra la población y el asesinato. Se vanagloriaba de tener a un desertor de la guerrilla, conocido por la población como “Camilo”, quien le funcionaba eficazmente por el chantaje en que mantenía a su familia y le suministraba datos claves para echarle mano a mucha gente de la población y el incondicional soldado Suarez, experto francotirador. Pese a las recomendaciones de oficiales de su comando que no se presentara con ellos públicamente, pues podría generar reacciones encontradas, insistió porque ellos no le fallaban y los marchistas tendrían que comprender que tarde o temprano todos terminarían colaborando con el ejército.
Era un sábado y comenzaron a llegar por millares los campesinos que bajaban de buses, camiones y vehículos de transporte improvisados. El teniente coronel Rogelio Correa Campos se encontraba motivado y preparándose para asistir a la cena que el Alcalde de San Vicente le había preparado, para homenajearlo con ocasión de su cumpleaños 45, el día siguiente domingo, del 29 de mayo de 1988. Esa noche del sábado, con altoparlantes ensordeció a los campesinos concentrados con arengas militares, cual disco rayado y la permanencia de las notas del himno nacional. Los campesinos respondían:” bailamos al son que nos toquen”.
El oficial Correa Campos veía crecer el número de marchantes concentrados. Hizo saber a la multitud que llegaría a resolver el asunto personalmente. Los dirigentes campesinos de la marcha: Arnulfo Ramírez Izaquita, Nelson Otero Martínez, Alfredo Ríos Barrios, Luís Enrique Sánchez Millán, Luís José Archila Plata, José Joaquín Zambrano Molina, Pablo Manuel Hernández Rodríguez, Esperanza Herrera Villa, José Natividad Velandia Prada, Raúl Antonio Gómez Chaparro, José Méndez, Wilson Botero y Clemente Quiroga, comprendieron la gravedad de la situación y dispusieron que los menores de edad y las mujeres se desplazaran del grueso de la concentración. El teniente coronel Rogelio Correa Campos, se hizo presente con su parafernalia. Lo acompañaban cerca de trescientos soldados, es decir, toda la plana de hombres del batallón. Con pompa y lujo de tropero, usando gafas oscuras que ocultaban su rostro, llegó con paso fuerte, rodeado de sus incondicionales sicarios “ojos y oídos” de su sequito ejecutor. La reacción de la masa popular concentrada no se hizo esperar. Como al desertor “Camilo” lo conocía la gente, comenzaron la rechifla ensordecedora, gritándole “sapo Camilo”, “Camilo sapo”. El sujeto sudaba observándosele muy nervioso. El oficial no esperaba una reacción tan contundente. Como oleaje de rechazo, al unísono los gritos de asesinos y solución a los problemas agrarios destacaban entre las consignas que se podían escuchar, siempre bajo el estribillo de “sapo Camilo”. Visiblemente alterado, el teniente coronel Rogelio Correa Campos ordenó al francotirador soldado Suarez: “Basta ya. ¡Dispare!” El temible asesino- preparado para matar- vaciló. Posiblemente vio en la población inerme su entorno familiar. Esto desencajó al oficial militar insultándolo de cobarde, desenfundo su pistola de dotación descargándola sobre la humanidad del soldado. Ante esta situación, la reacción de “Camilo” fue de indignación, procediendo a descargar su fusil en la humanidad del teniente coronel Rogelio Campos, quien falleció instantáneamente. El ruido de fusilería y tiros resultaba ensordecedor. La muchedumbre corría despavorida y el grueso de soldados disparaba a diestra y siniestra sobre la población campesina. Todos los mencionados dirigentes del Paro pagaron con el sacrifico de sus vidas. Muchos eran perseguidos por la soldadesca y asesinados al intentar abordar los autobuses. Ese día la planicie de La Llana quedo tapizada de cadáveres. Afirman que al desertor Camilo le dieron muerte los soldados, aunque no se encontró su cadáver. Tampoco aparecieron los cuerpos de Carapintada y el Canoso. Los registros de campesinos asesinados -además de los dirigentes- ascendió a treinta y ocho y sus cuerpos desaparecidos. Los auxilios de socorro popular registraron más de cincuenta heridos.
Este doloroso relato histórico no tiene epilogo. El gobierno nacional declara resuelto el asunto de la marcha y la masacre, ascendiendo póstumamente al coronel y al campo de paradas del batallón que dirigió, le dio su nombre. Uno de los grupos paramilitares de la zona pasó a llamarse “Comando Coronel Rogelio Correa Campos”, caracterizado por el grado de terror y desolación contra los campesinos de la región y la muerte selectiva, genocidio, contra los campesinos que se sabía, habían participado en esas jornadas de protesta.
Personalmente, ocho días después de la masacre, en compañía de un dirigente de base de la Unión Sindical Obrera- USO me acerqué a La Llana, escenario de los luctuosos hechos. Personal del ejército no nos permitió acercarnos a mas de doscientos metros. En el espacio revoloteaban los chulos y los zamuros. La hediondez era asfixiante. La Verdad sobre el número de muertos y desparecidos esta oculta, callada, silenciada. Al concluir este relato una lagrima cae sobre el teclado y me apresuro a secarle. Surge la pregunta: ¿qué situación ha cambiado en los designios y doctrina de la institucionalidad militar en Colombia, con hechos y personajes como los de la Zona Bananera y el campo de desolación de La Llana?
Y por la soberbia de la imposición de la llamada doctrina militar, se niegan a pedirle perdón al pueblo colombiano.
[Colombia] Poco que celebrar en Colombia
Oidhaco.
Nota de prensa de en el Día de los Derechos Humanos 2017.
Bruselas, 11 de diciembre de 2017
Ayer se conmemoró el día de los derechos humanos a nivel mundial y se cumplieron 69 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque en Colombia, hay poco que celebrar.
No se puede dejar de lado el hecho de que este año haya echado a andar la implementación del Acuerdo de Paz que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano firmaron en noviembre de 2016. Esto es un paso fundamental hacia la consecución de la paz y el pleno disfrute de todos los derechos humanos para la ciudadanía colombiana.
Sin embargo, esta implementación se ha visto afectada por el fin del Fast Track el pasado 30 de noviembre que permitía la tramitación más rápida de los proyectos de ley necesarios para hacer realidad el Acuerdo de Paz. Uno de los últimos aprobados, el relativo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contiene una gravísima inhabilidad para personas defensoras de derechos humanos que no podrían ostentar cargos en esta jurisdicción contribuyendo así a la estigmatización de su labor.
A esta estigmatización hay que agregar la situación de indefensión y persecución que el colectivo de personas defensoras de los derechos humanos sufre en Colombia. Las amenazas, hostigamientos y asesinatos son una constante y estos últimos van en aumento ya que, según el Programa Somos Defensores, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2017 se produjeron 91 asesinatos de personas defensoras por 80 de ellos durante todo el año 2016.
En lo que respecta a derechos económicos, sociales, culturales (DESC), el Comité a este respecto de Naciones Unidas evaluó a Colombia en septiembre de 2017 y señalo en sus observaciones finales, entre otros, la falta de garantía en la aplicación de la diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas; la necesidad de cumplir con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales o la de garantizar el pleno funcionamiento de los mecanismos y registros establecidos para la restitución de tierras.
Por todo ello, desde OIDHACO queremos exhortar a la Unión Europea, su Estados Miembros, Suiza y Noruega a que redoblen sus esfuerzos para contribuir a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia así como para apoyar y monitorear la implementación del Acuerdo de Paz y las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas. Del mismo modo, les instamos a ser constructivos y realizar aportes y recomendaciones oportunos de cara al proceso del Examen Periódico Universal (EPU) al que Colombia será sometida en mayo de 2018.
Para más información, contactar con Miguel Choza Fernández en el +32 (0)2 536 1913 o en oidhaco@oidhaco.org.
