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Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

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[Colombia] Abriendo puertas a la CPI

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

La CC y el senado colombianos, “sin querer queriendo”, le van abriendo las puertas a la Corte Penal Internacional (CPI).

Pretendiendo “blindarse” de los crímenes cometidos por sus “civiles, terceros”, durante los 53 años de guerra interna –sucia por el querer de la oligarquía-, crímenes que han permanecido en la más espantosa impunidad durante éstos todos éstos años, van haciendo una colcha de retazos por donde se filtrará la CPI.

Es sabido que en Colombia la impunidad es del 99% de todos los delitos, reconocido por el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Esa impunidad es mayor cuando de violaciones de derechos humanos se trata, o sea, es el 100%. 83% responsabilidad en masacres, 83,3% de ejecuciones extrajudiciales, 97,7% de responsabilidad en desaparición forzosa y 100% responsabilidad en desplazamiento forzoso, ninguna de ellas es juzgada ni aceptada por el estado colombiano.

Con razón Colombia está ubicado ”en el tercer lugar de impunidad, después de Filipinas y México” en 2015, según nos siguió diciendo el Fiscal Martínez.

En Colombia la impunidad es del 99% y ocupa el Tercer lugar después de Filipinas y México.
Ninguno –o casi ninguno- de los responsables enfrentan un Tribunal y mucho menos son condenados. Es lógico. Si no son juzgados, mucho menos podrán ser condenados.

Ninguno –o casi ninguno- de los responsables enfrentan un Tribunal y mucho menos son condenados. Es lógico. Si no son juzgados, mucho menos podrán ser condenados.

Sin embargo, los poquísimos casos en que se condena al Estado tienen que pasar por las manos de la CIDH. Los tribunales de la justicia ordinaria, plagado de la más profunda corrupción, se muestran incapaces para si quiera adelantar una investigación. Ni cuando la CIDH condena al estado, ni así el gobierno reconoce la autoría y ”se escurre por las ramas”.

Cuando son juzgados por la justicia ordinaria colombiana, los responsables se aseguran que “el grueso del fajo de billetes” que llegan a los bolsillos de fiscales, jueces y magistrados es de tal grosor que esos funcionarios dictan sentencia en favor de sus “clientes”, no de sus juzgados.

En relación con el juzgamiento de los narco-paramilitares 31.000 miembros –incluían ancianos, putas, delincuentes comunes, etc!- reconocieron más de 125.000 homicidios, 445 se sometieron a la ley de Justicia y Paz, y de éstos apenas 15 fueron condenados.



Cuando empezaron los grandes “capos” a decir la verdad de las conexiones con empresarios, congresistas, políticos regionales, etc, fueron extraditados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, a fin de ocultar la verdad, o sea, asegurar la impunidad total.

En los momentos presentes, la CC y el senado, con ocasión de la aprobación de la JEP, nuevamente incurren en maniobras ilegales, inconstitucionales, disfrazadas de legales, al ”meterle mano” al Acuerdo de Paz, sientan la más espantosa impunidad que ha encendido las alarmas de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional que ha seguido y acompañado el proceso de Paz y la firma de un Acuerdo que se tiene por ejemplo para la comunidad internacional.

Que no se rasguen las vestiduras cuando tengan la soga de la CPI en el cuello. Que no lloriqueén cuando estén en La Haya o en Roma respondiendo por sus múltiples y aberrantes crímenes. No olvidemos que ellos hasta “jugaban al futbol con la cabezas de las víctimas” cuando sometían al pueblo colombiano a su “orgía de sangre”.

Podremos perdonar, pero no olvidar los crímenes que el Terrorismo de Estado –incluyendo su narco-paramilitarismo- ha cometido contra las víctimas colombianas, civiles desarmados, inermes. Los ex-comandantes de las FARC-EP se someterán a la JEP y, valientemente, enfrentarán un Tribunal de Justicia. Mas los que le temen a la JEP están metidos en tremendo problema con la CPI.

Es ante la CPI, ante el organismo de justicia que tendrán que responder por sus crímenes.

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Bogotá, 19 de noviembre de 2017


Señora Fiscal:

FATOU BENSOUDA

FISCAL CORTE PENAL INTERNACIONAL

Roma, Italia.


Respetada Señora Fiscal:

Reciba Usted desde Colombia, el entusiasta saludo del nuevo partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, nacido del desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre del año anterior entre el gobierno de nuestro país y la guerrilla de las FARC-EP.

Dicho Acuerdo puso fin al más largo conflicto armado de nuestro continente, mediante una serie de fórmulas que fueron pactadas, como usted conoce, tras cinco años continuos de deliberaciones en la ciudad de La Habana, Cuba. A partir de su firma se puso en movimiento el engranaje de su implementación constitucional, legal y práctica.

Por nuestra parte, tal y como recién acaba de certificarlo el Señor Secretario Adjunto para los Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, se ha producido un cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, sintiéndonos así en el completo derecho a exigir del Estado colombiano un  comportamiento semejante.

Muchísimas cosas podríamos exponer frente al desconsolador estado de la implementación del Acuerdo Final, pero no es ese el propósito de la presente misiva. Nuestra alarma real, la que nos mueve a dirigirnos a usted, estriba en la reciente sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional de nuestro país, que declaró exequible el Acto Legislativo 01 del presente año.

Tal Acto Legislativo incorporó a la Constitución Nacional el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de cuyos más importantes capítulos lo constituye el dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo objetivo central no es otro que satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto.

La Corte Constitucional de nuestro país, en la sentencia referida, se pronunció acerca de la exequibilidad de dicho Acto Legislativo. Es de anotar que el fallo de la Corte fue informado a la opinión pública mediante un comunicado oficial, que resume el texto de la sentencia, pero que esta misma aún no se ha dado a conocer y habrá que esperar algún tiempo para ello.

En el mencionado comunicado la Corte Constitucional colombiana, pese a declarar ajustado a la Constitución el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes.

Es a ese respecto que solicitamos de la manera más respetuosa a Usted, la realización de una entrevista con delegados de nuestra organización política y sus asesores jurídicos. En nuestro parecer, conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia, el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas.

La jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no sólo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto.

En el Acuerdo Final quedó consignada por parte nuestra,  la voluntad de comparecer ante esta jurisdicción, ofrecer verdad y suministrarla completamente, asumir la responsabilidad en lo que nos corresponda y cumplir con  las sanciones a que haya lugar por obra de nuestros hechos. Así reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto.

La sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su juzgamiento a la justicia ordinaria, justicia que en más de cincuenta años de conflicto jugó el papel de instrumento de guerra a favor del Estado, aplicándose con todo su rigor apenas a los contradictores del mismo.

Por tal motivo nuestro partido ha decidido radicar el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el Presidente Juan Manuel Santos y Timoléon Jiménez, comandante de las FARC-EP, en la Secretaría Técnica de la Corte Penal Internacional, a objeto de que sea ampliamente conocido y valorado.

De ese modo aspiramos a conseguir que la Corte Penal Internacional sopese, cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y los cambios de última hora agregados en el Congreso de la República,  destrozan elementos claves destacados por expertos internacionales por su sujeción a la legislación internacional sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

De la Señora Fiscal, respetuosamente,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY

Presidente de la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN

Argentina: una multitud rechazó la cultura de impunidad ante el genocidio

Insurgente.org

  • Un rechazo que se convirtió en inmensa multitud
  • La concurrencia desbordó la Plaza y sus alrededores.
  • Los organismos de DD.HH. exigieron dar marcha atrás con el fallo.

No fue casual que fueron manos de mujeres las que cortaron las telas de los pañuelos, las que los entregaron a otras mujeres (y hombres) que las llevaron sobre los hombros, como se lleva la carga de una ausencia de 40 años. Y tampoco fue casual que fueran cuatro mujeres, con su extensa historia de lucha a cuesta, las que hablaron y repudiaron a la impunidad. Hasta que se escuchó el grito y todos los pañuelos blancos se alzaron en alto. Cientos de miles de personas se concentraron ayer en Plaza de Mayo y en distintas partes del país para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2×1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos exigieron a los tres poderes del Estado que den marcha atrás con esa decisión y recibieron con alivio la ley sancionada ayer que busca frenar la sentencia.
Albañiles con pañuelos. Hombres de traje con pañuelos. Una columna entera de mujeres peronistas de Ituzaingó avanzando, cada una con su pañuelo al cuello. La Plaza de Mayo y sus alrededores se poblaron de manifestantes que llevaban el símbolo de las Madres. La concurrencia colmó la Plaza y se extendió por ambas diagonales y por Avenida de Mayo hasta el Congreso. También ocupó buena parte de la 9 de Julio hasta Independencia. Sobre el final del acto, los organizadores calcularon unas 500 mil personas.
Mucho antes de que pudieran ingresar las columnas organizadas, la Plaza ya estaba ocupada por gente “suelta” que se acercó y que fue recibiendo pañuelos de distintos puestos de distribución. Algunos eran de la Defensoría del Pueblo. Otros pertenecían a una empresa textil que decidió donar 30 mil pañuelos.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia –que integran el Serpaj, la Asociación de ex Detenidos y Desa- parecidos, Ceprodh, Liberpueblo y distintas organizaciones sociales– llegó por Diagonal Norte, seguido por los partidos de izquierda que decidieron levantar la otra convocatoria, que estaba prevista para hoy. Entre otros, se pudo ver allí al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, a la sobreviviente Nilda Eloy y a Patricia Walsh, quien recordó que había sido autora de un proyecto de ley para prohibir las amnistías. “Recién se convirtió en ley en 2015 cuando lo retomó el diputado Horacio Pietragalla, que prohíbe los indultos, amnistías y la conmutación de penas a los genocidas”, indicó.
El Frente para la Victoria y otros partidos ingresaron por Diagonal Sur, mientras que las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles arribaron por Avenida de Mayo. La CGT hizo flamear un globo aerostático, que competía con los drones que hacían paneos sobre la multitud, que al igual que en los 24 de marzo tuvo un carácter pluricolor, heterogéneo y diverso en sus procedencias políticas y sociales.

Señores jueces

El escenario tenía una leyenda en letras gigantes que decía: “Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca más”, recordando el cierre del Juicio a la Junta. Cerca del escenario flameaban banderas rojas y otras celestes y blancas. La extensa bandera que lleva los rostros de los desaparecidos atravesaba la Plaza y llegaba hasta el escenario. Los integrantes de H.I.J.O.S. Carlos Pisoni y Amy Rice Cabrera estuvieron a cargo de conducir el acto, que comenzó con el tema “La memoria”, de León Gieco. Muchos entre la multitud lo cantaron, algunos con los dedos en ve, otros con el puño en alto.
Mientras iban subiendo los artistas, científicos y periodistas que acompañaron a las madres, leyeron un texto de Fito Paez, que decía: “Queremos escuchar la opinión de Mauricio Macri. Una semana en silencio es una eternidad. Sigan con el Twitter y mirando encuestas”. El presidente fue abucheado cuando se lo mencionó. Más temprano, había cumplido con el deseo del cantante: responsabilizó por el fallo al ex juez Raúl Zaffaroni y al kirchnerismo.
Entre los artistas invitados, estaban Rita Cortese, Horacio Fontova, Luis Puenzo, Julia Zenko, Cristina Banegas, Mauricio Kartun y Víctor Heredia; entre los sindicalistas, los gremialistas docentes Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López; Hugo Yasky, por una de las CTA; Francisco “Barba” Gutiérrez, por la CGT; el bancario Sergio Palazzo, el titular del Suterh, Víctor Santa María, y el dirigente de la CTEP Juan Grabois. También estaba el ex juez Carlos Rozanski y el defensor del Pueblo, Alejandro Amor.
Bajo el canto de “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, fueron subiendo las Abuelas y Madres, algunas en silla de ruedas, otras caminando despacio y algunas con un vigor sorprendente. Subieron además los integrantes del CELS, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, MEDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

Nunca más

“Esta vez no vamos a decir ‘gracias por acompañarnos’, porque todos los que estamos acá es porque repudiamos la decisión de la Corte. Estamos acá celebrando porque el pueblo unido jamás será vencido”, comenzó Taty Almeida, la primera de las cuatro oradoras. Contó que la propuesta de los pañuelos surgió de las redes sociales y que ellas las aceptaron. “Estamos todos juntos con ese pañuelo blanco que es lucha y que no afloja”, dijo, mientras la multitud levantaba en alto por primera vez los pañuelos.
“Los organismos de derechos humanos decimos nunca más a la impunidad, nunca más torturadores, violadores, apropiadores de niños. Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad. Nunca más terrorismo de Estado. Nunca más genocidas sueltos. Nunca más el silencio. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia”, lanzó. “El miércoles pasado la Corte aprobó por mayoría el vergonzoso fallo, que abrió la puerta a la impunidad. Al día siguiente del fallo, los abogados de los represores se agolpaban en los tribunales para pedir el privilegio para sus defendidos”, sostuvo Almeida, mientras la multitud silbaba a los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
La segunda oradora fue Nora Cortiñas, que había llegado con la columna de Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Antes de seguir con la lectura del discurso, la madre de Plaza de Mayo arengó a la multitud, que la siguió en las respuestas a cada cántico. “Voy a empezar con una inspiración que tuve estos días: por los niños que fueron entregados a familias desconocidas, por los que fueron arrojados vivos al mar, ¡queremos justicia!” Miles de personas repitieron la palabra “Justicia”. “Estoy muy excitada, como verán”, bromeó Cortiñas. Los aplausos fueron un abrazo.
“Hasta hace una semana era indiscutible que esta ley no regía para los delitos de lesa humanidad que no son delitos comunes, no prescriben y no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2×1 a estos crímenes atroces”, advirtió. Entre los silbidos a los represores, Cortiñas recordó que “la Corte pretende soltar a Jorge “Tigre” Acosta, el jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, y a Alfredo Astiz”. La madre de Plaza de Mayo se interrumpió para sumarse a los abucheos de la multitud.
–¡A-se-sinos!, ¡a-se-sinos! –corearon.
“A Miguel Etchecolatz, asesino de la Noche de los Lápices y apuntado por la segunda desaparición de Jorge Julio López. A Von Wernich, asesino y nunca expulsado de la Iglesia”, completó. “Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas”, recordó.
“Las víctimas del terrorismo de Estado debimos esperar muchos años la respuesta del Poder Judicial. Este fallo es un indulto a la historia”, sostuvo luego Lita Boitano, de Familiares. “Estamos hablando de los que volvieron a desaparecer a Jorge Julio López. Los apropiadores están pidiendo libertad anticipada. Esto no solo es riesgosa para nuestros nietos, sino para toda la sociedad”, indicó.
Por último, la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, advirtió que “afortunadamente, la sociedad ha reaccionado con firmeza. Numerosos jueces han rechazado los pedidos de reducción de penas. Hoy los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2×1. Necesitamos que los representantes de los tres poderes escuchen el reclamo de esta Plaza y hagan las gestiones para dar vuelta este fallo antidemocrático y pro dictadura”. “Los organismos de derechos humanos no estamos solos. Acá está el pueblo: un pueblo más sabio para resistir los embates que nos retrotraen a un pasado siniestro”, dijo.
–El pueblo / unido / jamás será vencido –cantó la multitud.
“La dictadura no es un hecho del pasado lejano. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional en la defensa de los derechos conquistados. ¡Levanten los pañuelos! ¡Por los 30 mil desaparecidos!”, dijo. Mientras la multitud se convertía en una marea blanca, se escuchó de fondo: “¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”.

Soldados estadounidenses grabaron violación de 53 niñas colombianas y vendieron los videos

Estos aberrantes casos de abuso se presentaron entre los años 2003 y 2007, y quedaron impunes por culpa del "imperialismo sexual".
Estos datos fueron revelados por la Comisión Histórica que integra el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, informe en el que señalan a soldados y contratistas estadounidenses como los responsables de las violaciones de las niñas, una de ellas que no superaba los 12 años de edad, según Actualidad RT.
"Hay abundante información sobre la violencia sexual, en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de EE.UU., que forma parte de un comportamiento sexista y discriminatorio denominado como 'imperialismo sexual'", denunció Renán Vega, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y autor del reporte.
A juicio de Vega, esta es una situación que se presenta en países como Filipinas, Japón y Corea del Sur, así como en la mayoría de lugares en donde hay presencia de tropas norteamericanas.
Específicamente, agrega ese medio, “en 2004 al menos 53 niñas fueron agredidas sexualmente en las ciudades de Melgar y Girardot”.
En cuanto a la víctima de 12 años, los hechos se registraron en 2007 en la base de la Fuerza Aérea de Tolemaida, y posteriormente fue arrojada en un parque al día siguiente.
Así quedó registrado en un informe del Periódico El Turbión en el que se demuestra el cinismo de los militares gringos con la madre de la niña, a la que le respondieron: “sí, la violamos, ¿y qué? Estamos en Colombia, la Ley no nos afecta”.
Además de estos casos, el impreso apunta a que solo en 2006 se reportaron 23 casos de abuso, y 14 más se denunciaron al año siguiente.

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