[Colombia] Poco que celebrar en Colombia

Oidhaco.

Nota de prensa de en el Día de los Derechos Humanos 2017.

                                                                                                                       Bruselas, 11 de diciembre de 2017  

Ayer se conmemoró el día de los derechos humanos a nivel mundial y se cumplieron 69 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque en Colombia, hay poco que celebrar.

No se puede dejar de lado el hecho de que este año haya echado a andar la implementación del Acuerdo de Paz que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano firmaron en noviembre de 2016. Esto es un paso fundamental hacia la consecución de la paz y el pleno disfrute de todos los derechos humanos para la ciudadanía colombiana.

Sin embargo, esta implementación se ha visto afectada por el fin del Fast Track el pasado 30 de noviembre que permitía la tramitación más rápida de los proyectos de ley necesarios para hacer realidad el Acuerdo de Paz. Uno de los últimos aprobados, el relativo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contiene una gravísima inhabilidad para personas defensoras de derechos humanos que no podrían ostentar cargos en esta jurisdicción contribuyendo así a la estigmatización de su labor.

A esta estigmatización hay que agregar la situación de indefensión y persecución que el colectivo de personas defensoras de los derechos humanos sufre en Colombia. Las amenazas, hostigamientos y asesinatos son una constante y estos últimos van en aumento ya que, según el Programa Somos Defensores, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2017 se produjeron 91 asesinatos de personas defensoras por 80 de ellos durante todo el año 2016.

En lo que respecta a derechos económicos, sociales, culturales (DESC), el Comité a este respecto de Naciones Unidas evaluó a Colombia en septiembre de 2017 y señalo en sus observaciones finales, entre otros, la falta de garantía en la aplicación de la diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas; la necesidad de cumplir con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales o la de garantizar el pleno funcionamiento de los mecanismos y registros establecidos para la restitución de tierras.

Por todo ello, desde OIDHACO queremos exhortar a la Unión Europea, su Estados Miembros, Suiza y Noruega a que redoblen sus esfuerzos para contribuir a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia así como para apoyar y monitorear la implementación del Acuerdo de Paz y las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas. Del mismo modo, les instamos a ser constructivos y realizar aportes y recomendaciones oportunos de cara al proceso del Examen Periódico Universal (EPU) al que Colombia será sometida en mayo de 2018. 

Para más información, contactar con Miguel Choza Fernández en el +32 (0)2 536 1913 o en oidhaco@oidhaco.org.

[Colombia] Oidhaco pide celeridad en la aprobación de la Ley para la Jurisdicción Especial para la Paz

Carta Pública -  Oidhaco.

Carta pública. Oidhaco solicita al Congreso de la República realizar un ejercicio de responsabilidad política y le urge a acelerar la aprobación de la Ley para la Jurisdicción Especial para la Paz

La Plataforma europea Oidhaco expresa su preocupación por los graves retrasos que está enfrentando el proceso de implementación normativa  del Acuerdo de Paz y en particular la aprobación de la Ley Estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso de la República.

El proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz está pasando actualmente por los diferentes debates en el Congreso y ha sido aprobado en sesiones conjuntas de comisiones primeras de Senado y Cámara pero falta discutirlo y someterlo a votación en sesiones plenarias. Oidhaco les manifiesta su preocupación dado que en los últimos días se ha tenido que aplazar su debate y votación en el Congreso. El 30 de noviembre 2017 termina la aplicación del procedimiento rápido de implementación normativa de los acuerdos conocido como el fast track.

La ley que regula la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. La JEP ofrece la posibilidad de juzgar a los y las máximos y máximas responsables de los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra ocurridos con ocasión del conflicto y así contribuir al derecho a la verdad de las víctimas. La JEP hace parte de lo previsto en el capítulo 5 del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto armado. Esta parte del Acuerdo fue el resultado de un proceso extensivo de consultas a través de foros y delegaciones de víctimas a la mesa de negociaciones y estipula que en todo el Sistema Integral las victimas ocupan un lugar central. Además, la Corte Penal Internacional podrá intervenir si no hay garantías de que Colombia pueda juzgar internamente a los responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El 24 de noviembre se conmemora  el primer aniversario de la firma del Acuerdo Final. Oidhaco y la Taula Catalana per Colòmbia  publicaron recientemente su informe ‘A un año de la firma de los acuerdos’  en el que se subrayan diferentes preocupaciones relacionadas con  los retrasos en la implementación  general del Acuerdo y la falta de implementación de disposiciones  fundamentales para la protección de líderes sociales,  el desmantelamiento del paramilitarismo y las garantías para la protesta social.

Oidhaco insiste en la necesidad de un cumplimiento integral del Acuerdo Final para garantizar una paz duradera, sostenible con justicia social y  que respete los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Solicitamos por lo tanto a los miembros del Congreso de la República priorizar estas consideraciones y agilizar la discusión de la normativa que implemente los Acuerdos, en particular el proyecto de ley 008 de 2017 del Senado y 016 de 2017 de la Cámara  sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.

Cordialmente,

La Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia

Para más información, se puede contactar a Miguel Choza Fernández, Coordinador Oidhaco, var em = bicrypt('klaustrophobie', 'Im6FKmuX804KcIIs7LI'); document.write('' + em + '<\/a>');">oidhaco@oidhaco.org, +32 (0)2 536 1913

Colombia: No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos

Oidhaco.

Conclusiones preliminares de misión internacional. Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).

Ginebra-Paris-Bogotá, 19 de julio de 2017 - La tasa de homicidios más baja en Colombia en 40 años en el contexto del proceso de paz contrasta con un clima de constantes amenazas y un fuerte aumento en las cifras de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. La permanencia de estructuras paramilitares, la impunidad y las limitaciones de la respuesta institucional entre las principales razones de esta realidad, denunció hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) al finalizar su misión en el país.

La actividad de las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia. El número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2016 oscila entre 59 y 134 según la fuente [1]. Más allá de la diferencia entre cifras, escandalosas en ambos extremos, es importante resaltar que las distintas instituciones nacionales del Estado, organismos internacionales y de la sociedad civil colombiana que recogen estas estadísticas coinciden en señalar un importante incremento en el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en comparación con años previos. Además, según la información recogida por la misión las personas defensoras que ejercen liderazgo a nivel local, particularmente aquellas que defienden derechos relacionados con la tierra y el medio ambiente en zonas rurales, constituyen el grupo más vulnerable en un escenario de constantes amenazas.

El Observatorio ha identificado cuatro causas estructurales que explican la situación actual.

En primer lugar, la principal fuente de agresiones contra personas defensoras se da en el contexto de la permanencia de estructuras paramilitares en el país, identificadas como el principal victimario. La misión ha podido documentar varios casos de colusión y/o connivencia entre funcionarios del Estado y grupos paramilitares en distintas partes del país como Norte de Santander o Antioquia en un contexto en el que las autoridades siguen negando la existencia de este fenómeno.

“En palabras de un defensor colombiano: -No puede combatirse lo que no existe-. Por ello, el gobierno debería reconocer públicamente la permanencia de estructuras paramilitares en Colombia y hacer frente a este fenómeno mediante la aplicación efectiva y decidida de las medidas incluidas a tal efecto en el acuerdo de paz”, declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la oficina en Bruselas de la OMCT y delegado de la misión del Observatorio en Colombia.

En segundo lugar, según los hallazgos del Observatorio, las autoridades públicas tienden a mostrar un mayor reconocimiento a la legitimidad de la labor de las personas defensoras. Sin embargo, todavía se mantienen señalamientos y ejemplos de estigmatización contra personas defensoras. Por ejemplo en el Sur de Bolívar, Bucaramanga y Barrancabermeja, donde en un caso, una de las cinco personas defensoras de derechos humanos detenidas, fue vinculada por la fiscal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su papel de liderazgo en la organización de marchas.

La criminalización en casos de protesta social sigue siendo preocupante. La misión ha recibido diversas informaciones sobre el empleo de un enfoque represivo para el manejo de las protestas pacíficas en Colombia, incluyendo numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Se tuvo conocimiento de varios casos que incluyen a personas defensoras en el departamento del Cauca y en el marco del paro cívico en la ciudad de Buenaventura.

En tercer lugar, el Observatorio ha podido constatar la persistencia de elevados niveles de impunidad que refuerzan la vulnerabilidad de todas la personas defensoras de derechos humanos en el país. Según la información recibida, solo habría sentencia condenatoria en cinco casos de asesinatos de personas defensoras a lo largo del último año. Además, en mayo de 2017 se produjo la primera condena en la historia de Colombia por amenazas a una persona defensora de derechos humanos en la que un escolta fue condenado por las amenazas a su persona protegida pero no se investigaron posibles autores intelectuales.

“Nos preocupa particularmente la poca prioridad que reciben los casos de amenazas por parte de la fiscalía. Además, hay una tendencia en todas las investigaciones de ataques contra personas defensoras a que, en los pocos casos en los que la investigación lleva a una condena, no se indaga sobre los autores intelectuales, limitándose a los autores materiales”, afirmó Vincent Vallies, Experto internacional y delegado de la misión.

Finalmente, en cuarto lugar, el Observatorio ha podido constatar que a pesar del amplio entramado institucional dedicado a la protección de defensores y defensoras en Colombia la respuesta institucional sigue siendo débil por los siguientes motivos: la insuficiencia de medidas que hagan frente a las causas estructurales que les ponen en riesgo, la falta de implementación a nivel local de las directrices y planes nacionales, así como las escasas garantías para ejercer su trabajo de defensa de derechos, como medidas con enfoque diferencial según la edad, la etnia, el género y su nivel socio económico.

Mas información en: https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/colombia-no-hay-paz-para-las-personas-defensoras-de-derechos-humanos

[Colombia] XII Informe de INDEPAZ sobre presencia de grupos GRUPOS NARCOPARAMILITARES – 2016

Por Oidhaco.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– presenta su XII Informe de seguimiento a la presencia de los grupos narcoparamilitares, actividad que viene realizando
desde 2006.

2016 representó un año de sucesos trascendentales que han comenzado a modificar las dinámicas territoriales determinadas por el conflicto armado. Se firmó y refrendó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, junto con el inicio del cese al fuego bilateral definitivo, el cual ha representado las cifras más bajas de víctimas a razón del conflicto en la historia.
Sin embargo, en contradicción con los estos dos eventos, 2016 fue un año con incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo paralizó 36 municipios de ocho departamentos y que avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras en muchas regiones y en la implementación del acuerdo de La Habana.

Ahora bien, sobre el tratamiento a las estructuras narcoparamilitares por parte de las instituciones, el Ministerio de Defensa reconfiguró los lineamientos para enfrentarlas. En primer
lugar, la denominación Bacrim (Bandas Criminales) fue reemplazada por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). En una directiva ministerial, las
nuevas GAO se clasifican así:

Clase A: Clan del Golfo, los Puntilleros, los Pelusos. Estos grupos cuentan con capacidad armada, estructura organizativa, capacidad de enfrentar la fuerza pública.
Clase B: La Constru, Cordillera, Botalones, La Empresa, entre otros. Estos son de carácter regional y mantienen alianzas con estructuras tipo A.
Clase C: Bandas delincuenciales que actúan con un fi n específi co y en un lugar determinado.

Dentro de esta clasificación los Rastrojos no aparecen. En los seguimientos de Indepaz se ha notado una presencia de este grupo menos significativa que en años pasados que de ninguna
manera indica que ya no actúen en el territorio nacional. Es así que para 2016 aún se reconoce su actividad en 55 municipios de 18 departamentos.

Punto de Encuentro_70

 

Hagamos posible la PAZ

Por OIDHACO.

Declaración política de la Asamblea 2017 de la CCCEU

La Asamblea Nacional de delegados/as de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, plataforma que agrupa a 271 organizaciones sociales y ONG de derechos humanos de todo el país, reunida en Bogotá los días 8 y 9 de junio de 2017, reafirmamos una vez más nuestro compromiso en la búsqueda indeclinable de una paz completa, por la vía de la negociación política con todos los actores del conflicto armado y declaramos que:

Los avances en las negociaciones nos acercan a la paz completa:

1. Reconocemos como un avance para la sociedad colombiana el haber logrado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Igualmente, el haber dado inicio en Quito al proceso de conversaciones formales entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional.
2. Valoramos positivamente que la finalización del conflicto armado con las FARC-EP y el inicio de conversaciones con el ELN haya reflejado un descenso sensible de la confrontación armada y de sus consecuencias para la población civil.
3. Lamentamos que algunos sectores políticos y económicos no valoren estos logros e insistan en crear un ambiente político adverso a la paz, distorsionando el contenido del Acuerdo mediante campañas tendenciosas.

Las victimas deben estar en el centro de la implementación del Acuerdo Final:

1. Valoramos la importancia de la implementación normativa del Acuerdo, y el compromiso de la CCEEU de aportar constructivamente en esta materia, especialmente en los temas relativos al punto 3 y 5 del mismo. Consideramos que este trabajo debe mantenerse.
2. Saludamos la apertura a la participación política con la aprobación del Estatuto de la Oposición, la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz y el acto legislativo para la reincorporación y las condiciones para la financiación y participación política de las FARC. Sin embargo, nos causa preocupación, los pocos avances en el tema de acceso de tierras y desarrollo rural.
3. Consideramos de gran importancia la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) con miras a que sus diferentes mecanismos permitan avanzar el cumplimiento de los derechos de las víctimas.
4. Exigimos que la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas contribuya a esclarecer la suerte de las personas desaparecidas, garantizándole los recursos suficientes y los poderes necesarios para que pueda cumplir su labor de búsqueda, ubicación, identificación, exhumación, y entrega digna, contando con la participación de las víctimas en todas las instancias y fases de este proceso.
5. Exigimos que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad posibilite la participación activa de las víctimas, sus organizaciones y de las comunidades. Para cumplir con este propósito de esclarecimiento y verdad es necesario superar las limitaciones frente al uso de los archivos sometidos a reserva legal.
6. Consideramos que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz constituye una oportunidad única para que quienes han tenido las máximas responsabilidades por las atrocidades perpetradas en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, se comprometan con la satisfacción de los derechos de las víctimas.
7. Solicitamos que las medidas de reparación individual y colectiva sean consultadas con las victimas e igualmente, que la reforma a la ley de victimas incluya las propuestas realizadas por las organizaciones de víctimas y derechos humanos.
8. Nos preocupan las asimetrías y desbalances introducidos en la implementación legislativa, que han obstaculizado los mecanismos de rendición de cuentas para terceros financiadores del paramilitarismo y los mandos superiores comprometidos en graves crímenes contra los derechos humanos.
9. Solicitamos que la implementación de los diferentes mecanismos del SIVJRNR cumplan con criterios que incluyan enfoques territoriales, étnicos, diferenciales y de género (incorporando orientación sexual e identidad de género), atendiendo las necesidades de los territorios y poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la violencia sociopolítica.
10. Hacemos un llamado al Congreso de la República, la Corte Constitucional y demás entidades comprometidas con la implementación del SIVJRGNR a tener presente la centralidad de las víctimas como pilar fundamental del mismo, garantizando su efectiva y adecuada participación en todos los mecanismos e instancias de los mismos.

La paz necesita garantías y el desmonte del paramilitarismo:

1. Denunciamos la expansión y fortalecimiento del paramilitarismo, así como el recrudecimiento de ataques y agresiones a los defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios. Esta situación constituye un grave riesgo para la implementación territorial del acuerdo, genera dudas sobre el compromiso real del gobierno con el mismo e impacta en la confianza que puede tener el ELN para avanzar en el proceso de diálogo.
2. Llamamos la atención y rechazamos la negativa del Estado a reconocer la existencia del paramilitarismo y la sistematicidad de las agresiones a líderes sociales así como a defensores y defensoras de derechos humanos.
3. Consideramos indispensable avanzar de manera pronta en la creación de la Unidad Especial de investigación para el Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, respetando el espíritu y finalidad con el que fue concebida en el marco del Acuerdo. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno a impulsar decididamente el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
4. Demandamos del Estado complementar los compromisos del Acuerdo con la conformación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, con participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos. La Comisión debe abordar la revisión integral de las Políticas de seguridad y la doctrina militar, la eliminación del servicio militar obligatorio e instauración de un servicio social para la paz, la revisión de antecedentes y depuración de funcionarios vinculados con violaciones de DDHH, la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia y la reducción de la fuerza pública y presupuesto militar.

Una paz completa requiere avances en el diálogo con el ELN:

1. Reafirmamos nuestro compromiso de aportar desde nuestra experiencia y conocimiento en Derechos Humanos a los contenidos de la agenda y las dinámicas de participación que se definan en la Mesa de Quito.
2. Hacemos un llamado a las partes a demostrar su voluntad con la paz avanzando en medidas que permitan construir confianza en la sociedad, mediante el establecimiento de gestos humanitarios unilaterales y acuerdos humanitarios parciales que permitan concretar el cese bilateral al fuego.
3. Llamamos a la sociedad en su conjunto a hacer valer su derecho a la paz y no permitir la polarización e instrumentalización electoral de la misma.

La implementación del acuerdo final y el avance sustancial de la Mesa de Diálogo de Quito son un motor fundamental de cambio, que nos permitirá avanzar en las transformaciones políticas y sociales, orientadas hacia una democracia incluyente, que respete y garantice los derechos de todos y todas, superando las brechas de inequidad y exclusión social existentes.

Para más información, es posible consultar la web de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos: http://coeuropa.org.co/

[Colombia] El paramilitarismo sí existe

Por Oidhaco.

Informe de la situación de derechos humanos en Colombia durante 2016 (CINEP)

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos.“El análisis de los últimos 8 números de la revista Noche y Niebla  deja ver una disminución global de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, aumentan los casos de violencia por razones políticas”, afirmó Alejandro Angulo, S.J. 

Durante la presentación del informe se atribuyeron 550 victimizaciones a grupos paramilitares y 833 a actores armados no identificados, por lo que se puede afirmar que se trata de violencia política. "Preocupa el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales", señaló Luis Guillermo Guerrero Guevara, director de Cinep/Programa por la Paz.

En la página web de CINEP puede encontrar más información. 

La violencia por razón de género sigue siendo un desafío mayor para Colombia

Oidhaco.

Un reciente informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad señala que en 2016 aumentaron las denuncias de violencia por razón de género en Colombia.

Colombia

25. En noviembre de 2016, cuatro años de negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) culminaron en un acuerdo de paz definitivo. Se puso fin así a cinco decenios de conflicto en que, como afirmó la Corte Constitucional de Colombia en 2008, la violencia sexual fue generalizada y sistemática. Los diálogos de paz oficiosos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el segundo mayor grupo guerrillero en Colombia, también continuaron durante el período sobre el que se informa.

26. En una visita conjunta a la mesa de conversaciones de La Habana que efectuaron en julio mi Representante Especial y la Directora Ejecutiva de ONUMujeres, el Gobierno y las FARC-EP se comprometieron públicamente a hacer justicia y prestar apoyo a los supervivientes de la violencia sexual. En lo que respecta a la justicia de transición, en el acuerdo de paz definitivo se prevé el establecimiento de una comisión de la verdad y una jurisdicción especial para la paz, que califica la violencia sexual de violación grave que no puede ser objeto de amnistía. El acuerdo contiene compromisos firmes sobre cuestiones de género y la solicitud a mi Representante Especial, ONU-Mujeres, el Gobierno de Suecia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres de que apoyen su cumplimiento. El 25 de enero el Consejo de Seguridad estableció una misión política especial de observadores internacionales desarmados para vigilar y verificar el alto el fuego, la cesación de las hostilidades y el proceso de desarme (véase la resolución 2261 (2016) del Consejo). El subgrupo sobre la violencia por razón de género apoyó la capacitación previa al despliegue de los observadores en materia de violencia sexual relacionada con los conflictos.

27. Colombia ha formulado un marco jurídico ejemplar para hacer frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos, en que cabe mencionar la Ley 1719 sobre el acceso de las víctimas a la justicia y diversas órdenes de la Corte Constitucional en que se insta a las autoridades a que ejerzan la debida diligencia frente a esos delitos. En respuesta a ello, la Fiscalía General de la Nación ha adoptado un protocolo de investigación de la violencia sexual y ha desplegado equipos legales a 17 provincias afectadas. No obstante, hasta la fecha solo el 2% de los 634 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos documentados por la Corte Constitucional han concluido con condenas.

28. Aunque persisten lagunas en los datos, principalmente debido a la escasez de denuncias, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo indicó que el riesgo de violencia sexual siguió siendo elevado en al menos 12 departamentos a lo largo de 2016. La Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género registró en el período comprendido entre enero y octubre 2.914 incidentes de violencia por razón de género, de los cuales 466 eran casos de violencia sexual relacionada con los conflictos. Esas cifras representan un aumento de las denuncias de violencia por razón de género en general, pero una menor proporción de casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en comparación con años anteriores. La Defensoría del Pueblo advirtió del aumento del riesgo de ese tipo de violencia a medida que los excombatientes regresaban a sus comunidades. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró entre enero y noviembre 85 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, en el 31% de los cuales las víctimas fueron mujeres afrocolombianas.

29. Las Naciones Unidas documentaron 79 casos de violencia sexual ocurridos en 2016 en operaciones esporádicas de grupos armados, entre ellos casos de prostitución forzada, tortura sexual, esclavitud sexual y acoso a manos de fuerzas y grupos armados. En aproximadamente el 90% de los casos, los autores eran tres o más y las víctimas habían sufrido actos de violencia sexual relacionada con los conflictos con anterioridad, habiendo tenido lugar la primera agresión por lo general en la infancia. Los asociados de las Naciones Unidas también están siguiendo de cerca la respuesta a una serie de incidentes de violencia sexual emblemáticos que forman parte del legado del conflicto. Por ejemplo, se documentó un cuadro de violencia sexual contra niñas en edad escolar por grupos posdesmovilización en la provincia de Santander, donde una exrectora de colegio y una exinspectora de la policía estaban en espera de juicio por haber facilitado la esclavitud sexual y el reclutamiento forzado. Desde 2015 el ACNUDH ha seguido de cerca el caso de 10 niñas que fueron objeto de abusos sexuales por parte de miembros del grupo posdesmovilización Clan del Golfo en la provincia de Antioquia. Hasta la fecha, solo una persona ha sido llevada ante la justicia por los delitos. En la provincia de Putumayo, el ACNUR documentó el caso de una niña desplazada de 12 años de edad que fue objeto de explotación sexual durante dos años, presuntamente por miembros de las FARC-EP. La maestra que había denunciado el incidente fue obligada a huir de la zona al ser objeto de amenazas e intimidación.

30. En respuesta a repetidos casos de acoso sexual contra mujeres activistas, entre ellas las que defendieron la justicia de género durante el proceso de paz, el Gobierno llevó a cabo evaluaciones de los riesgos para la seguridad en relación con 1.164 mujeres dirigentes, con la conclusión de que 675 enfrentaban un elevado riesgo de violencia por parte de los grupos armados. Si bien las autoridades han puesto en marcha medidas de mitigación del riesgo, la Defensoría del Pueblo señala que la protección debe estar mejor adaptada a las necesidades y los contextos específicos. Todavía hay escasez de servicios de apoyo psicosocial y un número insuficiente de refugios para las supervivientes, especialmente en las zonas apartadas.

Recomendación

31. Encomio al Gobierno de Colombia y a las FARC-EP por su logro histórico de situar la justicia de género en el centro del proceso de paz de Colombia, y los insto a garantizar que esa justicia siga siendo fundamental durante la ejecución del proceso. Este precedente debería ser determinante para los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Hago un llamamiento para que los mecanismos de justicia de transición presten atención específica a la situación y los derechos de las mujeres, las niñas y todos los supervivientes de la violencia sexual; para que la verificación del alto el fuego incluya la vigilancia de la violencia sexual; y para que se incorporen medidas de reducción de los riesgos en el proceso de deposición de las armas.

(Extraído de las páginas 10 y 11 del informe adjunto)

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Oidhaco saluda el anuncio histórico de un alto el fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y las FARC

Oidhaco.

El 23 de junio de 2016, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron conjuntamente un alto el fuego permanente y bilateral que pone fin al conflicto armado que ha tenido lugar entre ambos durante más de medio

Este anuncio histórico pone los cimientos para la dejación de las armas, la reintegración de ex combatientes en la vida civil y establece claramente la necesidad de proveer garantías para su seguridad en la próxima fase de construcción de la paz. El anuncio de ayer también hace referencia a la violencia perpetrada por los grupos criminales organizados – paramilitares - y a la necesidad de frenar esa violencia, debido a la amenaza significativa que supone para la implementación de un acuerdo de paz duradero.

Oidhaco ha seguido el proceso de paz colombiano desde su comienzo y saluda con entusiasmo este anuncio histórico así como lo considera un paso adelante fundamental hacia la construcción de una paz positiva y duradera en Colombia. Oidhaco alaba el trabajo realizado por ambas partes para alcanzar esta fase avanzada del proceso de paz y está esperanzado en que el acuerdo de paz definitivo se produzca muy pronto. 

Si bien reconoce la naturaleza capital de este acuerdo, Oidhaco también destaca la importancia de iniciar la fase pública de negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para alcanzar una solución política al conflicto armado entre estos dos actores. Asimismo, Oidhaco subraya la importancia de establecer garantías para la no repetición de la violencia, incluyendo la perpetrada por los grupos paramilitares así como el establecimiento de condiciones para garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos que son actores clave en la promoción de la justicia social en este momento crucial de la historia colombiana. Oidhaco reconoce los diversos desafíos que Colombia tiene frente a sí durante su transición desde el conflicto armado hacia la paz. Por ello, insta a la Unión Europea, Noruega y Suiza a continuar haciendo seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz y a la situación de los derechos humanos en Colombia. 

El Desplazamiento Forzado y la Imperiosa Necesidad de la Paz

Por Oidhaco.


Informe desplazamiento 2013 de Codhes

Resumen pendiente.

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Informe Codhes 2013 (PDF)

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Gobierno del Reino Unido - Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2013

Oidhaco.

El Ministerio de Relaciones Exteriores trata los temas de elecciones, libertad de expresión, defesores, acceso a la justicia. tortura. conflicto y protección de los civiles, las mujeres, las minorías, niños y co

mercio.

El Ministerio solo habla de dos países de preocupación del continente americano: Colombia y Cuba. Opina sobre varios temas (la mayoría relacionados con las prioridades del Reino Unido): Elecciones; Libertad de expresión; Defensores de derechos humanos; Acceso a la justicia; Tortura; Conflicto y protección de los civiles; Los derechos de las mujeres; Los derechos de las minorías; Los derechos de los niños; Comercio y derechos humanos.

A pesar de que el Gobierno colombiano haya hecho esfuerzos para mejorar la situación de derechos humanos, siguen preocupaciones de las cuales Oidhaco subraya: 

En lo que se refiere a las elecciones, Gran Bretaña está trabajando con el Gobierno colombiano para hacer el mapeo de las zonas de riesgo de irregularidades electorales para las elecciones del congreso y de la presidencia.

La violación del derecho a la expresión generalmente ocurre en zonas de conflicto armado y actividades de los actores armados ilegales – menciona el ejemplo de los periodistas y las amenazas que deben enfrentar (con el informe de la FLIP) así como la violencia contra los sindicalistas (a pesar de la disminución de sus asesinatos gracias a los avances del Gobierno colombiano – la cifra de 2012 es la más baja desde 1985, con 20 asesinatos aunque la Escuela Nacional de Sindicalismo denuncie 11 asesinatos entre Enero y Octubre 2013 – y 27 en total para el 2013). También menciona las protestas sociales durante 2013, con el reconocimiento de las peticiones por el Gobierno a pesar de los señalamientos de los manifestantes, la represión violenta con por lo menos 6 manifestantes matados por la policía.

Los defensores de derechos humanos siguen recibiendo el mismo nivel de amenazas y violencia en 2013 comparado con 2012, los asesinatos aumentaron del 10%.

A pesar del nivel alto de impunidad en Colombia, la justicia colombiana (e interamericana) pudo avanzar con algunos casos emblemáticos, por ejemplo restituyendo la personalidad jurídica a la Unión Patriótica, el caso del asesinato de Marino López, el desplazamiento forzado masivo por las fuerzas militares y paramilitares en la Operación Génesis en 1997. Sin embargo, es difícil evaluar los avances del Estado para mejorar el acceso a la justicia, sobre todo para las víctimas de violaciones de derechos humanos – de la cual parece que solo el 5% de los casos son procesados según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

A pesar de la falta de publicación de casos de tortura por parte de las agencias del Estado en 2013 , el hacinamiento en las cárceles llegó a un 152%.

Según el Gobierno colombiano, no llegara a su meta de restituir la tierra a unas 100.000 familias a Agosto 2014 pero es claro que está acelerando el proceso.

La violencia sexual contra las mujeres sigue siendo un arma de guerra y sigue siendo utilizado para intimidar a las defensoras de derechos humanos. Sin embargo, la información es escasa por lo poco que aceptan denunciar las víctimas. 

La Corte Constitucional se exprimió en septiembre sobre la situación de los pueblos indígenas que sigue siendo “una preocupación extremamente seria comprometiendo su supervivencia física y cultural” – representan un 8.5% del total de la población víctima del conflicto armado colombiano en 2013.

Los niños siguen siendo vulnerables del reclutamiento por parte de los actores ilegales, de hecho, 25% de los 1.350 guerrilleros desmovilizados en 2013 eran niños.

Se sigue observando un aumento del número de empresas extractivas operando en zonas aisladas.

La Oidhaco quiere aprovechar de este informe para reiterar su preocupación en cuanto a la situación de los derechos humanos en Colombia.

Ver informe completo abajo en inglés.

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	British Foreign Office report on situation of HR in Colombia (PDF)	513.54 kb	Descarga

Informe semestral SIADDHH - 96 defensores y defensoras víctimas de agresión entre enero y marzo 2014

Oidhaco.

Publicación del boletín trimestral de Somos Defensores - cifras sobre las agresiones individuales, según el tipo de violencia, los asesinatos de defensores, presuntos responsables y zonas de agresión.

Entre enero y marzo 2014, 96 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia.En el mismo periodo el año pasado, había 45 casos de agresión, significando un aumento de 51 casos en 2014.

El 84% de las víctimas fueron hombres.

54 fueron agresiones, 16 asesinatos, 11 atentados, 2 desapariciones, 9 detenciones arbitrarias y 4 hurtos de información, la mayoría ocurrieron en enero.

16 defensores fueron asesinados (todos eran hombres) - uno más que en 2013 en el mismo periodo. Se reseña con preocupación el asesinato del hijo de la defensora de DDHH también asesinada en 2011, Ana Fabricia Córdoba.

El 50% de los presuntos responsables de las agresiones son paramilitares, 15% la fuerza pública, 4% la guerrilla y 32% actores desconocidos.

Las zonas donde la labor de los defensores sufrió mayor agresión son Caquetá, Santander y Valle del Cauca.

Ver informe completo abajo.

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	Boletin enero-marzo 2014 SIADDHH (PDF)	567.18 kb	Descarga

Colombia - Defensores Derechos Humanos: Persistencia de las Agresiones

Boletín Oidhaco Diciembre 2013 - Febrero 2014

Contiene un análisis sobre los escándalos de las Fuerzas Armadas así como la situación de los defensores(as) de DDHH, periodistas y sindicalistas, la falta de garantías políticas y Colombia en Europa.

Incluye los títulos siguientes:

- Inicio de año entre elecciones y escándalos de las Fuerzas Armadas.

- Persistencia de las agresiones en Colombia

o La situación de defensores y defensoras de DDHH en 2013

o Colombia - quinto lugar de impunidad en agresiones contra la prensa

o Falta de garantías políticas para personas que ejercen derechos democráticos

o La situación de los sindicalistas

- Colombia y Europa

o Gira en Europa de la ACOOC

o Visita del presidente de la Comisión europea a Colombia

- Colombia y la ONU - Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Ver documento en adjunto.

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	Boletin diciembre - febrero Oidhaco (PDF)	685.64 kb	Descarga