Sorprende que los acalorados enfrentamientos entre presidentes y expresidentes de Colombia, originados en la zona de distensión otorgada a los guerrilleros en El Caguán o a los paramilitares en El Ralito, no se repitan para el caso de las zonas de distensión tributaria que representan los paraísos fiscales.
Tanto los Panama Papers como los recientes Paradise Papers son sólo la punta del iceberg de la floreciente pero reprochable “industria financiera de baja fiscalidad”, nombre elegante para sofisticados y caros asesores especialistas en caminar por esa delgada línea que separa la elusión de la evasión de impuestos, lo inmoral de lo legal.
Tanto el presidente Santos como su socio y exministro Gabriel Silva han ido lejos y justifican su sociedad en una zona de distensión tributaria con el cuento de que la isla de Barbados no es un paraíso fiscal por haber firmado acuerdo de cruce de información con Colombia, según el decreto 1966 de 2014.Sin embargo, dichos acuerdos poco o nada han representado en transparencia tributaria o societal, y por ello Gabriel Silva encubre a sus socios en el Grupo Global Tuition, por cuenta de “prohibiciones estatutarias y legales que protegen el derecho a la información patrimonial” por encima del derecho que tienen los demás colombianos de saber qué hacen sus gobernantes con sus responsabilidades ante el fisco local. Además, dichos cruces de información son a petición de parte, no automáticos, dando espacio a la selectividad, discrecionalidad y conveniencia.
Estos acuerdos de cruce de información con paraísos fiscales son sólo papel. Es como si se firmara una declaración por la paz mundial o la erradicación de la pobreza: sólo forma. Además, muchos de los “pillados” con sociedades en Panamá pagaron sus multas y seguidamente se acogieron a la “reserva tributaria”, blindando su reprochable comportamiento con el erario.
De inmediato salió el superintendente financiero a dar tranquilidad sobre la Aseguradora Global, informando que tiene reservas por $2,2 billones para pagar, entre otros compromisos, las pólizas suscritas de educación universitaria de Global Education Group, esa sí radicada en Colombia, pero que curiosamente reporta en sus balances al cierre de 2016 préstamos a sus socios por $7.727 millones sobre un patrimonio bruto de $19.801 millones. Mucho que explicar en este entramado de poderosos y millonarios felices en su zona de distensión.
@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com
Publicar un comentario