"Tenemos que reconocer que a medida de que el proceso de paz y las negociaciones han ido avanzando durante los últimos cuatro años, uno de los elementos de la política del Gobierno de Colombia que no se ha mantenido a los niveles de antes ha sido las políticas antinarcóticos y la erradicación". Entiendo, palabras más palabras menos, que para él, el proceso de paz es un palo en la rueda de la lucha contra las drogas en Colombia.
A mi modo de entender, sus aseveraciones no tienen fundamento, son engañosas y van en contravía de lo que se ha acordado en La Habana en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. Según cifras del gobierno colombiano, la cantidad total de hectáreas sembradas con cultivos de coca comenzó a aumentar entre 2010 y 2011 (con 2000 hectáreas) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11971161, mientras que el proceso de paz comenzó en noviembre de 2012. Es decir, ya la tendencia existía antes del proceso de paz y no hay ninguna razón para vincular el fenómeno “proceso de paz” con la variable “áreas cultivadas de coca”. No hay que confundir peras con manzanas.
Además, las cifras de diferentes observatorios – nacionales e internacionales - coinciden en que, si ignoramos el pico de 2000, los cultivos de coca han aumentado ligeramente desde los años noventa hasta ahora. La guerra contra las drogas, que comenzó en 2001, produjo una disminución repentina de los cultivos de coca, sólo hasta que los cultivadores mudaran sus cultivos a otras áreas del país en el 2004. Desde entonces, el número de hectáreas cultivadas ha subido y bajado ligeramente, sin producir resultados muy convincentes, a pesar de millonarias inversiones.
Es ampliamente conocido que la respuesta histórica por parte de los cultivadores de coca a las políticas de erradicación sin inversión social y fumigación aérea ha sido la de desplazamiento y resiembra en otras áreas. Es por ello que la Mesa de Conversaciones ha diseñado una nueva estrategia, cambiando el enfoque de la política anti-droga y reconociendo el problema como un fenómeno social, no criminal.
Las declaraciones irreflexivas de Brownfield instigan al gobierno colombiano a actuar en contravía de lo que se ha acordado en La Habana. Al mismo tiempo y contradictoriamente, el Gobierno de los Estados Unidos ha apoyado el proceso de paz de manera activa. El mensaje enviado aquí es por lo tanto bastante ambigua, de apoyo al proceso de paz en cuanto refiere a la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su reinserción en la vida civil, pero no para los acuerdos parciales que implican inversión social en las zonas cocaleras y de-criminalización de los productores y consumidores de coca.
Sus declaraciones son preocupantes en el sentido de que las élites colombianas en el poder podrían tomar en serio sus torpes palabras y asumirlas como orientaciones. Después de todo, los gobernantes colombianos son tristemente conocidos por traducir ciegamente los deseos de Washington en políticas para el país. Cualquier cosa hacen para mantener satisfecho al "poder detrás del poder", incluso si esto implicara retomar políticas atrasadas e infructuosas.
El celo del gobierno para cumplir con las exigencias de Washington se hizo evidente en abril de este año, cuando en varias poblaciones de Putumayo, tropas del Ejército nacional de repente empezaron la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito usando glifosato, suscitando grandes preocupaciones entre la población local. Esto incluso después de que la Organización Mundial de la Salud recomendara suspender su uso en abril de 2015.
A mi modo de ver, no se debería estar haciendo un análisis costo-beneficio aquí, o al menos no en términos de dólares versus hectáreas de cultivos de coca. Los Estados Unidos - y el mundo- simplemente deberían celebrar el hecho de que el Gobierno de Colombia finalmente haya decidido abandonar las criminales fumigaciones aéreas que causan efectos devastadores a flora, fauna, cultivos de pancoger y seres humanos; que se haya convencido de que criminalizando a los campesinos no se llega a ningún lado. Deben apoyar a Colombia en sus esfuerzos para dejar atrás su oscurantismo y adoptar un nuevo enfoque en materia de drogas, basado en la evidencia, más humano y más inteligente.
Las FARC-EP estamos plenamente convencidas que la nueva política anti-drogas va a significar un hito histórico y un gigantesco paso adelante en la lucha contra las drogas; será un modelo a seguir a nivel regional y mundial.
Por lo tanto, Brownfield haría bien en sacar sus conclusiones obtusas después de la implementación del nuevo Programa Nacional Integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito, no antes.
* El Secretario de Estado adjunto de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). Fue Embajador de Estados Unidos en Colombia entre 2007 y 2010.
