Headlines News :
Con tecnología de Blogger.

Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

Colombia: Falsa Democracia
Falsa democracia

RECOMENDADO CAMBIO TOTAL

[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

Hey loco, No dispares!

Vamos a Cuentiarnos la Paz

LOS RICOS NO VAN A LA GUERRA

Blog ESTADÍSTICAS

BLOG DESTACADO

Mostrando las entradas con la etiqueta indígenas. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta indígenas. Mostrar todas las entradas

[Colombia] La implementación del Acuerdo, consigna movilizadora del pueblo

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.

La anormalidad de la guerra convertida en normalidad en la vida de un país.

Contrario a los que creyeron que con la Dejación de Armas por las FARC-EP ya habían cumplido su cometido y lo que se avecinaba era la lucha contra la corrupción, el pueblo ha puesto de presente que en la Colombia de hoy la lucha por la implementación del Acuerdo de Paz es la consigna movilizadora.

Así lo han signado las movilizaciones campesinas y la Minga indígena, quienes también marchan por sus propias reivindicaciones, y han develado que si el gobierno no pone en ejecución lo acordado con ellos, mucho menos pondrá en ejecución la implementación de la paz de manera real y verdadera.

Así las cosas, el cumplimiento de la Implementación va aparejada con el cumplimiento de los Acuerdos con los sectores populares movilizados desde hace varios años atrás, los cuales han soportado la represión y el masacramiento por la lucha por sus reivindicaciones. Así de ésta manera, la Paz es un asunto prioritario para el pueblo que ha soportado la guerra, una guerra injusta impuesta desde los centros de poder oligárquicos e imperiales.

Desde luego, Colombia ha vivido una situación de anormalidad producto de la guerra decretada en 1964 en contra de 48 campesinos, convertida así en laboratorio de guerra contrainsurgente por el querer de los halcones de la guerra, el imperialismo estadounidense.

Reforzada esa anormalidad en la permanencia de un estado de sitio durante más de 30 años, de manera permanente, y en la legislación de guerra que todos los gobiernos oligárquicos sin excepción hacían aprobar por los parlamentos, legislación que se incluía al ordenamiento jurídico como algo ”normal” convirtiendo lo anormal en normal en la vida del país.

Por ello, en Colombia el horror de las desapariciones forzadas, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzoso y la acumulación de tierras en manos terratenientes-ganaderas, terminaron siendo vistas como algo ”normal” con el san benito de la guerra contra-insurgente.

Habrá algo más anormal en la visión de un militar, y de toda una sociedad, que la categorización de sus conciudadanos como un ”enemigo interno” al que había que acabar ”a sangre y fuego”? Esa visión las reforzaban los mandatarios de turno con expresiones acuñadas según el ”sabio” entender de cada uno, como la de aquel que dijo ante las ejecuciones de jóvenes inocentes que seguramente ”no estaban recogiendo café”.

Esas visiones y esa legislación de guerra aún están presentes en la vida nacional y corresponderá a los colombianos de bien realizar todos los esfuerzos por hacerla desaparecer de nuestra realidad de vida.
Es necesario entonces seguir en la lucha por la implementación del Acuerdo de Paz ya que la construcción de la paz es la vuelta de la vida del país a la normalidad dejada 53 años atrás.

No queremos dejarles a nuestros hijos y nietos un país envuelto en la anormalidad de la guerra, en el cual todos los desafueros e irrespetos a los derechos humanos fundamentales se justifiquen precisamente por esa anormalidad de la guerra.

Colombia hoy, por primera vez, se está inscribiendo en el concierto de las naciones precisamente por haber firmado el gobierno nacional y las FARC-EP el Acuerdo Final para una paz estable y duradera, el cual se está convirtiendo en un referente mundial, aún con la implementación pendiente. Imaginemos el grado de respeto que habremos conseguido de cumplir a cabalidad el gobierno nacional con todo lo pactado en el Acuerdo de Paz…


Defender la paz es entonces el imperativo histórico del momento. No podemos ser inferiores al reto que tenemos como colombianos amantes de la Paz.

[Colombia] Entrevista con JULIO CESAR TUMBO, ex autoridad indigena del pueblo Nasa y del CRIC

Los pueblos indígenas de Colombia continúan viviendo en medio de las agresiones, la violencia y la muerte


Asociación MINGA


La Asociación Minga denuncia y rechaza contundentemente las agresiones contra los líderes y lideresas del país, especialmente de las comunidades indígenas que siguen sufriendo los impactos de la violencia sistemática y selectiva en sus territorios, ante la mirada indiferente del gobierno Nacional y la Fuerza Pública que raya en la complicidad.“El posconflicto no ha traído la Paz a los pueblos indígenas” asegura la ACIN con razón. Y no solo a los pueblos indígenas, la violencia también se ha recrudecido para los liderazgos de los movimientos campesinos, comunidades negras, de Derechos Humanos, ambientalistas, y demás organizaciones sociales, en el marco de un proceso de paz que debería dar certezas de que va a haber garantías para quienes construyen país desde la diversidad. En el año 2016, según la información que recabamos en el Programa Somos Defensores, se incrementaron significativamente los asesinatos y atentados y continuaron presentándose múltiples agresiones, sobre todo a nivel local y regional. Entre enero y marzo de 2017 ya se han registrado cerca de 193 agresiones contra defensores y defensoras de los derechos, entre ellas 20 asesinatos.
Particularmente los pueblos indígenas siguen soportando los impactos de la violencia, no solo desde los grupos armados sino de una sociedad excluyente y racista que margina a las mayorías de la participación económica, cultural, ambiental y política. De los 80 casos de asesinatos de líderes y defensores documentados por Somos Defensores para el 2016, 15 personas pertenecían a pueblos indígenas, encabezando la lista, junto con los líderes y lideresas comunales. Solamente en los primeros 4 meses de 2017 han sido asesinados, desplazados y desaparecidos varios miembros de distintas comunidades indígenas: Awá, Paez, Embera Chamí, Wouanan, miembros del CRIC y de la ACIN en el Cauca, y de Comunidades del Alto Baudó en Chocó.
En el caso del pueblo Awá, en los últimos dos meses ya se han presentado 5 casos de homicidio: el domingo 16 de abril fueron asesinados Pedro Nel Pai Pascal, del Resguardo Gran Rosario; Jhonny Marcelo Cuajiboy del Resguardo de Piedra Sellada; y Ever Goyes del Resguardo Pulgande Tronquería; todos bajo la modalidad de sicariato, como lo denuncia la UNIPA, organización que acompañamos desde hace años en su labor por la defensa de la vida y la pervivencia en el territorio.
El pasado 19 de abril fue Asesinado el líder Indígena Nasa Gerson Acosta Salazar, quien fue gobernador en dos ocasiones del cabildo Kite Kiwe en Timbío Norte del Cauca, defensor de DDHH y líder de víctimas. Este hecho triste y lamentable profundiza la crítica situación de violación de los Derechos Humanos que se vive en el Departamento del Cauca, como en otras regiones del país, especialmente en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos.
El 20 de abril el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC alertó sobre la posible incursión del ESMAD al territorio ancestral del Resguardo de Kokonuko, en el municipio de Puracé Cauca, cuyas comunidades se encuentran en Asamblea Permanente tras el reiterado incumplimiento de los acuerdos territoriales por parte del gobierno. También en días pasados la Nación U´wa por esas mismas razones exigió respeto y garantías a su mandato comunitario frente a la reapertura de Zizuma, el Parque Nacional el Cocuy, y reiteró su compromiso de mantener la movilización en defensa de la vida y el territorio. Estas denuncias, entre otras, así como la situación de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades indígenas en el país denotan la permanente violencia armada y estructural ejercida contra nuestros pueblos ancestrales.
Frente a la intensidad de las agresiones contra las dirigencias sociales del país, el gobierno pretende sacarle el cuerpo a su responsabilidad política afirmando que se trata de hechos aislados, delincuencia común o conflictos personales, “sin conexidad con la labor de liderazgo de los defensores asesinados”. Para las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, es claramente la continuidad de la persecución y de la impunidad, y de la acción criminal de grupos vinculados directa o indirectamente a intereses económicos y políticos, con la anuencia de unidades militares del Estado. Entonces sí hay conexidades: las víctimas tienen el perfil de ser líderes sociales, y casi todos los victimarios tienen algún tipo de relación con el establecimiento, dejando evidente que se mantiene en la institucionalidad y en los grupos de poder de la sociedad una Doctrina de Seguridad bajo la cual se sigue facilitando la concentración violenta de la riqueza y de las decisiones políticas.
Exigimos, de la mano de los pueblos indígenas y organizaciones sociales del país, que el gobierno Nacional y las autoridades competentes investiguen efectivamente estos hechos y determinen responsabilidades por acción y omisión. Que se tomen las medidas inmediatas y diferenciales para la protección individual y colectiva de los líderes y lideresas de los pueblos indígenas y de todas las organizaciones sociales. Que el gobierno cumpla los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas y las organizaciones sociales y se concreten los planes de salvaguarda étnicos como lo ordenó la Corte Constitucional
.
Exigimos, al unísono con el movimiento social, indigena y de derechos humanos de Colombia:
¡Que la Paz no traiga más muertos que la guerra”! ¡Que la Paz no nos cueste la vida!
¡Exigimos una nueva política de seguridad!

Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA

Fuente: http://asociacionminga.org/index.php/noticias/editorial/1036-los-pueblos-indigenas-de-colombia-continuan-viviendo-en-medio-de-las-agresiones-la-violencia-y-la-muerte

Salud indígena, entre la desigualdad, el reconocimiento y el mercado

Pese a los procesos de construcción concertada de la política pública de salud indígena en Colombia, sus avances resultan ineficaces debido tanto a los altos niveles de desigualdad que viven los pueblos indígenas como a la subordinación de cualquier acuerdo a la estructura de mercado de la Ley 100.

Agencia de Noticias UNBOGOTÁ D. C., 30 de diciembre de 2016 -
Según el censo de 2005, la población indígena es de 1.392.623 habitantes distribuidos en 27 departamentos y 228 municipios. La mayoría habita en 710 resguardos titulados con una extensión de cerca de 34 millones de hectáreas (el 29,8 % del territorio nacional), la mayor parte de ellos en ecosistemas estratégicos como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Chocó Biogeográfico, la Amazonía y el Macizo Colombiano, entre otros.
Se estima que existen más de 102 pueblos indígenas, el 70 % ubicado en los departamentos de Meta, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. En total se registran 64 lenguas oficiales y un gran número de dialectos agrupados en 13 familias lingüísticas.
Según el profesor Jaime Hernán Urrego, candidato a Ph. D. en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), los pueblos y territorios indígenas padecen diferentes formas de violencia relacionadas con las zonas que habitan, de interés estratégico militar, económico, social y político para los actores del conflicto. “Estos guardan estrecha relación con los intereses del gran capital, el extractivismo, la generación de energía y el narcotráfico”, señala el docente en un artículo de análisis publicado en la edición 205 de UN Periódico.
La población indígena es sujeto de normas que suelen vulnerar sus derechos en participación política, tierras, recursos naturales, salud y educación. Además, “pocas veces es consultada en el diseño de programas gubernamentales, que pasan por alto su cultura. Al mismo tiempo, la defensa que realizan de sus derechos y territorios los ha convertido en diana de las violaciones a los derechos humanos”, menciona el profesor Urrego.
Algunos indicadores relacionados con el ámbito de la salud muestran que en 2013 la mortalidad materna entre la población indígena fue 6,8 veces mayor que la de población afrocolombiana, y esta dos veces mayor que la nacional.
Según el docente, “En relación con la tasa de mortalidad infantil, esta es 2,6 veces mayor entre los indígenas de la media nacional, y la mortalidad por desnutrición es dos veces mayor en aquellos municipios con población indígena en comparación con el promedio nacional”.
Como resultado de un proceso de contienda política de las organizaciones indígenas, escribe, durante las últimas cuatro décadas se ha desarrollado una política pública en salud marcada por tres grandes tensiones.
“La primera de ellas es el deterioro progresivo y profundo de las condiciones de vida y de los procesos de determinación de la salud, que están implicando la extinción de algunos de estos. La segunda se relaciona con la lucha por la gobernabilidad y participación de las comunidades en el sistema de salud colombiano; y la tercera corresponde a la reivindicación de gozar de un modelo de salud propio e intercultural que abarque la cosmovisión, los saberes y las prácticas de cada pueblo, los conceptos de territorio y la adaptación sociocultural de la medicina occidental”, enumera.
Dichas tensiones se vienen plasmando en políticas públicas que se han transformado significativamente desde finales del siglo XIX (Ley 89 de 1890) –cuando los indígenas eran considerados menores de edad que debían ser civilizados– hasta la Constitución de 1991, en la que emergen como sujetos colectivos de derecho, revestidos de poder y autoridad en justicia, gobierno y administración de sus territorios. 
Atención integral 
El profesor Urrego menciona que la legislación explícita en salud empezó con el decreto 1811 de 1990 y la resolución 5078 de 1992, instrumentos que determinan la gratuidad en los servicios de salud, el fortalecimiento de la medicina tradicional y la formación de personal propio de salud.
También señala que con la Ley 100 de 1993 comenzó una nueva etapa para el desarrollo de las tensiones entre los pueblos indígenas y el Estado, en el escenario de un modelo de salud basado en el mercado con subsidio a la demanda individual, gestión del riesgo financiero frente a contingencias individuales, muy precaria intervención colectiva y, sobre todo, desaparición de la gratuidad y la centralidad de la medicina tradicional.
Después de 23 años de Ley 100 –y en medio de grandes movilizaciones, diálogos y negociaciones– se han producido una veintena de normas que van desde acuerdos del extinto Consejo de Seguridad Social, la desaparecida Comisión de Regulación en Salud (CRES), resoluciones, decretos, leyes como la 691 de 2001 –sin reglamentar a la fecha–, parágrafos en los planes de desarrollo nacional y textos de reformas a la Ley 100, hasta el Decreto Ley 1953 de 2014, que consagra el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (Sispi).
Según el experto, en su origen comunitario, esta propuesta buscaba resolver las tensiones a favor de una gobernabilidad de todo el sistema de salud en los territorios indígenas, a cargo de las autoridades propias, reconocidas por el artículo 330 de la Constitución de 1991.
El profesor explica que la iniciativa busca fortalecer la medicina tradicional y adecuar socioculturalmente la medicina occidental y las medicinas alternativas para intervenir de manera integral los procesos de determinación en salud y calidad de vida a través de los componentes político-organizativos, de formación e investigación, de administración y de cuidado de la salud.
“No obstante lo anterior, y como ha sucedido desde la Ley 100, el proceso de reconocimiento a la diversidad étnica ha ido de la mano de la subordinación de las propuestas indígenas a la lógica del Sistema General de Salud y Seguridad Social y a la creación de instituciones como las EPS y las IPS indígenas”, señala.
En su opinión, si bien tales adaptaciones se rigen por el sentido y la normatividad del modelo de salud basado en el mercado y en su profunda lógica individualista, esto ha provocado la reducción de la gobernabilidad indígena a aspectos marginales en medio de la complejidad de este tipo de instituciones, que hoy en día afrontan una grave crisis de sostenibilidad, legitimidad y eficacia, lo cual relega a un segundo plano los modelos de salud propios, colectivos y territoriales.
En este contexto, “el Sispi se ha convertido en un campo de contienda en el que el Gobierno está siempre presto al reconocimiento formal de lo propio en salud, pero en el marco de la imposición real de unas reglas de juego y un modelo que además amenaza con debilitar las organizaciones indígenas”.
Para el profesor, al tenor de la jurisprudencia constitucional, la legislación internacional, el proceso de paz y el tránsito al posconflicto, es importante advertir acerca de la necesidad de construir un verdadero modelo intercultural en el que los saberes y poderes de sujetos colectivos sean reconocidos sin la asimetría entre diversidad formal y hegemonía del mercado, al mismo tiempo que se reducen las desigualdades para estas comunidades.
(Por: fin/JHU/dmh/LOF)N.° 136
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

Tendencias

.

Basta de Terrorismo de Estado

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. CambioTotalRevista - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger