Un asunto de voluntad

Por: Editorial del Semanario VOZ/Pacocol. El miércoles 23 de octubre, cuando entre en circulación esta edición del semanario VOZ, comienza la 16 ronda de la Mesa de La Habana, dedicada al segundo tema de la agenda: la participación política, hasta ahora no terminado porque los voceros gubernamentales objetan aspectos esenciales del Estatuto de la Oposición, del acceso a los medios de comunicación y de las garantías políticas para las FARC. Sin que contemplen, por ejemplo, las reformas políticas esenciales que fortalezcan la democracia y creen las condiciones de igualdad para que todos los partidos y movimientos políticos actúen en plano de igualdad en el escenario electoral y en la vida nacional.

 

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Santos quiere la paz de los vencidos

Pacocol. En la medida en que crecen las necesidades políticas de su reelección y que se difunde la angustia por la veloz reducción de sus potenciales electorales, el señor Santos y sus delegados en la Mesa de conversaciones en La Habana, despliegan una inusitada presión y un arrogante chantaje sobre la delegación plenipotenciaria de la resistencia campesina revolucionaria para que suscriba una "paz express", con documentos intrascendentes respecto de los problemas centrales que sustentan la prolongada guerra civil nacional.

Por: Horacio Duque

 

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Los apremios del capital

Por Rodrigo López Oviedo/Tomado de Marcha Patriótica.

El régimen burgués está hecho para defender los intereses de la burguesía, así deba acudir a mentiras para dar a entender lo contrario.

Cuando se privatizó el Seguro Social, el presidente de entonces -ese de ingrata recordación, el mismo del poncho y el perrero- y  alguno de sus ministros estrella, ahora estrellado en los tribunales, defendían la conveniencia de tal medida con el argumento de ponerle coto a la ineficiencia de ese organismo. Años después, las fórmulas de solución, cargadas de EPS, IPS y demás engendros, en lugar de solucionar, agravaron el problema.

Igual ocurrió con la privatización de Telecom, a la cual se le endilgaba incapacidad para hacerle frente a los retos de la telefonía móvil, por estar anclada en un modelo de telefonía fija llamado a desaparecer. Por el contrario, ni ha desaparecido la telefonía fija, ni los usuarios se encuentran satisfechos con los prestadores privados de hoy, como bien lo demuestra el número creciente de ciudadanos que tienen que reclamar por sus pésimos servicios.

Estos son solo dos ejemplos, aunque tal vez los más lamentados y lamentables entre los muchos por los que ha tenido que transitar la vida institucional del país en estas dos décadas de ensañamiento con los bienes públicos, pues son muchos más los casos lamentables de privatización que se han dado.

Por lo que respecta a Ibagué, bien es sabido que prácticamente se quedó sin entidades prestadoras de servicios públicos, ya que, salvo el IBAL, todas fueron entregadas a empresas privadas, en cuya composición accionaria es prácticamente inexistente la participación del capital local.

Esto no quiere decir que el IBAL esté salvado. Por el contrario, cada vez es más frecuente el comentario acerca de la privatización de algunas de sus áreas, como el de la comercialización de servicios, lo cual colocaría la joya de la corona en manos oligárquicas, dado que por su alto costo, son las únicas que podrían posarse en ella.

Pero los apremios del gran capital no cesan. Ahora resulta que hasta ese rinconcito amable de Ibagué al que acuden las juventudes ansiosas de triunfos a preparar sus cuerpos para la competencia en las más variadas disciplinas, y del cual han salido muchos campeones para gloria de la región, ese rinconcito amable que conocemos como la Unidad Deportiva, y en el que hay piscina olímpica, coliseo cubierto, canchas varias y varias sedes de ligas, pretende ser privatizado también, para abrirles paso a nuevos centros de consumo y vivienda de élite. Pero todos sabemos lo que se perdería con esta privatización y entre todos impediremos que se consume. No permitiremos que la juventud sea sacada de allí.

El verdadero patriotismo de la oligarquía colombiana

San Andrés y la Drummond

Renán Vega Cantor

Rebelión

A finales del año anterior, tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el diferendo entre Colombia y Nicaragua, los medios de comunicación, voceros de las clases dominantes, políticos y politólogos, abogados y una caterva de oportunistas, encabezados por un expresidente de la República –el más descarado pro imperialista y vendepatrias que se recuerde en la historia de sumisión que caracteriza a la oligarquía criolla- llamaron a desconocer el fallo y, recurriendo al más barato y mentiroso de los nacionalismos, clamaron porque se adelantara una guerra contra Nicaragua para defender los Callos y el mar circundante. Al mismo tiempo, los sicarios del micrófono y de la pluma –que abundan en este país- pasaron rápidamente a difundir sus breviarios de odio y resentimiento contra los nicaragüenses. Enseguida, Juan Manuel Santos siguió con la misma tónica y decidió desconocer el fallo, con lo que se ha dado muestra que el colombiano es un Estado canalla, al estilo de Israel o los Estados Unidos, para el cual el derecho internacional solamente es aceptable cuando le conviene o cuando las grandes potencias le imponen sus intereses.

Todos esos chovinistas, con unos bríos que los hacían aparecer como cruzados medievales en defensa de la patria –es decir de sus fundos, bancos y propiedades-, se rasgaban las vestiduras como los primeros defensores de la soberanía nacional, que supuestamente fue lesionada por los jueces de la Haya. En forma demagógica dieron la impresión de preocuparse por los habitantes raizales de San Andrés y Providencia y hasta realizaron manifestaciones políticas de rechazo al fallo mencionado en los territorios insulares del Caribe colombiano, derramando lágrimas de cocodrilo por la triste situación de los pescadores isleños, como si alguna vez en realidad se hubieran preocupado por ellos, que desde siempre han soportado el olvido y el abandono del Estado central.

Tales muestras de nacionalismo no pasaban de ser un simulacro porque, al mismo tiempo, los mismos sectores que tronaban contra Nicaragua y contra la corte de la Haya, son quienes han feriado y entregado el territorio colombiano para que sea un botín de las empresas multinacionales de la minería y lo han convertido en la más grande base militar de los Estados Unidos.

Por si hubiera dudas de su verdadero carácter antinacional del Estado colombiano, pocas semanas después, exactamente en el mes de diciembre de 2012, sucedió un hecho que demostró fehacientemente ese espíritu entreguista, cuando en silencio y casi a escondidas se le dieron a la empresa carbonífera Drummond 60 mil millones de pesos, para cumplir con un laudo arbitral que se falló en contra de Colombia a finales del 2011, por parte de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio, son sede en París. El origen de este fallo se remonta a la demanda que la Drummond interpuso contra el Estado colombiano por supuesto incumplimiento en el transporte de carbón por ferrocarril desde el Departamento del César hasta Santa Marta, más exactamente por parte de Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO.

Como suele ser normal en estos casos, el fallo favoreció a la empresa multinacional del carbón, y los árbitros enviaron copia del Laudo a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justica que dio un concepto favorable, con el argumento que el fallo era acorde con el derecho interno de Colombia. Los árbitros habían determinado que Colombia debía pagar 38 mil millones de pesos por costos de transporte de carbón y 13 mil millones por no haber cumplido con sus deberes de vigilar y controlar la vía. El fallo fue aceptado sin ninguna oposición, ni jurídica ni política, pero como el presupuesto del año 2012 ya estaba aprobado no se asignó la partida correspondiente, y no se pudo pagar en el 2011. Esto se hizo con un impresionante mutismo y en secreto en diciembre de 2012, cuando se le entregaron 60 mil millones de pesos como parte de la multa impuesta al país, más los respectivos intereses.

No es que sea novedoso que el Estado colombiano y sus diversas instancias, como la Corte Suprema, avalen los intereses del capital transnacional sin reparo alguno, lo que resulta llamativo es que el desembolso de la indemnización que se le entregó a la Drummond se hubiera hecho en el mismo instante en que el fervor patriotero contra Nicaragua alcanzaba las cotas más altas. Y llama también la atención que el abogado que “defendió” al país en este laudo haya sido un uribista de pura cepa, nada más ni nada menos que Edmundo del Castillo, Secretario Jurídico de la Presidencia ilegitima del hacendado paisa, y hoy acusado de varios delitos, entre ellos las chuzadas ilegales del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Es decir, que de manera directa, un miembro de los que se reclaman como grandes patriotas, tanto que cantan el himno nacional con la bandera al pecho al más puro estilo fascista y con camisa negra al estilo de Juanes, no sólo sabía del resultado adverso contra los intereses del país que se perpetró en París, sino que intervino de manera directa en el asunto. Sin embargo, ante tamaño atraco ninguno de los patrioteros que se hacían cruces por la decisión de La Haya ha abierto la boca para protestar y denunciar el arrodillamiento ante la Drummond. Los mismos que respiran odio y entonan canticos de guerra contra nuestro vecino centroamericano han permanecido mudos y, por supuesto, no han hecho encendidos y belicosos llamados para que ese fallo a favor de la multinacional del carbón fuera desconocido. Ni el ex presidente paisa ni Juan Manuel Santos, tan beligerantes a la hora de desconocer el fallo relacionado con San Andrés, han comentado este acontecimiento ni han enviado al respecto ningún insoportable mensaje a través del twitter, como cuando se anuncia, con regocijo propio de los vampiros sedientos de sangre, el asesinato de algún comandante de la insurgencia. Santos, por ejemplo, afirmaba el 18 de diciembre que no acataría el fallo de la Haya, al tiempo que por debajo de cuerda ya se habían entregado los 60 mil millones de pesos a la Drummond, empresa que, como en el cuento de Rafael Pombo, es una pobre viejecita sin nadita que comer.

Este silencio simplemente revela hasta donde llega el supuesto nacionalismo de la oligarquía criolla: patrioterismo barato y retórico respecto a otros países de la región, más pequeños y en teoría más débiles militarmente (recuérdese al respecto lo sucedido con Ecuador en marzo del 2008) y sumisión absoluta y abyecta respecto a los países imperialistas y sus empresas multinacionales, a los que se les concede todo lo que exijan.

En el caso de la Drummond el asunto adquiere unos mayores ribetes de indignidad, si se tiene en cuenta que esta multinacional estadounidense, que explota el carbón en la costa atlántica colombiana, es responsable de innumerables crímenes ambientales y sindicales. Crímenes ambientales, puesto que desde hace años viene destruyendo los ecosistemas de la región, contamina campos y ciudades, vierte toneladas de carbón al mar, como se ha comprobado recientemente, y en virtud de lo cual se le impuso la ridícula multa de 2.900 millones de pesos, es decir, 20 veces menos que la que le pagó el Estado colombiano. Y crímenes laborales, porque se ha comprobado que esa empresa ha financiado a grupos paramilitares que han asesinado a varios dirigentes sindicales. Además, uno de sus más acérrimos defensores, y ahora ex presidente, admitió haber recibido dinero de esa empresa para pagar los honorarios del abogado que logró que ese personaje no declarara en los Estados Unidos en el proceso que se adelanta contra la Drummond por paramilitarismo y asesinato de sindicalistas.

Con este hecho queda claro el verdadero significado del patriotismo barato y de pacotilla de la oligarquía y del Estado colombiano. Ese patrioterismo sólo sirve para incitar el odio y el racismo contra los países vecinos, a la par que le sirve de disfraz a esa oligarquía para encubrir su carácter de ficha incondicional de los intereses imperialistas en el país y en la región, a nombre de la pretendida confianza inversionista, un simple eufemismo para ocultar su mentalidad servil y neocolonial.

(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia.  Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008.

“Ni en La Uribe, ni en Tlaxcala, ni en el Caguán, fuimos nosotros los que abandonamos la mesa”: FARC-EP

Pacocol

Así lo confirmó el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC E-P, Timoleón Jiménez, en entrevista con RCN y la FM.

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Planear ejecuciones extrajudiciales en Colombia es simple encubrimiento

Claudia J Duque - Radio Niskor

Un grave "blindaje jurídico" que favorecerá a miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a los derechos humanos acaba de ser avalado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que en un cambio jurisprudencial sin antecedentes en el mundo ratificó la condena a tan sólo dos años de prisión contra un militar que confesó haber participado en la planeación de dos casos de los llamados "falsos positivos".

Víctimas de Crímenes de Estado |

En efecto, pese a la definición de la legislación penal colombiana, el máximo tribunal de la justicia ordinaria conceptuó que el conocimiento previo de graves crímenes y la permisividad frente a su ocurrencia, constituyen un delito menor: encubrimiento [1]

Con esta nueva jurisprudencia queda abierta la puerta para que la mayoría de los 3.963 [2] miembros de la fuerza pública investigados dentro de los 2.005 [3] procesos que lleva la Fiscalía General de la Nación y los más de 400 [4] que aún tiene la justicia penal militar por casos de homicidio en persona protegida ("falsos positivos"), reclamen un trato similar al que recibió el cabo primero Gelver Eduardo Muñoz Montilla, adscrito al Batallón Pedro Justo Berrío de Medellín, condenado a tan sólo 24 meses de prisión dado que no participó directamente de las ejecuciones extrajudiciales.

EL CASO

En el año 2007 Muñoz Montilla confesó haber conocido de la planeación de un operativo ocurrido el 25 de mayo de 2004 y el posterior montaje mediante el cual dos jóvenes del corregimiento San Cristóbal de la capital antioqueña, Arley de Jesús Vallejo Cardona y Yon Fredy García Carmona, fueron presentados como milicianos de las FARC muertos en combate. En los hechos participaron también miembros de la Agrupación de las Fuerzas Especiales Urbanas (AFEUR) del ejército nacional, quienes recibieron recompensa en dinero por el "positivo".

Además de Muñoz Montilla, a la investigación fueron vinculados en calidad de encubridores el Sargento Viceprimero Sergio Ezequiel Rojas Ochoa (también sindicado del homicidio) y los soldados profesionales Sergio Pérez Restrepo, Alberto Elías Pérez Arango, Hugo Zuluaica Gaviria, José Hernández Parra y José Mosquera Delgado, todos ellos pertenecientes al Batallón Pedro Justo Berrío. Por el delito de homicidio, fueron acusados Robinson Jhon Edgar Lozano Garnica, Dairo de Jesús Henao Posso, Juan Javier Gallego Varelas, Joaquín Ferney Hidalgo Huigita, Carlos Alberto Villa Cañón, Román Albeiro Gutiérrez Jaramillo, Ismael Enrique Romero Martínez y Cesar Felipe Castillo, miembros de la AFEUR.

Gelver Muñoz se acogió a sentencia anticipada y a comienzos de 2008 fue condenado por el Juzgado 4º Penal del Circuito a 2 años de cárcel por el delito de encubrimiento por favorecimiento agravado, decisión que fue apelada por el agente del Ministerio Público en el proceso, y que fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín en noviembre de ese mismo año.

REBAJA DE PENAS DE FACTO

La sentencia, que rebajó la pena de un máximo de 60 años a un mínimo de 2, fue avalada por todos los sujetos procesales, incluida la Fiscalía, con excepción del Procurador 140 Judicial II en lo Penal de Medellín, quien llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia, órgano que el pasado 26 de septiembre conceptuó que la participación de Muñoz Montilla "fue marginal en el sentido de que no estuvo en el sitio donde fueron muertos los civiles, tampoco disparó su arma en contra de ellos, no intervino para ponerles los camuflados ni en la plantación de armas como evidencia de que se trataban de guerrilleros en combate".

La decisión de la Corte [5], con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar, fue avalada por la mayoría de la Sala Penal, integrada por José Leonidas Bustos Martínez, José Luis Barceló Camacho, Fernando Castro Caballero [6], Julio Enrique Socha Salamanca y Javier de Jesús Zapata Ortiz. La única que salvó su voto fue la magistrada María del Rosario González Muñoz.

Al negar el recurso de casación, los togados aseguraron que éste "solo es procedente cuando se encuentre demostrada alguna situación de nulidad, o una ostensible afrenta a las garantías fundamentales, que acá en verdad no se aprecia (…)". Según la Corte, la única violación al debido proceso posible habría sido que el delito por el cual se acusó a Muñoz hubiera variado entre la etapa de investigación y la fecha de la sentencia.

Para el Procurador 140, en cambio una condena tan baja y por el delito de encubrimiento en lugar del de coautoría, podría -como en efecto sucedió- "permitir que un caso de esta trascendencia, connotación y gravedad quede finalmente impune y la abierta vulneración a los derechos y garantías fundamentales aquí quebrantadas permita salir airoso a un condenado que participando en la ejecución extrajudicial de dos seres humanos, ha recibido una condena ilegal por un punible de baja categoría, pues ilegalmente y sin saber por qué, le erigieron en encubridor de unos crímenes de los que fue simple y llanamente autor, cuando menos cómplice".

SALVAMENTO Y CONSTANCIA HISTÓRICA

La única que se apartó de la decisión mayoritaria fue la magistrada María del Rosario González Muñoz, quien en su salvamento de voto [7] alertó que "olvida la Sala mayoritaria que es precisamente en asuntos como este en los cuales debe tener en cuenta la especial condición de Muñoz Montilla, dado que no se trata de un simple ciudadano, sino de un cabo primero del Ejército colombiano, es decir, de una autoridad cuyas misiones constitucionales y legales son diversas a las de un particular".

Para la magistrada, "si de acuerdo con el artículo 2º de la Carta Política las autoridades están instituidas para proteger a las personas en su vida y otros bienes, motivo por el cual es incuestionable que tienen posición de garante por institución, no se aviene con tal comprensión constitucional que si un militar tiene conocimiento previo de la futura comisión de ’bajas’ en un escenario manifiestamente ilegal, su silencio sobre el particular se adecue simple y llanamente al delito de favorecimiento".

A juicio de la magistrada González Muñoz, "se imponía reconocer un evidente yerro en la calificación de la conducta como encubrimiento por favorecimiento, para en su lugar señalar que se trataba de un concurso homogéneo de delitos de homicidio en persona protegida".

CORTE SUPREMA CONVALIDA LA IMPUNIDAD: EXPERTOS

Tras leer la sentencia, expertos consultados por Radio Nizkor coincidieron en rechazar la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en la práctica equivale a un "blindaje jurídico" para servidores del Estado involucrados en violaciones a los derechos humanos, incluso mayor que el que pretende asegurarse con la aprobación de la reforma al fuero militar que cursa en el Congreso de la República.

Para Jorge Molano, abogado y representante de víctimas de "falsos positivos", el fallo de la Corte "cierra los mecanismos en la justicia interna, convalida la impunidad al desconocer el carácter sistemático de las ejecuciones extrajudiciales y rompe el Código Penal, pues aplica responsabilidad por encubrimiento a quien conocía con anterioridad que el crimen sería cometido".

El abogado aseguró que la sentencia de la Corte "prácticamente elimina la eficacia del marco jurídico para la paz, pues ha consolidado la impunidad de antemano. Un tipo de penas así frente a ejecuciones extrajudiciales invita a la repetición de los crímenes, pues la pena es irrisoria y lleva a un desquiciamiento de cualquier política criminal".

Por su parte, para el abogado y columnista Ramiro Bejarano la sentencia "convierte en un juego de niños lo que fue una orgía sangrienta. No hay duda que esta nueva Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, hace rato trazó una peligrosa ruta de desprestigio de su tarea que despierta la desconfianza ciudadana".

Bejarano calificó de "deplorable para el Estado de Derecho y la justicia" esta nueva jurisprudencia, que constituye un "grave retroceso, porque la justicia en vez de avanzar con paso seguro a reprimir el terrorismo de Estado, parece alegrarse con tejer dudosas fórmulas que ampararán a los militares que usen el poder para delinquir. Le esperan días aciagos en materia de derechos humanos al país".

Según el jurista, "la nueva providencia de la Sala Penal de la Corte parte del supuesto de que los militares no habrían participado en los falsos positivos sino simplemente encubierto a otros: Esa postura apunta a desvirtuar el concepto de delitos de sistema, como lo fueron los falsos positivos, que obedecieron a una idea permanente y organizada de aniquilar inocentes para inflar resultados en la lucha contra la insurgencia. Al considerar que los militares fueron simples encubridores, se desnaturaliza el criterio de crímenes sistemáticos que revistieron los falsos positivos, que se idearon y perpetraron en función de una idea criminal de aniquilamiento de un grupo de personas de la población civil".

Ambos juristas coincidieron en afirmar que el fallo cierra los mecanismos internos de justicia y abre las puertas a la jurisdicción universal. Para Molano, además, "si en una sentencia judicial funcionarios del Estado resultan encubriendo crímenes, la Corte Penal Internacional también podría entrar a estudiar la responsabilidad de quienes en su función de jueces y fiscales han participado y propiciado actos de encubrimiento. Sin duda, con esta jurisprudencia, la Corte Suprema se ha convertido en un equivalente de ausencia de justicia en Colombia".

Notas

[1] Las leyes 599 de 2000 y 890 de 2004 definen que incurre en encubrimiento quien "tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente". Para delitos cometidos antes del 31 de diciembre de 2004, la pena estaba fijada entre 1 y 4 años de prisión, y de entre 4 y 8 años cuando el delito que encubierto era el de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

[2] Comisión Colombia - Europa - Estados Unidos (CEEUU). "Ejecuciones extrajudiciales 2002 - 2010. Crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la seguridad democrática", documentos temáticos No. 8. Bogotá, septiembre de 2012. En este aparte el informe cita como fuente cifras de la ONU.

[3] Ibídem. Según el informe, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía investiga a la fecha 1.613 casos, mientras las fiscalías seccionales llevan 392 procesos por los llamados "falsos positivos"

[4] Ibídem

[5] Sentencia: http://www.derechos.org/nizkor/colo...

[6] Ver: Fernando Castro Caballero: de defensor de Víctor Carranza a magistrado de la Corte Suprema. Equipo Nizkor, 29 de marzo de 2011. En: http://www.derechos.org/nizkor/colo...

[7] Salvamento de voto: http://www.derechos.org/nizkor/colo...

Abogado de Joaquín Pérez Becerra(ANNCOL), preso político colombiano, exige rectificación de Telesur

por Rodolfo Ríos

En honor a la verdad, el único noticiero que NO estuvo presente durante el juicio político público a JOAQUIN PEREZ BECERRA, fue TELESUR. Pero también fue el Noticiero TELESUR, que inexplicablemente, sin fuentes serias, irresponsablemente, calumnia al periodista.

Publicado en Amèrica latina 

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La construcción de una Colombia en Paz

Revista Cambio Total.

Las hechos políticos se nutren de su propia construcción. Por ello, la construcción de una Colombia en Paz depende de que en las discusiones –que no diálogos- de los Acuerdos de Paz se aborden las causas que dieron origen al conflicto interno en sus dimensiones económicas, políticas y sociales.

Ese abordaje es el que no quieren algunos representantes del « establecimiento » super corrompido y politiquero. Ellos quieren « vencer en la mesa de negociaciones » a la insurgencia armada, cosa que no lograron ni han logrado en el plano militar. Esta última precisión es imprescindible a la hora de las discusiones y diálogos.

El « procurador », ese personaje super retardatario y corrompido como es Ordóñez, mete su cucharada en el tema de la Paz, tema en el cual es totalmente ajeno y adolece de una ignorancia absoluta. Y con su pose de « ángel de los demonios » se cree todopoderoso porque la Corte Suprema de Justicia retomando sus posiciones retardatarias lo postula para un segundo período.

Lo cual demuestra la justeza en la posición de las FARC-EP de la necesidad de cambiar las costumbres políticas y entrar a construir con el pueblo la forma de hacer política verdadera, priorizando la solución de los ingentes y largamente aplazados problemas políticos (corrupción, transfuguismo, respeto a los derechos humanos, en primer lugar el derecho a la vida porque sin vida es imposible el goce de los otros derechos, reivindicaciones sociales, económicas, etc), y condenando a los corrompidos al ostracismo político, cuando no a la cárcel.

En ese orden de ideas, es también necesario aclarar que los guerrilleros de las FARC y el ELN son políticos en su esencia. La forma de hacer política de la oligarquía –de la mano con el imperio gringo- no les dejó otra opción que adelantar la lucha política con las armas en la mano, a fin de defender la vida de los colombianos y la soberanía nacional. Ellos han construído su « carrera política » a golpes de fusil, no es que el « establecimiento » les ofrezca « construir una carrera política », sino que ellos han abierto su espacio, desbrozado el camino de su carrera política, con los hechos político-militares del accionar guerrillero por más de 50 años.

Igualmente se deben abordar las dimensiones económicas y sociales, con hechos y cifras reales y no con las maquilladas de los funcionarios al servicio de la oligarquía. Además, el estado es una creación oligárquica que ellos deconstruyen cuando les conviene o es necesario ajustar a las nuevas « realidades » según el punto de vista burgués. Por ello, los que creen que el estado burgués es intocable y sempiterno están más que equivocados. 

Si el pueblo colomibano, que debe tener su vocería en las conversaciones de Paz, participando directamente del proceso y acompañándolo con sus manifestaciones, foros, actos, mítines, propaganda, etc, decide en su sabio entender de Constituyente Primario que es necesario « tocar » al Estado, pues no le vemos ningún problema. La soberanía nacional, largamente defendida por las FARC, reside en el pueblo y éste debe ejercerla. No podemos « seguir en las mismas con los mismos », pues entonces de nada han valido 50 años de lucha.

Colombia tiene que cambiar y el cambio debe ser total. No podemos aplazar la satisfaccion de éstas ansias de libertad y democracia de los colombianos, mejor dicho, del pueblo colombiano.