Según los recientes trinos de Rodrigo Londoño “Timoleón Jiménez”, el Consejo Nacional de Reincorporación -CNR- confirmó haber avanzado en la recolección de la información de los menores de 18 años que aún se encuentran en las filas de las FARC-EP. Estos menores, según Londoño “serán recibidos en lugares de acogida por UNICEF, con apoyo de OIM, la Consejería Presidencial para los DD.HH y delegados del CNR” para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, reparación, reincorporación e inclusión social.
Esta noticia representa una victoria para el proceso de Paz y para un país que ha parido varias generaciones en medio del conflicto social, político y armado. Un joven menos en la guerra es un joven más para el arte, la cultura, el desarrollo de las naciones y, en general, para la reconstrucción del tejido social de la Colombia que tenemos tan maltrecha por la guerra.
Esta noticia conmociona a todos los sectores que se han manifestado a favor de la salida de los menores de las filas de la guerrilla y su reincorporación a la vida civil. Sin embargo, no deja de sorprender que los representantes políticos que más ruido hicieron por la entrega y salida de los jóvenes, ahora guarden silencio ante tan alentador acontecimiento.
Álvaro Uribe Vélez y Claudia López, promotores de la fallida iniciativa de suspender la refrendación de Justicia Especial para la Paz en el Congreso hasta que todos los menores se encontraran fuera de las filas guerrilleras, no sólo no se han pronunciado al respecto de los avances en el proceso, sino que no han manifestado interés en garantizar que la reincorporación de los jóvenes a la vida civil tenga resultados exitosos.
Marta Lucía Ramírez, quien replicara una entrada de este portal y se manifestara públicamente exigiendo la salida de los menores puesto que, en sus palabras, “una sociedad tiene que revelarse frente a lo más indecente y lo más inhumano que es el uso y el abuso de sus niños” tampoco ha tenido una postura clara al respecto de la política de infancia del país que va a recibir a dichos menores. ¿Revelarse porque sí y ya?
Ahora, como si fuera poco, a la ecuación de “los menores de las FARC-EP” se suman las más de 80 guerrilleras embarazadas y los 60 bebés que han nacido durante el proceso de Paz y que en este momento, debido al incumplimiento gubernamental con las ZVTN, se encuentran viviendo en condiciones inhumanas. ¿Y las protestas de Uribe, López o Ramírez por los derechos de estos infantes? El silencio cómplice es la respuesta.
Para un país que reporta, según cifras del DANE, un total de 35.944 abortos en un año (2016) la noticia de 80 futuros nacimientos (guerrilleros o no) debería motivar una política que proteja a las madres gestantes y les garantice acompañamiento en salud integral durante todo su proceso. En las ZVTN las guerrilleras embarazadas han tenido que arreglárselas en lo que tiene que ver con alimentación o control de infecciones y enfermedades, sin ningún apoyo del legislativo.
Los niños nacidos durante el Proceso de Paz no tienen más de cinco años y, en lugar de guerra, el país les tiene preparada una desnutrición aguda que, de acuerdo a las cifras del portal SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud, en el 2016 cobró la vida de 84 niños en la Guajira, 26 en el Cesar, 24 en el Chocó al igual que en el Meta, 19 en Córdoba, 14 en Antioquia y Valle y 13 en Bogotá. ¿Acaso esas cifras no merecen la indignación de los políticos de Colombia? ¿Nadie ha planeado suspender los procesos legislativos hasta que los niños del país dejen de morirse de hambre?
La indignación por los menores en las filas de las FARC es un asunto cosmético que busca desestabilizar la implementación de los acuerdos. ¿Cuántos de estos políticos tradicionales denunciaron que, durante el año pasado, se hallan reportado 4052 nacimientos de madres de entre 10-14 años y 424 abortos en la misma franja de edad?
Nadie vio a Uribe, López o Ramírez convocar a multitudinarias marchas por los 4876 bebés que nacieron bajos de peso en Bogotá el año pasado, o los 2408 con la misma condición en Antioquia, los 1247 del Valle del Cauca, los 692 de Boyacá o los 649 de Córdoba.
Las FARC-EP están cumpliendo con la salida de los menores, el gobierno incumple con la adecuación de las Zonas Veredales, los Congresistas exigen cosas desde su escritorio en Bogotá y, mientras tanto, estamos próximos a alcanzar la cifra del 2016 que reporta 5001 niños menores de un año que murieron por distintas razones como la falta de garantía de derechos para ellos y sus madres.
Pese a la presión, la exigencia y el hostigamiento para que las FARC-EP garantizara la salida de los menores de las filas guerrilleras, el país no está listo para recibir a esos adolescentes y, mucho menos, a las nuevas vidas que se gestaron en las estructuras de las FARC. ¿Qué tienen Uribe, López y Ramírez para decir al respecto?
Oficina de Prensa Marcha Patriótica
