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¿Que matan líderes sociales? ¡Qué importa!
El número 156 equivale, por ejemplo, a 14,1 equipos de fútbol y 31,2 equipos de básquetbol. El número 96 se puede comparar con 6,4 salones de clase con un promedio de 15 alumnos, o con las personas que transporta un Embraer 190.
Piensen ahora que asesinan a los jugadores, a los niños o a todos los pasajeros del avión. ¿Terrible? Esos números son la realidad en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el año 2016 y marzo de este año, y la cifra del Gobierno Nacional, muy similar a la de Naciones Unidas, en el mismo periodo de tiempo, es de 96 homicidios.
Es dramática la diferencia de cifras entre una fuente y otra, lo cual demuestra que el Estado tiene pendientes las tareas de articulación, presencia y metodología, pero están matando a la gente en las regiones y eso no tiene ninguna discusión.
David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, opina para esta columna que “es innegable que hay una sistematicidad y un patrón que permiten determinar que se están ejecutando unos pasos para que ocurran los asesinatos. El patrón está compuesto por una campaña de estigmatización: ser líder social en la ruralidad es ser integrante de la guerrilla”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, responde: “Reconocemos la gravedad del caso, pero frente a la sistematicidad la información de la Fiscalía muestra que no hay un mismo patrón en los homicidios. Sí son líderes pero varios crímenes corresponden a razones distintas al liderazgo. Admito que falta acción y que hay que hacer presencia efectiva en las zonas que dejaron las Farc”.
El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, me cuenta que este año han recibido 83 denuncias de homicidios, 32 sí tenían liderazgo, 24 no lo tenían, 17 están en proceso de verificación y 10 víctimas no eran líderes pero sí miembros de organizaciones como el Partido Comunista y Marcha Patriótica. “La mitad de esos asesinatos fue cometida bajo la modalidad de sicario”, añade Howland.
Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. “El asesinato del 70 % de las víctimas que tenían rol de liderazgo ocurrió en áreas dejadas por las Farc. Son lugares donde todos los indicadores de violencia han aumentado”, y sobre la sistematicidad aclara: “Dentro del Derecho Internacional, sistemático tiene que ver con un plan centralizado y sobre eso no tenemos información suficiente. En razón de los derechos humanos sí hay un patrón que se repite”.
Carlos Negret, defensor del Pueblo, pide a través de esta columna “que no estigmaticen a los líderes sociales y defensores de derechos humanos porque eso los pone en riesgo y por eso los asesinan”. Hace un llamado al Gobierno para que atienda a tiempo las alertas tempranas y brinde la seguridad que está obligado a prestar.
Desde la Fiscalía me mandaron un video que colgaron en Twitter con información insuficiente que no cito porque no me ayudaron a ampliarla y confrontarla. Pero ahí está en la red de la entidad por si les interesa verla.
Mi conclusión es que seguimos naturalizando los homicidios, que desde todas las instancias se oyen discursos retóricos y que, a pesar de los esfuerzos de muchos, la cultura del conflicto armado sigue intacta. Si los asesinados fueran los jugadores, los niños o los pasajeros del avión que mencioné al principio, ¿sí reaccionaríamos? No sé, respondan ustedes.
* Periodista. @ClaMoralesM
Colombia. Asesinan al presidente de la Junta Comunal de Tibu, José María Lemus
Por TeleSURtv.net
La criminalización de líderes sociales y activistas de los derechos humanos es un tema que preocupa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones colombianas por igual. El Congreso de los Pueblos de Colombia informó en su Twitter el asesinato del líder comunal, José María Lemus, presidente de la Junta Comunal Tibu, ubicada […]
La criminalización de líderes sociales y activistas de los derechos humanos es un tema que preocupa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones colombianas por igual.
El Congreso de los Pueblos de Colombia informó en su Twitter el asesinato del líder comunal, José María Lemus, presidente de la Junta Comunal Tibu, ubicada en el norte del departamento de Santander.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el riesgo que corren los líderes sociales en Colombia, donde se han reportado decenas de asesinatos en lo que va de 2017.
La institución internacional expresó su preocupación al Gobierno de Juan Manuel Santos por los 120 activistas y líderes sociales asesinados en el país entre enero de 2016 y febrero de 2017.
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Proceso de Comunidades Negras y el Congreso de los Pueblos protestaron el lunes contra la criminalización de líderes sociales.
Política de exterminio de líderes populares. La historia se está repitiendo: 681 líderes asesinados desde 2011
Allende La Paz.
27 líderes populares en
menos de 3 meses confirman que la historia se está repitiendo. Si a eso le
sumamos los líderes asesinados del 2011 al 2015 -534 ejecutados
extrajudicialmente- y los del 2016 -120 ejecutados extrajudicialmente-, veremos
que existe sistematicidad en las ejecuciones de los líderes populares.
Quién o quiénes ordenan
esos asesinatos o mejor llamarlos ejecuciones extrajudicales? Quiénes están
comprometidos en la política de exterminio que hay en Colombia contra los
líderes populares? Por qué tal sistematicidad no para en medio del proceso de
paz que adelanta el gobierno Santos con las insurgentes armadas FARC-EP y con
el ELN?
Evidentemente que tal
sistematicidad solo puede obedecer a una política de estado. Por mucho que
estén coordinados los “enemigos de la Paz” comprometidos en las ejecuciones de
líderes populares no alcanzan a tener esa coordinación de realizar los asesinatos
en diferentes zonas geográficas del país y en diferentes tiempos.
Quiénes entonces desde
el estado siguen con la política de exterminio? Sé está haciendo esa política
de exterminio con aprobación del ejecutivo o a “sus espaldas” y él “apenas
ahora se está enterando”? Es evidente que dentro del ejecutivo hay
personalidades inmersos en el Terrorismo de Estado.
El presidente JM Santos
está comprometido por acción o por omisión. No puede ser que no vea lo que todo
el mundo está viendo, incluída la comunidad internacional. Qué ha hecho Santos
por impedir que tal política la sigan aplicando elementos del estado? Nada,
si evaluamos que tal política persiste en el tiempo. 681 líderes populares han sido asesinados –ejecutados-
desde el 2011 hasta hoy sin que haya
una política estatal de protección a los líderes.
El ministro de Defensa
no está comprometido con éstos asesinatos al negar la existencia del
narco-paramilitarismo? Qué otros miembros del equipo de JM Santos
son trogloditas inmersos en tal política?
Ahora bien, que miembros de las fuerzas militares están
comprometidos en esa política de exterminio? La sistematicidad en las
ejecuciones evidenciada en la persistencia en el tiempo y en diferentes zonas
sólo pueden ser adelantadas por un organismo que haga presencia en todo el país,
como las fuerzas militares. De eso no hay dudas.
Además, qué miembros de las instituciones estatales apoyan o
están inmersos en ésta política de exterminio? Desde luego que ya sabemos que el Fiscal general,
Néstor Humberto Martínez, está comprometido en ella. Por
acción o por omisión. También
hay funcionarios -altos y medios- comprometidos en esa política de exterminio
que actúan en connivencia con las fuerzas que perpretan los asesinatos de líderes
populares.
Evidentemente que en la
llamada “sociedad civil” hay elementos comprometidos con tal política. El partido
Centro Democrático (CD) del ex-presidente hoy senador Álvaro Uribe Vélez es
conocido por estar siempre avivando la guerra en Colombia y se ha erigido en
representante de la peor escoria del país –narcotraficantes,
narco-paramilitares, miembros en retiro de la fuerza pública, civiles
guerreristas, etc, etc. A él le cabe una inmensa responsabilidad histórica a
tal punto que tiene más de 250 expedientes abiertos en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes –que no avanzan por la enorme
corrupción de esa célula legislativa-, además de 3 demandas ante la Corte Penal
Internacional (CPI), las cuales no sabemos si “duermen el sueño de los justos”.
Así las cosas, podemos
hablar de Paz en Colombia en los actuales momentos? No es una cortina de humo
aceptar la reincorporación de las FARC-EP y del ELN mientras el estado sigue
aplicando el Terrorismo de Estado, terrorismo que reza el principio del “enemigo
interno” y que hay que “secarle el agua al Pez”?
Continuamos luchando por la Paz, mas nos preocupa realmente
que los guerrilleros de las FARC-EP en proceso de dejación de las armas
comiencen a ser asesinados por el Terrorismo de Estado una vez hayan entregado
la última de sus armas. Sería la repetición de los anteriores procesos
de Paz. Guadalupe Salcedo, los negociadores del PST, el asesinato de Carlos
Pizarro del M-19, el genocidio de la U.P., son muestra mortal de la anterior
aseveración.
La Paz se construye entre
dos fuerzas que estén dispuestas a apostarle todo a su consecución. Desde el
Estado no hay voluntad de paz al permitir la persistencia de las ejecuciones de
los líderes populares. Es más, pareciera una maniobra maquiavélica hablar de
paz, desarmar las guerrillas y continuar aplicando el Terrorismo de Estado.
La Paz merece todos los
esfuerzos de todos los colombianos. Si no lo hacemos estaremos condenados a la Guerra
sin fin.
