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Despedida de Cristian Pérez - Sí a la Paz

Colombia: Falsa Democracia

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Falsa democracia

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[Colombia] Falsa democracia II: la democracia burguesa

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo. En el artículo de ayer abordamos, someramente, la historia de la democracia burguesa ...

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Para indecisos

Hoy se vota el plebiscito sobre la paz, que es la principal decisión que tendremos como ciudadanos en décadas, por lo que debemos esforzarnos por participar. Para quienes aún no tienen su voto definido, quisiera compartir el análisis que me llevó al Sí.
Por: Rodrigo Uprimny (*)

Mi punto de partida fue que los beneficios de la paz negociada son enormes, no sólo por el sufrimiento que ahorra, en especial para quienes más han sufrido la guerra (las poblaciones rurales), sino además porque sin paz no es posible tener nunca una democracia robusta ni un desarrollo económico incluyente.
Estos beneficios son hoy tan claros que los promotores del No dicen que no se oponen a la paz negociada, sino que hay que votar No para lograr un mejor acuerdo. Pero esa renegociación del acuerdo es altamente improbable pues no habría quien la haga: el gobierno Santos y el liderazgo de las Farc quedarían muy débiles políticamente por el rechazo del acuerdo y quienes promueven el No están en la oposición. Y no se sabría qué renegociar, pues distintos ciudadanos se habrían opuesto por diversas razones al acuerdo.
El triunfo del Sí no garantiza la implementación exitosa del acuerdo, que será difícil, pero la facilita enormemente, por la legitimidad democrática que le confiere.
Los ejemplos de Irlanda del Norte y Chipre confirman lo anterior, esto es, que No es No y Sí es Sí. El “Acuerdo de Viernes Santo” fue aprobado en Irlanda del Norte en 1998 por la ciudadanía y, a pesar de las divisiones entre católicos y protestantes, se pudo implementar y hoy hay paz. En cambio, en Chipre el acuerdo mediado por Kofi Annan fue rechazado en voto popular en 2004 y, aunque podía ser renegociado inmediatamente, han pasado 12 años sin un nuevo acuerdo. Y si la guerra no ha vuelto, es porque hay una presencia masiva de fuerzas de la ONU que mantienen separado el país entre el norte turcochipriota y el sur grecochipriota.
Estas premisas me llevan a la siguiente fórmula: debería votar Sí quien estime que el acuerdo globalmente considerado es suficientemente justo que decide apoyarlo, en nombre de una paz altamente probable. Debería votar No quien considere que el acuerdo es tan injusto que lo rechaza, a pesar de que su renegociación sea improbable, por lo que el retorno de la guerra es previsible.
El acuerdo alcanzado, sin ser perfecto (pero ningún pacto de paz lo es), es bueno: permite un desarrollo rural más equitativo, una participación política más robusta y una política de drogas más razonable; además garantiza el desarme de las Farc y diseña una justicia transicional, que pese a tener puntos polémicos, es respetuosa con las víctimas y es difícilmente mejorable.
Por todo eso mi apoyo al Sí es claro. Pero ¿qué pasa si alguien tiene aún dudas sobre las bondades del acuerdo? Creo que debería optar por el Sí, por lo siguiente: la paz negociada es deseable por sus enormes beneficios y el No es inútil para lograr un mejor acuerdo; la duda sobre las bondades del acuerdo debe entonces ser resuelta a favor del Sí, para darle una oportunidad a la paz.
(*) Investigador Dejusticia y profesor Universidad Nacional

Los libros en la hoguera


“[…] el fuego destruye todo, libros incluidos, pero nunca puede destruir los sentimientos, el saber y la Memoria”. Mempo Giardinelli

Quemar libros en forma premeditada indica el grado de barbarie a que puede llegar una sociedad, como se evidenció en diferentes momentos del siglo XX, algunos de los cuales son evocados en este artículo. Es importante rememorar los pormenores de este crimen cultural ahora que se han cumplido 80 años de la masiva combustión de obras escritas en la Alemania nazi y 35 años de la quema de libros en Bucaramanga por parte de un furibundo inquisidor católico que ahora ocupa una alta posición en el Estado colombiano.

Alemania: bibliocausto nazi

El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler fue proclamado como Canciller de Alemania y pronto se vieron las consecuencias “culturales” de esta designación. El 4 de febrero se dictó una ley para la Protección del Pueblo Alemán que restringió la libertad de prensa y precisó las normas que permitirían requisar el material impreso que fuera considerado como peligroso. El 5 de febrero fueron atacadas las sedes del partido comunista en varias ciudades de Alemania y se destruyeron sus bibliotecas. El 27 de ese mismo mes fue incendiado el Parlamento, El Reichstag y se quemaron todos sus archivos.

Uno de los principales lugartenientes de Hitler era Josef Góbbels, designado el 1 de abril de 1933 como ministro de Propaganda, quien se dio a la tarea de “purificar” la educación y la cultura alemana. Como parte de esa “limpieza cultural”, el 8 de abril dirigió un memorándum a las organizaciones estudiantiles de los nazis en donde remarcaba la urgencia de destruir los libros peligrosos, que se encontraran depositados en las bibliotecas. A finales de marzo se inició la quema de libros, lo cual prosiguió durante todo el mes de abril en algunos lugares del país, aunque estos hechos todavía eran algo aislados

El verdadero bibliocausto empezó el 5 de mayo, cuando en la ciudad de Colonia los estudiantes de la Universidad ocuparon la biblioteca y seleccionaron los libros de autores judíos y comunistas y luego los incendiaron. Esto anticipaba lo que vendría inmediatamente después, puesto que el día 10 de mayo se programó una multitudinaria reunión con el objetivo de efectuar una quema pública de libros. En la ciudad de Berlín, los estudiantes de la Universidad Wilhelm Von Humboldt recogieron unos 25 mil libros prohibidos y les prendieron fuego en la Plaza de la Opera, gritando consignas “contra la clase materialista y utilitaria” y “por una comunidad de Pueblo y una forma ideal de vida”. Joseph Goebbels en persona presidía el macabro evento y para darle relieve al acontecimiento pronunció un discurso en el que anunciaba los motivos de la “heroica acción” contra los libros. Sin rodeos sostuvo que “la época extremista del intelectualismo judío ha llegado a su fin y la revolución de Alemania ha abierto las puertas nuevamente para un modo de vida que permita llegar a la verdadera esencia del ser alemán”. Señaló que “durante los pasados catorce años Uds., estudiantes, sufrieron en silencio vergonzoso la humillación de la República de Noviembre, y sus bibliotecas fueron inundadas con la basura y la corrupción del asfalto literario de los judíos”. Según él, esa situación se tornó intolerante y por eso “la juventud alemana ha reestablecido ahora nuevas condiciones en nuestro sistema legal y ha devuelto la normalidad a nuestra vida [...] Uds. están haciendo lo correcto cuando Uds., a esta hora de medianoche, entregan a las llamas el espíritu diabólico del pasado [...] El anterior pasado perece en las llamas; los nuevos tiempos renacen de esas llamas que se queman en nuestros corazones [...]”i.

Se quería borrar el pasado y la memoria, para construir sobre sus ruinas el Tercer Reich, que se pretendía iba a durar mil años. Por ello, en la hoguera se encontraban las obras de grandes pensadores que habían enaltecido al arte, la ciencia, la política y el conocimiento. Allí ardieron libros de Carlos Marx, de Sigmund Freud, Heinrich Mann, Emil Ludwig, Eric Marie Remarque, Heinrich Heine, Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Emilio Zola, H.G. Wells, de un total obras que correspondían a unos 5.500 autores de Alemania y otros países del mundo. Al unísono, en otras 22 ciudades de Alemania se quemaban libros y durante ese trágico mes de mayo millones de libros fueron devorados por el fuego, en medio de la celebración histérica de una juventud enceguecida por el odio sectario contra toda obra escrita que fuera considerada como judía, comunista o anti alemana.

Heinrich Heine, un poeta decimonónico de Alemania, cuyas obras también fueron consumidas por el fuego nazi, había dicho en 1821 que allí “donde los libros son quemados, al final también son quemados los hombres”. Esta predicción resultó terriblemente cierta porque antes de que, literalmente, empezaran a ser asados los seres humanos, primero se fundieron los libros que fueron “el conejillo de indias” de los hornos crematorios que vendrían después. Primero se calcinaron los papeles en las hogueras públicas y luego los cuerpos de hombres y mujeres en los campos de concentración.

La “lección alemana” de Hitler, que tendría un gran alcance durante todo el siglo XX, se basaba en el presupuesto que la “purificación” de un país debería comenzar por la eliminación física de los productos culturales que se definían como inmorales y “corruptores” del espíritu de un pueblo. Algunos autores habían entendido claramente el impacto que traería el nazismo sobre los libros, tal y como lo anticipó el escritor Joseph Roth, quien desde antes del ascenso de Hitler había anunciado: "Van a quemar nuestros libros". Y en efecto sus obras también fueron destruidas y el autor se vio obligado a huir y exiliarse en París en donde moriría en 1939.

Chile, 1973: pinochetazo a los libros

La lección alemana de Hitler sería replicada en América Latina en la década de 1970 y el primer país donde se puso en práctica fue en Chile. Luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, la dictadura asesina de Augusto Pinochet aparte de masacrar, torturar y perseguir con saña a quienes habían apoyado a la Unidad Popular, inició un proyecto de “reconstrucción cultural”, que tenía como misión principal “extirpar” las ideas revolucionarias del alma de los chilenos, especialmente de los jóvenes. La dictadura se declaró antimarxista y persiguió todo lo que considerara relacionado con el marxismo, en donde se incluían libros, revistas y periódicos.

Desde un primer momento procedió a destruir las editoriales de izquierda, con lo cual eliminaba uno de los proyectos centrales del gobierno de Allende, que había fundado en 1971 la Editorial Quimantú (una palabra indígena que significa Sol del Saber). Esta empresa producía libros a bajo precio y durante sus dos años de existencia publicó 250 títulos, que en total sobrepasaron los diez millones de ejemplares, y llegó a editar 500 mil libros al mes. Fue un proyecto encaminado a llevar la literatura y el pensamiento a los más pobres de Chile, como lo recordaba años después Joaquín Gutiérrez, su director: “La gente andaba con sus libritos en la mano para leer en los buses. Era muy lindo el cariño que se despertó en los trabajadores por la cultura [...] Logramos cambiar socialmente el panorama del libro, porque hasta ese momento era privilegio de una elite”ii.

En el momento del golpe se encontraban en las bodegas de Quimantú miles de ejemplares y otros tantos estaban en proceso de elaboración. La jauría militar allanó la sede de la editorial y guillotinó las obras completas del Che Guevara, junto con miles de libros de muchos autores, y no solamente marxistas. Como para mostrar el sentido que tenía este crimen cultural, la televisión lo transmitió a todo Chile, con el sentido de aterrorizar a escritores, intelectuales, estudiantes y pensadores que fueran de izquierda y tuvieran alguna relación con el gobierno de la Unidad Popular. La destrucción de libros no fue un exceso de las primeras horas del cruento golpe de Estado, sino una acción planificada porque cuando fueron allanadas las sedes de los partidos de izquierda se prendió fuego a los materiales bibliográficos que allí se encontraban. Eso sucedió con las oficinas del Partido Socialista que fueron derrumbadas a cañonazos y quemados los impresos que allí se encontraban. A su vez, desde las ventanas del cuarto piso de la sede del MAPU, los militares lanzaban a la calle miles de libros.

La destrucción de libros prosiguió durante las primeras semanas del golpe. Por ejemplo, el 23 de septiembre fue ocupada la Remodelación San Borja, un conjunto habitacional que había sido construido hacía poco tiempo. El allanamiento duró 14 horas y durante ese tiempo se atizó una hoguera con libros y panfletos políticos. Allí se quemaron miles de libros de filosofía, política, sociología, historia, literatura, de autores de América Latina y del resto del mundo. Todo lo que se considerara como marxista o cercano terminaba en la hoguera.

El historiador uruguayo Carlos Rama, quien presenció en forma directa estos viles acontecimientos, relató que los allanamientos se repitieron miles de veces a lo largo de todo Chile: “Los soldados allanan las casas, examinan la documentación de sus habitantes y revisan por si tienen armas y libros. Si los tienen, y eso es normal en un país como Chile, toman todos los que digan en la tapa Marx o Lenin (aunque sea para refutarlos...), las revistas y diarios favorables al gobierno de Allende (aunque no sean marxistas) y todo cuanto se había impreso sobre el fascismo, y lo queman”.

En estas condiciones, el solo hecho de tener libros se convirtió en un delito a los ojos de los “cultos” militares que aniquilaban el tejido democrático de la sociedad chilena. Esto generó como mecanismo de sobrevivencia la autocensura, porque profesores, estudiantes, profesionales, empleados y obreros se vieron obligados a destruir sus propias bibliotecas, con lo cual se consumaba el genocidio bibliográfico que hizo retroceder a Chile en materia cultural varias décadas con respecto a los avances logrados durante la Unidad Popular, porque como lo decía el mencionado historiador: “El pequeño avance conseguido en los últimos tres años en materia de cultura de masas, libros populares, bibliotecas al alcance de los obreros y los jóvenes. Todo eso está perdido”.

Carlos Rama concluía su dolorosa crónica sobre la quema de libros en Chile afirmando que si hasta el golpe de Pinochet “no conocíamos el caso de la persecución a los libros y la quema de bibliotecas, era por la razón muy obvia que no teníamos muchos libros para destruir, y recién ahora comenzamos a tenerlos, y por tanto algunos a temerlos. ¿Estaremos condenados a otros cien años de barbarie analfabeta?” iii.

En Chile, por lo visto en los últimos 40 años de retroceso educativo, escaza producción literaria y poca reflexión intelectual crítica, se puede decir que se impuso esa barbarie analfabeta propia del capitalismo neoliberal, en realidad uno de los objetivos perseguidos por Pinochet, y sus secuaces militares y civiles.

Argentina 1976: golpe a los libros

La dictadura que se instauró en Argentina en marzo de 1976 alcanzó unos impresionantes niveles de brutalidad. No sólo masacró y desapareció a miles de jóvenes, sino que además emprendió una “reconstrucción cultural” de la nación. Como parte de dicho proyecto se prohibió la lectura de una amplia gama de autores, los que fueran considerados como subversivos, comunistas o peronistas. Los militares-inquisidores enseñaban a los padres la forma cómo debían vigilar lo que leían sus hijos, para detectar la infiltración marxista en las escuelas, como se registraba a comienzos de 1977 en un artículo con instrucciones precisas para captar dicha infiltración: "Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese transbordo ideológico (sic) que nos preocupa. Aparecerán frecuentemente los vocablos: diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, compromiso, etc.”. También indicaba que la subversión educativa utilizaba “otro sistema sutil”, que consistía en “que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos, aparecidos en diarios y revistas, y que nada tienen que ver con la escuela”. De la misma forma, “el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico. Estas son las tácticas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros combatientes". Por supuesto, al final del artículo se sugería a los padres que debían “vigilar, participar y presentar las quejas que estimen convenientes" iv.

Como parte del proceso de reconstrucción de la nación argentina en que se embarcó la junta militar no sólo se transformaron los programas educativos, sino que se censuraron autores y libros, catalogados como subversivos, y se procedió, como en Alemania y Chile, a quemar los libros y, cuando pudieron, a encarcelar, matar, exiliar o desaparecer a sus autores. El 29 de abril, un mes después del golpe, se quemaron los primeros libros en la ciudad de Córdoba, donde los militares hicieron una fogata con obras de Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Julio Cortázar, Pablo Neruda, entre otros. Luciano Benjamín Menéndez, el milico que dirigía tan “valerosa” acción de armas, pretendía que no quedara nada “de estos libros, folletos, revistas […] para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos”. Y en forma perentoria señaló: “De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina” v. Este siniestro personaje no decía nada original, porque simplemente reproducía lo mismo que habían afirmado Góbbels, Pinochet y otros inquisidores del siglo XX, a la hora de justificar la destrucción física de los libros.

Lo que decía este militar revelaba la magnitud del proyecto “intelectual” y “cultural” de los militares argentinos, dentro del cual había que incluir la destrucción de libros, un crimen cultural que se intensificó en los siguientes años. Así, el 27 de febrero de 1977 fueron echados al fuego unos 90 mil libros de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), uno de los más prestigiosos sellos de todo el continente y un objetivo apetecido por la dictadura y la extrema derecha de Argentina, debido a su rica y variada producción intelectual y académica. Antes del golpe de 1976, grupos de la extrema derecha ya habían procedido contra la editorial. El hecho más notorio se presentó en julio de 1974, cuando uno de estos grupos atracó a mano armada la imprenta donde se imprimían los libros de EUDEBA y al grito “¿dónde está El marxismo de Lefebvre?” procedió a prenderle fuego a una parte del material bibliográfico que allí se encontraba vi.

La quema más emblemática se efectuó el 26 de junio de 1980, cuando se lanzó a las llamas un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina, un sello fundado y dirigido por Boris Spivacow, un matemático hijo de emigrados rusos y que antes había sido gerente de EUDEBA. El escritor Mempo Giardenelli recuerda ese trágico hecho: “Día frío y gris, pero no llueve. La acción en Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. […] entran y salen camiones cargados de libros. Son veinticuatro toneladas de libros. En silencio, suboficiales, soldados y policías vacían lentamente el depósito bajo las escrutadoras severas miradas de oficiales del Ejército Argentino, algunos muy jóvenes”. En el hecho estuvo presente el propio Spivacow, quien vio cómo, en pocas horas, el fuego deshizo su labor editorial de muchos años de esfuerzo y dedicación. De esta manera se quemaban “años de saber, de cultura, de investigaciones, de sueños y ficciones y poesías. Y se quemó una parte esencial de la Argentina más hermosa, incinerada por la Argentina más horrenda y criminal”  vii.

En Colombia no sorprende que hoy la Procuraduría General de la Nación persiga y censure a todos aquellos que piensan distinto o disientan con las concepciones clericales del jefe del Ministerio Público.

Como tener cierto tipo de libros ya era considerado un delito, una de las consecuencias más perversas de la censura y de la quema de literatura por la dictadura consistió en que la gente se veía obligada a deshacerse de sus libros y documentos personales, en muchos casos también por medio del fuego. Algo similar hicieron los editores que empezaron a quemar por su propia voluntad volúmenes que figuraban como peligrosos en la lista roja de los militares, con lo cual se impuso la autocensura y la autodestrucción bibliográfica. Desaparecieron editoriales críticas, independientes y de tradición de izquierda, y otras fueron diezmadas o transformadas a la fuerza.Como otro efecto de larga duración, las personas dejaron de leer en el transporte público, porque los militares consideraban que esa era una conducta típica de los jóvenes subversivos.

Colombia, 1978: un cruzado medieval redivivo

En el mismo momento en que las tenebrosas dictaduras de Seguridad Nacional quemaban libros en Chile y Argentina, en Colombia acontecía un hecho similar en el año de 1978. El 13 de mayo en la ciudad de Bucaramanga fueron calcinados en plaza pública libros y revistas, que eran catalogados por los organizadores de la acción inquisitorial como un desagravio a la “siempre virgen María”. La fecha escogida no era casual, porque ese es el “día de la Virgen”, y quienes convocaban a la hoguera bibliográfica se presentaban a sí mismos como cruzados medievales que con las llamas, atizadas con los libros, iban a purificar los espíritus de la población bumanguesa.

Para invitar al inquisitorial evento se difundieron volantes, que fueron pegados en sitios estratégicos de la ciudad, que portaban la firma de la Sociedad de San Pio X, entidad que estaba conectada con la tenebrosa Tradición, Familia y Propiedad. Uno de esos volantes decía en forma textual:

“La Sociedad de San Pio X y su órgano informativo EL LEGIONARIO INVITAN AL ACTO DE FE, en donde se quemaran revistas pornográficas y publicaciones corruptoras. Estos actos se realizaron el 13 de mayo, a las 8 de la noche en el parque de San Pio X, en desagravio a Nuestra Señora, la siempre VIRGEN MARIA, madre de Dios y madre nuestra. NOTA: Lleve Ud. periódicos, revistas o libros pornográficos para quemar”viii.

La noche indicada se reunieron unos cuantos fanáticos católicos que procedieron a incinerar libros de Carlos Marx, René Descartes, Friedrich Nietzsche, Víctor Hugo, Marcel Proust, José María Vargas-Villa, Thomas Mann, de Gabriel García Márquez, algunas revistas de educación sexual y una biblia protestan.

A diferencia de los casos antes mencionados en este artículo, lo de Bucaramanga no era un acto oficial, promovido por el Estado, sino un evento organizado por particulares. El asunto hubiera sido una anécdota trágica, que devela el sectarismo de ciertos sectores de la extrema derecha, si no es porque uno de los individuos que carbonizó libros con su propia mano en aquel sábado de mayo de 1978 se desempeña en la actualidad como Procurador General de la Nación. Ese personaje participó en ese crimen cultural, que estuvo acompañado del robo de textos de la biblioteca pública Gabriel Turbay. En una foto publicada en Vanguardia Liberal de Bucaramanga se observa, en primer plano, al citado individuo con un megáfono y tirando papeles a una hoguera.

A partir de este hecho, típico de la inquisición medieval, no sorprende que hoy la Procuraduría General de la Nación persiga y censure a todos aquellos que piensan distinto o disientan con las concepciones clericales del jefe del Ministerio Público. No es extraño que desde allí se respire el tenebroso aire confesional que tanto daño le ha hecho a este país y que fue el pan cotidiano de los colombianos durante la larga hegemonía conservadora (1886-1930) y durante los gobiernos de Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla (1950-1957) y que en estos momentos esté en marcha una campaña oficial contra las relaciones homosexuales y al aborto, al tiempo que se exonera, aplaude y premia a reconocidos criminales, algunos de los cuales han ocupado altos cargos burocráticos en el Parlamento y en otras instancias administrativas.

Que un individuo gris y mediocre haya pasado de quemar libros a ocupar uno de los más altos cargos del Estado indica en gran medida cómo es la Colombia actual, en la que no se necesita ninguna preparación intelectual, sino simplemente ser un inquisidor o un censor, con el mismo nivel de brutalidad y cinismo que caracteriza a los grandes medios de comunicación y que a diario someten al linchamiento público a todo aquel que no comulga con el orden establecido y/o piensa distinto. Esto es muy costoso en un país en guerra, como lo estamos, porque no sobra recordar que destruir libros genera pánico, ya que es un acto encaminado a intimidar y confundir a la gente. Por esta razón, quienes destruyen los libros saben el impacto que produce su miserable acción, porque cómo lo dice el venezolano Fernando Báez: “Los biblioclastas saben que, sin la destrucción de los libros y documentos, la guerra está incompleta, porque no basta con la muerte física del adversario. También hay que desmoralizarlo. Sin destruir los libros no se termina de ganar la guerra. Y una táctica frecuente consiste en suprimir los principales elementos de identidad cultural, que suelen ser los que más valor proporcionan para asumir la resistencia o la defensa” ix.

En conclusión, la guerra contra los libros forma parte de un proyecto retrogrado que pretendeimpedir que la gente piense, analice y reflexione sobre los problemas de su propia sociedad y del mundo, algo en lo cual la palabra escrita es fundamental. Ese ataque aleve a las obras escritas pretende también borrar la memoria de los pueblos y aniquilar sus experiencias de lucha, porque como lo decía el periodista argentino Rodolfo Walsh: "Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas". Además, la quema de libros es un intento por silenciar a aquellos autores incomodos, mediante el escarnio público, con la pretensión vana de que así se bloquea la circulación de las ideas “peligrosas” y se evita la “contaminación” de una sociedad, como lo ha hecho el atrabiliario personaje que hoy ocupa la Procuraduría General de la Nación en Colombia. Ojala que la revista en la que publicamos este artículo, no sea el próximo blanco de los Torquemadas criollos y no se le someta a la ardiente crítica de una crepitante hoguera alimentada de papel impreso, y atizada por el fuego del odio y la intolerancia de los cruzados medievales que nos acechan a diario.

(*) Artículo publicado en papel en la Revista Cepa No. 17 que empieza a circular en Colombia. *Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. *Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Capitalismo y Despojo

Notas:

i[1]. Citado en Fernando Báez, El bibliocausto nazi, en http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero22/biblioca.html

ii[1]. Joaquín Gutiérrez: "Hicimos la revolución del libro"». La Tercera, diciembre 28 de 1999, disponible en http://www.meliwaren.cl/articulo.php?id_articulo=88.

iii[1]. Carlos Rama, La quema de libros en Chile, febrero de 1974, disponible en http://www.magicasruinas.com.ar/revistero/aquello/revaquello071.htm

iv[1]. http://cronicasdelahistoria.blogspot.com/2007/10/vigilar-participar-denunciar.html

v[1]. La Opinión, 30 de abril de 1976, citado en Dia de la Vergüenza del libro argentino en la Casa por la Memoria, en http://comisionporlamemoria.chaco.gov.ar/sitio/?p=1122

vi[1]. Marcelo Mazzarino, La hoguera del miedo, en http://www.voltairenet.org/article136818.html

vii[1]. Mempo Giardinelli, “24 toneladas de fuego y memoria”, Pagina 12, junio 26 del 2013.

viii[1]. Citado en “El triste aniversario de la quema de libros”, en http://www.semana.com/nacion/articulo/el-triste-aniversario-quema-libros/342756-3

ix[1]. Fernando Báez, “Sin destruir los libros no se gana la guerra”, en La Nación, abril 10 de 2005.

Carta de Ascamcat a la Mesa de La Habana: Mientras en Colombia suenan vientos de paz, en el Catatumbo reaparece el paramilitarismo

Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat / 

Sábado 30 de julio de 2016

Reciban un cordial saludo de parte de los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT-, deseándoles a ustedes y sus equipos de trabajo los mejores éxitos en las deliberaciones para que el paso hacia la paz en nuestra patria sea una realidad próximamente, esa paz que la mayoría anhelamos y respaldamos para que todo sea diferente.

Saludamos, aplaudimos y nos alegramos con los anuncios de paz del pasado 23 de junio, donde el cese bilateral al fuego entre las partes genera esperanza de éxito del proceso en La Habana y que tiene que iniciar con la implementación en los territorios, de los acuerdos ya alcanzados.

Quisiéramos que esta misiva tuviera otro objetivo más esperanzador, pero no, escribimos a ustedes con la profunda preocupación por dos situaciones que nos aquejan, la primera es la agudización de la violencia en nuestra región, producto de la reaparición de las estructuras del paramilitarismo que avanza en todo el territorio nacional y en especial en el Catatumbo. Desde enero de este año 2016, nos hemos tenido que enfrentar a noticias como las del asesinato de más de 59 personas de manera selectiva según la oficina de DDHH de Naciones Unidas, entre ellas líderes comunales como es el caso de la Señora Nelly Durán, la desaparición del líder social Henry Pérez; además de los panfletos amenazantes anunciando la mal llamada “limpieza social” en los diferentes municipios del Catatumbo y la provincia de Ocaña. Del mismo modo, hay un sin número de personas amenzadas que ha tenido que salir de la región.

Como no es un secreto para nadie, los catatumberos tuvimos que resistir la barbarie del paramilitarismo y en este momento se vuelven a encender las alarmas, situación que la queremos poner como un S.O. S para que se tomen las medidas necesarias por parte del Estado colombiano y no permita que se vuelva a repetir el historial del 29 de mayo o el 21 de agosto del año 99, que desprende así toda la maquinaria de terror y barbarie que nunca antes habíamos visto y vivido en carne propia.

Es por esto que decimos que debe hacerse el desmonte real del paramilitarismo y que no se permita que la tan anhelada paz se vea fracturada, cuando se está hablando de una esperanza que vemos lejana en nuestra región gracias a la zozobra de la reaparición del paramilitarismo. Y por esto queremos decir ¡no más! No más violencia en Colombia, necesitamos el desmonte de esas fuerzas oscuras que tanto daño le han hecho al país, y que puede seguir haciéndole en el marco de las negociaciones en La Habana y en las futuras negociaciones con el ELN.

La segunda preocupación que tenemos radica en que para nosotros la paz con justicia social pasa por eliminar los problemas sociales que aquejan nuestra región, dentro de las cuales se encuentran los cultivos de coca y marihuana. Por esto, vemos con alegría los acuerdos anunciados en el punto 4 en La Habana, el cual busca dar soluciones integrales a esta problemática y que ya se está implementado en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Briceño.

Ante esta situación anunciamos públicamente nuestra voluntad de que el Catatumbo sea territorio de az, por lo cual hemos presentado al gobierno nacional nuestra propuesta de programa integral para la sustitución de ingresos campesinos derivados de los cultivos de coca y marihuana. Esta propuesta fue construida con base en las consultas previas campesinas y el encuentro regional de cultivadores y recolectores de coca. Estamos convencidos que sólo con la construcción colectiva entre el gobierno y la comunidad avanzaremos, por lo cual creemos que la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo –MIA-C- debe ser el espacio donde se construya la ruta para la implementación en la región. Vemos con preocupación la actitud “paralelista” del gobierno nacional en cabeza del Señor Eduardo Diaz, que se materializa con dilaciones en el espacio de diálogo en la MIA-C e incentivando divisiones dentro de la comunidad que está dispuesta a iniciar este proceso.

Hoy somos los campesinos que levantamos el rostro con el anhelo de la paz, con esa ilusión de ver reverdecer y producir nuestras tierras de esperanza, con escribir la historia de esa Colombia en paz.
Señores del Gobierno Nacional y las FARC-EP, queremos hacer este llamado de alerta y temor, no queremos repetir la historia de muerte y sangre, queremos una Nueva Colombia en paz con justicia social, donde quepamos todos y todas, donde hagamos un ejercicio de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, donde exista ese proceso de reconciliación nacional para avanzar hacia otro rumbo: construyamos ese sueño juntos, las protagonistas de la paz somos las comunidades.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LA DIGNIDAD, LA TENENCIA DE LA TIERRA, LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO Y LA BUSQUEDA INCANSABLE DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATATUMBO – ASCAMCAT.

CON COPIA:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. RAFAEL PARDO MINISTRO POSCONFLICTO. WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO. GOBERNADOR DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER.

El tiempo apremia

El uribismo que hoy fustiga la amnistía para las farc olvida que el gobierno de uribe amnistió a 18.000 paramilitares. ahí nadie se rasgó las vestiduras ni habló de entregar el país al narcotráfico.

Porque sé que nunca antes el país había estado tan cerca de finalizar una guerra de 50 años, me preocupa que el proceso de paz haya entrado en sus últimos metros en una especie de repentino adormecimiento, parecido al que tienen los celulares cuando se les activa la función del ‘modo avión’ y, súbitamente, pierden, sin que uno lo perciba, toda su conectividad.
Desde que se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego el 23 de junio en La Habana, ha pasado un mes largo y los temas pendientes siguen todavía atascados, incluso luego de que se removieron incertidumbres como la del fallo que declaró exequible el plebiscito. Sigue sin poder acordarse cuál va a ser el marco jurídico de la amnistía general que se le daría a la base guerrillera, ni cuál va a ser el procedimiento para aplicarla; tampoco se ha llegado a un consenso en el punto de la reintegración a las Farc a la vida civil.
El gobierno insiste en que para eso está la agencia de reintegración y la guerrilla insiste en que a esa entidad hay que reformarla porque la política de reintegración fue diseñada para la guerra y no para la paz. Por si fuera poco, todavía no se ha podido llegar a un consenso en el tema de la implementación de los acuerdos en torno a cómo va a ser el mecanismo que se establezca para vigilar que lo pactado en La Habana, se cumpla.
Además de estos temas gordos, falta acordar cuál va a ser la arquitectura de las nuevas reformas políticas que se derivan de los acuerdos y que incluyen no solo la creación de las circunscripciones de paz que se le otorgarían a los movimientos sociales, ¿cuántas van a ser y por cuánto tiempo?, sino el número y el umbral que tendrían las curules transitorias que se les darían a las Farc en el Congreso para que puedan participar en las próximas elecciones de 2018.
De todos estos nudos gordianos, el que parece más difícil de evacuar es el que menos debería tener problemas: me refiero al de la amnistía general para la base guerrillera, suficientemente reglada en leyes como la Ley de Orden Público. Ahí se le dan herramientas al presidente para decretar amnistías a quienes hayan empuñado las armas para combatir al Estado. Se entiende que estos beneficios no podrán ser recibidos sino por la masa de combatientes, y que los mandos medios y los jefes deberán entrar automáticamente a la Justicia Especial para la Paz que será el tribunal encargado de investigar y juzgar los delitos de guerra y de lesa humanidad.
Sin embargo, el acuerdo sobre la amnistía se ha ido enredando más de lo esperado. Las Farc insisten en que la amnistía debe entrar en vigencia inmediatamente con la firma del acuerdo final, pero el gobierno insiste en que esta debe aplicarse solo cuando las Farc hayan completado el proceso de dejación de armas, es decir, luego de seis meses de la firma. Como no se ha esclarecido ese punto, no se ha logrado acordar tampoco el instrumento legal a través del cual esta puede ser otorgada. Si se firma el acuerdo, como muchos esperamos, no se les puede exigir a las Farc que se concentren y procedan a la dejación de armas si no se tiene claro cuál va a ser el futuro jurídico de la guerrillerada.
Por temor al uribismo no se nos puede quemar el pan en la puerta del horno. El uribismo que hoy fustiga la amnistía para las Farc, porque de acuerdo con su credo ellos no son delincuentes políticos sino narcotraficantes, también sabe de amnistías: en el gobierno de Uribe se amnistió a 18.000 paramilitares a quienes se les dio el tratamiento de delincuentes políticos, pese a que era un Ejército que nació del bolsillo de los capos del narcotráfico. Ahí sí nadie se rasgó las vestiduras ni habló de que se estaba entregando el país al narcotráfico.
Posteriormente un fallo de la Corte Constitucional dictaminó que los paras no podían ser objeto de amnistías porque no eran delincuentes políticos, debido a que ellos no habían empuñado las armas para luchar contra el Estado, pero ya la amnistía era un hecho. Si Uribe pudo sacar una amnistía de semejante talante, para beneficiar a la base paramilitar, que ante la ley no es considerada como una fuerza beligerante, no debería ser tan difícil acordar una amnistía para la base de las Farc a la que sí se le reconoce su carácter de beligerancia.  
Los avances en el proceso son innegables, pero los tiempos son cada vez más estrechos y cualquier demora en la recta final puede tener efectos devastadores. Si nos demoramos en la firma, la campaña por el plebiscito va a retrasar la presentación de una reforma tributaria necesaria no solo para solucionar el déficit fiscal, sino para financiar los costos de la implementación de los acuerdos que según Jose Antonio Ocampo representarían cerca de dos puntos del PIB. De esa forma todos estos pendientes quedarían represados para el próximo año y se tropezaría inevitablemente con el inicio de la campaña presidencial para 2018. Ojalá las partes piensen más en el país y menos en Uribe para que el proceso retome su vigor y podamos concluir para siempre este ciclo de barbarie.

Víctimas de su propio miedo

Allende La Paz, Cambio Total.

Es tal el miedo pavoroso que tienen las élites burguesas, ganaderas, terratenientes, narcotraficantes, etc, a los Acuerdos de Paz que alcance la Mesa de La Habana que se  han convertido en víctimas de ese miedo.

Dicen que en el imaginario colectivo de los ricos -y algunos no tan ricos y otros tan pobres que no tienen en donde caerse muertos- han colocado un chip -en el cerebro- que desde antes de 1964 ya le tenían terror a los "comunistas", como ahora le tienen a las FARC-EP o al castro-chavismo. Incluso se creían el cuento de que los comunistas "comían niños" y, en el caso de las FARC, que les iban a expropiar las tierritas y hasta la casita. Si creían tan inverosímiles cuentos, pues fácilmente podían creer cualquier cosa que los medios burgueses inventaran.

Hoy ese sector burgués -no podemos llamarla clase porque no lo son- es víctima de sus propios inventos. Tienen terronera a los cuentos por ellos creados, o por sus propagandistas de oficio. Definitivamente están prisioneros de sus propias fantasías o sus sueños. Y todos sabemos las malas jugadas que a veces nos juegan esas deseos oníricos. Ellos desearían que fuera verdad que las FARC o el castro-chavismo se apoderara del país para salir a gritar, vieron, vieron que era verdad!?

No son capaces de valorar desapasionadamente el enorme papel que está jugando Cuba, y sus dirigentes politicos, en la consecución de La Paz, que en últimas va a favorecer a todo el pueblo colombiano. En su enorme mezquindad esos sectores  no pueden ver el enorme desprendimiento y el sacrificio de Cuba porque se acabe la guerra, la muerte de colombianos y entremos a vivir de manera civilizada. Solo ven que Cuba y los dirigientes de la revolución cubana son “comunistas” y por ahí está Fidel que fue acusado en el pasado de “comer niños”.

Desagradecidos!

En Cuba la tasa de homicidios es de 4,2 por cada cien mil habitantes (477 muertos en 2012). Cuánto es de Colombia? Por qué traigo a cuento esto? Porque en Colombia el círculo en el poder nos ha enseñado a matarnos entre nosotros –entre los pobres- y nos acostumbraron de tal manera que se vé “normal” que haya una mortandad de 12.193 colombianos y una tasa de 25 por cada cien mil habitantes, la cual no reduce a pesar de los malabares estadísticos de Medicina Legal y el DANE.

Ah, pero ponen el grito en el cielo si un muerto es de la oligarquía. Salen a decir ”en este país no se puede vivir”, la ”inseguridad es insoportable”, etc, etc, mas sin embargo no dicen que es el maestro que ha enseñado a los pobres a matarse entre sí.

Eso sí, prisioneros de su propio miedo ya no le temen a las “pescas milagrosas”, ni a los “secuestros”, sino a que “le entreguen el país al castro-chavismo”.


Morirán sin vivir la vida prisioneros del miedo de perder sus “pesitos” y como Rico McPato su mayor felicidad es ver el montón de plata apilada en sus bodegas y para que su dinero crezca les roban las tierras y la plusvalía a los campesinos, indígenas, obreros, etc.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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