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El magistrado Gilmar Mendes, líder de los conservadores dentro del Tribunal Supremo Federal de Brasil y quien ha impulsado decisiones que han impedido procesar al presidente Michel Temer. Detrás suyo, Luiz Fux, el magistrado que favorece los dictámenes más duros contra la corrupción en el máximo tribunal del país. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
- “No hay pruebas”, arguyen casi a coro los legisladores, ministros y el mismo presidente Michel Temer ante las denuncias de corrupción que se multiplicaron en Brasil y ya involucraron a centenares de políticos y empresarios.
Los testimonios de muchos acusados que decidieron colaborar con la justicia, buscando reducir sus penas, desnudaron un abrumador sistema de favores mutuos, establecido entre autoridades y el sector privado, para adueñarse de contratos, recursos públicos y el poder estatal.
Las revelaciones son pedagógicas, pero no suficientes para condenas judiciales. A eso apuestan los políticos, incluso los que responden a más de 10 procesos y los ya encarcelados preventivamente.
Más de 200 órdenes de prisión preventiva o temporal, 108 condenas, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y 158 colaboraciones pactadas con la justicia son parte de de los resultados de la operación Lava Jato. Pero los políticos en el poder siguen inalcanzables, pese a las acusaciones acumuladas.
“Es difícil condenar a los corruptos”, reconoce Roberto Livianu, promotor (representante de la sociedad en los procesos judiciales) y presidente del Instituto No Acepto Corrupción (INAC), una asociación de intelectuales que tiene su sede en la sureña ciudad de São Paulo y que promueve investigaciones, movilización y políticas públicas contra ese delito.
Pero el Poder Judicial brasileño cuenta con “herramientas importantes, como las colaboraciones premiadas, reguladas por una ley de 2013, que hacen la diferencia al resultar condenas a los poderosos y así estimular nuevas delaciones”, celebró en diálogo con IPS.
Ese fue el principal instrumento de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), protagonizada por el Ministerio Público (fiscalía general) y la Policía Federal, bajo conducción del juez Sergio Moro, de la sureña ciudad de Curitiba, convertido en héroe para la mayoría y un enemigo político para partidarios de sus “perseguidos”.
Más de 200 órdenes de prisión preventiva o temporal, 108 condenas, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y 158 colaboraciones pactadas con la justicia son parte de de los resultados de la operación Lava Jato. Pero los políticos en el poder siguen inalcanzables, pese a las acusaciones acumuladas.
El problema son las “brechas”, puntos débiles de las leyes cuya superación depende del parlamento donde no hay interés en sanarlas, lamentó Livianu.
Los políticos que ocupan actualmente cargos en los poderes Legislativo y Ejecutivo cuentan con el llamado “foro privilegiado”, es decir la prerrogativa de solo ser juzgados por tribunales superiores, El Supremo Tribunal Federal (STF) en el caso de parlamentarios y gobernantes nacionales.
La Constitución garantiza la inmunidad a los gobernantes y legisladores para proteger sus tareas políticas. El presidente, por ejemplo, “no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones” y tampoco por acciones anteriores a su actual mandato, aunque sean crímenes graves, dice la Constitución, vigente desde 1988.
Así, cerca de un tercio de los 28 ministros del presidente Temer, de los 81 senadores y los 513 diputados federales están bajo investigación por corrupción, pero sus procesos poco avanzan en el STF, cuyos fallos suelen demorar muchos años, dejando prescribir las acciones a muchas veces.
El Supremo Tribunal, como “guardián de la Constitución”, se estructuró para “juzgar recursos extraordinarios y no para instruir procesos penales, recolectar pruebas”, tareas de la primera instancia judicial, explicó el presidente del INAC. Y los procesos contra políticos con foro privilegiado se multiplicaron últimamente.
Uno de los campeones en cuanto a causas judiciales, con 14 en total, es el senador Romero Jucá, quien sucedió a Temer en la presidencia del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en abril de 2016 y fue luego ministro de Planificación solo 12 días, porque renunció al estallar un escándalo en que apareció conspirando contra la Lava Jato.
Para combatir con más eficacia la corrupción, sería necesario abolir el “foro privilegiado” y aprobar medidas sugeridas por fiscales del Ministerio Público Federal, como penas mayores para corruptos y rapidez en los procesos judiciales, según Livianu.
Más de dos millones de firmas apoyaron las 10 medidas sugeridas por los fiscales en 2015 y llevadas al parlamento, pero los diputados “desfiguraron” las propuestas, frustrando el intento.
Además de rechazar legislaciones anticorrupción, los parlamentares amenazan dificultar la labor judicial, con un proyecto de ley para punir abusos del poder de jueces, fiscales y policías. Ya aprobado en el Senado, depende de votación en la Cámara de Diputados.
Aun sin las trabas adicionales que intentan imponer los gobernantes, condenar los enjuiciados según las leyes y reglas actuales ya demanda “un gran esfuerzo”, admitió Livianu.
Los corruptos evitan dejar huellas, usan dinero en efectivo, sin recibos ni otros documentos, emplean los llamados “naranjas” o agentes fieles. Los brasileños vieron en los últimos años un festival de valijas, mochilas y casas llenas de papel moneda.
Sus portadores siguen libres, a excepción del exministro de Integración Nacional y exdiputado Geddel Vieira Lima, en cuyo apartamento la policía descubrió 51 millones de reales (16,2 millones de dólares) y acusado en varios procesos.
Aun así la el caso Lava Jato tuvo éxito, detuvo a empresarios poderosos, como Marcelo Odebrecht, expresidente de la mayor constructora brasileña, ya condenado a 19 años de cárcel, y políticos que perdieron el mandato, como el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.
Eso se debió a “la confluencia de tres condiciones favorables, eficiencia de instituciones como Ministerio Público y Policía Federal, personas corajosas en puestos claves e instrumentos judiciales adecuados, como prisión preventiva y delación premiada”, evaluó Elimar do Nascimento, profesor de sociología de la Universidad de Brasilia.
“Tales factores no sobrevivirán y la Lava Jato no tiene futuro, porque afecta demasiada gente, la izquierda y la derecha se juntaron en su contra”, vaticinó a IPS este sociólogo, también pesimista en relación al futuro de la democracia en Brasil y en el mundo.
La acción judicial prosperó porque cuando se trataba principalmente de castigar al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país con Lula y Dilma Rousseff (2011-2016) en la presidencia.
Pero ahora son blancos todos los grandes partidos, como PMDB y el socialdemócrata Partido de la Social Democracia Brasileña, coligados en el actual gobierno, razonó.
La amplia alianza contra la ofensiva anticorrupción deberá aprobar alteraciones en la “delación premiada” y retardar el encarcelamiento de los reos, previó Nascimento. Una decisión del STF en 2016 determina la prisión tras la condena en segunda instancia, pero tradicionalmente la justicia brasileña permite seguir en libertad hasta dirimirse recursos en la cuarta instancia.
La nueva correlación de fuerzas a favor de políticos corruptos quedó evidente en los últimos fallos de la Suprema Corte, como el del 11 de octubre que supeditó a la autorización del Senado el alejamiento de funciones, dictado por el propio STF, al senador Aecio Neves, acusado de corrupción y obstrucción a la Justicia.
Una semana después los senadores aprobaron la vuelta a funciones de Neves.
“Antes había cohesión en el STF, con pocas excepciones”, pero cuando la operación anticorrupción amplió sus acciones a otros partidos, “el tribunal se dividió, perdió condiciones de mediar la crisis y se hizo parte de ella”, sostuvo Oscar Vilhena, director de la escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo.
El máximo tribunal también se debilitó por decisiones polémicas, como la que permite la enseñanza religiosa confesional en las escuelas, contrariando el carácter laico del Estado brasileño. Eso “viola la Constitución, el STF se equivocó”, señaló a IPS Vilhena.
Editado por Estrella Gutiérrez
